El Congreso dio por sancionado el proyecto de financiamiento universitario. El proyecto plantea añadir gasto público es intolerable para el sostenimiento del superávit fiscal.

 

Se renueva un debate en el que la Fundación Libertad y Progreso ha fijado una posición basada en el arancelamiento para quienes por su nivel socioeconómico pueden pagar. Se debe atender tanto a la gratuidad como a la equidad expuesta en el artículo 75, inciso 19 de nuestra Constitución Nacional.

 

La educación terciaria es deseable para todos aunque, naturalmente, no se puede imponer su obligatoriedad. Lo que debe promoverse es la igualdad de oportunidades. Es decir que todo aquel que tenga las condiciones para completar una carrera universitaria no se vea impedido de hacerlo debido a insuficiente capacidad económica propia o de sus padres. En este caso es entendible que la comunidad le subsidie o financie los estudios, nivelando la oportunidad con quienes pueden pagárselos. Pero la gratuidad para todos excede el objetivo de igualdad de oportunidades y no justifica que aquellos que tienen solvencia económica hagan pagar a los contribuyentes su carrera universitaria. La gratuidad de las universidades estatales ha tomado un carácter cuasi religioso asociado a un falso progresismo en un amplio segmento de la sociedad intelectual y política de la Argentina. Este principio fue recogido en la reforma constitucional de 1994, aunque expresado juntamente con el objetivo de “equidad”. El artículo 75, inciso 19, de la Constitución Nacional dice que se deben garantizar los principios de gratuidad y equidad de la educación pública estatal. Puede interpretarse que la equidad educativa debe compensar las desigualdades. Esto significa nivelar las oportunidades, facilitando así los estudios a quienes no pueden solventarlos. No implica dar a todos por igual, como si el dinero público fuera un recurso ilimitado y sin costo para nadie.

 

Son muy pocos los países que ofrecen enseñanza universitaria gratuita sin distinción y prácticamente ninguno extiende ese privilegio a estudiantes extranjeros. La experiencia internacional es diversa en cuanto a los instrumentos utilizados para facilitar los estudios de quienes no pueden solventar su costo. Se recurre a becas, a préstamos de honor o a subsidios directos sin obligación de devolución. La identificación de la situación económica personal y familiar dispone hoy de información accesible y procedimientos confidenciales para verificar declaraciones juradas o solicitudes. No es comprensible la defensa de la gratuidad para todos con el argumento de evitar sentimientos de autocompasión y vergüenza. La reforma es necesaria y posible devolviendo el elemento de equidad a la hora de financiar a la universidad.

 

Uno de los métodos es el autofinanciamiento universitario, segmentando el alumnado por nivel socio económico. En base al estudio del presupuesto de la Universidad de Buenos Aires de 2024 estos serían los valores de la cuotas mensuales necesarias por nivel socioeconómico del alumno, manteniendo la gratuidad para aquellos que lo necesitan