En una entrevista con el programa Hola Chiche, el exsecretario de Energía, Emilio Apud, analizó la situación del juicio internacional por la expropiación de YPF y el posible impacto del apoyo expresado recientemente por el gobierno de los Estados Unidos a favor de la Argentina. Según su mirada, ese respaldo tiene un peso significativo en el plano político y puede colaborar con las apelaciones presentadas por el Estado argentino, dado que, si bien la Justicia norteamericana es independiente, el Ejecutivo puede ejercer cierto grado de influencia a través de gestos, argumentos o sugerencias indirectas.

Apud remarcó que la demanda está dirigida contra el Estado argentino y no contra YPF como empresa, y consideró que aún hay margen para reducir el monto de la condena si se enfoca correctamente la estrategia judicial.

Estimó que, teniendo en cuenta el momento en que se estableció la valuación de la indemnización, es posible lograr una reducción de entre seis mil y siete mil millones de dólares. Para él, la parte demandante tampoco espera cobrar la totalidad de los 16.100 millones más intereses que figuran en la sentencia, sino que estaría dispuesta a abrir un proceso de negociación para buscar formas alternativas de cobro.

Aunque aún no se puede negociar directamente porque hay una apelación en trámite, Apud sostuvo que podrían activarse mecanismos informales o contactos discretos a través de terceros que ya han participado de negociaciones similares en el pasado. 

Durante la entrevista, también se refirió al futuro de AYSA y confirmó que hay inversores interesados en una posible privatización, siempre y cuando el Estado cumpla con los compromisos básicos establecidos en los contratos, especialmente en lo relacionado con las tarifas.

Señaló que la experiencia de los años noventa fue positiva al principio, con una empresa francesa de primer nivel al frente del servicio, pero que todo comenzó a deteriorarse cuando las tarifas se congelaron y el Estado dejó de hacer los pagos correspondientes.

Apud advirtió que el problema de fondo no es solo financiero sino estructural. Consideró inaceptable que en un país como la Argentina apenas el 40 por ciento de la población tenga acceso a cloacas y solo el 70 por ciento cuente con agua corriente. Además, cuestionó la falta de medidores de consumo, lo que impide un uso racional del recurso.