CLARÍN A lo largo de los últimos quince años he sostenido, en numerosas columnas, que declarar a la educación como una actividad esencial es una condición necesaria para garantizar el derecho de los niños a aprender.

Como reporta una nota de Clarín del pasado 30 de junio, el fallo de una jueza laboral declaró inconstitucional el DNU 340/2025 del gobierno de Javier Milei que limitaba las huelgas en servicios esenciales, incluyendo la educación; ello exige que el Congreso asuma, de una vez por todas, su responsabilidad.

Los chicos a los que se priva de educación serán los desempleados de mañana. ¿Existe duda sobre ello? Es imposible hablar de igualdad de oportunidades mientras miles de niños ven interrumpida su escolaridad por el accionar de líderes sindicales que los utilizan como virtuales rehenes.

Los paros docentes no afectan a todos por igual. Son los niños de familias humildes, que no tienen otra alternativa que la educación pública, quienes quedan atrapados en un círculo de vulnerabilidad del que difícilmente puedan salir si se les quita el derecho más elemental: el de aprender.

Los sindicatos docentes suelen argumentar que declarar a la educación como actividad esencial violaría el derecho de huelga dado que no genera riesgo de vida. Sin embargo, sí lo genera, pues afecta las posibilidades de vida futura de nuestros niños. La educación es la llave que abre las puertas del futuro, y negar el acceso a ella es condenarlos a una vida de pobreza estructural y dependencia de planes sociales.

Este debate no es nuevo, pero los tiempos exigen decisiones claras. El Poder Ejecutivo lo ha intentado. En diciembre de 2023, el presidente Javier Milei incluyó el artículo 97 en el DNU 70/2023, el cual declaraba a la educación como servicio esencial y establecía la obligación de garantizar al menos un 75% de prestación en caso de huelga.

Posteriormente, en mayo pasado, firmó el DNU 340/2025 reafirmando esa condición con el mismo criterio de prestación mínima. Ambos intentos quedaron bloqueados por la Justicia, en base a su eventual inconstitucional. Mientras tanto, en contraste, muchos de nuestros representantes en el Congreso se han mantenido en la comodidad de evitar enfrentar este debate.

En agosto de 2024, la Cámara de Diputados dio media sanción a un proyecto de ley, presentado por Alejandro Finocchiaro, que declaraba a la educación como servicio estratégico esencial, pero con un piso de prestación del 30% de los docentes durante las huelgas, porcentaje que se elevaba al 50% si la medida de fuerza se extendía.

Como señalé en ese momento, una escuela en esas condiciones no garantiza el derecho a la educación. Para que una ley de estas características sea efectiva, el piso debe ser del 75%, como establecían los DNU del gobierno nacional, para asegurar que las clases puedan continuar con normalidad, en contextos de conflicto.

El derecho de huelga no puede estar por encima del derecho a la educación. Son derechos en tensión y es responsabilidad del Congreso regular esta tensión priorizando el interés superior del niño. Los chicos no pueden tomar medidas de fuerza ni marchar para defender su derecho a aprender. Somos los adultos quienes debemos protegerlos. Si nuestra sociedad no privilegia su derecho a educarse, los responsables seremos nosotros.

Es hora de que el Congreso asuma la responsabilidad que le corresponde y avance, de una vez por todas, en declarar la educación como actividad esencial, protegiendo a quienes no tienen voz para defenderse: nuestros chicos.