Edgardo Zablotsky explica la propuesta en nuestro podcast disponible en Spotify.
Propuestas para mejorar la Educación
Exponemos en este capítulo las seis propuestas más relevantes de cambio en el sistema educativo de la Argentina.
1 – Modificación del artículo 97, de la Ley 26.206, de Educación Nacional.
El texto del artículo es el siguiente:
“El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y las jurisdicciones educativas harán públicos los datos e indicadores que contribuyan a facilitar la transparencia, la buena gestión de la educación y la investigación educativa. La política de difusión de la información sobre los resultados de las evaluaciones resguardará la identidad de los/as alumnos/as, docentes e instituciones educativas, a fin de evitar cualquier forma de estigmatización, en el marco de la legislación vigente en la materia”.
Resulta imprescindible modificar el artículo 97 de la ley 26.206, el cual prohíbe la difusión de los resultados por escuela. Su modificación despertaría a los padres, los movilizaría, los convertiría en el contrapeso necesario para luchar por un cambio al que naturalmente se oponen los sindicatos docentes, los más acérrimos defensores del statu quo.
Al fin y al cabo, ¿quién puede tener más derechos qué los padres a conocer el nivel educativo de las instituciones a las que concurren sus hijos? Hoy los padres son invitados de piedra de un conflicto cargado de intereses políticos, que afecta significativamente el futuro de sus hijos y agiganta la desigualdad de oportunidades.
Al impedir la publicidad de los resultados de cada colegio lo que se está haciendo es sustraer del debate público el elemento de juicio principal para saber si el actual sistema educativo satisface la principal inquietud de cualquier padre: que sus hijos aprendan en el colegio al cual concurren. Por supuesto, también priva de información valiosa a la hora de decidir a qué escuela enviar a sus hijos a aquellos padres para quienes sus posibilidades económicas no convierten a la educación pública en la única alternativa factible, transformando a la misma en un virtual monopolio, con todos los costos que ello implica.
No es posible esperar modificar el status quo sin la participación activa de los padres. Pero, ¿cómo habrían de involucrarse si desconocen la realidad que afecta a sus hijos? En palabras de Alieto Guadagni: “Argentina es el único país que conozco que prohíbe por ley difundir los resultados escuela por escuela. Esto no ocurre ni en México, Colombia, Chile o Brasil. Cualquier padre de familia tiene derecho a saber cómo está el colegio donde están sus chicos”.
Restringir el acceso a los resultados de evaluaciones educativas obliga a creer ciegamente en la capacidad y la buena fe de aquellos encargados, circunstancialmente, de dirigir la política del sector. ¿No es esto más costoso que la posibilidad de cualquier estigmatización? Nuestra realidad educativa es prueba fehaciente de ello.
¿Estigmatización? Por supuesto se debe preservar la identidad de los alumnos y docentes, pero no así de las instituciones educativas. La educación de nuestros niños es lo que está en juego y, de no enfrentarnos a los sindicatos docentes que se oponen a cualquier cambio del statu quo, la batalla está perdida antes de comenzarla.
El hacer público el resultado de las evaluaciones a nivel escuela despertaría a los padres, les haría ver la verdad, los indignaría y los haría reaccionar. Muchos padres tienen en su imaginario la fantasía que la educación argentina se encuentra en crisis, pero que la educación que reciben sus hijos en el colegio al cual concurren es adecuada.
Es por ello que la revolución educativa debe comenzar en el Congreso no en las aulas. Las evaluaciones son la llave del reino, pero los resultados a nivel de escuela deben ser de conocimiento público. Modificar el artículo 97 de la Ley 26.006 es imprescindible.
2 – Declaración de la educación como un servicio público esencial.
Los años pasan y nada cambia. Ha sido infrecuente que las escuelas comiencen el ciclo lectivo en la fecha prefijada. El problema ha sido mayor en las escuelas públicas que en las privadas. Un joven que ingresó en 2013 a una escuela pública de la provincia de Buenos Aires perdió, durante los seis años de su escolaridad, 87,5 días de clase a causa de paros docentes, de los cuales 25,5 corresponden su último año. ¡Un triste record! Imaginemos a dos jóvenes que concluyeron en 2018 su educación secundaria en esa provincia, uno de ellos concurrió a una escuela pública y el otro a una escuela privada. ¿Podemos afirmar que estuvieron igualmente calificados para ingresar a una universidad o insertarse en el mundo laboral? La respuesta objetiva es no. ¿Quién puede imaginarse que un niño que concurre a clases un día sí y otro no, en medio de un clima enrarecido, puede aprender algo? Por supuesto, los niños de familias humildes son los más perjudicados, hablar de igualdad de oportunidades frente a esa realidad carece de cualquier entidad.
La evidencia de nuestro país demuestra con contundencia que el hecho que los niños estén en el aula no es garantía de que accedan a educación de excelencia. Pero, si ni siquiera tienen clases, no hay posibilidad alguna de ello. ¿Cómo lograr algo aparentemente tan elemental como que los niños puedan concurrir a la escuela? ¿Cómo enfrentar con éxito a sindicatos docentes que apelan al paro indiscriminadamente, sin importarles violar el derecho a la educación de los niños de nuestra patria? Encontrar una respuesta a este interrogante precede a cualquier discusión de fondo en cuanto a cómo mejorar la educación que los chicos reciben dentro de un aula.
La Constitución Nacional reconoce el derecho a la educación. Implícitamente, por ejemplo, en el artículo 14 al establecer que todos los habitantes de la Nación gozan de los derechos a enseñar y aprender. Explícitamente, en su artículo 75, inciso 22, al incorporar la Convención de los Derechos del Niño, cuyo artículo 28 asume el derecho del niño a la educación. ¿Quién puede afirmar que en la Argentina hoy se respeta el artículo 28 de la Convención, en cuanto a que el derecho a la educación debe poder ser ejercido en condiciones de igualdad de oportunidades?
A diferencia de los sindicatos docentes, los niños y jóvenes no pueden tomar medidas de fuerza para defender sus derechos. Para peor, muchos padres han dejado de prestar atención al nivel de los servicios educativos provistos por las escuelas conforme las mismas se fueron burocratizando y los padres tuvieron cada vez un rol menor. No hay duda que, en una alta proporción, están tan aletargados que no perciben el daño que están sufriendo sus hijos al no recibir una adecuada educación. De lo contrario, ¿cómo es posible que en un país en el cual las manifestaciones son cosas de todos los días, nunca hayamos asistido a una marcha por la educación de nuestros niños en un marco de real igualdad de oportunidades?
Por ello, es imprescindible preguntarnos: ¿cómo enfrentar la vergonzosa inequidad entre los niños y jóvenes que pueden concurrir a una escuela privada y aquellos para quienes, en virtud de la realidad económica de sus familias, la educación pública constituye la única alternativa? Es necesario que, más allá de los justos reclamos docentes, los líderes sindicales no puedan a utilizar a los niños como rehenes. ¿Cómo lograrlo? Definiendo la educación como un servicio público esencial, y de tal forma reglamentar el derecho de huelga. Es la única forma de defender el derecho a la educación de quienes menos tienen y, por ende, más necesitan.
Los sindicatos docentes obviamente rechazan esta posibilidad, fundándose en los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a los que la Argentina adhirió y que tienen rango constitucional. Al respecto, el Comité de Libertad Sindical de la OIT ha establecido que la educación no es un servicio esencial dado que su interrupción no pondría en peligro la vida, la seguridad o la salud de la población.
¿Es dicha interpretación correcta? A nuestro entender no. La vida de muchos jóvenes que, por ejemplo, han ingresado al secundario en 2013, y que lo han transitado dentro de un sistema en los cuales son virtuales rehenes, ha sido irremediablemente afectada, aunque deseemos no admitirlo. Por ello, los paros docentes involucran un riesgo de vida para nuestros jóvenes. Su vida adulta sería radicalmente distinta de haber podido cursar, en igualdad de condiciones, la escolaridad que el Estado tiene la obligación de garantizar.
Dos derechos en pugna, el derecho de huelga y el derecho a la educación. Por ello es lícito preguntarnos si acaso el derecho de huelga es más importante que el derecho a la educación. Veamos un caso en contrario, que es el de Alemania. Su realidad educativa no puede contrastar más con la que sufre nuestro país. Como muestra sirve un botón. El 12 de junio de 2018, en un fallo que había generado expectativa, el Tribunal Constitucional de Alemania desestimó el recurso presentado por cuatro maestros que participaron en protestas durante su horario de trabajo y paros docentes, los cuales posteriormente recibieron por ello una sanción disciplinaria. El veredicto se fundamentó en que el derecho a la libertad de asociación está limitado para policías, bomberos, y también maestros. Si no deseamos remitirnos a la realidad de un país del primer mundo como lo es Alemania, podemos recordar la experiencia de Ecuador.
Rafael Correa ha sido un presidente con quien no podemos sentirnos más distantes, pero en el terreno educativo es digno de elogios pues ha llevado a cabo una reforma que no puede dejar de ser resaltada. El resultado de la misma constituye un importante legado, más allá del juicio de valor negativo que tenemos sobre el resto de su política de gobierno.
Correa, quien siempre estuvo alineado a ideas de izquierda, encontró una fuerte resistencia por parte de los sindicatos docentes. ¿Cómo la enfrentó? ¿Cuál ha sido su bala de plata? En 2008, Ecuador reformó su Constitución Nacional incorporando a la educación como servicio público, prohibiendo por ende su paralización. La nueva Constitución, en su capítulo 4, sección segunda, artículo 35, inciso 10, señala: “Se reconoce y garantiza el derecho de los trabajadores a la huelga y el de los empleadores al paro, de conformidad con la ley. Se prohíbe la paralización, a cualquier título, de los servicios públicos, en especial los de salud, educación, justicia y seguridad social; energía eléctrica, agua potable y alcantarillado; procesamiento, transporte y distribución de combustibles; transportación pública, telecomunicaciones. La ley establecerá las sanciones pertinentes”.
Retornemos a nuestra realidad. En abril de 2017, Guillermo Castello, por entonces diputado provincial de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, propuso establecer la educación como un servicio público esencial: “Existe la posibilidad de declarar mediante una ley a la educación como un servicio público esencial, donde no se pueda hacer paro, donde los docentes tengan que estar frente al aula”. Lograr acordar una ley de estas características sería un primer paso de relevancia en pos de convertir la educación en una política de Estado, no de un gobierno específico.
Los chicos a los que hoy se priva de educación serán los desempleados de mañana. Es imprescindible que la sociedad tome consciencia de ello. De aquí a 15 años muchos de estos chicos probablemente subsistan en base a planes sociales, en una sociedad de clases en la que una élite educada mantiene a una clase permanente de desempleados. ¿No es ello acaso un riesgo de vida? ¿No se está destruyendo su futuro? Es claro que sí y, por ende, la educación debe ser declarada un servicio público esencial, regulándose el derecho de huelga en la actividad y defendiendo el derecho a la educación de cada uno de los chicos de nuestro país.
Es claro que esta no es la única forma de defender el derecho a la educación de aquellos niños de familias económicamente desfavorecidas. Las próximas dos propuestas son ejemplo de ello.
3 – Replicar en la Argentina los artículos 269 y 270 de la Ley 18.834/2011 de la legislación uruguaya.
El texto de estos artículos es el siguiente:
“Artículo 269º.- Sustitúyese el artículo 78º del Título 4 del Texto Ordenado 1996, en la redacción dada por el artículo 3º de la Ley Nº 18.083, de 27 de diciembre de 2006, por el siguiente:
Artículo 78º- Donaciones especiales. Beneficio.- Las donaciones que las empresas contribuyentes del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas e Impuesto al Patrimonio realicen a las entidades que se indican en el artículo siguiente, gozarán del siguiente beneficio: – El 75% (setenta y cinco por ciento) del total de las sumas entregadas convertidas a unidades indexadas a la cotización del día anterior a la entrega efectiva de las mismas, se imputará como pago a cuenta de los tributos mencionados. El organismo beneficiario expedirá recibos que serán canjeables por certificados de crédito de la Dirección General Impositiva, en las condiciones que establezca la reglamentación. – El 25% (veinticinco por ciento) restante podrá ser imputado a todos los efectos fiscales como gasto de la empresa. El Poder Ejecutivo podrá establecer topes a los montos totales destinados a la ejecución de proyectos por este régimen. También podrá fijar topes individuales para cada entidad beneficiaria o grupo de entidades de similar naturaleza, así como por donante. Las entidades que reciban subsidios o subvenciones del Presupuesto Nacional, deberán optar entre percibir el subsidio o subvención o ampararse en el beneficio previsto en la presente norma. En caso que se opte por el beneficio de la presente norma, los subsidios o subvenciones a cuya percepción se renuncia, serán asignados a la Asociación Nacional para el Niño Lisiado Escuela Franklin Delano Roosevelt”.
Artículo 270º.- Sustitúyese el artículo 79º del Título 4 del Texto Ordenado 1996, en la redacción dada por el artículo 3º de la Ley Nº 18.083, de 27 de diciembre de 2006, por el artículo 1º de la Ley Nº 18.628, de 10 de diciembre de 2009, y por los artículos 787º, 788º y 789º de la Ley Nº 18.719, de 27 de diciembre de 2010, por el siguiente:
Artículo 79º- Donaciones especiales. Entidades.- Se encuentran comprendidas en el beneficio establecido por el artículo precedente, las donaciones destinadas a: 1) Educación primaria, secundaria y técnico profesional: A) Establecimientos públicos de educación primaria, de educación secundaria, de educación técnico profesional y de formación docente, Consejos de Educación Secundaria y de Educación Técnico Profesional y los servicios que integren el Consejo de Educación Inicial y Primaria, equipos técnicos universitarios interdisciplinarios, que funcionen en el marco de proyectos dirigidos a mejorar la calidad educativa, previamente estudiados y aprobados por las autoridades pertinentes. La Administración Nacional de Educación Pública informará respecto de la conveniencia y distribución de los proyectos que se financien con las donaciones incluidas en el presente literal. B) Instituciones privadas cuyo objeto sea la educación primaria, secundaria, técnico- profesional, debidamente habilitadas y que atiendan efectivamente a las poblaciones más carenciadas. 2) Educación terciaria e investigación: A) La Universidad de la República y las fundaciones instituidas por la misma. B) Universidad Católica del Uruguay. C) Universidad de Montevideo. D) Universidad ORT Uruguay. E) Universidad de la Empresa. F) Instituto Universitario CLAEH. G) El Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable y la Fundación de Apoyo a Instituto Clemente Estable. H) Fundación Instituto Pasteur. I) Instituto Antártico Uruguayo. 3) Salud: La construcción de locales o adquisición de útiles, instrumentos y equipos que tiendan a mejorar los servicios de las entidades con personería jurídica dedicadas a la atención de personas en el campo de la salud mental, que hayan tenido una actividad mínima de cinco años ininterrumpidos a la fecha de recibir donación. La Comisión Honoraria de Administración y Ejecución de Obras de las Colonias de Asistencia Psiquiátrica “Doctor Bernardo Etchepare” y “Doctor Santín Carlos Rossi”. La Fundación Teletón Uruguay para la rehabilitación pediátrica. D) La Fundación Peluffo Giguens de apoyo al niño con cáncer. E) La Fundación Álvarez – Caldeyro Barcia. F) La Fundación Porsaleu. G) La Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer. H) La Asociación Nacional para el Niño Lisiado Escuela Franklin Delano Roosevelt. El Ministerio de Salud Pública informará respecto de la conveniencia de los proyectos que se financien con las donaciones a estas instituciones. 4) Apoyo a la niñez y la adolescencia: A) El Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay. B) La Fundación Niños con Alas. C) Aldeas Infantiles S.O.S. D) Asociación Civil Gurises Unidos. Los proyectos declarados de fomento artístico cultural, de acuerdo con lo establecido por el artículo 239 de la Ley Nº 17.930, de 19 de diciembre de 2005, se seguirán rigiendo por dicha ley y sus modificativas”.
Para Albert Einstein la definición de locura consistía en hacer siempre lo mismo y esperar resultados distintos. ¿Qué cambiar? No hace falta mirar lejos, con cruzar el Río de la Plata alcanza. El caso de las escuelas privadas y gratuitas del Uruguay, las cuales se financian con aportes de empresas o particulares, no reciben subvención alguna del Estado y brindan educación secundaria a adolescentes que viven por debajo de la línea de pobreza, alcanzando remarcables rendimientos académicos, constituye un buen ejemplo.
Un ejemplo notable es el liceo Impulso, ubicado en el barrio de Casavalle, uno de los más pobres de Montevideo. Otro es el liceo Jubilar. Ambos colegios son privados y gratuitos, religioso el liceo Jubilar, laico el liceo Impulso, alcanzado niveles de eficacia que superan a los del sector público.
El liceo Jubilar obtuvo notoriedad el domingo 17 de marzo de 2013 cuando el Papa Francisco, a cuatro días de haber sido elegido y poco antes de celebrar su primer Angelus en la Plaza de San Pedro, reconoció su trabajo y elogió a su fundador, el sacerdote jesuita Gonzalo Aemilius.
El liceo se financia con recursos provenientes de empresas y personas que apadrinan el proyecto.
El Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (CERES), un prestigioso centro de investigaciones del Uruguay, estimó que si la experiencia del Jubilar se replicara, la delincuencia juvenil se abatiría en un 40%. Justamente su Director, el actual Ministro de Relaciones Exteriores, Ernesto Talvi, junto a un grupo de cinco amigos crearon en 2011 la Fundación Impulso, la cual dio origen al ldel mismo nombre.
Al respecto, señala la edición uruguaya del Observador de la Unesco del viernes 3 de mayo de 2013: “La aplicación a la educación pública de la exitosa experiencia del liceo Jubilar ha sido descartada por algunos sectores políticos con el argumento de que la enseñanza religiosa viola la laicidad oficial. Este pretexto se ha esfumado con la creación del liceo Impulso. En varios aspectos estas instituciones marcan el camino para mejorar la enseñanza secundaria. Han introducido en el país un sistema eficiente de liceos privados pero gratuitos para educar jóvenes de zonas conflictivas de la ciudad”.
La Fundación Impulso nace con el fin de crear una escuela secundaria laica, gratuita y de gestión privada, en un barrio extremadamente pobre, con la convicción que es posible eliminar la brecha de aprendizaje entre sus alumnos y los de las mejores escuelas públicas y privadas del país.
Con dicho fin importaría al Uruguay las ideas de uno de los grandes pedagogos de nuestro tiempo, Geoffrey Canada, quien diseñó un sistema que logró generar educación de excelencia en los barrios más pobres de las grandes ciudades norteamericanas.
Todo comenzó en 2004 en una escuela charter (las cuales reciben financiamiento público pero funcionan independientemente) en Harlem, gestionada por Canada. Michael Bloomberg, por entonces Alcalde de Nueva York, entusiasmado por sus resultados, decidió utilizar recursos de la ciudad para realizar una prueba piloto del sistema en otros colegios de Harlem y luego en el muy pobre barrio latino.
Como relata Ernesto Talvi en una nota publicada en el semanario de Montevideo Voces, el 4 de septiembre de 2015: “Arrancaron con chicos que vienen de familias destruidas, con hogares monoparentales, de guetos (en Harlem) donde hay drogadicción y delito. Y en tres años lograron resultados”. Talvi subrayó que “el modelo de gestión no es sólo pedagógico, sino (…) un proyecto de contención, de decirles a estos chicos que sus vidas importan y mucho”.
Con el paso del tiempo, Bloomberg generalizó la experiencia, la cual se denominó Promise Academy. En 2008, el por entonces Senador Barack Obama anunció su propuesta para replicarlo en 20 ciudades de Estados Unidos. A partir de 2010, la administración de Obama destinó más de U$S 60 millones a instrumentarlo en Los Angeles, Boston y Washington.
Entre otras diferencias, estas escuelas dictan una hora más de clase por día, y un mes y medio más de clase durante el verano, que las escuelas públicas de la ciudad de Nueva York. La admisión es por una lotería, pues la demanda excede con creces las posibilidades.
W. Dobbie y R. Fryer, investigadores de la Universidad de Harvard, reportan en un estudio publicado en 2011 por la American Economic Association que “el programa es uno de los experimentos sociales más ambiciosos de nuestro tiempo para aliviar la pobreza”; agregan que “el efecto en la escuela secundaria ha sido lo suficientemente grande para cerrar la brecha racial en rendimiento académico en matemáticas y reducirlo significativamente en lengua” y concluyen que “la evidencia sugiere que escuelas de calidad son suficientes para aumentar significativamente el rendimiento académico entre los pobres”.
En diciembre de 2014, en su mensaje para Navidad, el Cardenal Daniel Sturla, Arzobispo de Montevideo, expresó que las experiencias de liceos gratuitos de gestión privada “demuestran que si se quiere se puede” y resaltó que “multiplicando los Jubilares en Uruguay se estaría dando una respuesta educativa seria, responsable, que permitirá que los jóvenes se desarrollen en la educación”.
El 23 de febrero de 2015 el principal diario de Montevideo, el País, publicó una nota en la cual señaló que en el liceo Impulso repitieron en el ciclo básico sólo el 2,5 % de los alumnos en 2014. Por su parte, en el liceo Jubilar, la repetición alcanzó el 6%. A modo de comparación, en el liceo público número 73 de Casavalle repitieron el 42,58 % de los alumnos.
En abril de 2015 el Cardenal Sturla salió al cruce de las declaraciones del sindicato docente contra este tipo de liceos, señalando que “si ponemos al chico en el centro hay que apoyarlo. Sea público o privado, no importa. Lo que importa es salvar a los chicos concretos porque si no caen en lo que ya sabemos, la deserción escolar y por tanto lo que eso trae aparejado: la droga, la esquina, la cerveza”.
¿Por qué no considerar para nuestro país una ley de beneficios fiscales similar a la vigente en el país hermano, la cual facilita al financiamiento de escuelas como los liceos Jubilar e Impulso? La misma establece: Artículo 269 de la Ley 18.834/2011 (sintetizado): “Las donaciones que las empresas contribuyentes del Impuesto a las Rentas e Impuesto al Patrimonio realicen a las entidades que se indican en el artículo siguiente (ej. Instituciones privadas cuyo objeto sea la educación primaria o secundaria que atiendan a las poblaciones más carenciadas) gozarán del siguiente beneficio: El 75% de las sumas se imputará como pago a cuenta de los tributos mencionados. El 25% restante podrá ser imputado a los efectos fiscales como gasto de la empresa. Las entidades que reciban subsidios del Presupuesto Nacional deberán optar entre percibir el subsidio o ampararse en el beneficio previsto en la presente norma”.
Es decir que, por cada 100 pesos que donan, las empresas perciben un costo real de 18,75, dado que el 75% lo pueden aplicar directamente a impuestos y el otro 25% es un gasto deducible de la renta.
Una legislación como la uruguaya permitiría demostrar que es factible incrementar la exigencia y el rendimiento académico, aún en contextos sociales claramente desfavorables.
El liceo Jubilar y el liceo Impulso son un claro ejemplo de ello, un modelo que crece en el Uruguay y demuestra la posibilidad de alcanzar excelentes resultados educativos en medio de la pobreza extrema. Es hora de instrumentar incentivos fiscales similares a los del país vecino. Probablemente, generar las condiciones adecuadas para el financiamiento privado de esta clase de instituciones incrementaría las oportunidades de aquellos niños de familias más desfavorecidas mucho más que los planes sociales que se vienen aplicando.
4 – Establecer un sistema de cuentas de ahorro para la educación.
En los últimos años, muchas familias han optado por enviar sus hijos a escuelas privadas, a pesar de la existencia de la educación pública gratuita. Sin duda, una de las razones de ello lo constituye el accionar de los líderes sindicales, quienes toman a los niños de virtuales rehenes frente a la discusión paritaria. La evidencia de los últimos años en la Provincia de Buenos Aires o de los más de 100 días sin clases en Santa Cruz, en 2017, nos eximen de mayores comentarios; aún en barrios muy humildes numerosas familias realizan importantes esfuerzos económicos para que sus hijos cursen su escolaridad en escuelas de gestión privada.
Plantearemos, en esta sección, una propuesta en apoyo de estas familias que cambiaría radicalmente su realidad. La misma consiste en una sencilla cuenta de ahorro para gastos educativos, la cual las protegería del irresponsable accionar de los sindicatos docentes, quienes lucran del poder monopólico de la escuela pública para aquellas familias cuya realidad económica les impide considerar otras posibilidades.
No hace falta reinventar la rueda, esta propuesta es una realidad en otras latitudes. En Estados Unidos las denominadas cuentas de ahorro para la educación (ESAs) permiten a los padres que optan por retirar a sus hijos de escuelas públicas recibir un porcentaje de lo que el Estado habría gastado en su educación y, con ello, costear, por ejemplo, un colegio privado, ya sea religioso o laico.
Arizona se convirtió en abril de 2017 en el segundo estado, después de Nevada, en establecerlas. En realidad Arizona es el primero donde la idea se ha puesto en práctica al sortear las barreras legales al respecto (ESAs fueron declaradas constitucionales por la Corte Suprema de Arizona en 2014). Las cuentas promedian U$S 5,600, lo cual es suficiente para cubrir la matrícula en la mitad de las escuelas privadas del estado. A modo de ilustración, el gobernador, Doug Ducey, expresó al firmar la ley: “cuando los padres tienen opciones, los niños ganan”.
Actualmente hay cinco programas activos en otros tantos estados: Arizona, Florida, Mississippi, North Carolina y Tennessee. Por cierto, New Hampshire podría ser el próximo estado en establecer un programa de estas características. El Senado abrió esta posibilidad al aprobar una legislación por la cual los padres que retirasen a sus hijos de las escuelas públicas recibirían el 90% del costo de educar un alumno en el sistema público.
En 2017, el total de beneficiarios de ESAs alcanzó a 15,300, siendo Florida el estado en el cual el programa es más numeroso con 10,500 participantes y Nevada el más amplio en términos de elegibilidad: 93 % de los estudiantes.
La propuesta es presupuestariamente factible, dado que al calificar para recibirlas solamente los estudiantes que satisfagan los criterios establecidos por el gobierno, el programa no representaría una significativa carga financiera, pero marcaría un antes y después en la educación argentina y defendería el derecho de los niños de familias económicamente desfavorecidas a recibir la educación que se merecen.
Por cierto, es posible encontrar antecedentes de esta clase de propuesta muchos años atrás. Por ejemplo, en noviembre de 1985 el New York Times publicaba declaraciones del Secretario de Educación W. Bennett, en defensa de los frustrados intentos de Ronald Reagan de obtener una legislación que otorgase a familias de bajos ingresos un subsidio que les permitiese elegir a qué escuela enviar sus hijos, entre una variedad de establecimientos públicos y privados. En palabras de Bennett: “Hoy, las familias más ricas ejercen la opción enviando sus hijos a una escuela privada. Los pobres no tienen este tipo de elección”.
En junio de 2012, otra columna del New York Times relató que de haber triunfado el candidato Republicano Mitt Romney, en las elecciones que consagraron a Barack Obama, habría buscado transformar los principales programas educativos administrados por el gobierno americano en un sistema de vouchers.
Treinta años después que Ronald Reagan se lamentase de no lograr una legislación que otorgase a los padres de familias de bajos ingresos el derecho a decidir sobre la escolaridad de sus hijos, Donald Trump propuso, como objetivo nacional, proporcionar a los padres de los 11 millones de niños en edad escolar, que viven en la pobreza, el derecho a elegir la escuela a la que concurran sus hijos, ya sea pública o privada.
Permítannos acudir ahora a una cita de hace casi 15 años de Mario Vargas Llosa, para continuar presentado experiencias de otras latitudes: “¿Cuántos de los lectores de este artículo saben que en Suecia funciona desde hace años y con absoluto éxito el sistema de vouchers escolares para estimular la competencia entre colegios y permitir a los padres de familia una mayor libertad de elección de los planteles donde quieren educar a sus hijos? Antes, en Suecia, uno pertenecía obligatoriamente a la escuela de su barrio. Ahora, decide libremente dónde quiere educarse, si en instituciones públicas o privadas -con o sin fines de lucro- y el Estado se limita a proporcionarle el voucher con que pagará por aquellos servicios”.
Desde la década de 1970 el sistema escolar sueco había disminuido considerablemente en calidad. Sólo quienes podían hacer frente a las altas matrículas de las escuelas privadas, mientras a su vez pagaban los elevados impuestos característicos del país, tenían la capacidad de proporcionar una educación de excelencia a sus hijos. El resto de la población debía concurrir a las escuelas públicas de sus municipios.
A partir de la reforma de 1992 todo padre puede decidir libremente dónde educar a sus hijos, si en instituciones públicas o privadas (denominadas escuelas independientes), con o sin fines de lucro, y el Estado se limita a proporcionarles un voucher con el cual pagar por dicha educación.
El programa, fue introducido por una coalición de centro derecha, en ese entonces en el gobierno, con el fin de crear un mercado a la competencia, el espíritu empresarial y la innovación. Al retornar al gobierno la democracia social, la popularidad del programa la llevó a no revertirlo, sino por el contrario a expandirlo. En 2018, la página oficial del gobierno de Suecia (sweden.se) señalaba que: “el número de escuelas independientes en Suecia está creciendo, y el poder elegir la escuela se ve como un derecho. A cada niño se le asignan los fondos para su educación, desde el nivel preescolar hasta la escuela secundaria. De esta forma, el gobierno sueco apoya el establecimiento de las escuelas independientes”.
El éxito de la reforma tomó a sus mismos arquitectos por sorpresa. En 2018 una de cada ocho escuelas en Suecia era de las denominadas independientes y, en Estocolmo, en determinados rangos de edades, hasta el 30% de los estudiantes asistían a dichos establecimientos.
Un monopolio genera importantes costos para los consumidores, no es posible imaginar mejor evidencia de ello que el virtual monopolio estatal de la educación. Al fin y cabo, aquellas familias carentes de posibilidades económicas para optar entre una institución pública y otra privada enfrentan al Estado como el proveedor monopolista de los servicios educativos que reciben sus hijos.
Es posible encontrar, a lo largo de los tiempos, múltiples opiniones coincidentes con esta apreciación. Por ejemplo, el renombrado pensador francés Frédéric Bastiat señalaba en 1849 en su ensayo ¿Qué es el dinero? que “la necesidad más urgente no es que el Estado deba enseñar, sino que debe permitir la educación. Todos los monopolios son detestables, pero el peor de todos es el monopolio de la educación”.
Ciento cincuenta años más tarde, en una entrevista realizada por el Instituto Smithsoniano, Steve Jobs realizó un diagnóstico similar: “Al monopolista no tiene por qué importarle prestar un buen servicio. Eso es lo que IBM fue en su día. Y eso es sin duda lo que el sistema de educación pública es en la actualidad”. Más aún, agrega Jobs: “Una cuestión de hecho es que si un padre desea que su hijo estudie en un colegio privado no podrá utilizar para ello el costo de educar a su hijo en el colegio público, sino que deberá pagar además el precio de la escuela privada”. Es claro que ello convierte, para muchos padres, a la educación pública como la única alternativa factible para la educación de sus hijos. ¡Un real monopolio!
En julio 2017 el Cardenal Daniel Sturla, Arzobispo de Montevideo, en una entrevista radial manifestó que “lo que la Iglesia trata de proclamar desde hace muchos años en este país es que apliquemos el derecho de los padres a elegir la educación que quieren para sus hijos”. El Cardenal Sturla recordó que el artículo 68 de la Constitución del Uruguay explicita que “queda garantizada la libertad de enseñanza” y que la intervención del Estado solo está reglamentada con el “objeto de mantener la higiene, la moralidad, la seguridad y el orden público”. Y agregó que la Ley establece que “todo padre o tutor tiene derecho a elegir para la enseñanza de sus hijos o pupilos, los maestros e instituciones que desee”. El Cardenal subrayó que este derecho “supondría dar a los padres que tienen dificultades económicas la posibilidad de poder también elegir, del mismo modo que lo hacen los padres que tienen suficientes medios”.
Es claro que dicha apreciación en nada difiere del pensamiento de Milton Friedman, quien en una entrevista para el New York Magazine de 1975, expresó: “Yo culpo a las personas bien intencionadas que envían sus hijos a escuelas privadas e imparten cátedra a las ‘clases inferiores’ sobre la responsabilidad de enviar sus niños a escuelas estatales en defensa de la escuela pública”.
Debemos rechazar la falacia que insiste en que el permitir elegir a los padres la escuela a la que concurrirán sus hijos, más allá de sus posibilidades económicas, atenta contra la educación pública. La educación no es una opción binaria. Estar a favor de la igualdad de oportunidades, a favor de la posibilidad de elección, no es estar en contra de nada.
El permitir a los padres nuevas opciones no significa estar contra el fortalecimiento de la educación pública. Sencillamente consiste en permitir a los padres que, por sus valores, por las aptitudes, gustos o intereses de sus hijos, o por cualquier otra razón, prefieran otra forma de educación para sus hijos puedan optar por la misma. Simplemente consiste en habilitar esta posibilidad, aún para aquellas familias pertenecientes a los estratos más pobres de la sociedad.
Ninguna familia puede estar peor por tener la posibilidad de elegir. Si le preguntamos a un padre de niños en edad escolar si prefiere el actual sistema de educación pública gratuita o recibir un subsidio que le permita elegir la escuela a la que desee enviar a su hijo, ya sea pública o privada, religiosa o laica, su respuesta debería ser obvia, dado que ninguna familia estaría obligada a dejar de enviar sus hijos a una institución pública. Todo padre que desease una educación distinta para sus hijos, a la que hoy no tiene acceso por sus restricciones económicas, podría hacerlo; y quien prefiriese que concurriesen a la escuela pública a la que asisten actualmente también podría hacerlo.
Veamos a modo de un último ejemplo el caso de Holanda. En la Argentina la asociamos con bicicletas, tulipanes, molinos de viento, tierras ganadas al mar y una compatriota que se convirtió en reina; sin embargo, poco sabemos de su particular y exitoso sistema educativo.
El sistema educativo holandés es uno de los más antiguos del mundo en los cuales encontramos la libertad de los padres de elegir la escuela a la que concurren sus hijos, sea pública o privada, religiosa o laica, financiando el Estado en forma idéntica a todas ellas. El sistema fue establecido en 1917 y se encuentra garantizado por el artículo 23 de la Constitución. El dinero sigue a los estudiantes; cada escuela privada recibe por cada alumno un monto equivalente al costo per cápita de su educación en una institución pública. En 2018 dicho monto ascendía a aproximadamente US$ 6.465 para estudiantes de escolaridad primaria y a US$ 8.321 de secundaria. Los padres no tienen restricción alguna a la hora de elegir la escuela a la que asistirán sus hijos.
Cien años después de instaurarse este sistema, alrededor del 66% del alumnado concurre a escuelas privadas mientras que el 34% lo hace a escuelas públicas, a diferencia del resto de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD) en los cuales, en promedio, el 85% del alumnado concurre a escuelas públicas y el 15% a privadas. Por cierto, un asombroso 70% de todas las escuelas son privadas y el 90% de las escuelas privadas son religiosas.
¿Por qué no evaluar un sistema educativo que privilegia la libertad, por supuesto adecuado a nuestra realidad? ¿Quiénes podrían estar más interesados que los propios padres para decidir qué es lo mejor para sus hijos? ¿Un burócrata? La historia de nuestro país es clara evidencia de lo peligroso de esta premisa.
Por ello, nos parece oportuno cerrar el tratamiento de esta propuesta con una última cita del Cardenal Daniel Sturla, en este caso de abril 2015: “Si ponemos al chico en el centro, hay que apoyarlo. Sea público o privado, no importa. Lo que importa es salvar a los chicos concretos, porque si no, caen en lo que ya sabemos, la deserción escolar y por tanto lo que eso trae aparejado: la droga, la esquina, la cerveza”.
5 – Ingreso a las universidades: restituirlo modificando el artículo 4 de la Ley 27.204.
Dicho Artículo dice:
“Todas las personas que aprueben la educación secundaria pueden ingresar de manera libre e irrestricta a la enseñanza de grado en el nivel de educación superior. Excepcionalmente, los mayores de veinticinco (25) años que no reúnan esa condición, podrán ingresar siempre que demuestren, a través de las evaluaciones que las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o las universidades en su caso establezcan, que tienen preparación o experiencia laboral acorde con los estudios que se proponen iniciar, así como aptitudes y conocimientos suficientes para cursarlos satisfactoriamente. Este ingreso debe ser complementado mediante los procesos de nivelación y orientación profesional y vocacional que cada institución de educación superior debe constituir, pero que en ningún caso debe tener un carácter selectivo excluyente o discriminador”.
La quinta propuesta es hasta trivial. En octubre de 2015 se sancionó la Ley 27.204 (Ley de Implementación Efectiva de la Responsabilidad del Estado en el Nivel de Educación Superior), la cual introduce una serie de modificaciones a la Ley 24.521 de Educación Superior, vigente desde 1995. Entre las principales se encuentra la eliminación de cualquier requisito de ingreso. Roberto Marengo, estrecho colaborador de la ex diputada y actual viceministra de Educación, Adriana Puiggrós (autora del proyecto), fundamentó la misma en el hecho que “la Ley de Educación Superior (…), en el artículo 40, facultaba a las universidades a implementar exámenes de ingreso a partir de una determinada cantidad de alumnos. Pero son exámenes selectivos, restrictivos, que llevaban a la discriminación”.
Alieto Guadagni, Miembro de la Academia Nacional de Educación, subrayó lo lamentable de esta decisión: “Es una paradoja, porque mientras más fácil se hace el ingreso, más difícil es egresar. Es como pretender correr una maratón de 42 kilómetros sin entrenar, y la verdad es que se está frustrando el futuro de los chicos y esta ley consagra el atraso educativo de Argentina”.
Es claro que la legislación elimina la posibilidad de realizar un proceso de admisión como lo era el tradicionalmente llevado a cabo por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de la Plata. Por ello, la Facultad anunció a mediados de diciembre de 2015 la eliminación del curso ingreso, habilitando desde marzo 2016 el cursado de materias de primer año a todo aquel ingresante que se anote con este fin. A modo de ilustración, en los últimos 10 años aprobaron el curso de ingreso un promedio de 400 estudiantes sobre un total de 1.500 a 1.900 inscriptos anuales.
Realmente, la Argentina es un caso tristemente célebre por carecer de cualquier sistema de evaluación del nivel de los conocimientos de los estudiantes secundarios antes de ingresar a la Universidad. Como resalta Alieto Guadagni, no se conoce en el mundo una ley como la vigente en nuestro país, que prohíbe cualquier tipo de evaluación para estimular un ingreso de estudiantes bien preparados a la Universidad.
Es fácil ingresar, pero, como se lo hace con escasa preparación, el abandono posterior es muy elevado. En palabras de Guadagni: “la Argentina es el país Latinoamericano con mayor población universitaria, 435 estudiantes cada 10 mil habitantes. En Brasil hay 380, en Chile 361, en México 285 y en Colombia 273. Sin embargo la foto se revierte al evaluar su graduación, dado que en la Argentina se gradúan anualmente tan sólo 28 alumnos cada 10 mil habitantes, mientras que en México y Chile 48, en Brasil 50 y en Colombia 59”.
A modo de ejemplo, veamos algunas ilustraciones de lo que pasa en otras tierras frente a una instancia similar.
Abruzzo, Italia, 12 de marzo de 2019. Una multitud de estudiantes, en el último año de la escuela secundaria, no concurrió a clases. ¿La razón? Ni el día del estudiante, ni una fiesta de fin de curso, sino una tradición que comenzó casualmente en marzo de1980 cuando un pequeño grupo de jóvenes faltaron a la escuela con el objeto de concurrir al Santuario de San Gabriele dell’Addolorata, exactamente 100 días antes del examen del fin del secundario, a rezarle a San Gabriel por el éxito en su examen. La tradición había nacido. Hoy 10,000 estudiantes visitan cada año el Santuario, exactamente 100 días antes del examen del fin del secundario. El momento central de la jornada lo constituye la bendición de las lapiceras que utilizarán durante el examen.
Polonia, 4 de mayo de 2019. El Presidente y su esposa, al igual que el Primer Ministro y los líderes del Parlamento extendieron sus mejores deseos de éxito para los 272,000 estudiantes que comenzaron a rendir el examen de salida de la escuela secundaria, comúnmente denominado Matura. “El Matura resume su educación escolar y también el comienzo de una nueva etapa en sus vidas”, señaló el Presidente Duda en un video publicado en su web. Por su parte, la primera dama agregó: “Queremos asegurarles que estamos con ustedes y que tenemos nuestros dedos cruzados por ustedes”.
Siria, 28 de mayo de 2019. 224,105 estudiantes comenzaron su examen de fin de secundaria, el cual se administra en 1955 centros a lo largo de un país que se halla en estado de guerra interior. Imaginémoslo en base al testimonio de una joven de 18 años a la cual UNICEF identificó como Rama para proteger su identidad: “Una escuela reabrió sus puertas sólo seis meses antes de los exámenes. Caminábamos una larga distancia para llegar a ella y, a veces, oíamos explosiones en el camino. Cada vez que me asustaba, mi padre me decía: ‘tu educación es tu medio de supervivencia, no la abandones’. Cuando llegó la hora de los exámenes tuvimos que venir a Alepo ya que no hay centros de exámenes en mi aldea. El viaje, que tomaba una hora antes de la guerra, nos llevó casi diez. Yo estaba asustada y agotada, pero también feliz de estar un paso más cerca de mi sueño de convertirme en médica.”
China, 7 de junio de 2019. Durante dos días 9.7 millones de jóvenes rindieron el examen Gaokao, el cual determinó sus posibilidades de continuar estudios universitarios. El examen fue establecido por Mao a mediados del siglo pasado. Las medidas de seguridad para evitar conductas fraudulentas llegaron a prohibir el uso de sujetadores de metal en los corpiños de las estudiantes. En los días de examen el ruidoso país se cubre de un manto de silencio. Los vuelos son redirigidos y los automovilistas tienen prohibido tocar la bocina en los alrededores de las más de 7,000 sedes donde se lleva a cabo la evaluación. En Beijing, los permisos de licencia para las fuerzas de seguridad son cancelados, con el fin de evitarse congestiones de tránsito que pudiesen poner en riesgo que los estudiantes lleguen en hora. Por cierto, Vietnam y Cuba, gobernadas también por el Partido Comunista, administran exámenes similares. Lo mismo ocurre en Nicaragua, gobernada por el Sandinismo y en Ecuador, a partir de una iniciativa del ex-presidente Correa.
Argelia, 20 de junio de 2019. Según reporta BBC News, en todo el país, entre el 20 y 25 de junio, se interrumpió el servicio de internet por decisión del gobierno. ¿Una estrategia para callar a la oposición? ¿Estado de sitio? No, una vez más, el examen de fin del secundario, el cual fue administrado a más de 700,000 jóvenes. Al respecto, el ministro de Educación Nouria Benhabrit declaró hace ya un par de años que Facebook sería blockeado durante los exámenes. Es más, subrayó, en una entrevista televisiva, que “si bien no se sentía confortable con la decisión, no podía permanecer pasivo frente a la posibilidad de una fuga de información”.
Brasil 3 y 10 de noviembre de 2019. En dos domingos consecutivos se llevó a cabo en Brasil el Examen Nacional de Enseñanza Media (ENEM), que evaluó los conocimientos de los alumnos que egresaban del secundario. La asignación de becas, tanto completas como parciales, se asociará a la nota obtenida en el examen. Hoy en día más de 600 instituciones de educación superior utilizan el desempeño de los candidatos en el ENEM como un parámetro en el proceso de selección.
Su resultado impacta usualmente en nuestro país, dado que numerosos jóvenes que no acceden a la educación universitaria en Brasil lo hacen en universidades argentinas. La magnitud de este hecho lo ilustra la decisión de la Universidad de la Matanza de implementar un curso de Lengua Castellana y Literatura Hispanoamericana obligatorio para ingresantes que no dominan el idioma español.
El Rector, al explicar las causas de tal decisión, señaló que en 2019, por ejemplo, “en la carrera de medicina se han anotado una cantidad importante de brasileños. Más de 500 solo considerando la última cursada. Empezamos a tener dificultades serias porque no hablan el español correctamente, hablan en portuñol. Y el programa de estudio se demora”.
La situación descripta motiva a resaltar algo más: en Brasil, al igual que en Chile, más de la mitad de los alumnos que ingresan a la Universidad se reciben; en México o Colombia más del 80%, pero en nuestro país lo hace solamente alrededor de un 30 por ciento. Es claro que nuestro sistema de ingreso es un factor explicativo. A través de los años encontramos una y otra vez ejemplos de los extremos a los cuales se llega con el fin de facilitarlo. Por supuesto, el fracaso es previsible.
Veamos un par de ellos. A principios de mayo de 2019, la Universidad Nacional de La Plata inauguró cursos de apoyo para ingresantes con materias previas del secundario. Allí se inscribieron este año casi 30 mil alumnos; de ellos, 3 mil adeudaban una o más materias. “Esos alumnos están en riesgo de quedar en el camino, de desertar pues si no aprueban en junio deben dejar la Universidad”, explicaron en el rectorado, agregando que el programa “es una estrategia más de la universidad platense (…) para promover y fortalecer la permanencia de los jóvenes en el sistema universitario”.
Cómo no recordar una iniciativa conceptualmente similar evaluada en 2015, al cumplirse 30 años de existencia del CBC de la UBA. Por entonces se analizaron diversos proyectos para su reforma. Uno de los ellos consistía, en palabras de su director, Jorge Ferronato, en la creación de talleres de lectura y escritura para ingresantes, dado que “llegan sin poder resolver problemas matemáticos simples ni comprender textos, carecen de los saberes mínimos”.
Es hora de sentarnos y admitir la realidad. El ingreso irrestricto a la universidad es una real estafa para los alumnos. El fracaso de miles de jóvenes argentinos que vegetan en universidades de las que no se graduarán es altamente costoso. En palabras, una vez más, de Alieto Guadagni: “No nos deben sorprender estos resultados negativos, que son el fruto de políticas en curso que perjudican directamente el futuro laboral, principalmente de los más pobres. Hay más de 100 países en todo el planeta, incluso aquellos comunistas, que plantean ingresos selectivos”.
Todas las naciones europeas lo han implementado. Por ejemplo, en Francia el examen fue establecido por Napoleón a inicios del siglo XIX. También lo hacen países tan disímiles como Japón, Corea, Cuba, Israel, Ecuador, Vietnam, Chile, Costa Rica, Colombia, México, Siria, China, Argelia, Brasil, y cualquier otro país que se imagine.
¿Puede el resto del mundo estar equivocado? Es claro que no. La modificación de la ley 27.204 evitaría estafar a miles de jóvenes que pierden valiosos años de sus vidas realizando estudios que nunca habrán de concluir, en lugar de capacitarse para desenvolverse exitosamente en una infinidad de oficios requeridos por nuestra sociedad. Peor escenario, difícil imaginarse.
6 – Enfrentar la crisis del desempleo de nuestros jóvenes mediante el llamado sistema de educación dual.
Este escenario motiva la última de nuestras propuestas: enfrentar la crisis del desempleo de nuestros jóvenes mediante el llamado sistema de educación dual, proveniente de Alemania.
En noviembre de 2015, Daniel Arroyo, actual ministro de Desarrollo Social, publicó una nota en la que reportaba que durante todo el período de la administración kirchnerista el número de personas entre 18 y 24 años que no tenían una actividad regular ni se educaban no disminuyó. Los denominados ni ni,por su marginación del sistema educativo y el mercado de trabajo, ascendían a un millón y medio de jóvenes.
Señalaba Arroyo que “esnecesaria una reforma que revise los objetivos de la escuela secundaria y los vincule con los sectores productivos” y una de las posibles acciones que consideraba recomendables es el sistema dual en la escuela secundaria. En sus palabras: “existe un abismo entre la escuela y el trabajo. De hecho, gran parte de los jóvenes desocupados tienen secundaria completa. Para achicar esa brecha, la idea es ir al sistema dual de modo que vaya empalmando estudio y trabajo”.
Hoy, lamentablemente, la realidad no ha cambiado. Miles de jóvenes, muchos de los cuales han terminado la educación secundaria, no estudian ni trabajan y la propuesta sigue siendo tan pertinente como lo era en noviembre de 2015.
¿En qué consiste el sistema dual? En el sistema de educación dual el estudiante pasa muchas horas de su tiempo adquiriendo experiencia laboral en empresas, aún antes de su graduación de la escuela secundaria. Conforme van pasando los años, el estudiante incrementa el tiempo en la empresa y reduce el tiempo en la escuela. El resultado de ello es que luego se habrá de incorporar a la empresa no tan sólo con conocimientos técnicos específicos, sino también habiendo adquirido las habilidades sociales necesarias para desenvolverse exitosamente en dicho ámbito.
En Alemania existen alrededor de 350 profesiones con una duración de 2 a 3,5 años. Usualmente los participantes perciben durante este período un salario próximo a un tercio del que percibe un trabajador al inicio de su vida laboral. Por supuesto las empresas participantes cuentan con incentivos fiscales del gobierno alemán. El sistema se encuentra reglamentado por la Ley de Formación Profesional y, por cierto, cuenta con el apoyo de los sindicatos.
En mayo 2018, invitado por la Fundación Friedrich Naumann, el autor de este capítulo tuvo la oportunidad de visitar Alemania y comprobar in situ las virtudes del sistema para aquellos estudiantes que se encuentran cursando los últimos años de sus estudios secundarios y no desean o no califican para seguir estudios universitarios. Dos tercios de dichos jóvenes participan de programas de educación dual. Austria, Luxemburgo, Suiza y Bélgica utilizan también esquemas similares.
En la Unión Europea, en 2018, el desempleo de los jóvenes menores de 25 alcanzó el 15%, superando el doble de la media general. Casi uno de cada tres jóvenes estaba desempleado en Grecia (38,5%), España (32,7%) e Italia (31,9%). Varios de los países afectados buscaron mejorar la transición desde la escuela secundaria al mundo profesional centrando su atención en el sistema dual (Grecia, España, Italia, Eslovaquia, Letonia y Portugal).
El interés se ha extendido más allá del continente europeo: China, India, Rusia y Vietnam firmaron acuerdos de cooperación con el gobierno de Alemania, así como lo hizo el estado de Minnesota en Estados Unidos.
Es claro, como bien resalta Dieter Euler, en un trabajo publicado por la Fundación Bertelsmann en 2013, que “no se trata de transferir al pie de la letra el sistema de formación alemán. La experiencia demuestra que la formación dual en Alemania puede servir de modelo, pero no de patrón. Quien desee transferir a su país un sistema de formación extranjero debe tomar en consideración las condiciones generales existentes y orientar la formación profesional dual de acuerdo con sus propios objetivos educativos, sociales y económicos”.
¿Por qué no pensar en una adaptación del sistema dual a nuestra realidad, la cual se caracteriza por una alta deserción de la escuela secundaria y por el hecho que miles de jóvenes, muchos de los cuales han terminado su educación obligatoria, no estudian ni trabajan? De llevarse a cabo se les facilitaría, no tan sólo incorporarse a la sociedad productiva, sino también que adquieran el capital humano que les permita desarrollarse exitosamente en la misma.
[1] Este Capítulo ha sido elaborado por el Dr. Edgardo Zablotsky, miembro del Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso