Emilio Apud es ingeniero industrial, director de YPF y ex Secretario de Energía y Minería de la Nación. Integra el Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso.
CLARIN – Una de las definiciones de fraude es: “Engaño económico con la intención de conseguir un beneficio y con el cual alguien queda perjudicado”.
El congelamiento tarifario crónico como el practicado sin necesidad económica ni social alguna como el impuesto por el kirchnerismo en sus tres presidencias anteriores y que reivindica en esta cuarta, es un engaño económico perpetrado para conseguir un beneficio político, perjudicando a toda la ciudadanía de diversas formas: inflación, cepos cambiarios, restricciones en los servicios, falta de inversiones, puestos de trabajo genuinos, etc. siendo los sectores de menores recursos los más afectados.
El populismo energético, reemplaza tarifas justas por subsidios arbitrarios y crónicos, cuando un subsidio debe ser acotado en el tiempo y responder a una razonabilidad económica y social, nunca a intereses políticos, máxime cuando se trata de servicios públicos.
Ante los resultados a todas luces negativos de las políticas tarifarias K resulta curioso el grado de aceptación que siguen teniendo en buena parte de la sociedad, no obstante haber disfrutado en el pasado de los beneficios de una tarifa sana. En efecto, hacia 2001 la tarifa cubría todos los costos del KWh y del M3 de gas al respetarse los marcos regulatorios del sector energético establecidos por ley a principios de los 90.
Las tarifas de luz y gas no tenían subsidios, es decir el Estado no ponía un peso y recaudaba impuestos mientras todas las inversiones corrían por cuenta del sector privado. Eran las tarifas más bajas de la región, promovían el uso racional de la energía mitigando el impacto ambiental y los servicios eran de calidad internacional, sin cortes ni escaseces. Por entonces la tarifa promedio de luz y gas significaban un 5% del salario medio y al final de los 12 años K, 0,5.
Es decir, las tarifas de luz y gas redujeron 10 veces su participación en el salario medio, pero a un costo de más de 3 puntos del PBI en subsidios que generó serios problemas a la economía pero que la gente no los atribuyó a la reducción tarifaria. Ante el gran rédito político de ese fraude tarifario llevado a cabo en las anteriores gestiones K, la actual está dispuesta a mantenerlo.
Parecería que en nuestro país “relato mata realidad” y por eso el gobierno insiste en ficciones y en conceptos abstractos más propios de un predicador de secta religiosa que de un funcionario nacional.
Un ejemplo elocuente de esa creatividad semántica es la siguiente frase del interventor del Enargas, “Hay que tener tarifas justas razonables y asequibles que permitan la sostenibilidad productiva y la justicia distributiva. Queremos que los usuarios y las usuarias vuelvan a ser el centro del servicio público y que el servicio público se consolide como un derecho social y garantía de Derechos Humanos”. Digresión: tuve que ignorar al corrector de texto de Word empecinado en sustituir “los usuarios y las usuarias” por “los usuarios”.
Este es un año electoral y el gobierno usará al sector energético para su campaña política recurriendo como es habitual, a las tarifas de luz y gas y al precio de los combustibles. Estos costos de la campaña electoral de la coalición gobernante serán cargados compulsivamente a toda la sociedad y también a los accionistas privados de YPF, claro que lo empezarán a notar después de las elecciones.
Actualmente están en disputa dos propuestas dentro del gobierno, la del Instituto Patria, canalizadas por los entes reguladores intervenidos RNRE y Enargas, que aceptaría solo un incremento tarifario para la electricidad y el gas de hasta 9% y la del Ministerio de Economía que brega por un aumento del orden del 35% a partir de abril para que los subsidios energéticos no superen 1,7% del PBI, unos US$ 7.000 millones, límite establecido en el Presupuesto Nacional. Mientras que la propuesta del ministerio es para los productores, la del Patria lo es para los otros dos componentes del servicio, transporte y distribución.
Para satisfacer las necesidades de los tres segmentos, las tarifas promedio de luz y gas deberían aumentar un 50% desde el primer día de abril, caso contrario, los subsidios con la propuesta de Guzmán sería de 1.77% y con la del Patria 1,87.
Es necesario destacar que la propuesta del Patria de 9%, luego de un congelamiento de dos años y desentendiéndose además del segmento de producción en particular del gasífero es de una gran irresponsabilidad.
En cuanto a los combustibles, con precios libres por ley, pero controlados por el gobierno valiéndose de YPF por su posición dominante en el mercado local, no obstante ser una empresa privada, se ha dispuesto un aumento del 18% hasta mayo, 15% para los petroleros y 3% para el Estado. Ese ajuste que estimo será el último antes de las elecciones, es insuficiente pero imprescindible, no solo para YPF sino para toda la industria petrolera del país.
El 15% no alcanza frente al aumento de los componentes del precio, barril internacional, dólar e inflación, que desde agosto 2020 han aumentado 62, 29 y 30% respectivamente, mientras que los de los combustibles en ese período sumaron 35% de los cuales a la industria fue solo 14% y el resto a los bíos y a impuestos. Hay que recordar que el 80% de los ingresos de nuestra industria petrolera provienen de la venta local de naftas y gas oil, de modo que es peligroso jugar políticamente con sus precios pues caería la producción y habría que importar.
Concluyendo, la propuesta tarifaria más factible es la del Instituto Patria. Es la que más “paga” a los objetivos electorales del “cristinismo”. Eso sí, a un costo país elevadísimo que tendremos que pagar todos. ■
