Consejero Académico de Libertad y Progreso. Investigador de anti corrupción y estafas
LA NACIÓN – Convención Interamericana: el acuerdo firmado hace veinticinco años se convirtió en una herramienta crucial para combatir el latrocinio sobre el patrimonio público.
El 29 de marzo se cumplen 25 años desde la firma de la Convención Interamericana contralaCorrupción, con la presencia de representantes, expertos y negociadores de todos los países de América en un salón del Hotel Intercontinental de Caracas. La elección del país para la firma, que hoy podría parecer paradójica, derivó de una propuesta del entonces presidente de Venezuela, Rafael Caldera, quien acababa de pedir un acuerdo para que los Estados de América negaran asilo político a cualquier gobernante o funcionario imputado por delitos de corrupción.
La OEA tomó esa propuesta de Caldera y decidió hacer algo mucho más amplio: una convención completa contra la corrupción, la primera que hubo en el mundo. La idea tomó cuerpo a una velocidad sorprendente. Quienes tuvimos la fortuna de participar de la génesis de esos movimientos, desde adentro, apenas podíamos creer el ritmo vertiginoso con el que se iba gestando un compromiso que hasta entonces resultaba inimaginable.
La corrupción era un término tabú en las mesas de negociación internacional, porque se consideraba que cualquier pretensión de incursionar en esa materia representaba una intromisión en los asuntos internos de otras naciones. Pero todo había cambiado desde la caída del Muro de Berlín. El Estado ideológico y regimentado que existía hasta entonces fue cediendo su poder en beneficio del intercambio y florecieron en el mundo las organizaciones de la sociedad civil.
En octubre de 1994 se organizó una conferencia de Probidad y Ética Cívica en Quito, bajo el auspicio del gobierno de Ecuador y, en noviembre, otra con participantes de 50 países, en Washington D.C., convocados por la Oficina de Ética Gubernamental y por la Agencia Informativa del gobierno de los Estados Unidos. En los debates se mezclaban los relatos de hechos graves de corrupción en algunos países de América Latina con otros de naciones escandinavas que, por su escasa dimensión, nos arrancaban una sonrisa.
Ese mismo año, el presidente George Bush (p.) impulsó la inclusión del tratamiento de la corrupción como un tema de la Primera Cumbre de las Américas, que se llevó a cabo en Miami, en diciembre, con la participación de 35 naciones del continente. Al comienzo de 1995, ya la OEA convocaba a negociar una convención contra la corrupción y formó el denominado Grupo de Expertos, que presidió el embajador de Chile ante ese organismo, Edmundo Vargas Carreño.
Las discusiones fueron arduas y nos exigían volver una y otra vez a Washington. Las diferencias entre las culturas de los diferentes países y sistemas demandaban un esfuerzo extra para encontrar consenso no solo respecto de los conceptos principales, sino hasta en los términos escogidos, que no siempre se podían traducir de manera literal.
De un mes para otro, no solo estábamos buscando fórmulas para la cooperación con las extradiciones, la obtención de pruebas y las incautaciones de bienes de la corrupción, sino también para el consenso sobre una serie de medidas preventivas que los Estados se comprometerían a adoptar a fin de hacer más difícil el avance de los funcionarios desleales sobre el patrimonio público.
Entre esas medidas figuraban los códigos de conducta y los mecanismos para hacerlos cumplir; las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios, abiertas al público; los sistemas de contratación que aseguraran la publicidad, la equidad y la eficiencia de las compras gubernamentales; la protección de los denunciantes de hechos de corrupción y los estímulos a la participación de la sociedad civil, entre varias otras. Todo resultaba novedoso.
Un trabajo adicional demandó nuestra propuesta de incluir el enriquecimiento ilícito como uno de los delitos que los gobiernos se comprometían a penalizar. Los países con población predominantemente anglosajona, como Estados Unidos, Canadá y Jamaica, no lo comprendían totalmente. A su vez, los expertos hispanoamericanos no terminaban de entender la propuesta de Estados Unidos de penalizar el soborno transnacional; es decir, el que comete un empresario cuando entrega dinero a un funcionario de otro país que no es el suyo para obtener o conservar un negocio fuera de sus fronteras. Hasta ese momento, únicamente Estados Unidos tenía penalizada esa conducta y soportaba las desventajas competitivas de los sobornos que otorgaban empresas europeas a los gobernantes de naciones en vías de desarrollo.
Terminamos haciendo una suma y la convención incorporó la obligación de legislar ambos delitos en los códigos de los respectivos Estados.
No faltaron medidas revolucionarias, como la caída del secreto bancario ante investigaciones de corrupción, la posibilidad de compartir los bienes incautados entre los Estados cooperantes en una investigación y el acuerdo para un intercambio amplio entre oficinas de investigación de diferentes países. El último día, negociamos la redacción final en una reunión maratónica que duró desde las nueve de la mañana del 28 de marzo hasta las cinco de la mañana del 29.
A las diez ingresó en el salón del Intercontinental el presidente Rafael Caldera, precedido por la banda de música del Ejército, y los representantes de los diferentes Estados de la OEA firmaron la convención. Por la Argentina lo hizo la embajadora Alicia Martínez Ríos, quien prestó su apoyo a las negociaciones desde el comienzo, acompañada por el ministro de Cancillería José Ureta.
Nadie hubiera adivinado en qué iba a terminar convertido ese Ejército que escoltó al presidente del país hasta entonces más democrático de América Latina a la firma del primer instrumento internacional contra la corrupción. Por cierto, tampoco era imaginable, en 1996, en qué se convertiría Venezuela poco tiempo después. A un cuarto de siglo de aquel acontecimiento histórico, y en vista del latrocinio devastador con el que fueron agredidas varias naciones del continente, comenzando por Venezuela y la Argentina, alguien podría suponer que nada de aquello sirvió. Pero no es así.
El sistema de declaraciones juradas patrimoniales abiertas al público, implementado en la Argentina en febrero de 1999, resultó un avance colosal para las investigaciones. Hoy cualquier periodista está en condiciones de comparar los bienes que un funcionario tenía cuando asumió, con los que posee después de unos años, y aun de verificar si esas declaraciones coinciden con la realidad. En 1997 se creó la Oficina Nacional de Ética Pública, que se transformó en Oficina Anticorrupción en 2000. Tras la convención de la OEA, la OCDE se decidió a penalizar el soborno transnacional, una obligación que hoy alcanza también a Europa, Japón, Israel, Rusia y Turquía.
Más tarde, también las Naciones Unidas siguieron el ejemplo americano y hoy ningún país civilizado podría negar la extradición de un funcionario corrupto a otro Estado que lo reclamara para su juzgamiento. Tampoco puede oponerse el secreto bancario a las investigaciones por corrupción. Las convenciones son diques que a veces resultan sobrepasados por un tsunami, pero cuando bajan las aguas, allí permanecen las barreras, para fortaleza de las democracias de Occidente y contención de la escoria que ellas arrastraron.
