Los chicos tiene derecho a ser educados y los padres deben respetarlo

Ph.D. en Economía en la Universidad de Chicago. Rector de la Universidad del CEMA. Miembro de la Academia Nacional de Educación. Consejero Académico de Libertad y Progreso.

INFOBAE El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció que les quitará los planes sociales a los padres que no envíen a sus hijos a la escuela. Como reporta Infobae “la medida ya entró en vigencia a partir de agosto para los niveles inicial, primario y secundario e impactará en el programa social Ciudadanía Porteña que perciben las familias para 23.600 chicos”. Como contraprestación, “el plan exige que los padres aseguren la escolaridad de los hijos”. “Ahora, si pierden la constancia de alumno regular, ya sea por estar debajo del 85% del presentismo por bimestre o por haber faltado 25 veces de forma injustificada a lo largo del año, perderán también el ingreso”, especificaron.

En noviembre de 2018 publiqué en este mismo espacio una nota titulada: “Cómo resolver el conflicto entre las manifestaciones urbanas y el derecho a la educación”. En la misma me preguntaba si no debería ser punible el hecho de que en toda manifestación, piquete o corte de calle comprobamos, con horror, la presencia de menores en medio de los mismos, en lugar de estar recibiendo la educación que por ley deberían recibir. Como contraejemplo cité un interesante evento que había sucedido en el aeropuerto de Baviera, Alemania, el cual fue el centro de una columna del New York Times del 23 de mayo de dicho año.

Veamos los hechos. Cada vez más familias alemanas volaban al extranjero durante las vacaciones escolares, la tentación de comprar vuelos baratos, días antes del receso escolar era importante por la diferencia en el precio de los pasajes una vez iniciadas las vacaciones. Este hecho violaba las causas que habilitan a un niño a faltar a la escuela, las cuales se establecieron mediante ley nacional, por primera vez, en 1919. Excepciones, tales como enfermedades u ocasiones especiales, debían ser justificadas con nota de un doctor o una carta de los padres, y requerían la aprobación del colegio.

Un par de días antes del comienzo de las vacaciones de primavera de ese año, la seguridad del aeropuerto de Baviera detuvo a familias que pretendían partir con sus hijos de vacaciones. Los padres fueron denunciados a las autoridades locales, lo cual podía conducir a multas que alcanzaban los USD 1.200. Es claro que para Alemania la educación es importante y, por cierto, las leyes están para cumplirse.

Una nota de la BBC del 7 de junio pasado reporta una política similar seguida por el gobierno de Inglaterra, donde los padres son multados de faltar injustificadamente sus hijos a la escuela. Según la misma, “ha habido una creciente preocupación desde que se reveló que casi 1,8 millones de niños faltaron regularmente a la escuela en el primer trimestre de este año académico”. “Como parte de la estrategia para abordar esta situación, los padres han sido multados con 3.7 millones de libras desde el inicio del año escolar”, agrega. Y concluye: “En el año escolar 2018-19, justo antes de la pandemia, se emitieron a los padres más de 272,000 multas con un valor total de 14 millones de libras”.

El hecho de que los chicos estén en los colegios no es garantía que se estén calificando para desarrollarse exitosamente en su vida adulta, pero de no concurrir no existe chance alguna. Los niños tienen el derecho a ser educados, sus padres la obligación de respetarlo y el Estado debería ejercer el poder de policía para que así sea.

La decisión del gobierno de la CABA alienta al presentismo, no puede existir duda alguna al respecto, y sería positivo que requisitos similares se extendiesen a la Asignación Universal por Hijo. Como alguna vez señaló el Padre Pedro Opeka, un admirable argentino varias veces postulado para el Premio Nobel de la Paz: “Sólo con el trabajo y la escolarización de los niños y jóvenes, saldremos de la pobreza…. El asistencialismo nunca ayudó a poner de pie a un pueblo”.

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