Editor L&P
LA NACIÓN El dictado del megadecreto 70/2023 ha puesto en marcha un proceso de cambio hacia una economía desregulada y abierta a la competencia y al mundo exterior que ya había sido claramente expuesto en el discurso de campaña del presidente Javier Milei, de manera que el modelo propuesto tiene el soporte válido de la mayoría que le dio su voto. Han quedado para su tratamiento en las sesiones extraordinarias del Congreso otras reformas que indefectiblemente requieren el instrumento legal. Son principalmente las impositivas y las referidas a los mecanismos electorales. Otras medidas de carácter más coyuntural referidas al escenario cambiario y financiero fueron expuestas por el ministro de Economía la semana anterior. Dentro del radio de acción del Poder Ejecutivo resta aún el diseño del organigrama del Gobierno por debajo de los ministros. La modificación de la ley de ministerios solo alcanzó a definir los nueve actuales, quedando por hacerlo con las secretarías, subsecretarías y direcciones, ya que las personas nominadas para estos cargos están trabajando sin haber asumido formalmente.
Han surgido críticas e impugnaciones sobre la constitucionalidad y la validez legal del megadecreto, así como recomendaciones para que este sea convertido en un proyecto de ley espejo que sea enviado al Congreso para su tratamiento urgente en las sesiones extraordinarias. Como suele decirse en los ámbitos jurídicos, una mitad de la biblioteca dice una cosa y la otra mitad la refuta. En los próximos días o semanas habrá mayor claridad sobre esta cuestión.
Sin embargo, una apreciación política diría que difícilmente los poderes Legislativo o Judicial demuelan de inicio un proyecto transformador cuyos objetivos fueron avalados por la mayoría del electorado. Con mayor razón cuando se ha llegado a una situación de profundo deterioro económico y social, con una inflación que se proyecta cercana al 200% anual por el irresponsable populismo electoral del gobierno que precedió al actual. Se entendería como si, frente a un enfermo de gravedad y cuya vida peligra, se impidiera la intervención del médico convocado por tener la matrícula de otra jurisdicción. Será en última instancia la Corte Suprema de Justicia la que dictamine sobre las acciones ya iniciadas por inconstitucionalidad. El primer tamiz del Poder legislativo será la Comisión Bicameral Permanente del Congreso Nacional, a la cual ya fue remitido el decreto de necesidad y urgencia (DNU). Mientras tanto, desde el 29 del actual, esta norma estará vigente hasta tanto no sea rechazada por ambas cámaras legislativas, como lo indica la ley que reglamenta el procedimiento de estos decretos, sancionada en 2006.
Los sectores alcanzados por la derogación o modificación de leyes son diversos. Incluyen el agro, la industria, el comercio, la energía, la minería, la educación, las comunicaciones, la salud y el transporte. Apunta en todos los casos a reducir o suprimir la intervención del Estado en las decisiones de los particulares, particularmente en el sistema de precios cuando la existencia de competencia no lo requiere. En ese sentido, se derogan las leyes de alquileres, de abastecimiento y de góndolas. Se tratan con detalle el comercio exterior y el código aduanero con un criterio que justamente facilite esa competencia. Se derogan con criterio correcto los regímenes que presumían alentar la inversión pero que, paradójicamente, la cupificaban y, en definitiva, la limitaban o desalentaban. Es el caso de la promoción industrial, la promoción comercial, el compre nacional y la ley de tierras. Con el mismo propósito de mejorar la competitividad, potenciar la inversión y la creación de empleo, se introducen cambios en la legislación laboral, cuya finalidad es disminuir la conflictividad y el enorme riesgo de contratar personal.
El DNU incluye medidas para facilitar la privatización de empresas estatales, al tiempo que avanza hacia su transformación en sociedades anónimas. En particular, establece que Aerolíneas Argentinas sea privatizada a través de la cesión de sus acciones al personal por el sistema de propiedad participada. Paralelamente, se adopta el marco competitivo de cielos abiertos.
Merece destacarse la modificación del Código Civil y Comercial con dos objetivos: reforzar el principio de libertad contractual entre las partes y garantizar que las obligaciones contraídas en moneda extranjera deban ser canceladas en la moneda pactada, un propósito que apunta al bimonetarismo o a la libertad de monedas y que podría ser visto como un paso previo a la dolarización o su postergación definitiva.
La muy amplia desregulación dispuesta por el megadecreto implica un cambio copernicano respecto de la tradición intervencionista que, durante décadas, generó una organización social y económica corporativa y decadente. No debe esperarse una asimilación fácil sin resistencias, como lo demuestra la movilización dispuesta para la semana próxima por la conducción de la CGT, que parece haberse despertado de la siesta tras cuatro años en los que exhibió una llamativa pasividad ante la pésima gestión de Alberto Fernández que afectó severamente a los trabajadores.
