Médico. Mag. en Sistemas de Salud y Seguridad Social. Ex Secretario de Salud de la Prov. de La Pampa. Ex Viceministro de Salud de la Nación. Consultor en temas de políticas y gestión de salud.
LA NACIÓN La publicación del decreto 70/2023 del gobierno que encabeza Javier Milei ha despertado interpretaciones y expresiones de todo tipo. Y no es para menos, dado su fuerte contenido ideológico respecto de disminuir el peso agobiante del Estado sobre toda la actividad social y económica, tal como hemos sufrido como direccionamiento desde los últimos 100 años hasta ser hegemónico en los últimos 20 de nuestra historia.
Las reformas llegaron a hacerse así imperiosas para liberar la capacidad creativa y productiva de los individuos y, a través de ellos, de la sociedad.
La velocidad en la acción era lo imperioso y fue lo sorpresivo. El decreto plantea una significativa desregulación, lo que nos permite visualizar un importante paso adelante.
Y en salud, cuya necesidad de reformas es reconocida por todos los actores, no podía suceder menos. Aunque hay quienes sostienen que el mismo, desde su posicionamiento, rompe tanto con el principio de solidaridad como con la equidad.
Pareciera querer sostenerse un discurso coherente con el que nos ha traído hasta la situación que en salud hoy padecemos. A la solidaridad se refieren sin mencionar que en su nombre se han distraído recursos o se redistribuyeron de manera arbitraria para sostener privilegios y beneficios que solo alcanzan a algunos.
Y omiten a su vez que la equidad no se logra solo con enunciados, sino logrando que la gente reciba la atención de calidad de la que hoy carece o a la que se le hace muy difícil acceder.
A nadie escapa la situación de crisis con interminables listas de espera, carencia de insumos básicos, fuga de profesionales, ausencia de especialidades básicas, pagos de plus, que hoy sufren incluso aquellos que tienen seguros privados.
En algún caso hasta se ha planteado que ambos –solidaridad y equidad–, partiendo del supuesto que se lograrían con regulaciones y normativas surgidas de la imaginación de algún iluminado funcionario, son imprescindibles para lograr la libertad. Cuando resulta inevitablemente al revés: el accionar libre de los individuos amplía las posibilidades de cada vez más actores de la sociedad, que por imitación o por necesidad buscan acceder a bienes de mejor precio y mayor calidad, según sus preferencias.
El proceso termina mejorando las condiciones de todos para arriba.
Prepagas y obras sociales
Un aspecto importante que el decreto aborda es la equiparación de las empresas de medicina prepaga, con las obras sociales nacionales como agentes del seguro de salud y ambas con iguales capacidades de elección por parte de los beneficiarios. Esta situación, sin prohibir el “peaje” que muchas obras sociales cobran por permitir a sus afiliados acceder a un seguro privado (y que les terminaba encareciendo el costo del mismo), habilita la libre elección en la derivación de sus aportes y evitar este innecesario costo de transacción.
Es decir se elimina el mecanismo de cautividad que las obras sociales tienen con sus afiliados, que significaba un subsidio explícito a la oferta y constituye el principal elemento distorsivo, pero que se pretende sostener con las pretensiones de solidaridad y equidad. ¡Los afiliados pueden elegir libremente!
En el mismo sentido, la liberación de precios de los seguros privados sincerará y normalizará los valores del sector sin las restricciones que le imponía la normativa casi siempre guiada por intereses políticos.
Ambas medidas son bienvenidas porque otorgan libertad de elección a los consumidores entre empresas que deberán competir libremente para obtener el favor de su elección, ofreciendo servicios de mejor calidad y precios.
Las entidades prestadoras encuentran dificultades para la asistencia y los perjudicados finales son los afiliados
Las empresas de seguros privados, aunque deban aportar al Fondo Solidario de Redistribución (FSR), recibirán de las cotizaciones una mayor cuota parte al evitar la comisión de la intermediación, lo que beneficiará en el costo final del plan a los beneficiarios afiliados.
En la actualidad, el FSR retiene en promedio un 16,7% de las cotizaciones y resulta deficitario, abonando las prestaciones de patologías de alto precio y baja incidencia o las crónicas, con hasta 8 meses de retraso. Así es que las entidades prestadoras encuentran dificultades para la asistencia y los perjudicados finales son los afiliados.
Si se mejorara la composición de las asignaciones del FSR este resultaría superavitario, por ejemplo si la atención de la discapacidad (que además incluye transporte y prestaciones educativas) –que hoy significa más del 76,4% del total del gasto– fuera cubierta por la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Y voy aún más lejos: toda esa asistencia debería ser transferida a las provincias, que son las que pueden verificar el padrón, extender los certificados únicos de discapacidad (CUD) y controlar tanto las prestaciones como el transporte.
A su vez podrían eliminarse los demás subsidios distorsivos de la eficiencia, que redistribuye el FSR, y ser reemplazados por un subsidio a la demanda directamente, para que los de menores ingresos –monotributistas o amas de casa– puedan elegir la obra social de su preferencia, sin sufrir rechazos en su afiliación, si el monto del subsidio complementario alcanzara un equivalente mínimo al 80% del costo estimado del Plan Médico Obligatorio (PMO).
Si ello fuera así, la modificación del desactualizado decreto 10/09 permitiría reducir las retenciones al FSR e inyectar recursos a las obras sociales como para mejorar el financiamiento del sistema, lo que finalmente beneficiará a los prestadores y a los beneficiarios.
Otro aspecto que entiendo necesario para que las obras sociales compitan en igualdad de condiciones es la incorporación a estas a planes parciales y superadores.
También el PAMI reclama por ser alcanzado por los próximos pasos de reforma que esta norma, por el momento, omite.
Monotributistas
Respecto de los monotributistas, la actualización de sus aportes para salud debiera alcanzar el 5% del valor de la imposición e incrementarse por categoría en proporción al incremento de la misma.
Sin dudas, muchas obras sociales deberán fusionarse para poder subsistir, lo que no es de temer; por el contrario, se reducirán los costos de transacción, los directorios y con ello mejorará la eficiencia. Las obras sociales deberían tener sustentabilidad económica y un pool de riesgo suficiente. En la actualidad dos tercios de las casi 300 obras sociales no tienen ingresos suficientes y/o pool de riesgo que asegure su sustentabilidad. Los beneficiarios podrán optar por las que les ofrezcan lo mejor según sus preferencias, y los recursos serán mejor asignados evitando las distorsiones que los “subsidios solidarios” imponen.
Muchos también mencionan el descreme, que sin dudas podrá parecer tal al inicio del proceso, pero que progresivamente evolucionará mejorando la condición de todos con mejora en los servicios. Y para clarificar el punto aconsejaría leer menos a Thomas Piketty y un poco más a Agnus Deaton.
Finalmente, entiendo que se ha dado un gran paso adelante y que, aunque puedan quedar cuestiones pendientes de resolver, nuestra expectativa está puesta en una mejora progresiva del sector salud gracias a este avance desregulatorio, tal como nuestra gente necesita. Se ha dado un gran paso adelante.
