PERFIL Hace pocos días, el gobierno de Mendoza volvió a dar una señal clara de que la educación es su prioridad. El gobierno provincial resolvió abrir un canal digital para que las familias informen de manera directa cuando un docente no concurra a dictar clases. Lo hará a través del GEI, la plataforma de gestión escolar que ya emplean escuelas y hogares para trámites cotidianos

La iniciativa se plantea como un complemento a los controles que ya realizan tanto las instituciones educativas como la Dirección General de Escuelas, además del sistema biométrico que registra la asistencia en gran parte de los colegios. Que los padres tengan la posibilidad de intervenir de manera activa en el control de la asistencia docente es un gesto significativo: constituye reconocer que las familias no deben ser convidados de piedra, sino protagonistas del proceso educativo. Al fin y al cabo, ¿quién puede tener más interés que sus propios padres en la educación de los niños y jóvenes? ¿Los sindicatos docentes? Dejo a juicio del lector, la respuesta.

En la misma línea, la nueva decisión apunta a reforzar la centralidad del aula: cada día perdido, cada hora sin clase, es un derecho vulnerado. Los niños no hacen huelga, pero pierden su educación, título de la columna que publiqué en este mismo espacio, en febrero pasado. Esa frase resume una verdad que muchas veces olvidamos: quienes más sufren las consecuencias de cada día sin clases, son los chicos, fundamentalmente aquellos pertenecientes a las familias más pobres de la sociedad, quienes son justamente quienes requieren de educación de excelencia para romper el círculo vicioso de la pobreza.

Una medida resistida por los líderes sindicales

Por supuesto, frente a la nueva disposición, las críticas sindicales no tardaron en aparecer. Las organizaciones sindicales docentes expresaron que la medida podría generar tensiones entre familias y maestros, e incluso dar lugar a reclamos que no siempre respondan a situaciones reales.

Son objeciones que no deben nublar la perspectiva general: el control parental no sustituye las obligaciones de las autoridades escolares, sino que las complementa, y permite que los padres tengan un rol que nunca debieron perder frente a la educación de sus hijos. El objetivo no es perseguir al docente, sino sumar una mirada más, abrir un canal que aporte transparencia y visibilidad.

Que los padres puedan notificar la ausencia de un profesor no significa que la palabra de la familia sea sentencia definitiva: lo que hace es activar un mecanismo de control que después deberá ser evaluado por la Dirección General de Escuelas, con protocolos claros y garantías para todas las partes. Por supuesto, la gran mayoría de los docentes sabe que su responsabilidad es estar en el aula, salvo razones justificadas.

El sistema, bien diseñado, puede convertirse en una herramienta que favorezca la confianza y la cooperación: familias que reportan, autoridades que verifican, docentes que cuentan con instancias de descargo, y, en el centro, alumnos que se benefician de una mayor continuidad pedagógica.

En una provincia como Mendoza, donde ya se han ensayado políticas innovadoras para priorizar la educación, esta nueva medida se inscribe en una lógica coherente: la de un Estado que no se resigna al ausentismo docente como algo inevitable, sino que busca mecanismos para reducirlo.

Habilitar a los padres a reportar faltas es, en última instancia, confiar en ellos, reconocerlos como socios del sistema escolar y darles un lugar en la construcción de una educación más transparente. Los gremios podrán rechazarlo, pero la sociedad lo comprende con claridad: los verdaderos perjudicados por el ausentismo no son los adultos, sino los chicos. Cada hora de clase perdida es una oportunidad menos de aprender, de desarrollarse, de forjar un futuro mejor.

El gobierno de Mendoza lo entendió hace tiempo: el aula no se negocia. Y cuando el Estado se atreve a darle voz a las familias para cuidar ese espacio, está enviando un mensaje inequívoco. Como señalé en mi nota anterior, “los niños no hacen huelga, pero pierden su educación”; esta decisión del gobierno mendocino vuelve a recordarnos que no hay tarea más urgente que garantizar que estén siempre en el aula. Ojalá otros gobiernos provinciales lo imiten.