La Fundación Libertad y Progreso advirtió que las 23 jurisdicciones relevadas (La Pampa no informa datos fiscales) incrementaron su gasto primario en 2025.

La Fundación Libertad y Progreso (LyP) reclamó que las provincias acompañen el esfuerzo fiscal nacional y reduzcan el gasto para avanzar en una baja sostenible de impuestos. Según el relevamiento de la entidad, que comprende 22 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el gasto primario consolidado creció un 8,9% en términos reales entre 2024 y 2025. El aumento alcanzó a todas las jurisdicciones analizadas y el conjunto pasó de superávit a déficit primario. Mientras la Nación redujo impuestos por el equivalente a alrededor del 3% del PBI, el aumento del gasto provincial limita el margen para aliviar la carga tributaria sobre empresas y familias. 

La reducción del gasto público permitió al Gobierno nacional recuperar el equilibrio fiscal y avanzar en rebajas tributarias que, según estimaciones oficiales, representan alrededor del 3% del PBI desde el inicio de la gestión. Entre las medidas se encuentran la eliminación del Impuesto PAIS y las reducciones de retenciones y aranceles. Para LyP, las provincias deben acompañar ese proceso ordenando sus cuentas y disminuyendo los tributos que encarecen la producción.

Más gasto y deterioro de las cuentas provinciales

Los mayores aumentos reales del gasto primario se registraron en Santiago del Estero (48,1%), Neuquén (22,5%), Jujuy (18,8%) y Formosa (18%). También se observaron incrementos de dos dígitos en otras doce provincias. En la Ciudad de Buenos Aires, el gasto creció un 9,1%, mientras que en la provincia de Buenos Aires aumentó un 1,4%. El resultado primario se deterioró en 19 de las 23 jurisdicciones relevadas. Nueve pasaron de superávit a déficit: CABA, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Ingresos Brutos: una reforma pendiente

Una de las prioridades debe ser retomar la reducción de Ingresos Brutos prevista en el Consenso Fiscal de 2017, cuyo sendero fue posteriormente suspendido y abandonado.

Según el relevamiento tributario de la Fundación, la industria manufacturera, que debía converger hacia una alícuota del 0%, enfrenta una mediana provincial del 1,5%. En electricidad, gas y agua, la mediana alcanza el 3,1%, frente a una meta original del 0%; y en intermediación financiera se ubica en el 8,5%, por encima del 5% previsto. Ingresos Brutos grava la facturación, incluso cuando una empresa pierde dinero, y se acumula en las distintas etapas de producción y comercialización. Esa estructura encarece los insumos, el financiamiento y los bienes que compran las familias.

La entidad propuso avanzar hacia un nuevo acuerdo fiscal con metas anuales verificables de reducción del gasto y de los impuestos distorsivos. También reclamó evitar que las rebajas tributarias sean compensadas mediante nuevas tasas, percepciones o anticipos.

La reducción sostenible de impuestos exige disciplina fiscal en los tres niveles de gobierno. Las provincias y los municipios deben hacer su parte para que el alivio tributario llegue a la inversión, la producción y el empleo formal.

 Agustín Etchebarne, director general de la Fundación Libertad y Progreso sostuvo que “primero deben reducir el gasto político, eliminar privilegios y ordenar el Estado provincial para poder bajar los impuestos que asfixian a quienes producen”.

 Diego Piccardo, economista jefe de la Fundación Libertad y Progreso mencionó que “El aumento del gasto provincial tiene un costo concreto ya que deja menos margen para bajar los impuestos que pagan las empresas y las familias. La Nación mostró que reducir el gasto permite avanzar en un alivio tributario sin resignar el equilibrio fiscal. Ahora las provincias deben seguir ese camino. Si cada peso disponible se destina a gastar más, la baja de Ingresos Brutos queda siempre postergada”.

Para la Fundación Libertad y Progreso los Estados provinciales deben avanzar en forma urgente para reformar esta situación, persiguiendo los siguientes objetivos: (i) concentrar la acción del Estado provincial en sus funciones básicas e indelegables como son la salud, la educación, la seguridad y la justicia; (ii) mejorar la calidad de los servicios que proporcionan a la sociedad, (iii) mejorar la eficiencia, es decir, mejorar la relación entre los recursos que utilizan vis a vis los servicios que proveen.

Para esto es necesario una reorganización y racionalización de la estructura administrativa provincial, que necesariamente deberá incluir una reducción de la cantidad de trabajadores públicos provinciales.

Sin embargo, para minimizar los costos sociales de esta reforma, proponemos que los Estados provinciales lancen un ‘Programa Empalme’, para que los trabajadores públicos que no sean requeridos puedan migrar al sector privado. Esto se lograría estableciendo un período de dos años durante el cual los trabajadores estatales en disponibilidad seguirían cobrando su remuneración, mientras que se establecería un programa de incentivos tributarios para bajar los costos laborales no salariales a las empresas que los contraten.

Este programa es una posibilidad concreta de cooperación entre la Nación y las provincias, ya que se podrían establecer incentivos en materia de contribuciones patronales.

Para más información los invitamos a revisar nuestra propuesta de reforma de políticas públicas, que incluye la administración pública nacional que puede servir de ejemplo a nivel subnacional. LINK