Morosidad en rojo: la propuesta para salvar a los deudores sin usar la plata de los contribuyentes
El economista Aldo Abram criticó el proyecto del Congreso y presentó una alternativa: eliminar impuestos al crédito para que los bancos ofrezcan refinanciaciones extendidas sin recurrir a subsidios estatales.
Ante el alarmante aumento de la morosidad, el debate en el Congreso sobre cómo aliviar a los deudores ha generado fuertes contrapuntos. El economista y director ejecutivo de Libertad y Progreso, Aldo Abram, cuestionó duramente la propuesta de la oposición, señalando que poner un límite a la tasa de interés de los bancos obligará a muchos a recurrir a los usureros. Además, criticó tajantemente la idea de que los ciudadanos que están al día deban hacerse cargo de esta crisis financiera: "¿El otro 80% tiene que pagar con sus impuestos lo que debe el 17% que se encuentra en mora?", sentenció.
Un salvavidas sin intervención estatal y con baja de impuestos
En lugar de implementar controles de tasas o subsidios que castiguen el bolsillo del contribuyente, Abram propone un incentivo directo para aquellos bancos que refinancien deudas en 36 cuotas o más, asegurando un valor mensual que la gente realmente pueda pagar. La clave de esta iniciativa económica radica en eliminar los impuestos que recaen sobre el tomador del crédito, los cuales representan en la actualidad aproximadamente un 30% del costo total. Para que esto sea viable, la Nación, las provincias y los municipios deberían coordinar una baja impositiva conjunta.
El esquema también exige un esfuerzo del sistema financiero tradicional: los bancos deberían eliminar de raíz los intereses punitorios, reducir los costos operativos y ofrecer planes extendidos de hasta 36 o incluso 60 meses. Por su parte, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) tendría un rol fundamental al tener que flexibilizar la clasificación de los deudores. De esta manera, se evitaría que miles de familias queden permanentemente marginadas del sistema formal, logrando una salida ordenada, justa y sostenible sin necesidad de intervenir arbitrariamente el mercado de crédito.
