El Gobierno Nacional redujo su estructura de 18 a 8 ministerios y su planta permanente de empleados un 20% desde diciembre de 2023. La Provincia de Buenos Aires sostiene 15 ministerios y 37 organismos de primer nivel para administrar un solo distrito. En los últimos años la provincia creo unos 30.000 puestos en funciones no esenciales, mientras que Nación recortó un 20% de su personal, dejando entrever un uso indebido de recursos al tiempo que los bonaerenses sufren del abandono, la inseguridad y el déficit educacional.

 

El federalismo reparte responsabilidades. La Nación se ocupa de la defensa, relaciones exteriores, seguridad federal. Por su parte, las provincias, de la educación, la seguridad y la salud. Gastar ahí no es el problema: es aquello para lo que existe cada nivel de gobierno. El problema nace cuando se gasta mucho y en aquello que nada tiene que ver con estas funciones clave. En Libertad y Progreso creemos que una reforma del Estado no busca desfinanciar lo esencial, sino concentrarse en ello.

 

La diferencia decisiva está en el personal. Según el INDEC, la dotación del Estado nacional —administración pública, empresas y sociedades— se redujo de forma sostenida desde el inicio de la reforma: pasó de 341.473 personas en diciembre de 2023 a 274.793 en abril de 2026, una baja de casi 66.700 puestos, equivalente al 19,5% de la planta.

 

La Provincia de Buenos Aires hizo lo contrario: su empleo público pasó de 528.117 puestos en 2023 a 548.869 en el presupuesto 2026, un aumento del 4% en lugar de una reducción. La misma divergencia se ve en la estructura: la Nación pasó de 18 a 8 ministerios, mientras la Provincia conserva 15 ministerios, 37 organismos y 2.470 áreas de gobierno.

 

 

Las tres funciones indelegables de la Provincia concentran a la enorme mayoría de sus empleados. La Dirección General de Cultura y Educación, organismo autárquico de rango constitucional (art. 201) reúne 245.812 cargos; mientras que la seguridad, 108.159; y la salud, 61.310. En conjunto, más de 415.000 agentes están afectados a la prestación directa de servicios esenciales.

Por fuera del hecho de que existen amplias oportunidades de eficientizar y mejorar la provisión de dichos servicios públicos, el problema aparece en la periferia: ministerios que no cumplen una función esencial e indelegable y que, sin embargo, sostienen su propia estructura de conducción y de cargos que se ha acrecentado en los últimos años. Estos organismos tienen una clara función: ser cajas de la política que de nada sirven al bonaerense.

 

La solución, no está en privar al ciudadano de los servicios indelegables, sino en privar a la política del abuso del presupuesto. La reforma del estado debe atacar lo superfluo, preservando lo indelegable.

 

 

Cuando se habla de estructuras duplicadas, de cargos superfluos y demás, hacemos foco en la Administración Provincial. Sin embargo, existen también múltiples organismos que, no cumplen una función esencial y no se condicen con la prestación de servicios otorgadas al ciudadano. Entre ellos se cuentan:

 

 

Asiste y supervisa a las personas liberadas del sistema penal (egresados, libertad condicional y asistida, o probation) a través de una extensa red de delegaciones y de planta administrativa en toda la provincia. Su función de control pospenitenciario es legítima, pero no requiere un organismo autónomo con estructura propia: puede cumplirse dentro de la órbita del Ministerio de Seguridad. La reforma propone disolverlo y transferir sus funciones esenciales, eliminando la superestructura.

 

 

Gestiona la cuenca del río Luján (obras hídricas, prevención de inundaciones y coordinación entre los municipios ribereños), con un directorio y una planta propios. Es una función de alcance local que se superpone con la autoridad hídrica provincial y que los municipios involucrados pueden asumir directamente. La reforma propone transferirlo a esos municipios, igual que al COMIREC del río Reconquista, bajo el principio de subsidiariedad: lo que pueden hacer los municipios, que lo hagan ellos.

 

 

La Nación encaró su proceso de reforma hace tres años, mientras que en la Provincia de Buenos Aires queda casi todo por hacer. La buena noticia es que el camino está trazado: existe un proyecto de reforma y un programa integral que muestra que la racionalización del Estado bonaerense es técnicamente viable, fiscalmente significativa y constitucionalmente válida. No se trata de gastar menos en los bonaerenses, sino de dejar de gastar en la burocracia para gastar mejor en ellos.

 

Fuentes: estructura del Estado nacional, reforma de la Ley de Ministerios 2023-2024 (de 18 a 9 y luego a 8 ministerios; creación del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, Decreto 586/2024). Datos de personal, estructura y gasto de la Provincia de Buenos Aires: Presupuesto 2026, planilla «Cálculos proyecto PBA», Ley 15.477 de Ministerios y Mapa del Estado provincial. Estimaciones de ahorro y propuesta de reforma: «Informe RefPBA» de la Fundación Libertad y Progreso. Dotación nacional de personal: INDEC, «Dotación de personal de la administración pública nacional, empresas y sociedades», informes de diciembre de 2024 y abril de 2026. Empleo público provincial: serie de planta ocupada de la PBA y Planilla de respuesta de información pública (junio de 2025).

 

Para la Fundación Libertad y Progreso  los Estados provinciales deben avanzar en forma urgente  para reformar esta situación, persiguiendo los siguientes objetivos: (i) concentrar la acción del Estado provincial en sus funciones básicas e indelegables como son la salud, la educación, la seguridad y la justicia; (ii) mejorar la calidad de los servicios que proporcionan a la sociedad, (iii) mejorar la eficiencia, es decir, mejorar la relación entre los recursos que utilizan vis a vis los servicios que proveen.

 

Para esto es necesario una reorganización y racionalización de la estructura administrativa provincial, que necesariamente deberá incluir una reducción de la cantidad de trabajadores públicos provinciales.

 

Sin embargo, para minimizar los costos sociales de esta reforma, proponemos que los Estados provinciales lancen un ‘Programa Empalme’, para que los trabajadores públicos que no sean requeridos puedan migrar al sector privado. Esto se lograría estableciendo un período de dos años durante el cual los trabajadores estatales en disponibilidad seguirían cobrando su remuneración, mientras que se establecería un programa de incentivos tributarios para bajar los costos laborales no salariales a las empresas que los contraten.

 

Este programa es una posibilidad concreta de cooperación entre la Nación y las provincias, ya que se podrían establecer incentivos en materia de contribuciones patronales.