La educación argentina funciona sobre una responsabilidad compartida. La Constitución y la Ley de Educación Nacional distribuyen competencias entre Nación, provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y establecen una responsabilidad concurrente sobre el sistema. En materia de financiamiento, la Ley de Financiamiento Educativo también reflejó esa lógica: para alcanzar la meta de crecimiento de la inversión consolidada en educación, ciencia y tecnología, distribuyó el esfuerzo adicional en un 40% a cargo de Nación y un 60% a cargo de las provincias y CABA.

Dentro de esa arquitectura surgieron distintos mecanismos nacionales de financiamiento educativo. A modo de ejemplo, y para entender a lo que nos referimos, observaremos el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID).

En 2023, Buenos Aires recibió la mayor suma absoluta: alrededor de un tercio del FONID devengado, aunque la provincia también concentraba más de un tercio de la matrícula estatal del país. Buenos Aires recibió alrededor del 32% del FONID devengado y concentraba cerca del 36% de la matrícula estatal de educación común. A la inversa ocurría con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que mantenía una matrícula inferior al 5%, pero recibía un 8% de los fondos del FONID.

 El caso permite distinguir entre recibir una gran cantidad de recursos en términos absolutos y resultar relativamente favorecido por las reglas de distribución. Pero el punto de fondo no es el FONID, que fue eliminado en 2023, es la arquitectura fiscal dentro de la cual aparecen este y otros mecanismos.

En la práctica, lo único que esta descentralizado es la ejecución. Las provincias administran las escuelas, pagan los salarios docentes y deciden la política educativa cotidiana. Lo que no está igualmente descentralizado es la recaudación. Hacemos referencia a que buena parte de esos recursos no sale de impuestos que las provincias cobran, sino de la coparticipación federal y otras transferencias nacionales. Esa asimetría (ejecutar de forma descentralizada con una caja centralizada) es la primera pieza del problema, anterior a cualquier decisión sobre un fondo específico.

A esto se suma una fuerte heterogeneidad entre jurisdicciones. Algunas obtienen una proporción considerable de sus recursos tributarios de impuestos que recaudan directamente; otras se financian mayoritariamente con recursos tributarios de origen nacional. En provincias con ingresos relevantes por regalías, como Neuquén, esta comparación tributaria refleja solo una parte de su capacidad fiscal.

El gráfico muestra que hablar simplemente de “las provincias” oculta realidades fiscales muy diferentes. Gobiernos responsables de prestar servicios semejantes enfrentan estructuras muy distintas para obtener los recursos con los que los financian. Esa heterogeneidad no determina cuánto priorizará cada jurisdicción la educación ni cuál será la calidad de su gestión, pero sí constituye una característica central del federalismo fiscal argentino.

Allí aparece el problema que Libertad y Progreso propone discutir. Cuando la decisión de gastar, la obligación de obtener los recursos y el costo político de recaudar no recaen con la misma intensidad sobre el mismo nivel de gobierno, la responsabilidad frente al ciudadano puede volverse menos directa. Se vuelve más difícil identificar quién decide, quién paga y quien, o en qué medida, es el verdadero responsable.

Verdadera Correspondencia Fiscal

Por eso, el debate recurrente sobre fondos educativos puede estar comenzando demasiado tarde: ¿por qué discutimos recurrentemente qué fondo nacional debe compensar a las provincias si el problema puede estar aguas arriba, en la arquitectura que separa las responsabilidades de recaudar y gastar?

La propuesta de la Fundación en esta materia es la correspondencia fiscal. Esto implica que cada quien recauda para solventar su propio gasto, definiendo líneas claras de responsabilidad en materia de gastos y recaudatoria. Lo que rige hoy la relación entre quien recauda y quien gasta es la Coparticipación Federal. Este esquema, tal como está creado hoy por la Ley 23.548 de 1988, promueve los incentivos equivocados en el sistema tributario: Quien gasta no es el encargado de recaudar necesariamente para su gasto.

Se debe derogar la ley simple establecida durante el gobierno de Alfonsín, modificando, a su vez, las leyes impositivas para darles su nuevo marco. De esta forma, las provincias recibirían los impuestos directos, como Ganancias a Personas Humanas, el resto de los impuestos internos, las regalías, y un reemplazo de Ingresos Brutos por un Impuesto a las Ventas Finales. Para la Nación, quedará Ganancias Personas Jurídicas, el IVA y los impuestos al comercio exterior.

Con esta propuesta se elimina la coparticipación vertical y se crea una redistribución horizontal entre provincias. No se trata de reabrir el FONID, modificar instrumentos de financiamiento educativo o crear nuevos parches temporarios. El objetivo es que el sistema no sea más centralizado y unitario desde nación, sino, devolverles a las provincias las potestades tributarias que nunca debieron perder, logrando un verdadero federalismo tributario y educativo.