EL ECONOMISTA El pasado 4 de febrero publiqué en este mismo espacio una nota titulada "Cuando el dinero sigue al alumno: Italia y el cheque escolar". Allí analizaba una medida incorporada al Presupuesto italiano de 2026: un cheque escolar de hasta 1.500 euros, focalizado en familias de menores recursos. Su escala era limitada, pero el principio resultaba relevante: si sólo pueden elegir escuela quienes pueden pagarla, la libertad de elección termina siendo un privilegio.

Hoy, Texas nos ofrece una experiencia diferente y, por su escala, particularmente interesante. El pasado 26 de agosto, The Wall Street Journal dedicó un editorial a su nuevo programa de school choice, con un título que habla por sí mismo: "El school choice de Texas ayuda a quienes no son ricos". Frente a la falacia de que los vouchers constituyen una forma de asistencia para los sectores de mayores ingresos, el editorial señala justamente lo contrario: "las estadísticas oficiales muestran que los vouchers de Texas no son tal cosa".

Veamos los hechos. Texas puso en marcha para el ciclo escolar 2026-2027 las llamadas Texas Education Freedom Accounts. A diferencia del caso italiano, no se trata de un programa reservado exclusivamente a familias de bajos ingresos. Cualquier familia que cumpla los requisitos generales puede solicitar participar. Pero cuando los recursos no alcanzan, la ley establece prioridades según discapacidad e ingreso familiar.

Según el informe difundido por la oficina del Contralor de Texas el 3 de agosto, más de 85.000 alumnos habían confirmado su participación. Cuatro de cada cinco pertenecían a hogares con ingresos iguales o inferiores al 200% del nivel federal de pobreza, equivalente a 66.000 dólares anuales para una familia de cuatro integrantes. Cerca de uno de cada cuatro tenía, además, una discapacidad documentada.

¿Casualidad? No. Es el diseño del programa.

Primero tienen prioridad los alumnos con discapacidades pertenecientes a hogares con ingresos de hasta el 500% del nivel federal de pobreza. Luego, los alumnos de familias con ingresos de hasta el 200%; después, aquellos cuyos hogares se encuentran entre el 200% y el 500%; y finalmente el resto.

Es sencillo. Todos pueden solicitar participar. Pero, si los recursos son insuficientes, tienen prioridad quienes enfrentan mayores restricciones económicas o necesidades educativas especiales.

Los montos, por cierto, son significativos. Para el ciclo escolar 2026-2027, un alumno que asiste a una escuela privada participante puede recibir 10.474 dólares, equivalentes al 85% del financiamiento estatal y local promedio por alumno de las escuelas públicas.

La demanda superó ampliamente la capacidad inicial del programa. Más de 274.000 alumnos presentaron solicitudes. A comienzos de agosto, más de 120.000 solicitantes elegibles permanecían en lista de espera.

Una de las críticas más frecuentes al school choice sostiene que financiar la elección de las familias significa subsidiar a quienes ya pueden pagar una escuela privada.

Texas ilustra la falacia de esta argumentación.

Que el dinero siga al alumno no determina quién recibe el beneficio. Lo determina el diseño: quién puede solicitarlo, cuánto recibe, qué restricciones presupuestarias existen y, sobre todo, quién tiene prioridad cuando los recursos no alcanzan.

Italia optó por un cheque escolar focalizado en familias de menores recursos. Texas eligió permitir que cualquier familia pueda solicitar participar, pero otorgando prioridad a quienes tienen menores ingresos o necesidades educativas especiales.

Distintos caminos. Una misma cuestión de fondo: ¿debe la libertad de elegir escuela depender del ingreso de una familia?

La comparación es especialmente pertinente para la Argentina. Cada vez que se plantea colocar parte del financiamiento educativo del lado de las familias aparece casi automáticamente la acusación de que la medida favorecerá a los sectores acomodados o significará subsidiar a la educación privada.

El editorial del The Wall Street Journal nos invita a mirar los datos antes de repetir esta falacia.

La pregunta no es solamente si el dinero sigue a la institución o al alumno. Importa también bajo qué reglas lo hace y quién tiene prioridad cuando los recursos son escasos. Cuando el dinero sigue al alumno, un sistema bien diseñado puede seguir precisamente a quienes hasta entonces tenían menos posibilidades de elegir. ¿No es eso, precisamente, ampliar la igualdad de oportunidades?