Lic. en Administración de Empresas. Magister en Economía Aplicada de la UCA. Doctorando en Economía en la UCA.
DATA CLAVE En el 2022, la cantidad de familias que reciben Programas Sociales volvió a incrementarse. Esto tiene que ver con el avance de la pobreza que ronda en el 43%. Así, se genera un círculo vicioso entre pobreza y Programas Sociales que parece difícil de romper. Pero, ¿cómo fue que comenzó todo este problema y cómo evolucionó?
Los primeros Programas Sociales de Argentina nacieron en 1996 en Neuquén luego de algunos conflictos sociales. Sin embargo, cobraron protagonismo después de la crisis del 2002 y comenzaron a aumentar en cantidades a un ritmo acelerado.
En teoría, los Planes Sociales deberían ser transitorios, ya que su objetivo es que sirva de colchón ante circunstancias adversas. Una vez superada la crisis, las personas vuelven al mercado laboral prescindiendo de los Programas Sociales. Sin embargo, como el mercado laboral se encuentra sumamente rígido, el sector privado no tiene demasiado margen para contratar nuevo personal producto de la elevada presión impositiva y las complicadas leyes laborales. Sin acceso al mercado laboral, en un país donde la inflación es moneda corriente, reducir la pobreza se vuelve una tarea ardua.
En este marco, luego de que la pobreza alcanzara un pico de 54% con la crisis del 2002, la misma comenzó a reducirse hasta oscilar en el 25-30%, que no deja de ser un piso alto. Para peor, en el 2019 la tendencia volvió a corregirse al alza hasta alcanzar el actual 43%. Dado que Argentina no logró reducir la pobreza en los últimos años, los Programas Sociales continuaron presentes, incrementándose lentamente hasta la llegada de la Pandemia, donde por obvias razones éstos crecieron de manera considerable.
Ya en el 2010, los Programas Sociales alcanzaban al 24.4% de los hogares, lo que representaba el 32.9% de la población. Esta tendencia fue al alza hasta el 2016 cuando el 42.7% de la población recibían Programas Sociales. Durante el 2017 y 2018 se observó un leve descenso hasta los 41.2% y 39.9% respectivamente. Luego, en el 2019, la tendencia a incrementarse reapareció para en el 2020, Pandemia de por medio, dispararse hasta alcanzar al 55.4% de la población. Lógicamente el cisne negro del Covid-19 y las cuarentenas hicieron que este gasto se incremente. Sin embargo, los últimos dos años (2021 y 2022) refleja una situación preocupante.
Cuando las medidas por el Covid-19 empezaban a normalizarse, en el 2021, los Programas Sociales comenzaron a reducirse ubicándose levemente por encima de los niveles del 2019. En otras palabras, se corregía el efecto Pandemia. Sin embargo, en el 2022, sin el cisne negro de por medio, los Programas Sociales se incrementaron nuevamente hasta alcanzar al el 51.7% de la población. En concreto, mientras que el incremento del 2020 responde al efecto Pandemia, el aumento del 2022 es “Made in Argentina”, producto de malas políticas públicas. Recordemos además, que el 2022 no fue un año electoral como sí lo va a ser el 2023.
Todo esto nos deja algunas reflexiones sobre la extendida presencia de los Programas Sociales. En primer lugar, pareciera haber un círculo vicioso entre pobreza y Programas Sociales. Dado que la pobreza se incrementa, necesitamos más planes sociales para ayudar a los que se encuentra en situación de vulnerabilidad. Pero como no se generan los incentivos necesarios en el mercado laboral para generar trabajo, salir de la pobreza se vuelve un obstáculo difícil de superar. Esto a su vez genera que la población en situación de vulnerabilidad sea más dependiente de los Programas Sociales.
Por otro lado, la mochila para los que trabajan se hace cada vez más pesada. El Censo del 2022 arrojó que en Argentina viven 46 millones de personas. Si el 51.7% de la población recibe planes sociales, quiere decir que la asistencia social llega a 23 millones argentinos. Si a todo esto, sumamos que se estima que el Estado se encuentra dimensionado en 1.5 millones de personas, nos daría un total de 24.5 millones de personas que cobran un cheque financiado por el sector privado productivo, compuesto de 7 millones de personas.
Por último, los más grave que generó los eternos Programas Sociales (que de transitorio no tuvieron nada) es que, en algunos casos, realizó un quiebre de la cultura del trabajo hacia la cultura de la dádiva. Ya han pasado dos o tres generaciones que crecieron con la idea de que recibir un Programa Social es un derecho que se le puede exigir al Estado sin comprender que hay otras personas financiándolo. Está más que claro que más allá de que pueda haber buenas intenciones, los Programas Sociales no son una solución de largo plazo. Y que sí a lo largo del tiempo no se corrigen los problemas estructurales, el costo de los mismos es elevadísimo en términos culturales. El gran problema con esto es que alimenta la tendencia de que haya más personas que quieran recibir un Programa Social (23 millones) en lugar de trabajar.
De ocurrir esto, se asfixiaría aún más a los que se encuentran en el sector privado (7 millones) financiando los Programas Sociales. Este gap no tiene margen para crecer. Por el contrario, se vuelve imprescindible realizar las reformas necesarias para aliviar al sector privado y facilitar el acceso al mercado laboral para revertir esta tendencia y poder así prescindir de los Programas Sociales porque se genera empleo productivo y genuino.
