Por Fernando Laborda.-
Economistas y contadores confían en que el blanqueo puesto en marcha por las autoridades nacionales resultará exitoso, por cuanto será el más grande de la historia fiscal de la Argentina. Sin embargo, subyacen serias dudas acerca de la cantidad de dólares que se exteriorizarán y sobre qué tan importante será el fondeo que obtendrá el gobierno de Mauricio Macri para financiar el abultado déficit fiscal.
Tales conclusiones surgen de diálogos con asesores económicos y tributarios, a partir de los cuales se puede efectuar el siguiente listado de certezas y de interrogantes sobre los resultados que arrojará el plan de sinceramiento fiscal que, ayer, la AFIP comenzó a difundir entre los contribuyentes desde su página web.
La mayoría de los argentinos que aceptarán blanquear bienes o dinero no declarado lo harán más por temor que por convicción. Tal creencia se funda en el miedo que las nuevas condiciones internacionales deberían provocar en quienes hasta ahora le han ocultado al fisco sus fortunas en el exterior. Esas nuevas condiciones se relacionan con el convenio multilateral sobre asistencia mutua en materia fiscal, impulsado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), para el intercambio automático de información fiscal entre los países firmantes a partir de 2017. Esta situación generaría que, al ser la evasión un precedente del lavado de dinero, en poco tiempo más, prácticamente ningún banco de esos países acepte ayudar a quien no tenga declarados sus fondos en su país de residencia, sin arriesgarse a ser declarado cómplice de un delito.
Dado que países que tradicionalmente han sido elegidos por los argentinos como destinos para sus ahorros, como Suiza o Uruguay, se encuentran dentro del conglomerado de naciones que firmaron el citado convenio multilateral, es esperable que un alto porcentaje de quienes tengan fondos o propiedades no declarados a la AFIP en esos países se adhieran al blanqueo. La duda surge sobre quienes tienen bienes en Estados Unidos, ya que este país no ha adherido hasta ahora a aquel acuerdo de intercambio de información.
Hacer pronósticos sobre la magnitud de los fondos que se exteriorizarán luce por lo menos arriesgado, ya que ni siquiera hay certezas acerca de la magnitud de los fondos y bienes de argentinos en el exterior no declarados, que según las estimaciones irían desde los 200 mil millones de dólares hasta los 440 mil millones. No obstante, desde el gobierno nacional, se ha hecho una proyección moderada de que podrían blanquearse entre 20 mil y 30 mil millones de dólares, en tanto que algunos economistas, como Javier González Fraga, han calculado unos 60 mil millones.
Aunque al Gobierno le convendría que muchos ciudadanos que se acojan al blanqueo suscriban los llamados “bonos mágicos” que eximen al contribuyente de pagar la penalidad del 5% o del 10% del monto exteriorizado, por cuanto le asegurarían al Estado financiamiento gratuito o a una ínfima tasa de interés, la mayoría de los economistas consultados desaconseja esa inversión. La primera alternativa con esos títulos públicos que evitan pagar multas es suscribir un bono intransferible a tres años a tasa cero con el total del monto blanqueado. La segunda opción es un bono a siete años a una tasa de interés del 1% anual, del que sólo se podrá salir en el cuarto año, y que permite prestarle al Estado sólo un tercio del total de los fondos que se busca sincerar; de este modo, si se blanquean 300.000 dólares, se evitará abonar el 10% de impuesto suscribiendo bonos por el equivalente a 100.000 dólares que deberán inmovilizarse hasta dentro de cuatro años. Distintos economistas entienden que, antes que esa opción, es preferible pagar el 10% del monto blanqueado en concepto de penalidad e invertir el resto del dinero en otros bonos que, con sus actuales tasas internas de retorno (TIR), del 5 al 6% anual, permitirían recuperar el impuesto pagado en menos de dos años. No obstante, economistas como Miguel Angel Boggiano, sostienen que “pagar el 10% de penalidad e intentar automáticamente recuperar ese 10% invirtiendo en bonos de largo plazo en la Argentina es la peor idea”. Consideró que “dado el contexto mundial y la sensibilidad que tienen esos bonos a los movimientos de las tasas de interés, lo más probable es que quien invierta 90 para recuperar los 100, a los pocos años tenga 80 o 70”. En su opinión, sería más inteligente pagar el 10% de impuesto y comprar bonos que, como mucho, venzan en 2018. “Esos bonos los van a pagar, porque el Estado tendrá todo el dinero de los distraídos que compraron los bonos del blanqueo. Es cierto que con estos bonos no recuperarán el 10% de la penalidad, pero la habrán reducido. Algún costo tendrán que pagar quienes blanqueen. Nada es gratis”, sentenció el director de Carta Financiera.
Será difícil que los argentinos que atesoran dólares bajo el colchón o en cajas de seguridad se adhieran masivamente al blanqueo, a menos que se vean urgidos por la necesidad de invertir esos fondos en alguna propiedad inmueble o inversión productiva, o estén convencidos de la inconveniencia de tener paralizado ese dinero sin percibir renta alguna. El problema es que ese público que tiene escondidos sus dólares, si decidiera exteriorizar ese dinero, no sólo tendría que abonar el impuesto correspondiente (5% si el monto blanqueado va de 305.000 a 800.000 pesos ó 10% si supera los 800.000 pesos), sino que deberá depositar esos fondos en una entidad bancaria durante seis meses. Y buena parte de ese segmento de la población tiene aversión a los bancos o ha venido almacenando esos dólares para asegurar su vejez y no está dispuesto a blanquearlo, especialmente si tiene que desprenderse hasta de una décima parte. Como en todo, como señala el economista Agustín Etchebarne, será clave la forma en que cada uno administra sus miedos: el miedo a ser descubierto por la AFIP y terminar pagando más; el miedo a no poder movilizar fondos; el miedo a la inseguridad, derivada de guardar dólares en la casa, y el miedo a prestarle dinero al Estado o el propio miedo a las entidades bancarias, tras episodios como los del “corralito” de 2001.
