ÁMBITO FINANCIERO – Una legislación laboral retrograda y de origen fascista (en la Carta del Laboro) impide que se hagan rápidamente los ajustes necesarios en el mercado laboral, como para que el país gane competitividad, se vuelva atractivo para los inversores y se generen más puestos de trabajo mejor remunerados.
Un claro ejemplo de esta falta de adaptabilidad es el sector de la construcción. A pesar de ser uno de los que más empleos perdieron en el último año, negociaron un aumento de sueldo de 39% durante 2016. Cabe tener en cuenta que el resto de los argentinos, en general, tuvo incrementos inferiores al 35% y son ellos los que demandan los servicios de dicho sector. Todo el mundo sabe que, si algo se vuelve relativamente más caro, se invierte o gasta menos en él. Por lo visto, todos excepto los empresarios y los sindicalistas de la construcción. Así, los gremialistas priorizaron mejorar los ingresos de quienes están empleados a costa de los desocupados que tendrán que esperar más para tener un trabajo. No parece una actitud muy coherente con los habituales reclamos para prohibir despidos o por lo alto del desempleo.
Otros sectores se quejan por la pérdida de competitividad. Es cierto que estos sectores cargan con un sector público cuyo peso bajó algo durante 2016; pero que amenaza con incrementarse de aquí en más; lo cual es muy mala noticia. Sin embargo, también reclaman por el costo laboral. Increíblemente, la mayoría de ellos fueron beneficiados por un aumento del precio de su producción que siguió el aumento del dólar oficial, alrededor de 60%, a la salida del cepo. Si hoy se quejan es porque, evidentemente, dieron aumentos de sueldos que no podían pagar, a pesar de semejante mejora del valor de sus productos. Ahora pretenden que la política cambiaria (y por ende la inflación) haga el trabajo de licuar sus dificultades para negociar aumentos de salarios acordes a sus posibilidades.
Muchos no comprendieron que los ajustes que tiene que hacer el sector productivo argentino son enormes. Por ejemplo, durante años, los empresarios se acostumbraron a que les subsidien las tarifas de servicios públicos. Esto les permitió ser mucho más generosos a la hora de negociar salarios y, aun así, tener buenas ganancias. El problema es que, ahora, al eliminarse ese beneficio, el empresario podrá darles menos aumentos de sueldos; ya que deberá restarles la parte de dicho subsidio que antes transfería a sus empleados y que ya no recibe más. Los sectores que no se adapten a esta realidad podrán producir menos y, por ende, generarán menos puestos de trabajo.
Otro problema son los pronósticos de muchos economistas de que la inflación será más alta que la meta máxima de 17% para 2017. Su argumento es que se negociarán salarios muy por encima de dicho porcentaje debido a que tendrán como base las estimaciones de subas de precios domésticas que ellos mismos hacen. Lo que no suena muy razonable dado que el Banco Central ya está cerca de lograr ese objetivo inflacionario. En el segundo semestre será de menos de 1,5% promedio mensual y, para cumplir la meta, debería llevarla a 1,3%, o sea un mínimo esfuerzo. Por lo tanto, si los empresarios y sindicalistas deciden ignorar esta realidad y hacer caso a esos pronósticos, negociarán sueldos que implicarán un incremento impagable del costo laboral y, por ende, menos producción y creación de empleos.
Por último, cabe tener en cuenta que la rígida legislación laboral, con monopolios sindicales casi feudales, tiende a perjudicar menos la evolución de la economía cuanto más alta es la inflación; porque licúa más rápido las distorsiones que genera. Sin embargo, hoy la demanda de la sociedad es que la inflación baje a niveles civilizados y en un lapso de tiempo razonable; lo cual es bueno para la evolución futura del nivel de actividad, pero contradictorio con la necesidad de licuar lo distorsivo de la normativa laboral. Por ende, no es raro que controlar la inflación también implique deteriorar la capacidad del crecimiento de generar puestos de trabajo.
Por ello, es imprescindible que la Argentina vaya a un esquema laboral similar al de Chile. Con negociaciones salariales en las que primen las condiciones pactadas a menor nivel y haya contratos más flexibles que permitan, por ejemplo, facilitar el ingreso de los jóvenes al mercado de trabajo. No hay que olvidar que en la última década se generaron más de 1.000.000 de “ni-ni”, jóvenes que ni trabajan ni estudian; lo cual implica el riesgo de múltiples problemas sociales. Además, modernizar la legislación laboral no solo implicará poder incluir socialmente, con un empleo digno, a los desempleados y a quienes viven del asistencialismo clientelista, sino una mejor evolución futura del poder de compra de los salarios.
