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Sin reforma laboral no hay creación de empleo

EDITORIAL LA NACIÓN - Las regulaciones que intentan exageradamente proteger al trabajador impiden mejorar la productividad y acrecientan el riesgo de conflictos y reclamos judiciales

En estos días corría en las redes sociales una comparación de las tantas que destacan el drama argentino. Informaba que el astillero Samsung, de Corea del Sur, produjo 30 barcos en un año, ocupó 12.000 empleados y facturó 8000 millones de dólares, mientras que el astillero Río Santiago, con 4000 empleados, no produjo ningún barco y perdió 3600 millones de pesos. La diferencia es que el de Corea produce competitivamente para el mercado mundial, mientras que el astillero argentino no está en condiciones de hacerlo. La preferencia de compre estatal establecida por la ley de promoción de la industria naval no resuelve el problema, ya que el Estado, sus organismos y la Armada no encargan barcos. La incidencia del equipamiento del astillero sobre los costos y la competitividad no es demasiado relevante. En todo caso, el coreano puede producir barcos de mayor porte, lo que no le impediría al local competir internacionalmente en los rangos de tonelaje que por su dimensión sí puede fabricar.

Esta falta de competitividad se repite en gran parte de las actividades industriales locales, particularmente en aquellas con mayor intensidad de mano de obra y, más claramente, en las que no pueden recurrir al trabajo informal. Queda en evidencia que existe un serio problema laboral. No es el único factor negativo. Lo acompañan una elevada presión impositiva, entre muchos otros, pero nos enfocaremos en la cuestión de la eficiencia del trabajo.

Para las mismas calificaciones y homologados al tipo de cambio comercial, los salarios de bolsillo en Corea del Sur son un 110% más elevados que los de la Argentina. Si los salarios en Corea son más altos, ¿cómo se explica que sea el problema laboral lo que descoloca competitivamente a empresas argentinas? La deformación del costo laboral comienza con las cargas sobre el salario que en nuestro país se imponen a la empresa y al trabajador. Nos referimos a las que recaudan la Anses, la AFIP, la obra social o el sindicato. Es así como el costo salarial horario para la empresa argentina, en una comparación con la de Corea, ya no muestra la misma relación.

Continúa la explicación con la muy pobre productividad laboral y la conflictividad impuestas por el régimen legal o las propias convenciones colectivas. Las regulaciones que intentan exageradamente proteger al trabajador impiden mejorar la productividad y a la vez generan riesgo de conflictos y reclamos judiciales. Entre ellas, el régimen de despido que ha intentado proteger al trabajador haciendo muy costosa la ruptura de la relación laboral. En muchas ocasiones, tal como hoy ocurre, directamente se ha prohibido el despido. Todo esto, además de afectar la competitividad, desalienta la inversión y afecta la creación de empleo. Todo conduce irremediablemente al estancamiento económico, la elevada desocupación y a la pobreza.

La reforma laboral es imperiosamente necesaria para salir de este círculo vicioso. Comprende cuatro cambios recomendables: 1) privilegiar las negociaciones a nivel de empresa; 2) desregulación, simplificación y habilitación de nuevas modalidades de trabajo y productividad; 3) reducción del costo y riesgo de despido, y 4) libertad sindical.

Es conveniente privilegiar los acuerdos a nivel de empresa sobre los concretados a nivel de actividad. Nos referimos a salarios y condiciones laborales que se convengan en forma directa dentro de cada empresa, entre las partes patronal y laboral, siempre que se unifique la representación. Aunque tengan intereses distintos, ambas estarán finalmente alineadas en la búsqueda del éxito de la compañía. Ambas conocerán los límites y las posibilidades. Esto requiere un cambio en los artículos 17, 18 y 19 de la ley de convenciones colectivas.

Deberán modificarse diversos contenidos de la ley de contrato de trabajo que impiden aumentar la productividad y que producen sobrecosto y riesgo laboral. La industria del conocimiento es una de las actividades que generan más empleo y, sin embargo, la actual legislación laboral no prevé las modalidades más adaptables de contratación y desaprovecha una oportunidad a la que reiteradamente nos hemos referido. Algunos cambios pueden obtenerse mediante decretos del Poder Ejecutivo, por ejemplo, reglamentando el artículo 84 para ampliar las posibilidades de flexibilización laboral y productividad. El modelo sindical debe ser transparente y una garantía de ejercicio de la libertad de afiliación individual y colectiva. Se debe asegurar la democracia sindical en todos los planos, evitando la perduración en los cargos.

La reducción del costo y riesgo de despido es una reforma relevante que requiere necesariamente modificar la ley 20.744. En lo referido al despido o ruptura de la relación laboral se debe reformular el Título XII de esa norma (artículos 231 a 255). La alternativa más efectiva y conveniente es la que postula un sistema en el que se suprime la indemnización por despido compensándola por un seguro de desempleo significativo, al que también nos hemos referido. En el mundo se ha demostrado como el mejor camino para reducir el desempleo y minimizar el riesgo de cara a potenciar beneficiosamente la inversión. Lo que a simple vista parece contraintuitivo para quienes están empleados y pretenden permanencia es por lo contrario lo que impulsaría la creación de nuevos, numerosos y mejor remunerados puestos de trabajo. Los desocupados tendrían posibilidades que hoy se les niegan y se podría superar el estancamiento al que nos ha llevado ahuyentar inversores. Mientras los sectores sindicales sigan pregonando -en su propio beneficio- que defienden los derechos de los trabajadores cuando en muchos casos claramente los perjudican, no lograremos modificar el clima para atraer capitales y asegurar progreso y trabajo genuino para los argentinos.

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¿Es cierto que no hay rumbo?

MEMO - Hace ya algún tiempo que en esta gestión gubernamental a nivel nacional se dice y se escribe que el problema estriba en que no se pone de manifiesto un rumbo claro. Además se consumen glándulas salivares y ríos de tinta debatiendo acerca de quien manda en nuestro país. Estimo que las dos observaciones constituyen una perdida lastimosa de tiempo, auque sean formuladas con los mejores propósitos e intenciones. Lo primero porque no es cierto lo que insinúa el interrogante: es claro que la marcha es hacía el chavismo y lo segundo en definitiva resulta irrelevante, lo crucial es el resultado de la gestión y no detenerse en los vericuetos palaciegos por más estruendosos que sean.

Pienso que en lugar de balbucear generalidades es perentorio proponer medidas concretas para reencauzar los pasos argentinos hacia los valores y principios alberdianos que nunca debimos abandonar. Recordemos que desde nuestra Constitución liberal de 1853 y antes del golpe fascista del 30 y desde luego antes del golpe militar del 43 éramos junto con Estados Unidos el país más floreciente del planeta. Los ingresos y salarios en términos reales de los peones rurales y de los obreros de la incipiente industria eran superiores a los de Suiza, Alemania, Francia, Italia y España por lo que la población de inmigrantes se duplicaba cada diez años.

Luego nos invadió el estatismo que echó por tierra con el bienestar moral y material de todos pero muy especialmente el de los más necesitados debido al incremento galopante de la miseria. A esta altura es indispensable proponer la eliminación de faenas inútiles en el organigrama gubernamental y no digo recortar gastos puesto que igual que con la jardinería la poda se traduce en crecimientos con mayor vigor.

En otras oportunidades me he detenido en desarrollar en detalle sugerencias para proceder en consecuencia, es esta ocasión solo insisto en la necesidad de recurrir a lenguajes más precisos. Incluso cuando la parla se dirige a la independencia y rigor de la Justicia parecería que se pasa por alto su significado que según la definición clásica consiste en "dar a cada uno lo suyo" y lo suyo remite al derecho de propiedad tan avasallado en nuestros días desde la sandez del control de precios hasta esa contradicción en los términos denominada "empresa estatal" puesto que el eje central de la actividad empresaria se traduce en asumir riesgos con recursos propios y no con el fruto del trabajo ajeno por la fuerza.

Por su parte los precios son las únicas señales para operar en el mercado. Si se distorsionan con la irrupción de los burócratas inexorablemente hay derroche de capital lo cual implica una reducción en los salarios de la gente puesto que las tasas de capitalización son el único factor que los determina. Esa es la diferencia entre los salarios de Uganda y Alemania. No es que el alemán sea más generoso que el ugandés, es que está obligado a pagar mayores salarios porque sus inversiones son más elevadas, a su vez fruto de marcos institucionales civilizados que protegen y no conculcan los derechos de las personas.

Hasta el federalismo se ha deteriorado gravemente. Son las provincias las que constituyen la nación y no el gobierno central, consecuentemente son aquella las que debieran coparticipar al gobierno federal manteniendo todos los gravámenes en las jurisdicciones provinciales excepto los de relaciones exteriores, defensa y para financiar la Justicia federal. La competencia entre provincias es lo que estimula incentivos para que las personas no se muden de provincia y para atraer inversiones.

En resumen, es de esperar que la oposición trasmita discursos de mucho mayor espesor al efecto de correr el eje del debate en esta batalla cultural que resulta indispensable.

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Propuestas para reformar el Sistema Educativo

Edgardo Zablotsky junto a Agustín Etchebarne expone las propuestas para reformar el Sistema Educativo que escribió junto a Libertad y Progreso.

https://www.youtube.com/watch?v=Lk5Yo-_7VYw&ab_channel=Fundaci%C3%B3nLibertadyProgreso
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The trap of wage increases by collective bargaining based on inflation and productivity recovery

CRONISTA - In a free market economy, the rules typical of socialist and interventionist economies (populism) have been established, as is the case of minimum pay, which in our country has three impenetrable minimum floors.

In effect, they are the Vital and Mobile Minimum Wage, the basic remuneration of the categories of the collective wage agreements, and the wage agreed within the individual employment contract.

The three minimums are inalienable and cannot be pierced to the detriment of the worker, (art. 12, LCT).

It is assumed that the first is the minimum essential for subsistence, the second is the minimum admissible within an activity or within an art, trade or profession, and the third is that the parties freely agree above the first two.

The only motivation of unions to improve income has failed miserably, relating the values ​​of conventional categories to inflation in the Consumer Price Index.

It has been demonstrated that the INDEC indices are approximations that are based on indicators that produce distortions.

We have reached the incongruity that who barely exceeds the Family Basket pays Income Tax, and with withholdings, a gross salary that is above the poverty level, when the net is calculated falls within the poverty level, which today exceeds Half of the population.

However, if there are two incomes in a house, it can exceed on average 25% of the basket. We have submitted to the tyranny of what the INDEC reports, and we use the consumer price index to measure whether or not our salaries are satisfactory.

In countries with low inflation, with zero inflation, and even with deflation, collective agreements and wages for each activity do not improve or deteriorate due to a factor that is non-existent, and therefore, what counts are two other fundamental historical factors : the profitability of the business and the improvement of productivity, to which we must today add the transversal effect of new technologies.

None of these components is part of the measurements, estimates or expectations at the time of negotiating the collective agreements for the activity between the signatory parties.

In a stage such as that experienced during 2020, we must add to the economic factors that are linked to the market the impact of the ASPO or Preventive and Compulsory Social Isolation that paralyzed the economy since March 20, 2020 and that still applies to many activities despite the fact that it is assumed that we have passed to the DISPO or Preventive and Compulsory Social Distancing.

Returning to collective bargaining and the salary floor, inflation only maintains the market value of the monetary sign, trying to preserve a purchase value, which as we have already said is theoretical and approximate.

The irruption of teleworking has also caused a displacement of work in relation to time or working hours, due to the activity based on a result. Strictly speaking, the longer the computation period, the greater the distortion.

If we take the microeconomic model of collective bargaining, in an economy without inflation, as v.gr. that of the central European countries, the salary of the agreement is a minimum of reference and the variability comes from the variable remuneration for productivity promoted in each company.

In the microeconomic model of a negotiation with an economy with inflation, the agreement bids to recover the value lost as a result of the loss of market value, while the variable remuneration is alien to it and comes from the programs of each company. It is a race between prices and wages and vice versa.

We will not get out of the inflation trap if we continue to nurture a system that contributes to it, and that adds to other factors to promote it.

This opens up three alternatives.

The first is related to the empowerment of collective bargaining to modify the legal text respecting certain parameters. This mechanism is called collective availability and they already exist within the Labor Contract Law, and in part, it is foreseen in Law 27,555 on Telework.

The second is to enable collective bargaining by company to depart from the conventional basics and resort to mechanisms that prioritize productivity and company results as a common objective between the employer and the workers. In these cases, the lower level agreement prevails over that of the higher levels.

The third is to establish the slogan that the conventional basic salary is a step above the Minimum Vital and Mobile Salary, but the variable remuneration that is granted in a concerted manner, collectively or by decision of the employer will comprise the final gross amount to all the legal effects. With this, conventional items are transformed into part of the variable remuneration, always with exceeding values.

Among these mechanisms, an eventual promotional hiring formula (without severance pay) could be enabled for the emergency that reduces costs without affecting income, for a minimum period of six months and with the elimination of contributions and contributions, for a predetermined period and with the commitment that if the contract continues to expire, the contractual novation is imposed and it is automatically transformed into an indefinite period, with an additional incentive, for example, not to pay employer contributions for a minimum of twelve additional months. This mechanism can only be used to create new jobs.

To face the crisis, a labor force was created, to get out of it, suitable tools must be created focused on job creation and the resurrection of companies devastated by the economy aggravated by the epidemic.

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