CLARÍN – Al igual que sus tres predecesores kirchneristas, el actual gobierno ostenta una manifiesta preferencia por los congelamientos tarifarios y por la intervención en los precios de los productos desregulados, manteniéndose fiel a sus preceptos populistas e intervencionistas.

El gobierno del Frente de Todos se aferra a medidas transitorias porque le proveen de un confort político ficticio y circunstancial y se ilusiona con que puedan mejorar su performance electoral. Esa transitoriedad tiene un plazo, octubre 2021, en el que “todo vale “. Claro que con prescindencia de las graves consecuencias que le producirá al país el día después, gane o pierda las elecciones de medio término.

El manejo discrecional de las tarifas y los precios energéticos guarda una analogía interesante con el utilizado por la actual administración en el sistema sanitario ante la pandemia COVID 19; es interminable, empeora los servicios, causa estragos a la economía y por ende, a la calidad de vida de la población

El desplazamiento de Guillermo Nielsen de la presidencia “virtual “de YPF, hubiese resultado ocioso de no mediar la intención del Gobierno de sumar la compañía al plan electoral, transformándola en un ente regulador de facto del precio de los combustibles, en un promotor de beneficios provinciales y en un difusor de propaganda gubernamental.

Ahora, otra vez el Gobierno se aferra al cortoplacismo, le interesa el hoy, el ir tirando y luego veremos, cuando ese “luego” es inminente por más que haga lo imposible para que no ocurra antes de octubre.

Aunque las consecuencias son harto conocidas después de la frustrante experiencia energética de doce años de kirchnerismo aplicando similar política, buena parte de la ciudadanía parecería haberlas olvidado luego de las mejoras introducidas por el gobierno de Cambiemos.

El sacrificio que significó a la sociedad el inevitable sinceramiento tarifario aplicado por la anterior administración y el inmenso costo político que pagó, fueron en vano. La mejora sustancial de los servicios, la reducción del déficit fiscal de 4 puntos del PBI a 1,5 producida por la baja de los subsidios energéticos, el equilibrio en las cuentas del comercio exterior, la mejora ambiental introducida por el uso eficiente del consumo ante las señales de precio de tarifas económicas y las ingentes inversiones en energías renovables, retornan aceleradamente a los valores paupérrimos de finales de 2015.

La gente había comenzado a tomar conciencia de lo que cuesta producir energía y estaba aceptando pagar su costo como en cualquier país del mundo y no hacerlo compulsivamente vía subsidio por la que no usa.

Hasta 2002 no había subsidio a la energía, no faltaba luz, y se exportaba gas. Las tarifas eran las más bajas de la región y fluían las inversiones privadas al sector. El Estado intervenía en el segmento de los servicios regulados de gas y electricidad mediante los Entes Reguladores, y se concentraba en recaudar impuestos estables respetando las leyes que rigen al sector, generando así un clima propicio para la inversión privada.

A su vez, el segmento no regulado, es decir con precios libres, como la producción de electricidad, gas, petróleo y sus derivados, se manejaba bajo las reglas de mercado dentro del marco legal vigente y de valores de referencia internacional.

Pero, con la vuelta del kirchnerismo en su versión K4 recargada en vísperas electorales, retornan las prácticas paralizantes para el sector como congelamiento tarifario indefinido, intervención en los precios no regulados y ruptura de contratos.

Las secuelas de este deja vu ya se están manifestando. Vuelve el capitalismo de amigos, las fantasías estatizantes, la demonización de las empresas concesionarias, los barcos regasificadores, la discrecionalidad en subsidios y las condonaciones de deuda.

Mientras, la inversión se ha paralizado en una industria dinámica que requiere de un flujo constante de fondos. La producción de gas cayó a valores históricos, motivando un nuevo plan de asistencia del Estado a las empresas imposibilitadas de producir al precio congelado de la demanda, aumentando así la presión de los subsidios energéticos que en 2020 alcanzaron los USD 8.000 millones.

Paradójicamente, lo que nos costará de manera indirecta a los usuarios ese nuevo subsidio será mucho más oneroso que pagar la tarifa plena, pero no lo notarán en el corto plazo y es lo que le interesa al Gobierno antes de las elecciones. Sí, lo va a notar Economía ante la falta de divisas para importar gas cuya cantidad y precio serán muy superiores a los ligeramente estimados.

Los volúmenes de GNL, gas en barco, a importar este invierno aumentarán debido a que la producción será menor a la prevista por los retrasos en la implementación del plan gas y por la merma en el suministro de gas de Bolivia al caer su producción. En cuanto al precio original, ingenuamente calculado en base a los bajos valores internacionales de pandemia en unos 3 dólares el millón de BTU, no creo que se pueda conseguir este invierno a menos de 10 dólares.

Recientemente en Corea se ha llegado a pagar hasta 20 dólares. Entonces, este año el país necesitará una cantidad de divisas para la energía, que tenemos y no producimos, de tal magnitud que ni el insólito precio de las commodities del campo compensará. Mientras tanto sigamos disfrutando de la ficción de tarifas y precios “baratos”, no puede durar mucho.

Por Egon Iván Rost y Javier Caballero.

Suele ser común asociar ciertas problemáticas ambientales concretas, como la contaminación o la deforestación, a un concepto de las ciencias económicas llamado “externalidad”, el cual refiere al impacto de las acciones de un sujeto sobre el bienestar de otros. Algunas corrientes teóricas profundizan aún más y afirman que una externalidad produciría una “falla del mercado”, situación en la cual el mercado, por sí solo, no asigna los recursos eficientemente. A raíz de esta idea, se fomenta la intervención del Estado para buscar atenuar ciertos procesos negativos que afectan al ambiente. A pesar de la predominancia en Latinoamérica de esta línea de pensamiento, se han desarrollado los últimos años algunas experiencias que permiten pensar alternativas de gestión del ambiente con la iniciativa de sectores no vinculados al Estado.

Guatemala, Honduras, México y Brasil, son naciones que se caracterizan por tener una vasta riqueza de recursos naturales, pero además una población civil vinculada directamente al uso de los mismos, la cual se ha involucrado para generar instituciones con el objetivo de ejercer sus derechos naturales, principalmente el de propiedad privada. Un denominador común de estas experiencias es la lucha constante de estos sectores ante la burocracia estatal, en el reconocimiento de su acción en el territorio que habitan y en su facultad de comercializar aquello que producen.

La Reserva de la Biósfera Maya es el espacio natural protegido más grande de Guatemala con dos millones de hectáreas, de las cuales 800 mil están habilitadas por el Estado para su uso. En este ambiente habitan desde 1900 distintas comunidades locales, que se organizaron en la década de 1990 para poder acceder a los mecanismos de “concesiones forestales” formalizados en aquel entonces por la autoridad estatal. En un principio, existió cierto prejuicio sobre la capacidad de conservar los recursos que estas pequeñas organizaciones podrían tener, sin embargo, con el tiempo los resultados empíricos fueron sorprendentes. El caso más emblemático es la “Cooperativa Carmelita” con una gestión de 53 mil hectáreas de bosque subtropical donde se realiza el aprovechamiento de madera de calidad (caoba y cedro), productos no maderables (xate, guano y miel), además de practicar agricultura y ofrecer servicios turísticos. Con un monto estimado de ingresos generados entre 2013 al 2019 de 5.000.000 de dólares, la Cooperativa registra en su territorio una tasa de deforestación de 0,1% anual, en contraste con el 2,2% en las zonas no concesionadas de la Reserva. Se detectó además la presencia de 1,5 jaguares por cada cien kilómetros cuadrados, una de las más altas densidades de población de este felino americano en el continente.

En Honduras, “San José de Protección” formada en 1973 fue una de las primeras cooperativas agroforestales de este país. Establecida por extractores de resina y productores de madera, la cooperativa tiene derechos de usufructo sobre 1.500 hectáreas de bosque público. Antes de que se estableciera la Cooperativa, el bosque se dividía entre las familias para la extracción de resina sobre la base de parcelas designadas en forma individual. Luego, los miembros de esta organización acordaron que se elaboraría un solo plan de manejo que abarcaría las parcelas individuales, pero considerando que los poseedores de parcelas serían tratados como propietarios privados. A diferencia de otras organizaciones en Honduras, los activos de capital se han adquirido principalmente mediante préstamos en vez de otras fuentes de financiamiento. La limitación de la asistencia externa ha generado una importante política institucional, motivada en parte por el deseo de evitar una interferencia externa excesiva en su proceso de gestión y adopción de decisiones. Sin embargo, la Cooperativa se ha visto limitada dadas las regulaciones para el uso y manejo de los recursos forestales, en 2012 y 2013 no realizó operaciones de aprovechamiento debido a retrasos la renovación de su plan quinquenal de manejo forestal. Incluso después de la aprobación del mismo, los años subsiguientes aparecieron obstáculos adicionales para la producción y comercialización, en forma de otros documentos que deben ser autorizados por distintas oficinas de gobierno.

Si bien en México se reconocía la propiedad privada colectiva de la tierra desde los inicios del siglo XX, hasta la década de 1980 las comunidades locales no podían manejar los recursos forestales que se encontraban en su territorio. El gobierno administraba los derechos de manejo del bosque, otorgando concesiones de aprovechamiento generalmente en forma discrecional. Uno de los casos surgidos luego de las reformas normativas, fue la organización de los ejidatarios de “Laguna OM” para realizar manejo forestal, agricultura y apicultura, además de ofrecer servicios ecoturísticos, e incluso generar convenios con organizaciones científicas para la conservación de especies. Sin embargo, en el camino para llegar a este objetivo se han encontrado con varios obstáculos, la mayoría de ellos son trámites burocráticos. Juntar todos los documentos para que el Ejido pueda realizar el manejo de sus recursos naturales costó dos años.

En Brasil por su parte, en la región del Pantanal en los estados de Mato Grosso y Mato Grosso do Sul, el ecoturismo y particularmente el avistaje de jaguares ha crecido en los últimos 25 años. Esta actividad significó un contrapeso a las pérdidas económicas que éstos felinos ocasionan cuando atacan al ganado de las granjas, inconveniente que generaba una fuerte enemistad entre los habitantes de las haciendas y la vida salvaje. Algunas de las medidas que se intentaron para este tipo de problemas incluyeron cazar a los depredadores o exigir compensaciones al estado por las pérdidas ocasionadas. Pero finalmente la solución que se encontró a través de mecanismos de mercado resultó mucho más creativa y beneficiosa: en 2015 el ecoturismo en torno al jaguar representó un ingreso bruto anual aproximado de 7 millones de dólares, en contraste con las pérdidas de 120.000 dólares al año debido a la disminución de vacas y bueyes. Este nuevo esquema no sólo logró una fórmula en la que las haciendas y el turismo local salen ganando, también significó un gran avance económico en la región. Antes solo había trabajo en el sector ganadero, mientras que luego con el fomento del turismo, la construcción de hoteles y posadas, se crearon nuevas oportunidades para familias enteras.

Todos estos ejemplos no hacen más que confirmar los razonamientos que Friedrich A. von Hayek desarrolló en la mitad del siglo XX. La utilización del conocimiento, ampliamente disperso en una sociedad que tenga una distribución extensiva del trabajo, no puede descansar en el hecho de que los individuos conozcan todos los usos particulares a los cuales pueden aplicarse las cosas que les son familiares dentro de su propio medio ambiente individual. El manejo de ecosistemas implica un cambio drástico de ambiente y paradigmas en el cual difícilmente burócratas de aparatos estatales (muchas veces habitantes de las urbes) puedan acoplarse perfectamente a las dinámicas locales.  

La gestión de los recursos depende de cómo las instituciones sociales movilizan sus propios intereses a través de las iniciativas individuales, si este proceso se realiza sin excesivas interferencias desde el sector estatal y en un contexto de respeto por la propiedad privada, los resultados pueden ser muy satisfactorios, tanto en el ámbito económico como en el ambiental. Es interesante explorar el establecimiento de un vínculo entre riqueza y buena administración, si se compatibiliza la ganancia con la gestión correcta permitiendo a los gestores más eficaces comercializar y vender sus ‘productos’ ambientales, se movilizan los intereses de los individuos hacia la buena gestión ambiental. De esta manera es posible proporcionar nuevos y mayores incentivos para producir y conservar hábitats para la vida salvaje y ecosistemas más saludables.

Finalmente, el mismo F. von Hayek afirma que en el mundo la proporción de personas privadas que están preparadas para ensayar nuevas posibilidades, cuando éstas parecen prometer mejores condiciones y cuando sus congéneres nose lo impiden, es muy similar en todas partes. La lamentada escasez de espíritu de empresa en muchos lugares no es una característica inalterable de los habitantes individuales, sino la consecuencia de las restricciones que ejercen sobre ellos las costumbres e instituciones existentes. Se genera el espacio entonces para preguntarse si los fallos del mercado surgen naturalmente o aparecen en realidad cuando no hay condiciones para el funcionamiento del mercado; o si la intervención por parte del Estado u otro actor externo al ambiente afectado puede efectivamente prevenir y/o atenuar las “externalidades” manifestadas.

Por Emilio Andrés Bottini y Egon Iván Rost

El Gobierno Argentino inició tratativas con el de China para que inversiones de ese país se dediquen a hacer en Argentina lo que ellos mismos aparentemente ya no quieren hacer en su propio territorio, esto es, asumir los riesgos ambientales y sanitarios que implican la producción industrial a gran escala de ganado porcino. Si bien el primer contacto público se conoce desde julio de 2020; luego de estallar una epidemia de gripe porcina a finales de 2018 en las granjas y fábricas del gigante asiático, una reconocida multinacional con actividad en Argentina ya venía seduciendo al Ejecutivo desde inicios de este año motivo de la faltante de oferta de carne de cerdo en el mercado mundial.

En la última década, el sistema intensivo de producción porcina, basado en “mega-granjas”, ha crecido rápidamente hasta incluir al 60% de la población de cerdos en China. En este modelo, los insumos derivados de la industria química reemplazan a los procesos naturales, a contramano hoy en día de las tendencias en cuanto a la producción de alimentos sanos por medio de prácticas ambientalmente amigables.

La mega-granja consiste en una unidad organizativa similar a albergues para cerdos, que pueden ser horizontales o verticales. En cada compartimiento o piso, equipado con sistemas complejos de ventilación y movilidad, pueden criarse unos 1000 cerdos. A pesar de esto, al estar muy concentrados los animales por unidad de superficie, crea condiciones para que la aparición espontánea de algún patógeno provoque una infección difícil de controlar. En consecuencia, la epidemia de la gripe porcina ha podido expandirse rápidamente desde África hacia los focos concentrados de cerdos en China.

En caso de acuerdo con el Gobierno Argentino, el país asiático logra la provisión de carne de cerdo a un costo conveniente, mientras que relocaliza su producción a una zona en buenas condiciones ambientales, y más importante aún, libre de enfermedades. Cada mega-granja necesita provisión abundante de agua potable y comida (cereales y porotos de soja), además de una zona “crítica” donde puedan tratarse y/o depositarse las toneladas de residuos que se generan como externalidad del proceso productivo. Estas variables en nuestro país resultan sumamente atractivas para los impulsores de este tipo de emprendimientos, más teniendo en cuenta que pueden asumirse los riesgos en otro territorio que no es el propio.

El continuar en este camino nos lleva al cierre gradual de un destino importante de la producción rural argentina, nos aleja de los mercados exigentes que premian los procesos productivos de calidad, y nos deja expuestos al condicionamiento de un país potencia como China. No se trata de limitar la producción porcina, ni el comercio internacional, sino de cuestionar modelos que potencialmente atentan contra los recursos naturales y promuevan una responsabilidad desigual entre las partes involucradas. Además, no podemos ser ingenuos en desconocer que la capacidad de presión del gobierno chino amenazando con cierres comerciales en perjuicio de Argentina, puedan influir para erosionar la rigurosidad al momento de velar el cumplimiento estricto de exigencias ambientales.

En este contexto crítico que nos toca atravesar, es momento propicio para pensar un capitalismo que promueva la producción de alimentos sanos, con respeto al medio ambiente dentro de las buenas prácticas sostenibles en el tiempo, y de gran capacidad productiva como ya está demostrado dada nuestra ventaja comparativa producto de los procesos ecológicos que definen nuestro ambiente natural. En contrapartida, el acuerdo chino-argentino en los términos hoy regidos no aporta ninguna solución estructural para el progreso de nuestro país.

Por David Tettamanti*

“Artículo 19: Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.”

Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948.

Dentro del vasto abanico normativo, podemos encontrar la ley N° 25.831 de “REGIMEN DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA AMBIENTAL”, sancionada el 6/11/03 y promulgada el 6/1/04, con el objeto de “garantizar el derecho de acceso a la información ambiental que se encontrare en poder del Estado, tanto en el ámbito nacional como provincial, municipal y de la Ciudad de Buenos Aires, como así también de entes autárquicos y empresas prestadoras de servicios públicos, sean públicas, privadas o mixtas.”

Definiendo por información ambiental, “toda aquella información en cualquier forma de expresión o soporte relacionada con el ambiente, los recursos naturales o culturales y el desarrollo sustentable.”

En el Artículo 3°, se establece que, “el acceso a la información ambiental será libre y gratuito para toda persona física o jurídica, a excepción de aquellos gastos vinculados con los recursos utilizados para la entrega de la información solicitada. Para acceder a la información ambiental no será necesario acreditar razones ni interés determinado. Se deberá presentar formal solicitud ante quien corresponda, debiendo constar en la misma la información requerida y la identificación del o los solicitantes residentes en el país, salvo acuerdos con países u organismos internacionales sobre la base de la reciprocidad.

En ningún caso el monto que se establezca para solventar los gastos vinculados con los recursos utilizados para la entrega de la información solicitada podrá implicar menoscabo alguno al ejercicio del derecho conferido por esta ley.”

Mencionando de manera explícita en su Artículo 4°, que “las autoridades competentes de los organismos públicos, y los titulares de las empresas prestadoras de servicios públicos, sean públicas, privadas o mixtas, están obligados a facilitar la información ambiental requerida en las condiciones establecidas por la presente ley y su reglamentación.”

Autorizando, solo en los casos mencionados en el Artículo 7°, la posibilidad de denegar las solicitudes de información:

“a) Cuando pudiera afectarse la defensa nacional, la seguridad interior o las relaciones internacionales;

b) Cuando la información solicitada se encuentre sujeta a consideración de autoridades judiciales, en cualquier estado del proceso, y su divulgación o uso por terceros pueda causar perjuicio al normal desarrollo del procedimiento judicial;

c) Cuando pudiera afectarse el secreto comercial o industrial, o la propiedad intelectual;

d) Cuando pudiera afectarse la confidencialidad de datos personales;

e) Cuando la información solicitada corresponda a trabajos de investigación científica, mientras éstos no se encuentren publicados;

f) Cuando no pudiera determinarse el objeto de la solicitud por falta de datos suficientes o imprecisión;

g) Cuando la información solicitada esté clasificada como secreta o confidencial por las leyes vigentes y sus respectivas reglamentaciones.”

Detallando que, “la denegación total o parcial del acceso a la información deberá ser fundada y, en caso de autoridad administrativa, cumplimentar los requisitos de razonabilidad del acto administrativo previstos por las normas de las respectivas jurisdicciones.”

El Artículo 8° establece que, “la resolución de las solicitudes de información ambiental se llevará a cabo en un plazo máximo de treinta (30) días hábiles, a partir de la fecha de presentación de la solicitud.”

Se considerarán infracciones a esta ley, Artículo 9°, “la obstrucción, falsedad, ocultamiento, falta de respuesta en el plazo establecido en el artículo anterior, o la denegatoria injustificada a brindar la información solicitada, y todo acto u omisión que, sin causa justificada, afecte el regular ejercicio del derecho que esta ley establece. En dichos supuestos quedará habilitada una vía judicial directa, de carácter sumarísima ante los tribunales competentes.

Todo funcionario y empleado público cuya conducta se encuadre en las prescripciones de este artículo, será pasible de las sanciones previstas en la Ley N° 25.164 o de aquellas que establezca cada jurisdicción, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que pudieren corresponder.

Las empresas de servicios públicos que no cumplan con las obligaciones exigidas en la presente ley, serán pasibles de las sanciones previstas en las normas o contratos que regulan la concesión del servicio público correspondiente, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que pudieren corresponder.”

Norma Completa: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=91548

*Lic. en Información Ambiental (UNLu), Mg. (en curso) en Ingeniería de la Tasación y Valoración (UPV)