Política Nacional

PERFILEn pocas semanas los vecinos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires elegiremos nuevos representantes. Nunca antes una elección local como la del próximo 18 de mayo ha tenido tanta trascendencia de cara al futuro; los nombres de varios de los candidatos que encabezan las listas así lo atestiguan.

A todos los candidatos les importa la educación, no tengo la menor duda de ello, de la misma forma que les interesa la salud de la población y su seguridad. A nadie debería dejar de importarle estos temas, sea o no candidato a un cargo electivo. Pero un candidato debe decirnos mucho más que afirmar que desea mejorar la educación, la salud y la seguridad en la ciudad, debe decirnos el cómo se imagina hacerlo, que leyes propondrá, cuáles apoyará y en qué se diferencia su propuesta de las de sus competidores. De lo contrario, ¿Cómo es posible que los vecinos de CABA votemos conscientemente a quienes consideremos los más adecuados para ocupar las posiciones que se habrán de disputar?

Merecemos escuchar propuestas y debates sobre las mismas. Es tiempo de comenzar a votar candidatos que realicen propuestas concretas que podamos comprender y con las que estemos de acuerdo. No es tiempo de votar conceptos abstractos, no es tiempo de votar a favor o en contra de un gobierno, ya sea de la ciudad o nacional, de lo contrario el horizonte para nuestra ciudad, y también para nuestro país, será muy oscuro y no tan sólo en el terreno educativo.

Veamos un ejemplo. La ciudad de Buenos Aires cuenta, hace muchos años, con una ley de mecenazgo cultural, la cual ha sido modificada durante la actual gestión para impulsar, aún más, la participación de la sociedad en el financiamiento de proyectos que hacen a dicho quehacer, pero carece de una legislación similar de mecenazgo educativo.

Las empresas que aportan a estos proyectos pueden deducir como mínimo el 80% del Impuesto sobre los Ingresos Brutos (II.BB.), aportando solo el 20% en forma genuina, mientras que en la ley anterior las deducciones impositivas para estas empresas iban disminuyendo según la cantidad de proyectos anteriores aprobados, empezando en el 80% y bajando hasta el 50%.

Mecenazgo cultural: ¿Y el educativo?

En palabras de la ministra de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Gabriela Ricardes: “La Ley de Mecenazgo es un verdadero puente que conecta miles de proyectos culturales con los recursos económicos necesarios para su desarrollo, y que permite que las empresas contribuyan a potenciar la escena cultural. Estas modificaciones aprobadas por la Legislatura son un paso clave para fortalecer ese vínculo de lo público y privado que tanto enfatiza Jorge Macri”.

Mecenazgo cultural, ¿y el educativo? Dejar de otorgar mejores posibilidades para los niños que menos tienen y más lo necesitan es un costo de oportunidad demasiado alto. Sin embargo, a lo largo de los años, la amplia mayoría de nuestros representantes no han considerado siquiera analizar esta posibilidad, defendiendo la educación pública a rajatabla, mientras muchos de ellos envían a sus hijos a escuelas privadas.

El caso del mecenazgo educativo en Uruguay

El mecenazgo educativo es una realidad hace muchos años en Uruguay y permite el financiamiento de escuelas secundarias de gestión privada, gratuitas, religiosas y laicas, en uno de los barrios más pobres de Montevideo, Casavalle, con excelentes resultados académicos.

Al respecto, en diciembre de 2014, en su mensaje para Navidad, el Cardenal Daniel Sturla, Arzobispo de Montevideo, expresó que las experiencias de liceos gratuitos de gestión privada “demuestran que si se quiere se puede” y resaltó que “multiplicando los Jubilares en Uruguay se estaría dando una respuesta educativa seria, responsable, que permitirá que los jóvenes se desarrollen en la educación”.

En abril de 2015 el Cardenal Sturla salió al cruce de las declaraciones del sindicato docente contra este tipo de liceos, señalando que “si ponemos al chico en el centro hay que apoyarlo. Sea público o privado, no importa. Lo que importa es salvar a los chicos concretos porque si no caen en lo que ya sabemos, la deserción escolar y por tanto lo que eso trae aparejado: la droga, la esquina, la cerveza”.

Como muestra basta un botón. El 11 de mayo de 2023, se realizó en Casavalle el acto de inauguración de la escuela primaria de la Fundación Impulso. Del mismo participaron el, por entonces, presidente del Uruguay, Luis Lacalle Pou; el ministro de Educación y Cultura, Pablo Da Silveira y Marcos Galperín, CEO y fundador de Mercado Libre, quien financió la obra y se hizo de cargo de los gastos operativos de su funcionamiento, al menos por los próximos 10 años. Sobran las palabras.

La experiencia uruguaya demuestra que cuando el Estado y la sociedad civil trabajan en conjunto, es posible transformar realidades educativas complejas. La ciudad de Buenos Aires tiene la oportunidad de liderar este cambio con una ley de mecenazgo educativo que brinde mayores oportunidades a quienes más lo necesitan. Buenos Aires cuenta con una ley de mecenazgo cultural desde hace muchos años. ¿Por qué no aplicar un enfoque similar en el ámbito educativo?

Ahora, la pregunta es clara: ¿Qué opinan los candidatos al respecto? Los vecinos de la ciudad merecemos más que discursos abstractos; merecemos conocer propuestas concretas. No se trata de eslóganes ni promesas vacías. Se trata del futuro de las próximas generaciones y del país que queremos construir. El 18 de mayo votemos con conocimiento y con el compromiso de exigir un futuro mejor para nuestros hijos.

* Miembro de la Academia Nacional de Educación y Rector de la Universidad del CEMA

LA NACIÓN Hubo una Argentina donde los padres depositaban en la educación la esperanza de un futuro mejor para sus hijos. Hoy la cruda realidad ha eliminado del imaginario colectivo aquella aspiración. Cinco leyes –que hemos propuesto en diversas oportunidades y sobre las que vale la pena insistir– le permitirían al Gobierno tomar la iniciativa frente a una crisis que, sin duda, ha heredado y que tiene voluntad de revertir.

Declarar la educación como un servicio esencial. El 14 de agosto, la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley presentado por Alejandro Finocchiaro, el cual estipula que al menos el 30% del personal de la escuela deberá permanecer en sus puestos durante los dos primeros días de la medida de fuerza, para garantizar la continuidad de las clases. Si el paro se prolonga, este porcentaje se incrementará al 50%.

Difusión pública de los resultados de las evaluaciones educativas. Es necesario que los padres comprendan la emergencia educativa. Las evaluaciones son claves para eso, pero los resultados en el nivel de las escuelas deben ser públicos. Es imprescindible modificar el artículo 97 de la ley 26.206, de educación nacional, el cual prohíbe la difusión de los resultados por escuela. Al impedir la publicidad de los resultados de cada colegio, lo que se está haciendo es sustraer del debate público el elemento de juicio principal para saber si el actual sistema educativo satisface la principal inquietud de cualquier padre: que sus hijos aprendan en el colegio al cual concurren.

El 27 de diciembre de 2023 el Gobierno propuso dicha modificación en el proyecto de la Ley Bases. Modificar el artículo 97 es imprescindible para enfrentar la crisis educativa que atravesamos. Al garantizar que los resultados de las evaluaciones sean accesibles en el nivel de las escuelas, se empoderará a los padres con información clave, permitiéndoles involucrarse activamente en la educación de sus hijos y exigir mejoras concretas en las instituciones educativas.

Mecenazgo educativo. En Uruguay el mecenazgo educativo es una realidad, en virtud de la legislación sobre donaciones especiales, en referencia a instituciones educativas en áreas carenciadas. Eso permite la existencia de escuelas gratuitas de gestión privada, religiosas y laicas, que se financian con aportes de empresas y brindan educación de excelencia a niños y adolescentes en zonas carenciadas. En nuestro país el mecenazgo cultural es una realidad desde hace muchos años en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero del mecenazgo educativo no se habla, es un tema tabú.

Una legislación similar a la uruguaya permitiría demostrar que es factible incrementar la exigencia y el rendimiento académicos, aun en contextos sociales claramente desfavorables, y podría constituirse en el puntapié inicial para un verdadero cambio radical en el cual el Estado y la sociedad civil se complementen para transformar una realidad educativa que ensombrece el futuro de nuestro país.

Replicar el proyecto de ley Educational Choice for Children Act (ECCA). La libertad educativa se basa en un principio sencillo: permitir que las familias elijan la escuela que mejor se adapte a las necesidades educativas de sus hijos y a los valores familiares, utilizando los fondos públicos destinados a la educación. ¿Es posible implementarla? Es claro que sí. La cuarta de las leyes propuestas se inspira en un proyecto de ley presentado por el Partido Republicano en Estados Unidos, que permitiría comenzar a hacerla realidad; esto sujeto al hecho de que la educación en nuestro país es potestad de las provincias.

El ECCA propone un sistema de créditos fiscales federales para quienes donen a organizaciones sin fines de lucro que ofrecen becas educativas a familias de bajos ingresos. Estas becas permitirían a dichas familias financiar matrículas en escuelas privadas, gastos de educación en el hogar, tutorías personalizadas e incluso materiales educativos. Este esquema coloca a las familias en el centro del sistema y permite que los fondos sigan al estudiante y no a las escuelas, un enfoque que empoderaría a los padres. La Argentina tiene en el ECCA un modelo que podría contribuir a comenzar la transformación de su sistema educativo, hoy altamente desigual y marcado por la cuna como el principal determinante del futuro de los niños.

Examen de fin de secundaria y educación dual. Es bien sabido que la Argentina es un caso de estudio en virtud de la ley 27.204, que prohíbe cualquier tipo de evaluación para estimular un ingreso de estudiantes bien preparados a la universidad. Como señala Alieto Guadagni, no se conoce en el mundo otra ley universitaria de estas características. La modificación de la ley 27.204 evitaría estafar a miles de jóvenes que pierden valiosos años de sus vidas realizando estudios que nunca habrán de concluir, en lugar de capacitarse para desenvolverse exitosamente en una infinidad de oficios requeridos por nuestra sociedad.

En Alemania se pueden comprobar in situ las virtudes de su particular sistema de educación. En el llamado sistema de educación dual, los estudiantes que optan por realizarlo pasan una cantidad importante de tiempo en un lugar de trabajo, durante la segunda parte de su educación secundaria. Conforme va transcurriendo el proceso de aprendizaje, el estudiante incrementa el tiempo de entrenamiento en la empresa y reduce el tiempo de aprendizaje en la institución educativa. Al finalizar sus estudios, muchos ingresan directamente a puestos de trabajo en las empresas en las que realizaron sus entrenamientos.

Hoy, la Argentina enfrenta una oportunidad histórica: decidir si seguirá resignándose al atraso o si se atreverá a forjar un futuro distinto. Estas líneas no son solo una serie de propuestas; son una invitación a recuperar la esperanza. A soñar con una nación donde cada niño, sin importar su cuna, tenga la oportunidad de desplegar su talento y construir una vida digna.

Miembro de la Academia Nacional de Educación y rector de Ucema

CLARÍN – Al igual que sus tres predecesores kirchneristas, el actual gobierno ostenta una manifiesta preferencia por los congelamientos tarifarios y por la intervención en los precios de los productos desregulados, manteniéndose fiel a sus preceptos populistas e intervencionistas.

El gobierno del Frente de Todos se aferra a medidas transitorias porque le proveen de un confort político ficticio y circunstancial y se ilusiona con que puedan mejorar su performance electoral. Esa transitoriedad tiene un plazo, octubre 2021, en el que “todo vale “. Claro que con prescindencia de las graves consecuencias que le producirá al país el día después, gane o pierda las elecciones de medio término.

El manejo discrecional de las tarifas y los precios energéticos guarda una analogía interesante con el utilizado por la actual administración en el sistema sanitario ante la pandemia COVID 19; es interminable, empeora los servicios, causa estragos a la economía y por ende, a la calidad de vida de la población

El desplazamiento de Guillermo Nielsen de la presidencia “virtual “de YPF, hubiese resultado ocioso de no mediar la intención del Gobierno de sumar la compañía al plan electoral, transformándola en un ente regulador de facto del precio de los combustibles, en un promotor de beneficios provinciales y en un difusor de propaganda gubernamental.

Ahora, otra vez el Gobierno se aferra al cortoplacismo, le interesa el hoy, el ir tirando y luego veremos, cuando ese “luego” es inminente por más que haga lo imposible para que no ocurra antes de octubre.

Aunque las consecuencias son harto conocidas después de la frustrante experiencia energética de doce años de kirchnerismo aplicando similar política, buena parte de la ciudadanía parecería haberlas olvidado luego de las mejoras introducidas por el gobierno de Cambiemos.

El sacrificio que significó a la sociedad el inevitable sinceramiento tarifario aplicado por la anterior administración y el inmenso costo político que pagó, fueron en vano. La mejora sustancial de los servicios, la reducción del déficit fiscal de 4 puntos del PBI a 1,5 producida por la baja de los subsidios energéticos, el equilibrio en las cuentas del comercio exterior, la mejora ambiental introducida por el uso eficiente del consumo ante las señales de precio de tarifas económicas y las ingentes inversiones en energías renovables, retornan aceleradamente a los valores paupérrimos de finales de 2015.

La gente había comenzado a tomar conciencia de lo que cuesta producir energía y estaba aceptando pagar su costo como en cualquier país del mundo y no hacerlo compulsivamente vía subsidio por la que no usa.

Hasta 2002 no había subsidio a la energía, no faltaba luz, y se exportaba gas. Las tarifas eran las más bajas de la región y fluían las inversiones privadas al sector. El Estado intervenía en el segmento de los servicios regulados de gas y electricidad mediante los Entes Reguladores, y se concentraba en recaudar impuestos estables respetando las leyes que rigen al sector, generando así un clima propicio para la inversión privada.

A su vez, el segmento no regulado, es decir con precios libres, como la producción de electricidad, gas, petróleo y sus derivados, se manejaba bajo las reglas de mercado dentro del marco legal vigente y de valores de referencia internacional.

Pero, con la vuelta del kirchnerismo en su versión K4 recargada en vísperas electorales, retornan las prácticas paralizantes para el sector como congelamiento tarifario indefinido, intervención en los precios no regulados y ruptura de contratos.

Las secuelas de este deja vu ya se están manifestando. Vuelve el capitalismo de amigos, las fantasías estatizantes, la demonización de las empresas concesionarias, los barcos regasificadores, la discrecionalidad en subsidios y las condonaciones de deuda.

Mientras, la inversión se ha paralizado en una industria dinámica que requiere de un flujo constante de fondos. La producción de gas cayó a valores históricos, motivando un nuevo plan de asistencia del Estado a las empresas imposibilitadas de producir al precio congelado de la demanda, aumentando así la presión de los subsidios energéticos que en 2020 alcanzaron los USD 8.000 millones.

Paradójicamente, lo que nos costará de manera indirecta a los usuarios ese nuevo subsidio será mucho más oneroso que pagar la tarifa plena, pero no lo notarán en el corto plazo y es lo que le interesa al Gobierno antes de las elecciones. Sí, lo va a notar Economía ante la falta de divisas para importar gas cuya cantidad y precio serán muy superiores a los ligeramente estimados.

Los volúmenes de GNL, gas en barco, a importar este invierno aumentarán debido a que la producción será menor a la prevista por los retrasos en la implementación del plan gas y por la merma en el suministro de gas de Bolivia al caer su producción. En cuanto al precio original, ingenuamente calculado en base a los bajos valores internacionales de pandemia en unos 3 dólares el millón de BTU, no creo que se pueda conseguir este invierno a menos de 10 dólares.

Recientemente en Corea se ha llegado a pagar hasta 20 dólares. Entonces, este año el país necesitará una cantidad de divisas para la energía, que tenemos y no producimos, de tal magnitud que ni el insólito precio de las commodities del campo compensará. Mientras tanto sigamos disfrutando de la ficción de tarifas y precios “baratos”, no puede durar mucho.

Pablo Abram conversó con Nacho Riverol por La 2X4 sobre los resultados de la encuesta realizada en barrios vulnerables. La mayoría de los encuestados quieren cambios en las políticas que generen más empleos.

INFOBAE En estos días ha habido debates, malos entendidos y trifulcas varias en torno a lo que antes se denominaba libertad de prensa y ahora con los nuevos medios y plataformas resulta más apropiado referirse a la libertad de expresión, lo cual abarca todos los canales posibles.

En una sociedad libre este derecho resulta esencialísimo como medida de supervivencia puesto que al decir de Albert Einstein “todos somos ignorantes solo que en temas distintos” el debate abierto es ineludible para aprender, refutar y evolucionar. Como es sabido el conocimiento no es un puerto sino una permanente navegación. Tal como he apuntado otras veces, bajo mi computadora tengo un gran letrero que reza nullius in verba que es el lema de la Royal Society de Londres que significa que no hay palabras finales.

Como nos ha enseñado Karl Popper, el conocimiento tiene la característica de las corroboraciones provisorias sujetas a refutaciones, en eso consiste el avance de la ciencia y de todo lo susceptible de aprenderse en este mar de ignorancia donde los esfuerzos son colosales para captar pequeños trozos de tierra fértil.

Lo dicho se traduce en que cada cual puede decir y escribir lo que le venga en gana lo cual para nada significa que todo lo que se transmite está bien desde un punto de vista fáctico e incluso moral vía engaños, informaciones falsas y diatribas varias. Si alguien siente que sus derechos han sido vulnerados puede recurrir a la Justicia o criticar vía los medios que estime pertinentes o ambas cosas a la vez.

Incluso puede propiciarse un cambio en el sistema político. Por ejemplo, pregunto a mis lectores: ¿cuándo debe proscribirse el comunismo de Platón, en el aula, en la plaza pública o cuando se introduce en una plataforma partidaria? Considero que en ningún caso, la forma de combatirlo es a través de la educación y el antes mencionado debate abierto, lo contrario se traduciría en un efecto boomerang para nuestras propias ideas novedosas.

Nunca bajo ningún concepto es aceptable la censura previa. Hoy día se notan algunos corcoveos por parte de ciertos periodistas tradicionales que han estado acostumbrados al monopolio del micrófono o de la impresora y se encuentran con nuevos frentes. En realidad el término “periodista” remite a periódico por lo que en nuestros tiempos hay que extenderlo a quienes comunican sistemáticamente, independientemente al medio a que recurran de modo que se extiende grandemente esa labor a muy diferentes avenidas comunicacionales.

Gregorio Badeni quien fuera mi gran amigo escribió un tratado sobre la antes denominada libertad de prensa que abarca 844 suculentas páginas donde analiza el tema desde muy diversas perspectivas. En este caso me limito a referirme a su mención al llamado “derecho a réplica” que critica agudamente. Sostiene que constituye un ataque al derecho de propiedad puesto que obliga al dueño del medio en cuestión a dar cabida a una o varias réplicas. Es equivalente a que se obligue a representar otra versión de una obra teatral, una producción de cine o darle la tribuna a otra persona que no le ha gustado la conferencia anterior y así sucesivamente. En este contexto concluye preguntando y respondiendo: “¿Pueden existir jurídicamente los abusos de prensa? Entiendo que no.” Esto último es similar a lo escrito por Marco Aurelio Risolia en su tesis doctoral de 1946 Soberanía y crisis del contrato cuando consigna que “abuso del derecho es una contradicción en los términos, un mismo acto no puede ser simultáneamente un derecho y su negación.” Es parecido a la sandez de sostener que la libertad de uno termina cuando comienza la del otro, en este contexto la libertad no tiene límite, la invasión de otra libertad es puro libertinaje.

Por supuesto que hay cosas que se dicen que no nos gustan, incluso nos repugnan pero eso es otro cantar que bajo ningún concepto puede cercenar la libertad de expresión que constituye el bastión fundamental de la sociedad abierta, no solo para estar informado sino para fortalecer y alimentar el proceso del conocimiento y para ponerle coto al abuso del poder político.

Viene muy al caso reproducir una cita de la obra clásica de John Bury titulada Historia de la libertad de pensamiento: “El mundo mental del hombre corriente se compone de creencias aceptadas sin crítica y a las cuales se aferra firmemente […] Una nueva idea contradictoria respecto a las creencias que sustenta, significa la necesidad de ajustar su mente […] Las opiniones nuevas son consideradas tan peligrosas como molestas, y cualquiera que hace preguntas inconvenientes sobre el por qué y el para qué de principios aceptados, es considerado un elemento pernicioso”.

Es de especial importancia finiquitar la mugre de las pautas oficiales que hacen aparecer como competidores de información cuando son coactivamente financiados por el fruto del trabajo ajeno lo cual es un fraude escandaloso a lo que no pocos de los llamados comunicadores se han acostumbrado. También es pertinente explorar otros andariveles que ayudan a disponer de elementos de juicio más acabados que permiten exhibir un cuadro de situación algo más completo. En primer lugar, la existencia de ese adefesio que se conoce como “agencia oficial de noticias”. Cuando los gobiernos deban anunciar algo simplemente tercericen la respectiva publicidad. La constitución de una agencia estatal de noticias es una manifestación autoritaria a la que lamentablemente no pocos gobiernos se han acostumbrado.

Es también conveniente para proteger la muy preciada libertad a la que nos venimos refiriendo que en este campo se de por concluida la figura atrabiliaria de la concesión del espectro electromagnético y asignarlo en propiedad para abrir las posibilidades de subsiguientes ventas, puesto que son susceptibles de identificarse del mismo modo que ocurre con un terreno. De más está decir que la concesión implica que el que la otorga es el dueño y, por tanto, tiene el derecho de no renovarla a su vencimiento y otras complicaciones y amenazas a la libre expresión de las ideas que aparecen cuando se acepta que las estructuras gubernamentales se arroguen la titularidad, por lo que en mayor o menor medida siempre pende la espada de Damocles.

De la libertad de expresión se sigue la de asociación y de petición que deben minimizar las tensiones que eventualmente generen batifondos extremos y altos decibeles que afectan los derechos del vecino, lo cual en un sistema abierto se resuelve a través de fallos en competencia como mecanismo de descubrimiento del derecho y no como ingeniería legislativa y diseño arrogante.

Fenómeno parecido sucede con la pornografía y equivalentes en la vía pública que, en esta instancia del proceso de evolución cultural, hacen que no haya otro modo de resolver las disputas como no sea a través de mayorías circunstanciales. Lo que ocurre en dominios privados no es de incumbencia de los gobiernos, lo cual incluye la televisión que con los menores es responsabilidad de los padres y eventualmente de las tecnologías empleadas para bloquear programas. En la era moderna, carece de sentido tal cosa como “el horario de protección al menor” impuesto por la autoridad, ya que para hacerlo efectivo habría que bombardear satélites desde donde se transmiten imágenes en horarios muy dispares a través del globo. Las familias no pueden ni deben delegar sus funciones en aparatos estatales como si fueran padres putativos, cosa que no excluye que las emisoras privadas de cualquier parte del mundo anuncien las limitaciones y codificadoras que estimen oportunas para seleccionar audiencias.

Otra cuestión también controversial se refiere a la financiación de las campañas políticas. En esta materia, se ha dicho y repetido que deben limitarse las entregas de fondos a candidatos y partidos puesto que esos recursos pueden apuntar a que se les “devuelva favores” por parte de los vencedores en la contienda electoral. Esto así está mal planteado, las limitaciones a esas cópulas hediondas entre ladrones de guante blanco mal llamados empresarios y el poder, deben eliminarse vía marcos institucionales civilizados que no faculten a los gobiernos a encarar actividades más allá de la protección a los derechos y el establecimiento de justicia. La referida limitación es una restricción solapada a la libertad de expresión, del mismo modo que lo sería si se restringiera la publicidad de bienes y servicios en diversos medios orales y escritos.

Afortunadamente han pasado los tiempos del Index Expurgatorius en el que Papas pretendían restringir lecturas de libros, pero irrumpen en la escena comisarios que en varios lares limitan o prohíben la importación de libros, dan manotazos a la producción y distribución de papel o, al decir del decimonónico Richard Cobden, establecen exorbitantes “impuestos al conocimiento”. La formidable invención de la imprenta por Pi Sheng en China y más adelante la contribución extraordinaria de Gutenberg, no han sido del todo aprovechadas, sino que a través de los tiempos se han interpuesto cortapisas de diverso tenor y magnitud pero en estos momentos han florecido (si esa fuera la palabra adecuada) megalómanos que arremeten con fuerza contra los comunicadores independientes (un pleonasmo pero en vista de lo que sucede en diversas partes del mundo, vale el adjetivo). Afortunadamente -como queda dicho- irrumpieron novedosos medios que con sus pro y contras según su uso básicamente fortalecen la comunicación. Nunca será suficiente que reiteremos la trascendencia de la libertad de expresión para que sobreviva el respeto recíproco inherente a la libertad.

Aldo Abram en Ecomedios . Se salió a una unificación cambiaria con algunas restricciones por ahora y como hay confianza no hubo corrida cambiaria. No hubo una devaluación pues la pérdida de valor se refleja en los mercados libres, en ellos el valor del dólar bajó. 

INFOBAE La Secretaría de Educación anunció hace pocos días la reapertura de inscripciones al Programa de Asistencia Vouchers Educativos hasta el próximo 16 de mayo, una iniciativa que brinda apoyo a las familias cuyos hijos asisten a escuelas de gestión privada con una subvención estatal igual o superior al 75%.

Sin embargo, como señalé en una nota publicada en Infobae en marzo 2024, al hacerse público el programa, así como es justo reconocer la medida, también lo es señalar una limitación que, desde sus inicios, carece de justificación: si el objetivo es asistir a las familias en función de su situación económica, ¿por qué dejar afuera a quienes han optado por escuelas con menor porcentaje de subsidio o directamente sin él?

El subsidio debería estar dirigido a las familias que califiquen, independientemente de las características del colegio de gestión privada al cual concurren sus hijos. Ello condice con el espíritu del programa: acompañar a quienes, con esfuerzo, hacen lo posible por sostener la alternativa educativa que consideran es la mejor para la educación de sus hijos en un contexto económico aún difícil.

Veamos los hechos. Dado que la continuidad del programa se hizo pública a mediados de abril, muchas familias no tuvieron certeza de contar con el valioso apoyo del mismo al momento de decidir la inscripción de sus hijos en escuelas iniciales de gestión privada. Sin embargo, por las características propias de la educación inicial, aún es posible cambiar de colegio sin gran impacto en el niño —un cambio que puede marcar su trayectoria educativa futura. Por ello, incluir esta posibilidad sería una forma lógica de potenciarlo.

Nunca antes un gobierno ha demostrado con hechos, y no sólo con discursos, su voluntad de apoyar a las familias como lo ha hecho la actual gestión del presidente Javier Milei. Ampliar el alcance del Programa de Asistencia Vouchers Educativos, tanto para incluir a todas las familias que califiquen por su realidad económica, como para facilitar el ingreso al sistema de gestión privada en el nivel inicial, constituiría otro paso firme en la dirección correcta.