PERFIL Desde hace más de una década, el mercado laboral argentino muestra un estancamiento persistente. El empleo privado formal no crece de manera sostenida desde 2010 y, cuando lo hace, es de forma moderada y rápidamente reversible. En paralelo, la informalidad se mantiene. Este fenómeno no puede explicarse solo por los vaivenes macroeconómicos. Responde, en gran medida, a un marco laboral rígido y costoso que desalienta la contratación.

El régimen vigente fue diseñado bajo la premisa de proteger el empleo en relación de dependencia existente, pero terminó generando el efecto contrario: menos puestos de trabajo de ese tipo en el sector privado. Para una empresa, especialmente una pyme, incorporar un trabajador implica asumir compromisos que exceden largamente el salario de bolsillo. A las contribuciones patronales se suman regímenes indemnizatorios inciertos, rigideces en la organización del trabajo y costos indirectos que encarecen artificialmente la relación laboral. El resultado es conocido: ante la complejidad de la contratación… no se contrata.

El alto costo laboral no solo afecta la decisión de contratar, sino también la productividad. Cuando las cargas y regulaciones son excesivas, las empresas destinan recursos a cumplir formalidades en lugar de invertir, innovar o expandirse. Ni hablar de los convenios colectivos de trabajo en los que unos cuantos grandes empresarios y sindicalistas pautan las condiciones de trabajo para empresas pequeñas, medianas y grandes. Es algo irracional que lleva a muchas pymes a incumplirlas, con los riesgos que eso significa. Esto explica por qué sectores con potencial de crecimiento terminan operando por debajo de su capacidad o recurriendo a la informalidad. No es un problema de “falta de voluntad empresaria”, sino de incentivos mal alineados. Hay que permitir que las negociaciones laborales de menor nivel primen sobre las de mayor nivel.

Es por eso sumamente importante corregir estos desincentivos. Lejos de eliminar derechos básicos, se debe modernizar las reglas para que sean compatibles con un mercado de trabajo dinámico. La introducción de sistemas de cese laboral previsibles, la reducción de rigideces en la negociación colectiva, la revisión de privilegios sindicales y la adecuación de normas pensadas para otro contexto productivo constituyen pasos necesarios para reducir la incertidumbre y el costo de contratar.

El desarrollo económico sostenido depende, en última instancia, de un sector privado que invierta y que tenga incentivos para generar empleo. Ningún país ha logrado crecer de manera duradera sin un mercado laboral que funcione como puente entre el capital y el trabajo, y no como una barrera. Para que el empleo privado vuelva a expandirse, es indispensable que contratar deje de ser un riesgo desproporcionado y vuelva a ser una decisión racional.

La discusión de fondo no es ideológica, sino ética y económica. Un mercado laboral estancado porque sobreprotege a los asalariados del sector privado es injusto porque excluye a la mayoría de los trabajadores de tener ese tipo de empleo. Por otro lado, reformar la legislación laboral es una condición necesaria (aunque no suficiente) para recuperar el crecimiento, reducir la informalidad y generar oportunidades reales de progreso

*Jefe de Economía de la Fundación Libertad y Progreso.

Aldo Abram, estuvo en ‪@lovest_ok‬ analizando las palabras de Javier Milei en el Foro de Davos y la coyuntura política nacional.  Europa que era los países que más crecían, se están cerrando comercialmente y ponen muchos controles, eso los afecta económicamente y en el nivel de libertad. 

CATO Ian Vásquez afirma que el mejor camino para Estados Unidos y Venezuela es dejar que las fuerzas del mercado determinen el futuro del sector petrolero venezolano bajo una democracia legítima.

Parece una caricatura inventada por un marxista: Estados Unidos realiza una intervención militar para apropiarse de los recursos de otro país.

Conforme el gobierno de Donald Trump continúe colaborando con el régimen chavista, enfatizando su mayor control sobre la industria petrolera venezolana y posponiendo la transición a una democracia soberana, se fortalecerá la narrativa de un imperio yanqui desaforado.

Puede ser que Trump, como los marxistas, tiene una concepción equivocada de la economía, según la cual la acumulación de los recursos naturales es necesaria para la riqueza y por lo tanto justifica las políticas imperialistas. Pero ese modo de pensar ha sido desacreditado por la experiencia y le ha dado la razón a Adam Smith, quien dijo que la riqueza se debe más bien a las reglas del juego y a las instituciones que sustentan la libertad. Hace 250 años el mismo Smith criticó al imperialismo británico por ser un sistema que le generaba pérdidas económicas a Inglaterra.

El caso venezolano no es diferente. No hay ninguna razón económica que justifique el apoderamiento forzoso del petróleo por Estados Unidos, a pesar de que Trump dice que tal intervención enriquecerá a Estados Unidos y Venezuela. En primer lugar, la mayoría de las empresas petroleras estadounidenses, que no fueron consultadas previo al plan de Trump, no muestra interés en Venezuela. El director ejecutivo de Exxon, por ejemplo, dijo que Venezuela no reúne las condiciones mínimas para invertir.

Tiene razón. El socialismo ha destruido la infraestructura de la industria petrolera venezolana, cuya producción se encuentra por debajo de un millón de barriles/día, menos de 1% de la producción mundial. Para llegar a producir tres millones de barriles/día, como fue el caso a principios del régimen chavista, se requerirá una inversión de por lo menos US$100.000 millones a lo largo de muchos años y en un ambiente político y legal sumamente volátil y riesgoso.

Es más, el precio del barril de petróleo está a niveles bajos (alrededor de US$60) y se pronostica que se mantendrá bajo por años. Sin embargo, por ser más pesado, el crudo venezolano vale unos US$20 menos que el petróleo estándar (el llamado Brent) y cuesta mucho más procesarlo. Se estima, además, que para que sean económicamente viables las inversiones petroleras en Venezuela, el precio del barril tiene que superar los US$80.

Ingresar hoy al mercado venezolano no tiene nada de atractivo para las empresas petroleras estadounidenses. Desde la perspectiva económica, la intervención tiene menos sentido cuando se toman en cuenta los millones de dólares al día que cuesta mantener las Fuerzas Armadas en la costa de Venezuela.

La verdad es que, en un mundo globalizado, la apropiación del petróleo difícilmente tiene sentido económico. Veamos el peor de los casos. En 1990, el gobierno del presidente George Bush justificó la guerra del pérsico al decir que Sadam Hussein “podría estrangular el orden económico mundial” al controlar buena parte del petróleo mundial.

Pero el economista David Henderson mostró que no tenía sentido económico librar una guerra por el petróleo aun si Hussein hubiera tomado Arabia Saudita y los Emiratos Árabes, además de Kuwait. Para que le sea útil, Hussein siempre tendría que vender el petróleo a alguien, incluso si vendiera menos de lo que se vendió antes. Y dado que el mercado petrolero es un mercado global, Estados Unidos hubiera accedido a ese bien por otro lado. Henderson calculó que el costo de no hacer nada ante tal dominio petrolero de Hussein no hubiera superado el 0,5% del PBI estadounidense –algo completamente manejable y menor que el costo de las otras alternativas, como la misma guerra–.

El mejor camino para Estados Unidos y Venezuela es dejar que las fuerzas del mercado determinen el futuro del sector petrolero venezolano bajo una democracia legítima.

Este artículo fue publicado originalmente en El Comercio (Perú) el 13 de enero de 2026.