Agustín Etchebarne economista y director general de Libertad y Progreso c/ Carlos Mira y Carlos Ponzio por Concepto FM 95.5
"Si después del desastre económico que dejó Macri, el peronismo sacó solo el 48% es por que la gente busca otra alternativa" dice el economista.
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Los primeros efectos del anuncio no tardaron en aparecer.
Las acciones de las empresas siderúrgicas argentinas cayeron en la jornada bursátil posterior a la decisión del presidente norteamericano, y la empresa Aluminios Argentinos (Aluar), registró una caída de 12,07 por ciento y las acciones de la firma Ternium bajaron un 2 por ciento.
Asimismo la medida de Washington afectó a otros mercados bursátiles.
Las acciones en Tokio abrieron a la baja el martes, descenso atribuido por analistas económicos a la decisión de Trump. Importantes depreciaciones se presentaron en otras bolsas de valores de países asiáticos.
Los números negros en los mercados llegaban en simultánea con la noticia de una calificación negativa del riesgo país para Argentina. Este índice aumentó un 5 por ciento, unas 193 unidades, hasta alcanzar los 2.386 puntos básicos, uno de los registros más altos del 2019.
Con sorpresa, los expertos señalaban que la acusación de Trump sobre la "masiva" devaluación de moneda iba en contravía de la conclusión del informe semestral del Departamento del Tesoro estadounidense, según el cual ningún socio comercial importante de Estados Unidos cumplía los estándares de manipulación de moneda.
Funcionarios de las administraciones afectadas recibieron con sorpresa el anuncio de Trump.
Dos ministros argentinos, el de Producción y Trabajo, Dante Sica, y el de Exteriores, Jorge Faurie, pusieron en sus agendas conversaciones con el secretario de Comercio de EEUU, Wilbur Ross, con el objetivo de entender la medida y restar hierro a la misma.
Faurie habló telefónicamente con Ross "para empezar a destrabar los aumentos de aranceles", informó Telam. Sica, por su parte, calificó la medida de "inesperada", al tiempo que comunicaba su intención de conversar también con el responsable de la cartera de Comercio de Trump.
Después de conocer el nuevo panorama, el presidente brasileño Jair Bolsonaro quiso tranquilizar a la prensa diciendo: "Si se da el caso, llamaré al presidente Donald Trump. Su economía (de Estados Unidos) no se compara con la nuestra, es una decena de veces mayor que la nuestra. No veo esto como una 'retaliación'".
INDUSTRIALES PREOCUPADOS
La reacción de los empresarios, los primeros afectados con la medida estadounidense, fue más fuerte que la de los políticos.
El Instituto Acero Brasil, que representa a la industria del acero en el país, calificó la idea de Trump como "una represalia que no encaja con las condiciones de asociación entre los dos países".
En un criterio multilateralista, los industriales brasileños recordaron que la decisión afectaría también a sus pares estadounidenses "que necesitan de los semiacabados exportados por Brasil para poder operar en sus centrales".
Además, coincidieron en que los argumentos del inquilino de la Casa Blanca son alejados de la realidad.
En un comunicado expresaron que "el Instituto Acero Brasil refuerza que el cambio en el país es libre, no habiendo por parte del Gobierno cualquier iniciativa en el sentido de desvalorizar artificialmente el real y la decisión de tasar el acero brasileño como forma de 'compensar' el agricultor americano es una retaliación a Brasil".
Brasil es uno de los principales suministradores de acero a EEUU.
Según datos de su Ministerio de Economía, las exportaciones de productos semimanufacturados de hierro y acero para el país norteamericano totalizaron 2.570 millones de dólares entre enero y noviembre de este año, inferiores a los 2.950 millones de dólares del mismo período del año pasado.
Desde Argentina los industriales del acero manifestaron su preocupación y advirtieron sobre las negativas consecuencias que sobre el empleo tendría la medida norteamericana.
La Cámara Argentina del Acero informó en un comunicado que "solicitó al Estado Argentino que arbitre los medios necesarios para revertir la medida anunciada, la cual perjudicaría la producción siderúrgica argentina y al empleo local".
La preocupación del gremio se sustenta en que EEUU es el principal destino de las exportaciones de acero y aluminio argentinos con un mercado de aproximadamente 700 millones de dólares para ambos productos.
Javier Madanes, presidente de Aluar, principal productora y exportadora de aluminio en Argentina, denunció que la iniciativa de Trump corresponde más a una movida geopolítica que a una realidad económica.
"En una época, los Estados Unidos supieron actuar de manera más directa con intervenciones militares en la región, en otras oportunidades con operaciones de inteligencia y ahora lo hacen con sanciones comerciales. Esta es la manera de manejar las cosas por parte de Trump", argumentó Madanes.
La Cámara Argentina del Acero y la Cámara Argentina de Comercio solicitaron al Gobierno de su país y al de Brasil tratar la situación en la próxima Cumbre del Mercosur, citada para el 5 de diciembre en Río Grande del Sur (Brasil).
RECHAZO AL UNILATERALISMO
Para analistas consultados por Xinhua, la decisión de Trump no solo traerá impactos negativos a las economías directamente afectadas, sino que es una muestra de un unilateralismo nocivo y un nuevo capítulo de una guerra comercial que Washington quiere abrir en varios frentes geográficos.
La economista y analista de la Fundación Libertad y Progreso Natalia Motyl subrayó desde Argentina que la medida adoptada por Trump significa "un juego de suma cero".
En su perspectiva, "con este tipo de medidas Trump dice a todos que su visión es cerrarse al mundo", es decir, regresar a un unilateralismo que solo beneficie las perspectivas de Washington e ignore los anhelos del resto del mundo.
El economista Jorge Marchini advierte que el presidente estadounidense está obligando a su país a abandonar "su responsabilidad en su rol de economía central dentro del equilibrio internacional".
Las medidas contra los productores de acero y aluminio de Argentina y Brasil lo que logran, según Marchini, es "ahogar o presionar a América Latina".
El experto arrojó luces sobre la contradicción que entraña la medida estadounidense.
Explicó que los países latinoamericanos tienen dificultades en las balanzas de pago, lo cual les exige aumentar las ventas al exterior, sin embargo, "al mismo tiempo se cierran los mercados que pueden absorber dichas exportaciones".
Teniendo en cuenta este panorama, Motyl reseñó que es inevitable que países como Argentina comiencen a forjar alianzas comerciales y financieras con países fuera de América.
Los analistas coinciden en que el multilateralismo es la única opción que le queda a las economías más grandes de Suramérica, y a la región en general, para enfrentar la última ocurrencia de Donald Trump.
"Ante un clima de proteccionismo, de recesión, tenemos que trabajar en alternativas de unificación regional y no de competencia, por lo que a la región no le beneficiaría que los países entren en un marco de devaluaciones competitivas, partiendo de la aseveración de Trump", precisó Marchini.
Por su parte, Motyl concluyó que "el multilateralismo y la apertura comercial tienen como ventajas que se incrementa la producción mundial de cada bien por efecto de la especialización. Suben las posibilidades de consumo de cada país y, al incrementarse los bienes que satisfacen necesidades, entonces aumenta el bienestar de las personas". Fin
(Contribuyeron a esta información los corresponsales de Xinhua Zhao Yan y Pau Ramírez, en Río de Janeiro, Ni Ruijie, Victoria Argüello y Juan Manuel Nievas, en Buenos Aires)
EL COMERCIO - Cuando la ONU seleccionó por voto mayoritario a Venezuela como miembro de su Consejo de Derechos Humanos el mes pasado causó una justificada indignación. El régimen venezolano, después de todo, es uno de los peores violadores de DD.HH. en el mundo. El reciente reporte de la alta comisionada de la ONU para los DD.HH., Michelle Bachelet, por ejemplo, denunció que en Venezuela hubo casi 7.000 ejecuciones extrajudiciales desde el 2018.
Numerosas dictaduras –como las de China o Arabia Saudí– han pertenecido al mismo consejo, por lo que la membresía de Venezuela no representa un precedente. Representa, en cambio, un problema profundo que el reconocido activista de derechos humanos, Aaron Rhodes, denomina la “degradación” de los DD.HH. en un libro reciente (The Debasement of Human Rights).
Según Rhodes, el problema reside en un error filosófico que confunde derechos naturales con derechos positivos, tal y como lo hace la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) de la ONU que la Unión Soviética ayudó a redactar. Ese documento iguala derechos a la libertad (como la libertad de pensamiento) con derechos a la seguridad social (como la salud) y otros. Los primeros son naturales y requieren solo de la ausencia de coerción mientras que los segundos requieren actos positivos para realizarse, como contratar a un médico y pagarle.
Al igualar ambos derechos, se degrada el concepto de derechos humanos y se facilita la justificación de las dictaduras. ¿Cuántas veces se han ignorado las violaciones de la dictadura cubana dados sus supuestos logros respecto a la salud pública o educación? Isaiah Berlin advirtió de que esa creencia en la libertad positiva “está en el corazón de muchos credos [...] autoritarios y totalitarios de nuestros días”.
Para Rhodes, el problema va más allá. Al declarar que los servicios de consejos laborales son DD.HH., como lo hace la Unión Europea, por ejemplo, se devalúan los mismos derechos humanos, pues proveer esos servicios no es lo mismo que ser libre de tortura. Esta crítica es relevante hoy en día para América Latina donde manifestantes desde Colombia hasta Chile reclaman todo tipo de derechos positivos, ya sea a través de la política pública o de cambios constitucionales. Pero como se ha mostrado una y otra vez, el mero hecho de declarar derechos positivos –como empleos o viviendas– para ciertos grupos no garantiza que se realizarán mejoras en su condición.
No es que Rhodes esté en contra de las políticas sociales, solo que no hay que llamarlas derechos humanos. Cuando hacemos eso, ayudamos a las dictaduras como la china a construir su propia versión de derechos humanos, pero sin libertad. Rhodes culpa al “iliberalismo de muchos miembros de las mismas democracias” por no defender la libertad como corresponde y sacrificar auténticos derechos humanos en nombre de la seguridad. Observa la ironía de que “con el fin de los regímenes comunistas, su teoría de derechos humanos ha sido victoriosa”.
Advierte Rhodes: “Al descuidar o traicionar el significado central de los derechos humanos, la comunidad internacional se está alejando de la obligación de proteger la libertad y acercando a una noción de derechos humanos que es compatible con la negación de la libertad. Pocos expertos o activistas dudan de que el actual sistema internacional de derechos humanos sea disfuncional, pero aún menos reconocen que el hecho de no proteger los derechos humanos y la debilidad de nuestra respuesta a los desafíos ideológicos hacia los derechos humanos son consecuencias de una forma confusa de definir los derechos humanos. Si nuestro concepto de derechos humanos se erosiona, el resultado será el triunfo de una doctrina colectivista que traiciona los ideales de los derechos individuales universales. El discurso y la práctica predominantes en materia de derechos humanos están permitiendo que esto suceda”.
Este artículo fue publicado originalmente en El Comercio (Perú) el 26 de noviembre de 2019
Iván Carrino en Intratables debate con Artémio López.
"Alguien que tiene que exportar tiene que vender sus dólares a un precio oficial que es menor al que podría vender el mercado libre https://www.youtube.com/watch?v=M2n-Q5gx3Tg
También propone una reforma administrativa del Estado, creando un nuevo organigrama, reubicando personal y permitiendo a empresas privadas tomar el personal no reubicado, a través de incentivos fiscales.
La iniciativa de la FLyP también proyecta una reducción gradual de los planes sociales y una reducción de los subsidios a la energía y al transporte.
"El impacto sobre los estratos de menores ingresos deberá amortiguarse selectivamente con instrumentos de subsidio a la demanda (tarifa social)", remarca el informe.
Más adelante, FLyP sugiere elevar la edad jubilatoria en un proceso que se iniciará igualando mujeres y varones en 65 años anunciado, llegar en una década a 70 años para ambos sexos. A las madres se les reconocerá el equivalente a dos años de aportes por cada hijo hasta un máximo de 7 años".
Uno de los puntos claves del documento pasa por el envío al Congreso de una "reforma de la Coparticipación Federal. Devolución de potestades tributarias a las provincias (Ganancias de personas físicas, Combustibles, Bienes Personales, Internos). Reemplazo de Ingresos Brutos por Ventas (son provinciales) y calibración de este con la alícuota del IVA (nacional) para empalmar con distribución primaria vigente".
La FLyP destaca como normas complementarias "la eliminación gradual del impuesto al cheque y de los derechos de exportación a medida que se disminuya el gasto público, pero con un curso preestablecido por ley; trabajar en la concreción del Tratado de libre comercio Mercosur-Unión Europea. Acordar con Brasil y los otros dos socios del Mercosur la forma reducción del arancel externo común. Iniciar la negociación de otros tratados bilaterales de libre comercio; corregir las normas que impiden el uso de otras monedas, derogando el curso legal forzoso del peso y facilitar el uso de dinero electrónico y la desregulación y simplificación normativa, particularmente de la normas de la AFIP, del BCRA y de otros organismos regulatorios y desandar las normas intervencionistas (Ej. Ley de Alquileres)".
Finalmente, la FLyP considera que "estas medidas constituirán el eje del plan a presentar al FMI en lo inmediato, para desbloquear los desembolsos pendientes. El objetivo debe ser recuperar la estabilidad y la fortaleza de la moneda para reducir genuinamente las tasas de interés y expandir el crédito".
