Por Egon Ivan Rost, colaborador de Libertad y Progreso.

Nuevamente hay impacto en la opinión pública sobre los incendios que afectan los ecosistemas de la República Argentina. Es una noticia repetida a lo largo de los años recientes, y otra muestra del poco interés del Estado Nacional por resolver ciertos problemas. Solamente se remite a efectuar medidas paliativas de forma y en consecuencia desfinanciar sistemáticamente las acciones que se podrían hacer en defensa de un ambiente sano.

Nuestra propia Constitución Nacional afirma que “todos los habitantes gozan el derecho a un ambiente sano”, y que “las autoridades proveerán a la protección de este derecho”. El manejo de los ecosistemas puede ser abordado desde marcos teóricos que plantean distintas formas de participación estatal, aun así, muchas personas consideran que cuidar el ambiente natural es un rol “ineludible” del Estado. Bajo esta mirada, no hay más remedio que informar a la sociedad civil que encontrará malas noticias en el pasado, presente, y si no pensamos en profundas reformas, muy probablemente en el futuro.

Los números hablan por sí solos: del Presupuesto Nacional ejercicio año 2019 para el funcionamiento de la entonces Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable se destinaron $3.583 millones. Para darnos una magnitud de lo que representan estos valores en la asignación de recursos, solamente con el impuesto “PAIS” fijado sobre la compra de dólar ahorro a las personas físicas, el Estado recauda aproximadamente $23 por cada dólar comprado en el mercado. Si en el mes de Julio de 2020 compraron 3,9 millones de personas sus 200 dólares, resulta que en un solo mes ingresaron a las arcas del Estado $17.940 millones solamente por este concepto. Suena más que suficiente para financiar al ejercicio anual del organismo nacional de ambiente, contemplando incluso la prórroga del Presupuesto, decretada para 2020, que anticipa gastos por $8.495 millones para esta jurisdicción (que representa un 0,13% del gasto total).

Si buscamos partidas específicas como por ejemplo la “Ley de Bosques” (Ley Nac. N° 26.331) que trata sobre los presupuestos mínimos para la protección de estos ecosistemas, la partida asignada al “Fondo Nacional para el Enriquecimiento y Conservación de los Bosques Nativos” asciende a una modesta suma de $570 millones anuales. Incluso esta cifra se mantiene desde 2017, por lo que en términos reales significa una sistemática licuación.

Para el caso específicamente de los incendios, resulta aún más ineficiente el manejo del área del Poder Ejecutivo que monitorea los mismos, hasta 2017 bajo la órbita de Ambiente que fue transferido luego al Ministerio de Seguridad. Desde ese momento en adelante carece de una partida presupuestaria debidamente identificable, haciendo caso omiso a algo establecido en otra Ley Nacional (N° 26.815) que creó desde 2012 un “Fondo Nacional para el Manejo del Fuego”. Lo más cercano a la gestión de los incendios por parte de este Ministerio es el programa “Acciones de Protección Civil, Prevención de Emergencias y Alerta Temprana a Desastres”, con un monto asignado de $2.580 millones, que incluye entre sus medidas el “Desarrollo de Protocolos y Planes de accionar frente a inundaciones, erupciones de volcanes, fuego y demás contingencias”.

Ya pasando mediados de 2020, se vuelve a hablar sobre herramientas ya conocidas, la creación de una “Ley de Humedales” (¿nacerá un nuevo “Fondo” como los ejemplos ya citados anteriormente?) y el relanzamiento del “Sistema Federal de Manejo del Fuego”. Si, el mismo que se creó allá por el año 2012, otra vez trasladando todos sus componentes y programas bajo la jurisdicción de Ambiente. Es menester también recordar, que el mismísimo Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable fue creado en 2016 a partir de la entonces Secretaría de Ambiente que dependía en 2015 de Jefatura de Gabinete de Ministros; luego convertida nuevamente a Secretaría de Gobierno de la Presidencia de la Nación en 2018 para ser transformada al actual Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Esto que parece un trabalenguas (nótese las perspicacias en las palabras que componen el nombre de la institución), no es más que la clara demostración que, a pesar de la buena fe de las propuestas, los cambios acontecidos solo remiten a la forma de las cosas, augurados como grandes hitos políticos ante la sociedad.

Para cumplir con el Artículo N° 41 de la Constitución Nacional, desde un rol protagónico del Estado, se necesitan cambios en la tendencia en cuanto a la gestión ambiental refiere. Se debe tener en cuenta que, por ejemplo, mantener un sistema de alerta y prevención de incendios, con recursos humanos entrenados y tecnología moderna, requiere de una considerable inversión sostenida en el tiempo. Por lo ya desarrollado en materia de financiamiento, para el Estado el cuidado del ambiente no ha sido hasta ahora considerado como una prioridad. Incluso esto obedece a una lógica razonable, agudizada por el contexto actual ante la aparición del Covid-19, primero hay que cubrir la asistencia social, seguridad, salud pública, y podríamos seguir armando el listado de urgencias hasta finalmente ubicar al ambiente por debajo.

Ante los acontecimientos ocurridos recientemente en el Delta del Paraná y Córdoba, más que medidas transitorias el Estado Nacional no podrá hacer mucho más, mientras no esté en la mesa de discusión las reformas estructurales necesarias. Estas tienen que estar en línea con estabilizar en principio el escenario macroeconómico, de forma tal que un aparato estatal equilibrado pueda brindar institucionalidad e inversión genuina en términos reales a un sistema de defensa del ambiente. Otra alternativa sino será empezar a dar lugar a otras maneras de gestionar la protección y conservación del ambiente impulsadas por la creatividad del sector privado (personas, familias, comunidades organizadas, empresas, ONGs), donde los organismos públicos formen alianzas estratégicas que refuercen la capacidad de respuesta de un sistema conjunto.

LA NACIÓN – Hasta febrero, la prioridad excluyente del Gobierno era el canje de la deuda. Y con razón, ya que sin su solución sería utópico encarar una recuperación de nuestra decadente economía. Sorprendió gratamente la responsabilidad con que Alberto Fernández encaró los problemas macro y en particular el de la deuda, por significar una actitud extraña a la tradición defaulteadora del peronismo, y más meritorio aun que lo haya hecho en un contexto en el que buena parte de la coalición gobernante es renuente a esas medidas.

Pero luego, ante la vertiginosa irrupción del Covid-19, las prioridades cambiaron y pasó a un segundo plano la emergencia económica. Ambas situaciones generan un cuadro de emergencia nacional inédito en nuestro país, del que podremos salir fortalecidos o perjudicados.Coronavirus hoy en la Argentina y el mundo: minuto a minuto y las novedades

Las emergencias, si bien justificadas como las actuales, tienen un efecto paralizante en la economía, al no permitir ver el futuro a causa de una coyuntura excluyente. Paradójicamente, también generan condiciones propicias en la sociedad para un mayor intervencionismo del Estado, aunque este afecte sensiblemente sus libertades, derechos y garantías. Son razones de peso para salir de la emergencia apenas se pueda, por mas rédito político que le pueda brindar a la administración de turno circunstancialmente.

La pandemia del Covid-19 más temprano que tarde finalizará, y dejará secuelas complejas en las economías locales y en la geopolítica, a las que nuestro país no permanecerá ajeno. Entonces el Gobierno ya no tendrá pretextos basados en falsos dilemas y deberá dedicar todo su esfuerzo a recuperar al país. Pero ahora, la solución dependerá de decisiones propias que vuelvan confiable a nuestro país, antes que salir vanamente a buscar ayuda.

Son múltiples los campos de acción para la etapa posterior al coronavirus/deuda. Pero no habrá solución posible si no se resuelve el problema fiscal que genera el injusto, desmedido e ineficiente gasto público y si no se recupera la confianza del mundo en nuestro país. Ambos objetivos son condición insoslayable para que vuelvan la inversión y el ahorro, única forma de generar empleo, crecimiento y bienestar en la sociedad.

El problema es que esos objetivos son incompatibles con el cortoplacismo, requieren de tiempos a los que nuestra dirigencia y nuestra sociedad no están acostumbradas. Es un cambio cultural y de actitud que la post crisis, viral/deuda, puede facilitar y que el Gobierno debería encarar dejando de lado la especulación política. Es una oportunidad inédita postergada durante décadas por el populismo y que el presidente Fernández podría encarar con éxito ante el novedoso acatamiento de las distintas corporaciones -política, empresarial, sindical y piquetera- a las fuertes medidas que adoptó en pos del tema del canje.

Igual, el tema es complejo, ya que las medidas a implementar tienen costos políticos inmediatos y beneficios a largo plazo y de no mediar un amplio acuerdo político las estrategias de poder de este gobierno y de los próximos pueden jugar en contra. Pero más allá se la debacle que produjo en los precios del barril de petróleo la pandemia, y la ineptitud de los países productores en su solución, en el mediano y el largo plazo el sector energético argentino, por su potencial riqueza petrolera, es el indicado para atraer inversiones productivas y generar las divisas que necesita imperiosamente nuestra economía y para dar una señal concreta a los acreedores de factibilidad de pago de la deuda.

Sin embargo, en ese sentido se requieren cambios en la actitud del Gobierno para con el sector, en la mentalidad de la dirigencia política y en buena parte de la dirigencia empresarial y sindical. Y este sería el momento propicio para empezar.Para que el sector petrolero -con su nave insignia, Vaca Muerta- se ponga en marcha solo se requiere dejarlo funcionar respetando la ley vigente, sin el manoseo que otorgan las permanentes excepciones derivadas de las leyes de emergencia económica y que menoscaban las instituciones y la seguridad jurídica. A partir de 2003 se mantuvieron aquellas leyes, sin emergencias que las justificaran, para habilitar excepciones y discrecionalidad en los gobiernos kirchneristas. Ante la emergencia de la deuda, la actual administración reinstala la ley derogada en 2017. Confiamos en que ahora tenga una duración acotada, aunque será difícil, si el Gobierno se engolosina con el intervencionismo que imponen las actuales emergencias.

Las leyes de Newton, si bien pertenecen a la mecánica clásica de la física, pueden aplicarse al campo político-social donde funcione el intervencionismo, en particular su “principio de inercia”, ya que el de “acción y reacción” no se aplica a una sociedad en estado de letargo. El principio de inercia dice: “Todo cuerpo (intervencionismo) persevera en su statu quo, a no ser que sea obligado a cambiar su estado por fuerzas impresas sobre él”. Esa fuerza de cambio es la que deberían ejercer el Presidente y la oposición para darle certeza a la industria a futuro, independientemente del gobierno de turno.

El sector petrolero argentino, con Vaca Muerta y todo, es insignificante en el contexto mundial. Nuestra producción de petróleo es solo el 0,5% de la mundial, no obstante contar con el segundo recurso de gas natural y el cuarto de petróleo y además ser el principal país productor de shale oil & gas después de Estados Unidos. Son ventajas competitivas que no podemos desaprovechar, máxime ante la perspectiva del final de la era del petróleo dentro de 50 años.

El sector petrolero no saca recursos al Estado: se los aporta, y ese aporte podría crecer exponencialmente si se lo dejara funcionar libremente como establece la ley. El Estado debe terminar con su “ayudismo” de nefastas consecuencias en el mediano y el largo plazo. Con el barril de petróleo alto interviene o “ayuda” a la gente estableciendo un precio artificial interno o congelando los combustibles, y al caer el precio internacional, corre a “ayudar” a provincias y empresas inventando un precio sostén denominado “barril criollo”. En cambio, si dejara de “ayudar”, los precios de los combustibles acompañarían las fluctuaciones del mercado internacional y las empresas adoptarían políticas anticíclicas para soportar los tiempos de bajas excepcionales del valor del crudo, como las de hoy, y todo sucedería sin intervención del Estado, que estaría ocupado en recaudar la suculenta parte de la renta petrolera que le corresponde.

En la industria petrolera de la Argentina participan las empresas líderes internacionales con activos en todo el mundo. Muchas de ellas han realizado ingentes inversiones en el excepcional yacimiento de Vaca Muerta, que les han permitido comprobar sus bondades y factibilidades técnico-económicas, capacitándolas a avanzar en desarrollos a nivel industrial, una vez resuelta la factibilidad política. Paradójicamente, con todo ese potencial el sector hoy vive de lo nuestro, es decir, de los derivados que vende en el reducido mercado interno y con un delicado equilibrio en su balanza comercial.

Para que la industria prospere y el país aproveche la inmensa riqueza yacente a 3000 metros de profundidad será necesario lograr ser competitivos en el mercado internacional, en particular del gas natural en su forma LNG, o gas natural licuado. Y esto sería factible a partir de 8 o 10 años, si nuestra dirigencia política dejara de intervenir en el sector y aceptara renunciar a circunstanciales beneficios coyunturales en pos de un mediano y un largo plazo integrados al mercado mundial.

Hoy, las emergencias virales y de deuda distorsionan a los mercados doméstico y mundial, condicionando la acción. Por eso no es tiempo para que el Gobierno tome medidas, pero sí, para que dé las señales adecuadas para el día después. En ese sentido, debería rever lo hecho hasta ahora con la organización, los nombramientos y las intervenciones en el ámbito de la autoridad de aplicación del sector, que comprende a la Secretaría de Energía, los órganos regulatorios, las empresas del Estado e YPF. Es una mala señal, no solo para la reactivación del sector, sino de la económica toda.Por: Emilio J. Apud

ÁMBITO FINANCIERO - A pocos días del cambio de Gobierno y, por ende, del cambio de los enfoques económicos, volvió a tomar fuerza el debate acerca de la emisión y su posible impacto en la inflación. Desde el Frente de Todos argumentan que la emisión no es la única causante de la inflación, sino que ésta es multicausal. Si no, ¿cómo se entiende que la política de emisión cero de la base monetaria llevada a cabo por el Banco Central haya finalizado con un mayor nivel de inflación? La respuesta a esta pregunta se basa fundamentalmente en cuatro variables: I) que en realidad no fue emisión cero, II) que también juega la demanda de dinero, III) los retardos de la política monetaria, y IV) que Argentina posee una economía bimonetaria.

En octubre de 2018 se puso en marcha la política de emisión cero de la base monetaria. No obstante, no fue una política pura de no emisión ya que, contemplaba incrementos estacionales en diciembre de 2018 y junio de 2019 (este último finalmente no ocurrió). Si bien es cierto que existe estacionalidad en esos meses y se demanda más dinero, lo que justificaba una suba de la cantidad de dinero en la economía, también es cierto que luego esa demanda cede y vuelve a caer. En la política de Sandleris, no se observó que la oferta monetaria acompañe la estacionalidad a la baja, sólo lo hizo al alza.

Además, no sólo se trata de la oferta de dinero, sino que también entra en juego la demanda de dinero. La moneda funciona con la misma lógica que cualquier otro bien; es decir, bajo las reglas de la oferta y la demanda. Si la oferta de dinero se incrementara acompañada de un aumento de igual magnitud en la demanda de dinero, no habría un problema inflacionario. El problema ocurre cuando la oferta de dinero crece más que la demanda de dinero y eso es lo que venía ocurriendo en Argentina, con el agravante de que la demanda de dinero caía, lo que agravaba el problema. Así, por más que se congele la emisión de la base monetaria, si la demanda sigue bajando, continúa existiendo un excedente de oferta sobre demanda y es como si se emitiera. Por otro lado, la política monetaria de agregados monetarios nunca funciona de inmediato, sino que actúa con rezagos. Esto quiere decir que, si se deja de emitir, no se verán los resultados al mes siguiente. Estos retardos son mayores cuanto mayor es la confianza en la moneda; por lo que Argentina, por su track-record inflacionario (le sacamos 13 ceros a la moneda y tuvimos cinco monedas distintas), probablemente el rezago es mucho menor. Aun así, aproximadamente ocho meses después de la aplicación de la política monetaria de emisión cero de la base monetaria, en mayo de 2019 se comenzaron a ver algunos resultados. Las expectativas a la inflación dejaron de ser al alza, lo que comenzaba a brindar esperanzas de que las expectativas podrían comenzar a bajar posteriormente. Sin embargo, eso no sucedió. ¿Qué paso? Pasaron las PASO y este punto se relaciona con la tercera variable mencionada: Argentina es un país bimonetario. Esto es así como consecuencia de que el peso es una moneda que pierde valor continuamente. Por lo tanto, los pesos funcionan como medio de pago, pero no como reserva de valor, para lo que se utilizan más los dólares. De esta manera, Argentina, al tener que convivir con dos monedas, la inflación se ve reflejada en el tipo de cambio cuando se devalúa, producto de una fuerte caída en la demanda por pesos. Tras la enorme devaluación de las PASO, el leve resultado en las expectativas de inflación que había empezado a observarse en la política monetaria de “emisión cero” se esfumó y la estrategia de agregados monetarios de Sandleris vio su punto final. Lo que ocurrió en Argentina no rompe con los manuales de economía. Se puede explicar perfectamente por qué la política monetaria de Guido Sandleris, a pesar de ir por la vía correcta, no dio resultados. Se explica por las cuatro variables mencionadas. Desde luego esto no quita que existan empresarios que, ante una fuerte distorsión de precios relativos, aprovechan para intentar subir sus precios, pero se encontrarán pronto con que venden menos. Pero la génesis del problema es que la emisión monetaria excesiva genera la distorsión de precios relativos de la que algunos empresarios buscan sacar provecho. Con lo cual, ese comportamiento también tiene una explicación que no coincide con la de algunos economistas con que la inflación sea multicausal. De lo contrario, ¿cómo se explica lo ocurrido en la década de los 90? En aquel entonces, se generó un sistema de confianza porque los pesos estaban respaldados en dólares. De esta manera, la oferta creció a la par de la demanda y por lo tanto no hubo inflación. Si la inflación fuera multicausal, ¿implicaría que en el Gobierno de Menem los empresarios eran buenos y no subían los precios? No, eran los mismos empresarios, pero sin distorsión de precios relativos generados por gobiernos que emiten desmedidamente para financiar desequilibrios fiscales. En otras palabras, la codicia de los empresarios no es la causa de la inflación. En definitiva, hay explicación de por qué fracasó la política antiinflacionaria de Guido Sandleris. En primera instancia la “emisión cero” en realidad fue del 8,4% (de todos modos, un nivel bajo para lo que acostumbraba Argentina). Luego, que la demanda de dinero continúa cayendo. En tercer lugar, se debe tener en cuenta los retardos. Finalmente, las complejidades adicionales de una economía bimonetaria. Pero más importante aún, existen también explicaciones de que la inflación no es multicausal, ya que cuando se generó confianza y la oferta crecía acompañada de la demanda en la década de los 90, no hubo inflación.

Natalia Motyl en Yugo o Libertad. "Un camino para lograr una economía sana es hacer una reforma estructural profunda que recupere la credebilidad " dice la economista " pero se prefiere los cepos cambiarios" https://www.youtube.com/watch?v=aJPhKg-XBbc