Lunes 24 de febrero, comienzan las clases y, como siempre, también los paros docentes. Un escenario predecible frente a cualquier gobierno que no esté alineado políticamente con los jerarcas sindicales, con Roberto Baradel, con Sonia Alesso, con aquellos que contribuyeron a mantener cerradas las escuelas durante casi dos años en la pandemia, generando un daño a una generación de niños y jóvenes del cual jamás se habrán de recuperar.

¿Cómo lograr algo aparentemente tan elemental como que los niños puedan concurrir a la escuela, sino con la declaración de la educación como una actividad esencial? Pero eso, por sí solo, no alcanza.

El 14 de agosto pasado, la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley presentado por el titular de la Comisión de Educación, Alejandro Finocchiaro, que declara a la educación como un servicio estratégico esencial y obliga a las escuelas a abrir los días de paro y contar con una guardia mínima de personal que garantice el derecho a la educación de los niños y adolescentes. Entre otros puntos, el proyecto estipula que el 30% del personal de la escuela deberá permanecer en sus puestos durante los dos primeros días de la medida de fuerza, para garantizar la continuidad de las clases. Si el paro se prolonga por más de dos días, este porcentaje se incrementará al 50%.

Si bien la aprobación del proyecto constituye un avance, es insuficiente para defender el derecho a la educación de los niños y jóvenes que asisten a escuelas de gestión pública, mayormente afectados por los paros docentes.

Un niño que asiste a clases en un establecimiento donde concurriría tan sólo el 30% de los docentes no puede desarrollar su proceso de aprendizaje con normalidad. Ello no garantiza su derecho a la educación.

Es imprescindible exigir una mayor asistencia docente, como lo estipulaba, por ejemplo, el DNU del gobierno nacional de diciembre de 2023. En su artículo 97, inciso f, definía la educación como uno de los servicios esenciales, y explicitaba que: “en lo que respecta a la prestación de servicios mínimos, en el caso de los servicios esenciales, en ningún caso podrá negociar o imponer las partes una cobertura menor al setenta y cinco (75%) de la prestación normal del servicio de que se tratare”.

El 1 de marzo de 2024, en su discurso de Apertura de las Sesiones Ordinarias del Congreso, el presidente Javier Milei expresó: “En una Argentina donde los chicos no saben leer y escribir, no podemos permitir más que Baradel y sus amigos usen a los estudiantes como rehenes para negociar paritarias con los gobiernos provinciales. Por eso, incluimos en el decreto de necesidad y urgencia a la educación como servicio esencial, lo cual le sacará el arma de la mano a los sindicatos y los obligará a prestar al menos un 70% del servicio educativo durante cualquier huelga”.

No tengo duda alguna de que el presidente tiene razón. Es necesario que el Senado, en su rol de Cámara Revisora, apruebe el proyecto de ley que hoy cuenta con media sanción de Diputados, pero elevando a un 75% el porcentaje de asistencia docente requerida, como lo establecía el DNU, y que dicha modificación sea ratificada por la cámara de origen.

Los niños no pueden hacer huelga ni protestar por su derecho a aprender. Si los adultos no priorizamos su educación, en pocos años muchos de ellos dependerán de planes sociales y vivirán atrapados en un ciclo de pobreza. ¿Vamos a seguir condenándolos a ese destino? Nuestros representantes en el Congreso tienen la posibilidad y responsabilidad de evitarlo. No pueden mirar para otro lado.

* Miembro de la Academia Nacional de Educación y Rector de la Universidad del CEMA

Infobae.com – Martín Krause, Consejero académico en la fundación Libertad y Progreso

Se acerca el inicio del período escolar con temas que son recurrentes: el costo de los materiales requeridos a los alumnos y estudiantes, las presiones de los sindicatos y la entrada en vigor de nuevos planes educativos. Todos ellos generan sus correspondientes polémicas y debates.

El otro motivo es la incorporación de temas o metodologías que el gobierno de turno quiere imponer en los contenidos: “Hubo avances culturales y normativos (ESI, Cultura digital) que deben ser incorporados y le demandan a la escuela un cambio de perspectiva en relación con su organización y a la convivencia.”

En cuanto a la ciudad se refiere, el Plan Estratégico Buenos Aires Aprende señala que 4 de cada 10 estudiantes de 7º grado obtuvieron un desempeño básico o por debajo del básico en Lengua, también 4 de cada 10 en 3º año, y en Matemática 7 de cada 10 en 7º grado y 6 de cada 10 en 3º año.

Dentro de tres, cuatro u ocho años veremos el proceso repetirse con nuevos congresos, nuevas jornadas y nuevos planes que plantearán nuevas metodologías o nuevos contenidos teniendo en cuenta las preferencias ideológicas de futuros gobiernos o los inevitables cambios en las tecnologías.

En ningún momento alguien se pregunta sobre la planificación misma. Planificación siempre hay: planifica quien organiza sus vacaciones o las actividades que quiere desarrollar en los próximos meses, planifica el comerciante cuando estima cuánto comprar al mayorista, planifica la empresa su producción durante el año. Todo eso es muy útil y rinde sus frutos, pero más allá de cierto tamaño o volumen de información que es necesario tomar en cuenta, la planificación fracasa: el típico caso son las que fueran economías planificadas y los planes y presupuestos que se dictan los gobiernos.

El motivo de ese fracaso es que la planificación del sistema requiere información que en general no está disponible o no se puede transmitir a la cúpula planificadora para que tome decisiones y éstas vuelvan a quienes las tienen que aplicar. Algo similar ocurre en la educación: planifica la maestra o el profesor su clase; planifica el director de la escuela, pero más allá de eso fracasa porque demanda mucha información y porque las soluciones planificadas homogeneizan todo el proceso, ofrecen una solución general y única que no puede tomar en cuenta las características específicas de tiempo y de lugar.

Dentro de todo, al ser nuestro país federal hay 24 “sistemas” pero también hay leyes, normas y procesos para eliminar las diferencias. El último informe de Argentinos por la Educación sobre la Campaña Nacional de Alfabetización señala que “5 jurisdicciones adoptaron el método fonológico en sus escuelas, otras 3 están implementando enfoques basados en el constructivismo, 5 enfoques equilibrados, 1 integral y 5 mixtos. La Nación y otras 3 provincias no definen un enfoque específico.” Algo es algo, tal vez pueda obtenerse alguna información sobre sus distintos resultados, pero de todas formas no es suficiente para adaptarse a la gran diversidad de necesidades y preferencias.

Pretender que una persona o un grupo de expertos sepa cuál es la mejor forma de educar a nuestros niños y jóvenes es arrogante y, en definitiva, al buscar imponerla a los demás, autoritario. Como hay distintas preferencias, capacidades, habilidades, tanto en los maestros como en los niños y jóvenes, hay una innumerable cantidad de alternativas para cada caso. Es imposible saberlo desde arriba.

Los tan mencionados sistemas de Finlandia o Estonia otorgan bastante autonomía a las escuelas para desarrollar sus propios modelos. Los directores pueden diseñar planes de estudio, establecer horarios, elegir métodos de enseñanza y materiales educativos.

Un orden abierto en la educación generaría innumerables opciones: algunas se adaptarían mejor a ciertas preferencias (Montessori o Waldorf por ejemplo) otras ensayarían nuevas metodologías y contenidos y podríamos de esa forma saber cuáles dan mejores resultados. No sería un “sistema” impuesto a nadie en particular o sería un sistema “flexible” que ensayaría y adoptaría todo tipo de novedades. Habría que considerar la posibilidad de que no hubiera un plan…, sino miles de planes.

CLARÍN Como señala una nota de Clarín del pasado martes 16/9, de aprobarse la Ley de Presupuesto, en virtud de su artículo 27, se suspenderá, por un año, la obligación que tiene el Estado de invertir en educación el 6% del PBI. Esta obligación surge de la Ley de Educación Nacional vigente desde 2006, pero en los hechos cumplida solamente en 2015. Como era de esperar, esta decisión generó las más variadas críticas de diversos referentes del arco opositor.

EL ECONOMISTA  En marzo pasado publiqué en este mismo espacio una nota motivada por el lanzamiento del denominado Programa Vouchers Educativos.

Si bien el programa no constituye realmente un voucher educativo, sino un subsidio con fines específicos no podía ser más oportuno, dada la tremenda crisis económica heredada por el nuevo Gobierno, la cual había comenzado a poner a muchos padres en la disyuntiva de continuar pagando las cuotas en escuelas de gestión privada o emigrar a sus hijos a escuelas de gestión pública.

Por cierto, un éxodo similar sucedió luego de la crisis de 2001, pero en esta ocasión, de no haberse tomado una medida como la efectivizada, el efecto hubiese sido exponencial, dada la magnitud del evento que estamos viviendo.

Como señalé en aquella nota, la voluntad del presidente Javier Milei de enfrentar esta realidad era clara; ya lo expresaba en sus declaraciones en una entrevista radial realizada en febrero: “Vamos a incorporar un mecanismo de asistencia a la clase media para que los chicos no pierdan el colegio, porque la situación en la cual se te caen los ingresos y tenés que cambiar al chico de colegio no solo es traumatizante para los padres sino también para los chicos”, a lo que agregó: “Va a haber vouchers y financiamiento para alumnos”.

El pasado lunes 29 julio fue publicado en el Boletín Oficial la Resolución 488/2024 de la Secretaría de Educación, la cual extiende la vigencia del programa hasta diciembre; una decisión tan oportuna como lo fue su lanzamiento. Como se señala en los Considerandos de la Resolución: “Durante el mes de julio del corriente año, el Programa asistió a 833.211 estudiantes del nivel inicial, primario y secundario, asegurando así la continuidad en sus trayectorias educativas”, a los que se agrega: “Con el objeto de fortalecer el acompañamiento a las familias resulta necesario ampliar la cobertura del Programa”.

Por cierto, recordemos que el mismo consiste en “una prestación temporaria a favor de las familias cuyos hijos, de hasta 18 años, asisten a instituciones educativas públicas de gestión privada con al menos 75% de aporte estatal y cuyo ingreso familiar no supera los siete salarios mínimos, vitales y móviles.

Sin embargo, el programa continúa generando una discriminación innecesaria, la cual se refleja en los Considerandos de la Resolución 488/2024: “El Programa de Asistencia Vouchers Educativos fue creado para asistir a familias cuyos hijos concurren a instituciones de educación privada que reciben aporte estatal, con la finalidad de garantizar la permanencia de los alumnos en dichas instituciones”.

Yo me pregunto, ¿por qué si dos familias califican para el programa en virtud de su realidad económica, una de ellas se encuentra recibiendo el voucher dado que sus hijos concurren a un colegio que tiene una subvención estatal del 75% o más y la otra, cuyos hijos concurren a un colegio que recibe una menor subvención o ninguna, no?

¿No deberían las familias recibir el voucher, en función de su realidad económica, independientemente de la característica de la escuela a la que han optado por enviar a sus hijos? Definitivamente sí; no es a determinados colegios a los que se intenta apoyar, sino a familias que hacen grandes esfuerzos por la educación de sus hijos y son las víctimas inocentes del pasado vergonzoso que nos ha tocado vivir.

Pocas veces un Gobierno ha demostrado con los hechos su voluntad por cambiar la realidad educativa como la actual gestión del presidente Javier Milei. Modificar los requerimientos para calificar al Programa de Asistencia Vouchers Educativos constituiría un paso más en la dirección correcta.