LA NACIÓN - Acaba de ganar escaños en el Parlamento alemán un partido de ribetes nazis. Es la primera vez que ocurre algo así desde la traumática experiencia del siglo pasado. Es difícil dejar de lado los aspectos antihumanos y criminales del nacionalsocialismo, pero en lo que sigue, centremos nuestra atención en facetas de la política del nacionalismo en general. Seguramente no hay mayor afrenta a la cultura que los postulados que provienen de aquella corriente de pensamiento que se conoce con el nombre de "nacionalismo". La fertilidad de los esfuerzos del ser humano por cultivarse, es decir, por reducir su ignorancia, está en proporción directa a la posibilidad de contrastar sus conocimientos con otros. Eso es la cultura. Sólo es posible la incorporación de fragmentos de tierra fértil, en el mar de ignorancia en el que nos debatimos, en la medida en que tenga lugar una discusión abierta. Se requiere mucho oxígeno: muchas puertas y ventanas abiertas de par en par. Aludir a la "cultura nacional" (y "popular" dirían algunos desaforados) es tan desatinado como referirse a la matemática asiática o a la física holandesa. La cultura no es de un lugar y mucho menos se puede atribuir a un ente colectivo imaginario. No cabe la hipóstasis. La nación no piensa, no crea, no razona ni produce nada. El antropomorfismo es del todo improcedente. Son específicos individuos los que contribuyen a agregar partículas de conocimiento en un arduo camino sembrado de refutaciones y correcciones que enriquecen los aportes originales. Como bien señala Arthur Koestler, "el progreso de la ciencia está sembrado, como una antigua ruta a través del desierto, con los esqueletos blanqueados de las teorías desechadas que alguna vez parecieron tener vida eterna". El nacionalismo pretende establecer una cultura alambrada, una cultura cercada que hay que preservar de la contaminación que provocarían aquellos aportes generados fuera de las fronteras de la nación. Se considera que lo autóctono es siempre un valor y lo foráneo un desvalor, con lo que se destroza la cultura para convertirla en una especie de narcisismo de trogloditas que cada vez se asimila más a lo tribal que al espíritu cultivado que es necesariamente cosmopolita. Quienes necesitan de "la identidad nacional" ocultan su vacío interior y son presa de una despersonalización que pretenden disfrazar con la lealtad a una ficción. Desde esta perspectiva, quienes comparten el cosmopolitismo de Diógenes e insisten en ser "ciudadanos del mundo" aparecen como descastados y parias sin identidad. El afecto al "terruño", a los lugares en que uno ha vivido y han vivido los padres y el apego a las buenas tradiciones es natural, incluso la veneración a estas tradiciones es necesaria para el progreso, pero distinto es declamar un irrefrenable amor telúrico que abarcaría toda la tierra de un país y segregando otros lugares y otras personas que, mirados objetivamente, pueden tener mayor afinidad, pero se apartan sólo porque están del otro lado de una siempre artificial frontera política. Al fin y al cabo, en esta etapa del proceso de evolución cultural -en la que se deposita en el monopolio de la fuerza la función de proteger y garantizar los derechos de las personas-, las divisiones territoriales en diversas jurisdicciones existen solamente para evitar los riesgos de un gobierno universal. Hannah Arendt dice que "la misma noción de una fuerza soberana sobre toda la Tierra que detente el monopolio de los medios de violencia sin control ni limitación por parte de otros poderes, no sólo constituye una pesadilla de tiranía, sino que significa el fin de la vida política tal como la conocemos". El nacionalismo está imbuido de relativismo ético, relativismo jurídico y, en última instancia, de relativismo epistemológico. "La verdad alemana", "la conciencia africana", "la justicia dinamarquesa" (en el sentido de que los parámetros suprapositivos serían inexistentes) y demás dislates presentan una situación como si la verdad sobre nexos causales que la ciencia se esmera en descubrir fuera distinta según la geografía, con lo cual sería también relativa la relatividad del nacionalismo, además de la contradicción de sostener simultáneamente que un juicio se corresponde y no se corresponde con el objeto juzgado. Julien Benda pone de manifiesto el relativismo inherente en la postura del nacionalismo. Dice Benda que "desde el momento que aceptan la verdad están condenados a tomar conciencia de lo universal". Alain Finkielkraut ilustra el espíritu nacionalista al afirmar que "replican a Descartes: yo pienso, luego soy de algún lugar". Juan José Sebreli muestra cómo incluso el folklore proviene de una intrincada mezcla de infinidad de contribuciones de personas provenientes de lugares remotos y distantes entre sí. Estas visiones nacionalistas se traducen en una escandalosa pobreza material, ya que los aranceles aduaneros indefectiblemente significan mayor erogación por unidad de producto, lo cual hace que existan menos productos y de menor calidad. Este resultado lamentable contrae salarios e ingresos en términos reales, con el apoyo de pseudoempresarios que se alían con el poder al efecto de contar con mercados cautivos y así poder explotar a la gente. En la historia de la humanidad hay quienes merecen ser recordados todos los días. Uno de esos casos es el de la maravillosa Sophie Scholl, quien se batió en soledad contra los secuaces y sicarios del sistema nacionalsocialista de Hitler. Fundó junto con su hermano Hans el movimiento estudiantil de resistencia denominado Rosa Blanca, a través del cual debatían las diversas maneras de deshacerse del régimen nazi, y publicaban artículos y panfletos para ser distribuidos con valentía y perseverancia en diversos medios estudiantiles y no estudiantiles. La detuvieron y se montó una fantochada que hacía de tribunal de justicia, presidido por Ronald Freisler, que condenó a los célebres hermanos a la guillotina, orden que fue ejecutada el mismo día de la parodia de sentencia judicial, el 22 de febrero de 1943 para no dar tiempo a apelaciones. Es pertinente recordar a figuras como Sophie Scholl en estos momentos en que surgen signos de un nacionalsocialismo contemporáneo que invade hoy no pocos espíritus en Europa, y cuando en Estados Unidos irrumpen demostraciones nazis como el reciente y resonante caso de Charlotesville. Para no decir nada de algunos regímenes latinoamericanos donde el alarido nacionalista encaja a las mil maravillas en el populismo vernáculo. Hay una producción cinematográfica dirigida por Marc Rothemund, que lleva por título el nombre de esta joven quien en una conversación con su carcelero explica el valor de normas extramuros de la legislación escrita. Lo contrario de lo dicho por el canalla de Hermann Göring en el Parlamento alemán, el 3 de marzo de 1933: "No quiero hacer justicia, quiero eliminar y aniquilar, nada más" (citado por Norbert Bilbeny en El idiota moral).

Escribo este artículo el viernes 29 de septiembre. Es posible que el gobierno nacional español de Mariano Rajoy consiga impedir que el gobierno regional catalán de Carles Puigdemont lleve a cabo el ilegal referéndum secesionista planteado para el domingo primero de octubre. Madrid lleva varias semanas deteniendo políticos y funcionarios catalanes, confiscando urnas y papeletas electorales e imponiendo severas multas. Es posible, incluso, que se produzca un enfrentamiento armado entre la Guardia Civil, que cumple órdenes del gobierno nacional, y algunos miembros de los Mossos de Escuadra, sus equivalentes regionales. Nadie quiere ese choque, salvo los termocefálicos de siempre que suelen pescar en río revuelto, pero son hombres jóvenes armados, temerosos unos de otros, y la chispa puede surgir en cualquier momento. También es posible que consigan votar unos cuantos catalanes y, a renglón seguido, declaren la independencia de Cataluña, aunque sea una ínfima minoría, lo que complicaría mucho más la búsqueda de una salida racional. En ese caso, actuaría el ejército y sobrevendría un conflicto de los de Dios es Cristo. ¿Qué se hace? Definitivamente: cumplir la ley. A Rajoy no le pueden pedir que ignore las reglas aprobadas por todos, incluidos los catalanes, que abrumadoramente votaron la Constitución de 1978. Pero, a partir del desenlace de este nuevo episodio, el mismo 2 de octubre, es necesario sentarse a negociar una solución pacífica que necesariamente pasa por modificar la Constitución para que se autoricen las consultas populares, incluso las secesionistas, siempre que se cumplan ciertas condiciones. Es verdad que España tiene más o menos el mismo contorno desde hace 500 años, como dice Felipe González, pero también es cierto que en ese mismo periodo obtuvo y perdió a Portugal y al Rosellón occitano, bajo soberanía francesa desde 1659, además de los territorios americanos y asiáticos. Los países, sencillamente, son elásticos y ganan o pierden territorios, de la misma manera que los reinos cambian de dinastía, o se transforman en repúblicas democráticas o autoritarias. Es decir: los Estados, como toda creación humana, no son inmutables. Hecha esta previsible salvedad de Pero Grullo, es conveniente fijar pautas para solicitar los referéndums. Y lo primero es que el voto debe ser obligatorio, aunque con la posibilidad de anular la boleta o votar en blanco. La idea es que una decisión de esta naturaleza no la pueda tomar una minoría de votantes. Todos los ciudadanos adultos  tienen que participar. Lo segundo, y muy importante, es que la mayoría debe ser calificada, como son los procesos electorales que deciden cambios trascendentes y permanentes. Tal vez un 60% de los votos puedan inclinar la balanza. No vale la convención aritmética de la mitad más uno porque ese resultado siempre será cuestionado. Un 60% parece ser una mayoría suficiente. Y, tercero, el resultado debe ser validado en un segundo referéndum, celebrado al cabo de cinco años, para estar convencidos de que el cambio no ha sido decidido por factores coyunturales o por un arrebato generado por un demagogo de feria. Esta sería la forma segura de no jugar frívolamente con el futuro de las generaciones venideras, como ha ocurrido en Gran Bretaña con el  Brexit del que hoy se arrepiente la mayoría. Y luego viene el problema del “derecho a decidir”. Supongamos que cualquiera de las diecisiete autonomías de España puede pedir esa consulta. Pero esas comunidades están divididas en provincias que tienen sus derechos. ¿Qué sucede si Tarragona, una de las cuatro provincias catalanas –Barcelona, Lérida, Gerona y Tarragona- vota por permanecer en España y no sumarse al Estado catalán? ¿Qué ocurre si Álava opta por España y no por el País Vasco, separándose de la voluntad independentista de Guipúzcoa y Vizcaya? Esto no es ninguna tontería. El politólogo alemán Volker Lehr ha advertido, medio en broma, medio en serio, que, si Cataluña declarara su independencia, una parte sustancial del Valle de Arán, en los confines de Lérida, unas 10,000 personas, preferirían adscribirse a la limítrofe autonomía aragonesa, territorio claramente español. No sería razonable invocar el derecho a decidir de los independentistas catalanes y negárselo al resto de los ciudadanos de la misma región. A lo que se agrega el temor de otras regiones a la invocación de una supuesta “gran Cataluña” por parte de un estado independiente. Esa es la situación de muchos valencianos y mallorquines, culturalmente afines a Cataluña, aunque históricamente diferenciados. A lo que temen no es al nacionalismo español, sino al catalán. Por eso sugieren que en cualquier negociación sobre el derecho a decidir de los catalanes, se tenga en cuenta la voluntad de los otros miembros de la familia. En estos tiempos postmodernos de la globalización a mí me resulta absurda la independencia catalana, aunque provengo de una familia de ese origen por los cuatro costados, pero pienso que es preferible crear un procedimiento civilizado de decidir la cuestión, que liarse la manta a la cabeza y acabar a tiros. Debe ser que he heredado algo del seny catalán. Esa sensatez de la que ellos tanto se enorgullecen y a veces parece faltarles a muchos.

Conceptualmente hay un problema mucho mayor que es la ineficiencia con que se asignan los recursos productivos quitándole competitividad a la economía El gobierno parece querer insistir con el gradualismo fiscal. Esto significa intentar congelar el gasto público en términos reales, es decir que el gasto nominal no suba más que la tasa de inflación. Paralelamente, por alguna razón que desconocemos, el PBI va a aumentar según el gobierno, y el peso del estado sobre el PBI será cada vez menor. La idea no es licuar el gasto en términos reales, es decir que suba menos que la inflación, sino licuarlo respecto a su peso sobre el PBI. A medida que la economía crezca se va a recaudar más y con el gasto congelado se va a ir cerrando la brecha fiscal hasta que en algún momento se convertirá en equilibrio fiscal o déficit fiscal cercano a cero. Desde el punto de vista del análisis económico podemos ensayar todos los ejercicios matemáticos que queramos para ver si la economía converge hacia el equilibrio fiscal con este nivel de gasto público, pero conceptualmente hay un problema mucho mayor que es la ineficiencia con que se asignan los recursos productivos quitándole competitividad a la economía. Todos sabemos que los recursos son escasos y las necesidades son ilimitadas. Ahora bien, el principio general sobre el que se basa una economía eficiente es la correcta asignación de los escasos recursos para satisfacer esas necesidades ilimitadas. Sabemos que a determinado bien diferentes personas le otorgan distinto valor. Al que le gusta la ópera, pagará gustoso por una entrada al teatro. Al que no le gusta, no le otorga valor y no estará dispuesto a entregar dinero a cambio de una entrada para ver ópera. Pero también sabemos que al que le gusta la ópera podrá ver una, dos tres o cuatro óperas diferentes pero en algún punto preferirá hacer otra cosa en vez de ver ópera. Veamos el típico ejemplo de la pizza. Alguien con hambre tendrá placer al comer la primera porción de pizza. La segunda porción le causará algo menos de placer y cuando llegue a la quinta porción la utilidad marginal de comer otra porción más será negativa. Le producirá rechazo seguir comiendo pizza. Dos datos sabemos: 1) no todas los bienes y servicios tienen el mismo valor para diferentes personas y 2) para una misma persona el mismo bien va cambiando de valor a medida que lo consume y prefiere consumir otro bien. La pregunta que se hace la economía es: ¿cómo asignar los escasos recursos productivos para satisfacer los subjetivos valores de millones de personas que valoran en forma diferente los bienes y servicios y a su vez cada persona va cambiando de prioridades? Los gustos de la gente no son algo estático, son algo dinámico. La respuesta es dejar que la gente exprese con libertad sus subjetivos valores sobre qué quiere que se produzca y qué no quiere que se produzca. La función empresarial es encontrar, justamente, qué quiere la gente y asignar mano de obra y capital para producir esos bienes. Por este continuo cambio en las valoraciones subjetivas de las personas que se reflejan en el sistema de precios (compro o dejo de comprar) es que no es viable ni el socialismo ni la planificación centralizada de la producción. Ninguna mente humana ni computadora alguna puede conocer cuáles son las preferencias subjetivas y cómo van cambiando para cada una de los millones de personas que son consumidores. Por eso Hayek tiene un trabajo sobre el mercado que tituló: El mercado como proceso de descubrimiento. Ahora bien, ¿cómo relacionamos esto con el gasto público? Como cada peso que gasta el estado es un peso que le quita al contribuyente, ese menor peso que tiene el contribuyente es un peso menos que puede expresarse como valoración de los bienes en el mercado. En vez de expresar qué hay que producir vía la demanda del consumidor, ahora es el burócrata el que decide en qué hay que gastar. Pone sus valoraciones subjetivas por sobre las valoraciones de millones de personas. Por eso el problema no es solo el déficit fiscal, sino que cuanto mayor es el gasto público, mayor es la intervención del burócrata en la asignación de recursos contrariando las necesidades de los consumidores. Solo tiene sentido que el burócrata le quite más recursos al sector privado si es para asignarlo de otra manera que lo hubiese asignado el consumidor. Es decir, los asigna de una manera que no satisface las necesidades de la gente, bajando la productividad de la economía porque los recursos se destinan ineficientemente. Por eso cuando preguntan dónde bajar el gasto público, el principio que hay que seguir es el siguiente: el estado fue creado para defender los derechos a la vida, la propiedad y la libertad de las personas. Para eso necesita recursos para solventar los gastos de la policía, defensa y justicia. Cuánto hay que gastar en cada una de estas funciones es complicado porque es difícil hacer el cálculo económico de cuanto hay que gastar en justicia o seguridad, pero sí sabemos que todo recurso que se gasta por encima de las funciones fundamentales del estado responden a caprichos del burócrata cambiando la asignación de recursos. La respuesta a la pregunta de dónde bajar el gasto es: empiece por reducir todo gasto que no tengan que ver con las funciones específicas del estado mencionadas anteriormente. Muchos argumentan que es imposible bajar los subsidios llamados sociales. Por empezar, en este portal encontrarán una propuesta mía sobre cómo transformar los planes sociales en puestos de trabajo, pero, además, cada peso que se le quita al contribuyente para financiar un plan social es un peso menos de poder de demanda que tiene el contribuyente. Esto quiere decir menos puestos de trabajo que se crean porque el contribuyente tiene menor poder de compra. ¿Cuál es el resultado global? Que en vez que el contribuyente gaste su dinero y cree puestos de trabajo, con lo cual el piquetero tendría trabajo para poder pagar su consumo, y el contribuyente el dinero para comprar los bienes que quiere, hoy tenemos al contribuyente que no puede comprar los bienes que necesita y al piquetero que no trabaja y consume a costa del contribuyente. Altísimo nivel de ineficiencia en la asignación de los recursos. Podría seguir con los ejemplos en el sobredimensionamiento del sector público con ñoquis y demás estructuras innecesarias, pero el mensaje fundamental es que, más allá que no queda claro si el gradualismo fiscal llevará a una disminución del déficit, lo cierto es que el nivel de gasto público es más importante que el déficit fiscal porque, si el nivel de gasto es alto, la presión impositiva y el endeudamiento son altos, pero también hacen que la economía tenga una ineficiente asignación de recursos que nos aleja de poder ser competitivos a nivel mundial y de poder incrementar las exportaciones como salida rápida para el crecimiento. Y, finalmente, con semejante ineficiencia en la asignación de recursos, dudo sobre los 20 años de crecimiento que nos promete algún funcionario del gobierno.

EL HERALDO - Se realizó en el Hotel Salto Grande de la ciudad de Concordia, una charla que tratará la economía luego de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) y la inversión a futuro en mercado de capitales. La disertación fue organizada por la Red Inmobiliaria Concordia y estuvo a cargo del Economista Aldo Abram y el Ingeniero Diego Hendlin, provenientes de la provincia de Buenos Aires. «Vamos a darle las herramientas a la gente que quiere planificar su futuro, de acá a dos años», relata Abram.