Por Alberto Benegas Lynch (h)

Hay tres puntos que quiero hacer en esta columna que estimo son de una gran importancia para la supervivencia de la sociedad abierta, pero antes es necesario destacar que es perfectamente comprensible la indignación y el repudio más completo a los actos salvajes de Al-Qaeda y de toda manifestación de terrorismo puesto que siempre se trata de actos de una crueldad, una cobardía y una alevosía de una magnitud para la que no alcanzan las palabras de ninguna lengua para describirlas. Son indescriptibles los padecimientos de familiares y amigos de las víctimas y es generalizado el rechazo más acabado y frontal de toda persona con un mínimo de sentido común frente a las atrocidades monumentales que cometen los criminales del terrorismo.

El espanto y la tragedia de los atentados asesinos a las Torres Gemelas quedarán inscriptos en la memoria de toda persona de bien como una de las calamidades perpetradas por seres con aspecto de humanos pero que son las más fulminantes, estremecedores y repugnantes de la historia.

Pero toda esta barbarie embrutecedora no permite que las fuerzas del orden y el derecho actúen sin brújula y en ausencia de los principios civilizados que caracterizan a quienes operan bajo el signo de la razón y la justicia. De allí es que brevemente se plantean los tres capítulos que siguen.

Primero: La liquidación de Bin-Laden y la ubicación de Saddam Hussein fueron dos operaciones comando, la primera por el grupo de elite SEAL (unidad 6) y el segundo por el denominado DELTA. Este es uno de los argumentos que reafirman la inutilidad del despliegue de 150.000 soldados entre Irak y Afganistán como enfáticamente apuntó en el Congreso, el 4 del corriente, Ron Paul. En el primer caso se trató de una monumental patraña de G. W. Bush en apoyo a la figura inaceptable de la “invasión preventiva” contra un país que no tenía ninguna relación con Al-Qaeda y, en el segundo, veintitrés departamentos de inteligencia son más que suficientes para dar caza a los responsables de la masacre del 11 de septiembre de 2001 sin necesidad del despliegue de marras ni de la consiguiente hemorragia de vidas y recursos ni de los horripilantes “daños colaterales”.

Ya he escrito suficientes veces como para no volver sobre los fiascos de todas las guerras en las que estuvieron envueltos los Estados Unidos y de la expresa preocupación por estos menesteres declarados una y otra vez por los Padres Fundadores y sus continuadores en ese gran país, desde George Washington en adelante sobre los que reiteradamente he recogido citas aleccionadoras y de una claridad meridiana en cuanto a los graves inconvenientes de intervenir militarmente en otras regiones.

Solo subrayo que es hora de que retiren todos sus soldados y desmantelar las 700 bases militares en 122 naciones del mundo, lo cual es en gran medida responsable de los gastos monumentales, el déficit colosal y el endeudamiento astronómico, además de los ataques realizados contra las libertades individuales tal como la detención sin el debido proceso, las escuchas telefónicas, la intromisión en el secreto bancario y otro dislates presentes en la aberrante Patriot Act y equivalentes que están comprometiendo severamente el futuro de Estados Unidos como baluarte de la libertad (a lo que naturalmente hay que agregar el entusiasmo y la convicción con que Obama está desarticulando la economía y las libertades estadounidenses). Aunque lo he citado antes al Presidente John Quincy Adams, es oportuno hacerlo una vez más para ilustrar el punto: “América [del Norte] no va al extranjero en busca de monstruos para destruir. Desea la libertad y la independencia para todos. Es el campeón solamente de las suyas. Recomienda esa causa general por el contenido de su voz y por la simpatía benigna de su ejemplo. Sabe bien que alistándose bajo otras banderas que no son la suya, aún tratándose de la causa de la libertad extranjera, se involucrará más allá de la posibilidad de salir de problemas, en todas las guerras de intrigas e intereses, de la codicia individual, de la envida y de ambición que asume y usurpa los ideales de libertad. Podrá ser la directriz del mundo pero no será más la directriz de su propio espíritu”.

Segundo: La muerte de Bin-Laden con un tiro en la cara y otro en el pecho en el tercer piso de su amplio reducto-guarida, se produjo debido a que el oficial a cargo de esta parte de la “operación Gerónimo” entendió que los movimientos del criminal en cuestión se dirigían a alcanzar un arma. Esta información luego fue modificada con otra narrativa para explicar que el asesino serial de marras estaba desarmado (se encontró en ese piso una metralleta A K-47 y una pistola 9 mm. de fabricación rusa) pero que, de todos modos, la tensión, la premura y los graves riesgos de la operación no permitían la posibilidad de un contraataque. Se abre aquí un debate con aristas complicadas dado el estado de guerra con Al-Qaeda en el que el líder se declaró culpable, por más que se diga que una guerra solo puede ser contra una nación. Si la situación hubiera sido otra, habría que haberlo detenido para su juzgamiento como se hizo con Saddam Hussein, los nazis y otros conocidos crápulas. El asunto que ahora nos ocupa recuerda la cacería del Che Guevara por los uniformados bolivianos ya que en ambas situaciones los jefes estaban en acción bélica cotidiana.

En el caso que ahora nos ocupa, la operación consumió 38 minutos desde que aterrizaron los helicópteros hasta que se destruyó uno de ellos debido a imperfecciones técnicas y se emprendió la retirada y fue ejecutada por 24 personas y el manejo de un perro que cuesta 75.000 dólares por el entrenamiento que requiere. Dicho sea al pasar, debido al lugar donde fue encontrado el fugitivo, resulta evidente para toda mente medianamente atenta que agentes del gobierno pakistaní (se especula que fue la cúpula del Servicio de Seguridad, ISI) cubrían las espaldas del que competía por ser el mayor asesino de todos los tiempos y, simultáneamente, ese gobierno recibe tres mil millones de dólares anuales de la Tesorería de Estados Unidos (léase, los contribuyentes) desde el extermino masivo de 2001 con lo que, hasta el momento, aquél aparato estatal acumula la friolera de veinte y siete mil millones extraídos coactivamente de los bolsillos estadounidenses. Por último en este capítulo, cabe señalar que una de las tres mujeres de Bin-Laden, Amal Ahemed Abdullfattah, declaró que hace seis años estaba enclaustrada en el escondite en el que la encontraron, sin posibilidad siquiera de cambiar de piso.

Tercero: Miembros de la administración del último Bush como los neoconservadores Donald Rumsfeld, Dick Cheney, Karl Rove, Paul Wilfowitz y sus asociados pretenden difundir la peregrina idea de que el haber dado con Bin-Laden fue merced a los procedimientos de tortura establecidos por ese gobierno, cuando en verdad, tal como ha declarado la Presidente del Service Intelligence Committee del Senado, Dianne Feinstein, las informaciones y las correspondientes tareas de inteligencia se obtuvieron de muy diversas fuentes, principalmente de civiles en Pakistán y Afganistán y, tal como surgió posteriormente, de uno de los mensajeros clave de Bin-Laden (cuyo nombre de guerra es Abu Ahmed al Kuwaiti, más conocido como KSM) quien fue delatado por el prisionero Hassan Ghul que no declaró bajo tormento alguno y que los datos proporcionados en la tremebunda Guantánamo no sirvieron de nada. El ex candidato presidencial, el Senador John McCain, también señaló públicamente (declaración reproducida en Fox News) que la información obtenida para dar con el paradero del jefe y fundador de la red Al-Qaeda no se obtuvo por medio de tortura de ninguna índole.

De todos modos, aunque esto no hubiera sido así como lo deslizó León Panetta y se hubieran contradicho valores y tradiciones básicas de Estados Unidos (y de todo lo propiamente humano), dando un pésimo ejemplo al mundo haciendo uso de facultades que reciente legislación corrupta autoriza (originada en el célebre memorando de John Yoo), es de gran relevancia detenerse a enfatizar que la tortura siempre es inaceptable si la sociedad libre rechaza los procedimientos de los terroristas, de lo contrario los convertiría a su vez en terroristas y degrada a supuestos defensores de la libertad. El fin no justifica los medios. Cesar Beccaria -el precursor del derecho penal- ha escrito en su obra De los delitos y las penas que “Un hombre no puede ser llamado reo antes de la sentencia de un juez […] ¿Qué derecho sino el de la fuerza será el que dé potestad del juez para imponer pena a un ciudadano mientras se duda si es reo o inocente? No es nuevo este dilema: o el delito es cierto o es incierto; si es cierto, no le conviene otra pena que la establecida por las leyes y son inútiles los tormentos porque es inútil la confesión del reo; si es incierto, no se debe atormentar a un inocente, porque tal es, según las leyes, un hombre cuyos delitos no están probados […] Éste es el medio seguro de absolver a los robustos malvados y condenar a los flacos inocentes. […E]l riesgo de atormentar un solo inocente debe valuarse tanto más cuanta es mayor la probabilidad de circunstancias iguales de que un hombre las haya más bien respetado que despreciado […] Este abuso no se debería tolerar en el siglo xviii [y mucho menos en el xxi]”. Además, apunta Beccaria que las confesiones realizadas como consecuencia de tormentos no son confiables tal como lo revelan los llamados detectores de mentiras.

Este punto de la tortura es crucial, precisamente, para la adecuada defensa de las normas civilizadas. La sociedad libre se basa en parámetros morales que si no se mantienen a rajatabla se desploma su sustento con lo que se pierde la esperanza de mantener la civilización. Incluso vamos al ejemplo extremo e inexistente: no se justifica la tortura si alguien confesara que es el autor de haber colocado una bomba que hará estallar al planeta y se niega a informar el lugar en que está ubicada. Si se sigue aquello de “a confesión de parte, relevo de prueba” habrá que penalizar al delincuente pero los abusos físicos están reñidos con las normas elementales del derecho y la dignidad de la condición humana. No puede razonablemente mantenerse que como los terroristas exterminan a diestra y siniestra, una vez apresados se los puede cortar en rebanadas. Michael Ignatieff en su “Evil under Interrogation: Is Torture ever Permissible?” publicado en el Financial Times sostiene que “La democracia liberal se opone a la tortura porque se opone a cualquier uso ilimitado de la autoridad pública contra seres humanos y la tortura es la más ilimitada, la forma más desenfrenada de poder que una persona puede ejercer contra otra” y sugiere que para evitar discusiones estériles respecto de casos concretos se filme el interrogatorio al efecto de dejar testimonio de los procedimientos empleados (entre otras cosas, para que la gente juzgue el método del simulacro de asfixia en el agua que algunos distraídos mantienen que no se trata de tortura).

Si se entrara por la variante utilitarista de sopesar el mal realizado a unos pocos frente al bien de salvar muchas más vidas, estaríamos echando por la borda lo que tan bien ha marcado Robert Nozick en cuanto a que ninguna persona debe ser utilizada como medio para los fines de otros puesto que el derecho no se balancea con criterios utilitarios y que si se toma seriamente tiene un valor en si mismo. De lo contrario, se preparan las bases para incursionar en situaciones límite en la que se sugiere la exterminación de personas de avanzada edad para beneficio de las mayorías más jóvenes y así sucesivamente. En adición a esto debe considerarse que la tortura no solo es degradante para el torturado sino que, como queda dicho, degrada al torturador que no solo involucra al que la ejecutó materialmente sino a todos los que la aceptaron, con lo que se los tiñe con el manto de abusadores que caracteriza al terrorista tal como explica el sesudo editorial en The Economist titulado “Terrorism and Civil Liberties: Is Torture ever Justified?”.

Coda: Estos tres puntos apuntan a contribuir con algo de luz en el debate acuciante de nuestra época y aluden a los métodos más efectivos para combatir al peor de los males de este turbulento tiempo en que nos ha tocado vivir, siempre alejados de la venganza y de los repugnantes métodos de los encapuchados que se conocen como terroristas que tanto estupor y sangre desparrama en donde pone sus sucias manos como es el caso del abominable Bin-Laden (desgraciadamente ex socio, entrenado y financiado por el gobierno de Estados Unidos en sus escaramuzas con Rusia). Es de desear que “el efecto Bin-Laden” no modifique los parámetros de decencia y cordura para derrotar la espeluznante metodología de aquellos canallas superlativos. Como una nota marginal digo que, aunque tarde o temprano es probable que la fotografía del monstruo muerto se filtre (Wikileaks ya ha anunciado algunas documentaciones, además de las ya conocidas y difundidas tres fotos de sus secuaces abatidos y las cinco filmaciones sin sonido secuestradas en la acción que hizo públicas la CIA), estoy de acuerdo en que oficialmente no se exhiba puesto que nada se gana y mucho se pierde con una imagen de un sujeto desfigurado, comparto, eso si, la sugerencia de la congresista Michele Bachmann en cuanto a la imperiosa necesidad de mostrar públicamente la documentación sobre la identidad con el peritaje del ADN.

Cierro este artículo al consignar que, la semana pasada, en el primer debate presidencial para 2012, en Greenville (South Carolina), en el inmenso Peace Center Hall, deslumbró Ron Paul por la consistencia, claridad y contundencia de sus respuestas frente a las más variadas preguntas de los cuatro periodistas presentes y, nuevamente, demostró su notable conocimiento y adhesión a la mejor tradición estadounidense inserta en los preceptos de los Padres Fundadores (incluyendo su vehemente rechazo a todo tipo de tortura). Dada la decadencia que desafortunadamente viene padeciendo Estados Unidos -el país en donde se produjo la revolución más extraordinaria en lo que va de la historia de la humanidad- no se sabe si el Dr. Paul ganará las elecciones presidenciales del año próximo, ni siquiera si saldrá victorioso en las primarias de su propio partido republicano, pero, de todos modos, inyecta renovada fuerza a las reservas morales existentes, corre el eje de los temarios y constituye un lujo extraordinario para esa nación y para el mundo libre el solo hecho de que participe en los debates para ocupar la Casa Blanca. Como he puntualizado en muy diversos medios, incluyendo en el que ahora escribo estas líneas, aunque en mi caso sea una rareza debido a la desconfianza que mantengo por los políticos, sostengo que el pensamiento del congresista tejano no puede estar más compenetrado de la saludable y rica corriente del liberalismo clásico en sus vertientes ética, filosófica, jurídica y económica. “La vida es corta pero la podemos hacer muy ancha” si cada uno de nosotros ponemos el granito de arena correspondiente para preservar el respeto recíproco, así, entre otras cosas, los riesgos de éxito de abortos de la naturaleza como los Bin-Laden disminuirán y la vida tendrá otro color.

En España han castigado a los socialistas severamente en las urnas porque después de varios años de irresponsabilidad fiscal, enorme deuda pública, gastos innecesarios y desempleo creciente, se vieron obligados a gobernar con prudencia y comenzaron a ajustarle el cinturón a la población. Los electores, sencillamente, no respaldan a los políticos que llevan a cabo los temidos ajustes.

Mientras el recorte es un tema abstracto de discusión, todo el mundo parece comprender que no es posible gastar más de lo que se produce durante un tiempo prolongado porque sobreviene la quiebra. Pero cuando ese razonamiento se transforma en políticas públicas, todo el que se ve afectado culpa al gobierno de sus desdichas y le quita su apoyo.

Es un fenómeno universal. En pocos meses el flamante gobernador de la Florida se ha convertido en uno de los políticos más rechazados de Estados Unidos. Es cierto que no es una persona cálida, ni está dotado de esa atracción natural que suelen llamar carisma, pero su creciente impopularidad no deriva de sus rasgos psicológicos, sino de las medidas de austeridad que toma para enfrentarse a la crisis que atraviesa Florida. Lo eligieron para poner orden en las cuentas del Estado, pero cuando ha comenzado a reducir gastos y a eliminar empleados públicos, la reacción general ha sido el repudio.

Este fenómeno se origina en un problema que tiene muy difícil solución: el elector no percibe los síntomas del mal gobierno, sino los aparentes beneficios que recibe. El gasto público alegre y continuado –especialmente si una parte se dedica a subsidios directos– es visto como una prueba de las preocupaciones de los políticos con la sociedad y no como un manejo torpe de los recursos de la colectividad. El elector no siente que el político está asignándole un dinero que previamente le ha extraído del bolsillo, y todavía le resulta mucho menos alarmante la noticia de que se ha contraído una deuda que alguien tendrá que pagar algún día. Precisamente, no hay nada que disfrute más que vivir mejor de lo que sus ingresos reales le permiten y ya se verá por dónde sale el sol.

Eso explica la escasa incidencia que tienen las acusaciones de corrupción en las batallas electorales. Al elector no le importa demasiado si el político se apodera de los bienes públicos, recibe coimas y se vale de su cargo para favorecer a los amigos. Detrás de esa indiferencia moral está la falsa sensación de que los fondos desviados no le pertenecen. Ni siquiera advierte que la corrupción no sólo pudre los cimientos de la democracia, sino, además, encarece todas las transacciones. Ese maletín lleno de dinero en efectivo que va a parar al bolsillo de los políticos corruptos luego lo pagan de alguna manera los consumidores finales de bienes y servicios.

Sólo hay dos formas de enfrentarse a este problema. La primera es la información descarnada. De la misma manera que cuando uno compra una cajetilla de cigarrillos le comunican que acaba de acortar su vida porque el tabaco produce cáncer, enfisema, irritación de las vías respiratorias y de las encías, la sociedad debe hacer patente cuáles son las consecuencias de todo gasto público, como tratan de hacer, sin mucho éxito, los economistas del public choice. Es muy importante que la sociedad perciba que no hay dispendio bueno, aunque algunos se beneficien a corto plazo.

La otra manera es generar candados constitucionales e impedimentos legislativos blindados para que disminuya la tentación al malgasto. Si los presupuestos se hacen inflexibles, si se les pone límites legales al porcentaje de empleados públicos y a los salarios que pueden devengar, y si cada gasto tuviera que ser aprobado por un contralor elegido para esa amarga función de impedir los excesos y la prodigalidad, probablemente el elector tendría la tentación de respaldar a los buenos políticos y no a los que más incurren en los míticos gastos sociales.

En nuestro sistema democrático la idea de que existe y se percibe un bien común es una falacia. Lo que existen son intereses particulares defendidos a dentelladas por los grupos de presión con algún acceso al poder. Eso es triste, pero es bueno entenderlo.

*Publicado por El Diario Exterior, Madrid.

Por Alberto Benegas Lynch (h)

El año pasado Stéphane Hussel publicó en París un panfleto dirigido principalmente a los jóvenes invitándolos a la rebelión no violenta, titulado Indignez-vous!, que vendió un millón y medio de copias y se tradujo al español, portugués, alemán, japonés, italiano, inglés y griego. La versión española es la que primero prendió en sus lectores y, como consecuencia, a través de las redes sociales Facebook y Twitter miles de jóvenes se congregaron primero en la Puerta del Sol en Madrid y luego lo hicieron en Granada, Valencia, Zaragoza y otras ciudades, con la solidaridad expresada en otras capitales del mundo.

Hussel, un sobreviviente de los campos de exterminio nazi (alemán de nacimiento pero desde hace mucho ciudadano francés), no ha comprendido las raíces del entrometimiento de los aparatos estatales en las vidas y haciendas ajenas: es un acérrimo partidario del "Estado benefactor", esa contradicción en los términos, ya que el monopolio de la fuerza que llamamos gobierno no puede hacer filantropía ni caridad, una predisposición que requiere actos voluntarios realizados con recursos propios y no succionando compulsivamente el fruto del trabajo de terceros.

Es increíblemente curioso y por cierto muy paradójico que la gente sea explotada miserablemente por intervencionismos estatales inmisericordes y, simultáneamente, las víctimas pidan más de lo mismo.

Por ejemplo, legislaciones sindicales compulsivas, aberrantes sistemas de inseguridad social, inauditos gastos gubernamentales, astronómicas deudas públicas, críticas situaciones del esquema educativo estatal, disposiciones laborales que bloquean las posibilidades de trabajar, deterioro del signo monetario. También los seudoempresarios en cópula permanente con los gobiernos, los controles directos o indirectos de precios, la pesada burocracia que obstaculiza actividades lícitas, los impuestos confiscatorios, las regulaciones bancarias que colocan a las entidades financieras en estado de insolvencia permanente, las ayudas a corporaciones industriales, comerciales y financieras con recursos detraídos de los contribuyentes, las reglamentaciones contraproducentes para el comercio exterior, las corrupciones alarmantes, la burla grotesca a la democracia como mecanismo de respeto a los derechos de las minorías, y, en definitiva, promesas extravagantes y fantasiosas que sólo se llevan a cabo para ganar elecciones.

A pesar de todo esto, los dirigentes de lo que en España se ha dado en llamar "la revolución de los indignados" o el movimiento 15-M (por el 15 de mayo en que comenzaron las manifestaciones callejeras), independientemente de las últimas elecciones comunales y municipales, protestan contra un capitalismo inexistente y demandan más intromisión del aparato estatal en todos los niveles concebibles.

A nuestro juicio esta notaria contradicción en gran medida se debe a lo que viene ocurriendo con la educación principalmente estatal (mal llamada pública, puesto que la privada es también para el público), con lo que se le debe otorgar la razón al marxista Antonio Gramsci en aquello de "tomen la cultura y la educación y el resto se dará por añadidura". También se debe a las reiteradas promesas de imposible cumplimiento por parte de demagogos incrustados en los dos partidos políticos mayoritarios. En otros términos, las multitudinarias marchas de jóvenes hartos de tanta malaria política y con un desempleo del 21% que se eleva al 40% en la franja de los "indignados" están sujetas a una operación tenaza que sólo puede revertirse si se considera seriamente lo que en verdad significa una sociedad abierta, en lugar de pedir mucho más de lo mismo.

Veamos sólo dos de los 16 puntos del "Manifiesto de los indignados" (algunos lamentablemente ya plasmados en la Constitución española), que aunque, según se declara, "no es definitivo" y ha producido ciertas grietas entre los participantes, resultan de interés ya que estimamos que representan el espíritu que flota en estas movilizaciones.

Estos reclamos se encabezan con la "protección al derecho de una vivienda digna", lo cual revela un desconocimiento palmario del significado del derecho que necesariamente tiene como contrapartida una obligación. Si una persona obtiene un salario de 1000, existe la obligación universal de respetar ese ingreso; pero si esa persona alega un derecho a 2000 aunque no obtenga esa retribución por su trabajo y el gobierno otorga semejante derecho, quiere decir que otro estará obligado a proporcionar la diferencia, con lo que ése verá afectado su derecho al fruto de su trabajo, lo cual, a su turno, se traduce en un seudoderecho.

Todos nuestros ancestros provienen de situaciones miserables (cuando no del mono); el progreso no se logra atacando la propiedad del vecino sino respetándola. Esa es la única diferencia entre un país pobre y uno próspero; no se trata de latitudes geográficas, de recursos naturales ni de etnias, sino de marcos institucionales civilizados. El respeto irrestricto a los derechos de quienes obtienen legítimamente sus patrimonios permite optimizar las tasas de capitalización que constituyen el motor de la elevación de ingresos y salario en términos reales.

El segundo de los postulados es la "recuperación de las empresas privatizadas", sin percatarse de que las ventajas del proceso de mercado significan que el cuadro de resultados mostrará quiénes son capaces de servir a sus semejantes (en cuyo caso obtienen ganancias) y quiénes no dan en la tecla (en cuyo caso incurren en quebrantos). Como los bienes y servicios no crecen en los árboles, la asignación de derechos de propiedad hace posible que se prioricen los usos más urgentes a criterio de los consumidores. Sin duda, esto no ocurre cuando los empresarios reciben privilegios, prebendas y subsidios de los gobiernos, en cuyo caso se convierten en barones feudales, cazadores de privilegios y ladrones de guante blanco.

Por su parte, la empresa estatal inexorablemente se traduce en la alteración de las prioridades de la gente, puesto que su sola instalación implica detraer los siempre escasos factores de producción a campos distintos de los que se demandan (si coincidieran con los que se requieren no habría necesidad de emplear la fuerza). Si, además, la empresa estatal es monopólica, deficitaria y presta malos servicios, éstas son agravantes, pero el elemento central es el problema de mala asignación que acarrea la mera existencia de la empresa estatal (y, dicho sea de paso, la expresión "empresa estatal" es un contrasentido, puesto que una empresa arriesga recursos propios de modo voluntario y no compulsivamente el fruto del trabajo ajeno).

Hay algunos de los reclamos que a primera vista parecen razonables, como el rechazo a las reiteradas propuestas del Fondo Monetario Internacional, pero desafortunadamente es por los motivos equivocados: los manifestantes de marras creen que se trata de una muestra cabal del capitalismo cuando en verdad se trata del más burdo intervencionismo estatal.

Como han señalado economistas de la talla de Peter Bauer, Melvin Krauss, Anna Schwartz y Karl Brunner, el FMI es la entidad responsable de la existencia de los países del Tercer Mundo al prestar a bajas tasas de interés, con extensos períodos de gracia y waivers descomunales a gobiernos que ayudan a consolidar en sus puestos, pero que son corruptos y estatistas y que, por esas razones, esos países ven fugarse sus más destacados cerebros y cuantiosos capitales en busca de mejores horizontes. Ahora hay sorpresa al constatar que el número uno de la institución de referencia ha sido detenido por violación a una mucama de un hotel en Manhattan, pero es lo que venía haciendo junto a sus colegas con esmerada fruición a todos los contribuyentes a los que se les arrancan recursos para financiar el FMI.

Este cuadro de situación se ve agravado por lo que viene ocurriendo en Estados Unidos. Las presidencias de George W. Bush significaron el crecimiento más alto de los últimos 80 años en la relación del gasto federal con el producto bruto interno. Bush convirtió en déficit la situación superavitaria que le había dejado su predecesor, solicitó cinco veces autorización al Congreso para elevar la deuda estatal y decretó los "salvatajes" para empresas irresponsables, ineptas o ambas cosas a la vez.

A través de empresas paraestatales, obligó a que se entregaran préstamos hipotecarios sin las garantías suficientes. Engrosó notablemente las regulaciones que incluyen trabas burocráticas para la operación de nuevas calificadoras. Y ahora Obama hace mucho más de lo mismo, con más entusiasmo y convicción que su antecesor, lo cual naturalmente no ofrece un buen ejemplo a los españoles.

*Publicado en La Nación, Buenos Aires.

La Argentina se ha transformado en escenario de una sumatoria de absurdas políticas de comercio exterior. Algunas afectan a las exportaciones y otras a las importaciones. Todos los productores de bienes y servicios han tales y los gobiernos intenten expandir su poder y radio de acción a costa de los derechos y libertades de los ciudadanos, eso está en su naturaleza populista. Lo sorprendente es la pasividad con que los argentinos admitimos que esto suceda. Una explicación puede ser que no nos asumimos como ciudadanos, sino como súbditos. La otra es que ha calado profundo la mitología sobre las bondades de estas manipulaciones económicas que hemos difundido los economistas y políticos, siempre candidatos a asumir un lugar en ese Olimpo de deidades. Ver más...