Pobreza en Argentina

LA NACIÓN A principios de 2024, muchos auguraban que habría una tendencia al alza sostenida de la pobreza. Sin embargo, el dato de inicios de año fue de 52,9% (según el Indec) y, para el segundo semestre, ya había bajado al 38,1%. Si entendemos por qué esos preocupantes pronósticos no acertaron, podemos prever qué hay que hacer para que siga dicha evolución positiva.

Uno de los factores que más empobrecen a una sociedad es la inflación. Tras muchas décadas de sobrevivir con fuertes subas de los precios al consumidor (IPC) e, incluso, a tres hiperinflaciones, los argentinos nos resignamos a que eso era lo “normal”. Sin embargo, en los países verdaderamente normales, cuando la inflación pasa o apunta a superar el 10% anual, la gente siente el impacto empobrecedor. Eso sucedió cuando los bancos centrales de los países desarrollados empezaron a emitir en exceso por la pandemia y, luego, los precios se escaparon, el reclamo de sus ciudadanos fue generalizado.

Es que cuando, por cualquier motivo, se produce más moneda de lo que la gente demanda, su valor cae, como sucedería con el de cualquier bien o servicio. Por lo tanto, suben todos los precios que se midan usando esa divisa. Es decir, se le termina sacando poder adquisitivo a los ingresos y ahorros de la gente. Sobre todo, a los que ganan menos y/o tienen menos instrumentos financieros para defenderse.

Por décadas, en la Argentina, el impuesto inflacionario se usó para financiar excesos de gasto del gobierno y se desmadró en la gestión anterior. Por ello, no es raro que los salarios en general hayan perdido continuamente poder adquisitivo, ni que se derrumbaran con la aceleración que tuvo la suba del IPC en 2023. Tampoco es extraño que los que más vieron caer su capacidad de compra fueron los sectores informales y que la pobreza aumentara.

El actual Gobierno dejó de financiarse con el Banco Central (BCRA); por lo que éste ganó capacidad de controlar la política monetaria, priorizando bajar la inflación y logrando que se derrumbe en el primer semestre de 2024. Así, en el segundo trimestre de ese año, cada vez más trabajadores formales del sector privado pudieron empezar a ganarle con sus sueldos al alza del IPC y, luego, se sumaron los del “informales”. Es más, estos últimos son los que más rápido mejoraron y lo siguen haciendo, aunque desde niveles muy bajos.

Por ello, me resulta inentendible que haya economistas que sugieran que fue una mala idea mermar la inflación tan rápido y que se debería ir más lento. Eso implicaría que la mejora de los ingresos, sobre todo de los que menos ganan, sería también más moderada, manteniendo más gente en la pobreza por más tiempo.

Sin dudas, el objetivo del BCRA tiene que seguir estabilizando el valor del peso para que, a más tardar, en 2026 tengamos un dígito de inflación anual. No es ningún milagro, es lo que tienen en los países vecinos. Hoy tenemos un banco central como los que tienen ellos, gracias a que el BCRA ya no responde a las necesidades fiscales del gobierno de turno y que la actual gestión le ha devuelto la solvencia necesaria.

El otro gran factor empobrecedor de una sociedad es la recesión. Es imposible que los dueños de un kiosco que vende cada vez menos ganen cada vez más. Con una producción en caída, es difícil que los trabajadores mejoren sus salarios. La tendencia a la baja del PBI durante la anterior gestión empezó en 2022, con coyunturales mejoras, en la medida que se implementaban distintos “planes platita”. De todas formas, en 2023, el desmanejo económico generó la creciente percepción de que se venía una crisis, quizás una hiperinflación; lo que activó el reflejo defensivo de los argentinos que les permitió sobrevivir a tantas de ellas.

Aquellos que pudieron, acumularon cada vez más dólares para poder minimizar el impacto negativo sobre sus familias de una eventual debacle. Esto implicó que dejaran de consumir e invertir, mientras que las empresas hicieron lo mismo. Por lo que la demanda interna se derrumbó desde el tercer trimestre de 2023 y, con ella, la producción y las posibilidades de trabajo.

Cuando asumió el actual Gobierno anunció un fuerte ajuste para buscar el equilibrio fiscal y no necesitar más de las “inflacionarias” transferencias del BCRA. Casi todos pensaron que esto llevaría a más recesión; pero no pasó. El error fue que, normalmente, las anteriores gestiones reducían sus desequilibrios en las cuentas públicas ahogando con más impuestos al sector privado, que es justo el que genera riqueza y sostiene al Estado. En esta ocasión, el que hizo el mayor recorte fue el sector público, dándole aire al sector productivo para recuperarse más rápido. Por otro lado, cuando la gente vio que caía la inflación y las probabilidades de una crisis se alejaban, empezó a dejar de ahorrar para cubrirse de ese riesgo y a gastar o invertir mayor proporción de sus ingresos. Incluso, se empezó a usar ese “colchón de dólares” acumulados. Las empresas también se animaron a aumentar sus inversiones; por lo que la demanda interna se empezó a recuperar desde el segundo trimestre de 2024, arrastrando a la producción. Esto permitió sumar a cada vez más sectores a los que veían mejorar sus ingresos gradualmente; pero en forma sostenida.

O sea, la clave para que haya menos pobres es continuar con el actual cambio de rumbo, avanzando en las reformas estructurales que lleven a la Argentina a la normalidad. Así, la inversión y el incremento de la eficiencia sostendrán el aumento de la producción. Cabe aclarar que, en junio, seguramente habremos superado el mayor nivel de actividad logrado por la anterior gestión y estaremos creciendo. También, es bueno advertir que no a todos los sectores les irá igual de bien. Es imposible pensar que una estructura productiva que tuvo que adaptarse para sobrevivir en la “anormalidad”, sea la misma que la que es viable en una economía normal. Sin embargo, la creación de empleos y nuevos negocios será mayor a los que se pierdan; por lo que el desempleo seguirá bajando.

En tanto, la inflación será de un dígito anual, como en los países vecinos; por lo que la recuperación del poder adquisitivo continuará, alcanzando a cada vez más trabajadores. Todo esto, necesariamente llevará a una mayor caída de la pobreza en los próximos años.

En el largo plazo, los ingresos de los argentinos tenderán a mejorar su poder de compra y, como en el resto del mundo que se desarrolla, se incrementará la proporción de los gastos que se asignan a cosas que no son imprescindibles o básicas. Por ello, los sectores que más crecerán y mayor cantidad de empleo generarán serán los de servicios, en particular los relacionados a la industria del conocimiento y los personales, que suelen ser los que más aportan a la mejora del bienestar de las personas.

Por eso es muy importante que, para que la baja de la pobreza se sostenga en el tiempo, se abandone pronto el actual régimen educativo que hipoteca el futuro de los chicos. Hay que ir a un nuevo sistema que forme a los estudiantes para un mundo que cambia rápidamente; por lo que es importante darles las herramientas para que puedan adaptarse fácilmente y usar mejor las nuevas tecnologías. Además, las tareas rutinarias y que demanden conocimientos generales las harán las computadoras o las máquinas. Así que debe haber una mayor diversidad de opciones escolares para que los padres puedan elegir aquella que pueda pulir las habilidades particulares de sus hijos, porque serán éstas las que le abrirán más oportunidades de progreso.

LA NACIÓN Por Gustavo Irrazábal, Consejero del Instituto Acton Entre los principios del pensamiento social católico, no cabe duda de que la “opción preferencial por los pobres” es uno de los que presentan mayores dificultades de interpretación. Por un lado, cuenta con claras raíces bíblicas y evangélicas; por otro, se presta fácilmente a lecturas incorrectas. Esto ocurre, por ejemplo, cuando se la entiende como una invitación a analizar las injusticias sociales únicamente en términos de “ricos” y “pobres”, concebidos como dos clases sociales homogéneas, definidas ante todo por su nivel de ingresos y con intereses necesariamente contrapuestos, donde los “ricos” serían siempre los explotadores y los “pobres”, los explotados.

Sin embargo, este enfoque binario resulta insuficiente, al menos desde el punto de vista de la ética social, como puede ilustrarse con algunos ejemplos. Dejando de lado, por razones de claridad, las actividades criminales, centrémonos en las lícitas. Imaginemos un empresario que ha adquirido una vivienda lujosa en un barrio privado como fruto de su actividad emprendedora: produce bienes o servicios demandados por la sociedad y genera empleo en su comunidad. Podríamos clasificarlo como “rico”, pero sin una connotación ética negativa, ya que no se ha enriquecido a costa de otros. Pensemos, en cambio, en otro empresario que ha alcanzado una prosperidad similar, pero no mediante la libre competencia ni el servicio al consumidor, sino gracias a protecciones arancelarias o exenciones fiscales injustificadas. Este “rico” sí ha acumulado su fortuna injustamente, a expensas del conjunto social.

Casos como estos no pueden ser comprendidos adecuadamente bajo la dicotomía simplista que separa y opone “ricos” y “pobres”. Supongamos, por ejemplo, que un jubilado ha cumplido con todos los aportes exigidos por la ley y, sin embargo, ve reducidos sus ingresos previsionales porque millones de personas han sido incorporadas al sistema jubilatorio sin aportes o con aportes incompletos, mediante moratorias excesivamente laxas. Pensemos en un trabajador sindicalizado que goza de amplios derechos laborales amparados por una legislación desbalanceada a su favor y en perjuicio del empleador, al punto de dificultar seriamente la contratación de nuevos trabajadores, lo que termina afectando especialmente a jóvenes sin experiencia o a aspirantes con baja calificación, que quedan así excluidos del empleo registrado. O consideremos, finalmente, un sistema impositivo tan gravoso que hace inviable para muchos emprendedores el ingreso en la economía formal. En todos estos casos, los beneficiados pueden no ser “ricos” en sentido económico y los perjudicados pueden no ser “pobres”, pero lo que sí está presente es una estructura de privilegios injustos para algunos y postergaciones igualmente injustas para otros.

Todo esto muestra que las causas de la pobreza no residen exclusivamente en la desigualdad de ingresos, sino que muchas veces deben buscarse en una compleja red de leyes y regulaciones que perpetúan privilegios sectoriales y generan obstáculos para el florecimiento económico del conjunto de la sociedad. En este sentido, la “opción preferencial por los pobres” debe entenderse como un llamado a transformar ese statu quo estructuralmente injusto. Resulta llamativo que muchos autodenominados defensores de la justicia social, enarbolando un discurso progresista, se opongan a cualquier reforma que ponga fin a estos privilegios. A la vez, algunos que descalifican retóricamente la justicia social pueden revelarse, en los hechos, como los promotores más efectivos de algunas de sus principales exigencias