educacion argentina

Gastón Kelly, estuvo el día de hoy en el programa Enfoque Social, analizando el actual sistema de educación argentino, sus errores, y como mejorarlos bajo una perspectiva liberal. Los exámenes de evaluación muestran una educación en decadencia. 

Agustín Etchebarne con Gabriel Zanotti analizando el tema de la educación y la intelingencia artificial.  En un mundo donde la educación fluye sin barrera, la auto educación es clave.

INFOBAEHace apenas unos días, un viaje de egresados se transformó en escenario de un hecho tan repudiable como revelador: un grupo de alumnos fue filmado entonando cánticos antisemitas.

“Hoy quemamos judíos”, gritaron adolescentes que, en teoría, deberían estar celebrando el cierre de una etapa de formación escolar. La noticia generó un lógico repudio social, denuncias judiciales e inmediatas reacciones institucionales. Sin embargo, nada de eso alcanza si no comprendemos que el verdadero problema no es la falta de sanciones, sino el fracaso de la educación.

El episodio ocurrido durante el viaje de egresados de la Escuela Humanos de Canning, en Bariloche, en el cual un grupo de alumnos fue filmado entonando cánticos antisemitas —con la participación incluso de un coordinador de la empresa Baxxter Viajes, responsable de la organización— no puede ser interpretado como una simple travesura juvenil. Se trata de un hecho grave que desnuda, una vez más, la persistencia del antisemitismo en nuestra sociedad.

El usual repudio fue inmediato: la Escuela Humanos de Canning condenó lo ocurrido, de igual forma que la empresa Baxtter Viajes. Sin embargo, ese rechazo, por imprescindible que es, resulta insuficiente, casi irrelevante, frente a la gravedad del hecho. No existe otra forma de enfrentar el antisemitismo si no es con la educación.

¿Qué estamos haciendo para que nuestros niños y jóvenes repudien la irracionalidad de este odio ancestral? ¿Estamos dándoles las herramientas necesarias para comprender y rechazar el antisemitismo, o estamos permitiendo que crezcan en la ignorancia, perpetuando un prejuicio incompatible con la dignidad humana?

¿Me pregunto qué educación han recibido estos chicos que en su viaje de egresados gritaban “hoy quemamos judíos”? Francamente, me es difícil imaginarlo.

Es evidente que poco y nada se enseña sobre antisemitismo en nuestras escuelas. La enseñanza sobre el Holocausto y sobre el antisemitismo en sí mismo, uno de los prejuicios más antiguos de la humanidad, suele quedar relegada en un capítulo marginal en los manuales de historia. Ese vacío pedagógico habilita la banalización del odio y permite que jóvenes, sin medir la dimensión de lo que repiten, entonen cánticos como los que hoy escuchamos.

Enfrentarlo exige mucho más que comunicados o sanciones circunstanciales. Se requiere un compromiso sostenido del sistema educativo: programas específicos, contenidos claros, formación docente y la decisión política de colocar esta problemática dentro de la agenda pedagógica.

La educación tiene la responsabilidad indelegable de sembrar empatía, de enseñar que ninguna diferencia cultural, religiosa o étnica justifica el desprecio, y de mostrar que detrás de cada palabra de odio se esconde el germen de la violencia.

El hecho debería servirnos como punto de inflexión. O bien lo dejamos pasar como una anécdota más que se olvida con rapidez, o lo transformamos en una oportunidad para revisar qué estamos enseñando —y qué no— en nuestras aulas. Porque no se trata de repetir fórmulas vacías de tolerancia, sino de construir convicciones sólidas basadas en el conocimiento histórico y en el respeto irrestricto por la dignidad humana.

La condena pública es imprescindible, pero sin educación será siempre insuficiente. Si queremos que estos cánticos no vuelvan a escucharse, debemos asumir que la única herramienta verdaderamente eficaz para erradicar el antisemitismo es la educación. Todo lo demás será, en el mejor de los casos, un parche momentáneo y, en el peor, tan sólo cosmética.

De nosotros depende que este episodio no quede en el olvido ni en un comunicado más. Si no asumimos que la única respuesta duradera es la educación, seguiremos condenando en vano mientras el odio se reproduce en silencio.

Las contribuciones de Elinor Ostrom, premio Nobel 2009, siguen generando proyectos de investigación. En este caso en el ámbito de la educación, donde Eric Wearne, de Kennesaw State University, Kennesaw, GA, USA plantea la importancia de la descentralización de la educación primaria y propone el “policentrismo” característico del análisis de Ostrom. El artículo es: Wearne E. ‘A public economy approach to education: school choice and co-production’ revisited. Journal of Institutional Economics. 2025;21:e25. doi:10.1017/S1744137425100131

“El sistema educativo estadounidense K12 se ha considerado durante mucho tiempo centralizado y rígido. La década de 1990 presenció varios cambios que, posiblemente, lo impulsaron hacia una dirección potencialmente más policéntrica y localizada. Desde entonces, se han desarrollado numerosas políticas de elección de escuela, y se ha realizado una gran cantidad de investigación sobre estas tendencias en la educación estadounidense desde 1991. Justo antes de estos cambios, en 1991, Davis y Ostrom publicaron «Un enfoque de economía pública para la educación: Elección y coproducción». Este trabajo buscó examinar el grado de coproducción en las escuelas estadounidenses hasta ese momento y el grado de policentrismo del sistema. Este artículo busca utilizar el enfoque de Davis y Ostrom y actualizar su trabajo en el contexto actual. La política educativa estadounidense se ha descentralizado en general durante este período, pero no de forma consistente. Este artículo también concluye que la política y la práctica educativas estadounidenses se han desarrollado, de hecho, siguiendo varias de las líneas predichas por Davis y Ostrom.”

Gastón Kelly en Realpolitik explicando en que consiste la desregulación de las cuotas de los colegios privados sin subsidios. Ahora los aumentos no se fijarán un año antes y los ajustes se podrán hacer  según los aumentos reales de costos.

LA NACIÓN En un país donde la dependencia de los planes sociales se ha convertido en una constante desde la crisis de 2001, la educación debe dejar de ser un instrumento para maquillar una fachada de asistencia y transformarse en la herramienta esencial para romper el círculo vicioso de la pobreza. La realidad argentina –caracterizada por una alta dependencia estatal– exige un replanteo profundo de la política social: no basta con paliar las carencias económicas, es necesario dotar a los beneficiarios de las herramientas y el conocimiento que los hagan protagonistas de su propio futuro.

Los planes sociales, tal como se presentan desde hace ya muchos años, cumplen un rol de contención en supuestos momentos de emergencia; sin embargo, al no estar vinculados a un proceso de capacitación educativa o laboral, han cronificado la dependencia. Como se ha evidenciado a lo largo de décadas, la falta de formación impide la reinserción productiva; por eso resulta imperativo condicionar la percepción de dichos subsidios a la finalización de la educación obligatoria y a la participación en programas de capacitación técnica. Esa es, precisamente, la premisa central de esta propuesta: transformar la asistencia del Estado en una inversión en capital humano.

Esta visión encuentra su fundamento tanto en tradiciones éticas y filosóficas como en el ideal del liberalismo. Recordemos, si no, a Maimónides, quien hace más de ochocientos años colocaba en la más alta escala de la filantropía el dar a un pobre los medios para que pueda vivir de su trabajo sin degradarlo con la limosna abierta u oculta.

Una idea similar la encontramos en los escritos del barón Maurice de Hirsch, una de las tantas figuras olvidadas de nuestra historia, quien en 1891 señalaba: “Me opongo firmemente al antiguo sistema de limosnas, que solo hace que aumente la cantidad de mendigos, y considero que el mayor problema de la filantropía es hacer personas capaces de trabajar de individuos que de otro modo serían indigentes, y de este modo crear miembros útiles para la sociedad”.

No cabe duda de que el asistencialismo sin condiciones genera costos en sí mismo. Desde diversas tradiciones religiosas y humanistas lo han advertido. Por ejemplo, Benedicto XVI, en su encíclica Caritas in veritate, señalaba: “El estar sin trabajo durante mucho tiempo, o la dependencia prolongada de la asistencia pública o privada, mina la libertad y la creatividad de la persona y sus relaciones familiares y sociales, con graves daños en el plano psicológico y espiritual”. Por su parte, el padre Pedro Opeka, un argentino propuesto varias veces para el Premio Nobel de la Paz por su incansable trabajo con los pobres en Madagascar, ha demostrado que el asistencialismo perpetuo solo genera más dependencia, mientras que la promoción de la educación, la capacitación y el trabajo dignifica y permite que las personas se pongan de pie.

Sus palabras son en un todo consistentes con la visión del liberalismo. A modo de ilustración, recordemos las palabras de Ronald Reagan, quien sostenía que “el propósito de cualquier política social debería ser la eliminación, tanto como sea posible, de la necesidad de tal política”, o del mismo Milton Friedman, quien resumía este concepto al afirmar que “una mejor educación ofrece una esperanza de reducir la brecha entre los trabajadores calificados y los que no lo son, y de protegerse contra la formación de una sociedad de clases en la que una élite educada mantiene a una clase permanente de desempleados”.

La experiencia histórica del GI Bill of Rights en Estados Unidos sirve de paradigma en la materia. Sancionado en 1944, el GI Bill ofreció a millones de veteranos la oportunidad de reeducarse y reinsertarse en el mercado laboral, y alcanzó resultados que superaron con creces los costos iniciales para el Estado. Por cada dólar invertido en la educación de los veteranos recaudó varios dólares en concepto de impuestos. Dicha relación se produjo porque los trabajadores calificados generados por el programa percibían ingresos claramente superiores a los que hubiesen obtenido de no haber llevado a cabo los estudios y, por ende, pagaban muchos más impuestos.

Nada impide pensar en un modelo similar para millones de argentinos hoy marginados del sistema productivo en lugar de planes que carecen de un horizonte formativo, lo que diluye cualquier posibilidad de reinserción en la sociedad productiva

La evidencia es contundente. Los estudios empíricos demuestran que quienes cuentan con un mayor nivel educativo tienen mayores posibilidades de romper con el círculo vicioso de la pobreza. Como apuntó Theodore Schultz, premio Nobel de Economía: “Las diferencias de ingresos entre las personas se relacionan estrechamente con las diferencias en el acceso a la educación”. Si queremos salir de una crisis que afecta la cohesión social, es imprescindible apostar por una política social que, de verdad, genere capital humano.

Para la Argentina, la propuesta es clara y urgente: reformar el sistema de planes sociales condicionándolos a la educación y la capacitación laboral. Este cambio no se trata de castigar a los beneficiarios, sino de brindarles el incentivo y el acompañamiento que les permitan completar su formación y, de ese modo, acceder a un mercado laboral digno y productivo. Se trata de construir un modelo de inclusión social basado en la autonomía y el mérito, en el que los subsidios estatales se transformen en puentes de movilidad social y no en muros que perpetúan la dependencia.

La transformación de los planes sociales, condicionándolos a la finalización de la educación obligatoria y a la capacitación laboral, es la única salida sostenible. Con una política de este tipo se dejarían de transferir recursos sin condición y se comenzaría a invertir en la libertad y el desarrollo integral de los beneficiarios.

Formar para liberar no es solo un lema, es una estrategia de futuro, un camino para que cada argentino pueda recuperar la dignidad de llevar por sí mismo el pan a la mesa familiar y que permita enfrentar el riesgo cierto de perpetuar una sociedad de clases en la que una élite educada mantenga a una clase permanente de desempleados; un escenario hoy factible, fiscalmente imposible y éticamente reprochable.

EL ECONOMISTA Hoy, en momentos en que una gran mayoría de argentinos acaba de reafirmar en las urnas su voluntad de continuar transitando un rumbo nuevo y mejor, la experiencia de Texas ofrece una hoja de ruta concreta para hacerlo también en el terreno educativo; para combinar libertad y eficiencia en la educación. Veamos los hechos.

El pasado 3 de mayo, el gobernador de Texas, Greg Abbott, cumplió una de sus promesas más emblemáticas al firmar la Texas Education Freedom Act, una ley que crea el programa Texas Education Freedom Accounts, el más ambicioso sistema de education savings accounts de los Estados Unidos. Según el comunicado oficial del gobierno texano, se trata del "lanzamiento de elección escolar más grande en la historia de EE. UU.".  La ley permite que las familias utilicen fondos públicos para cubrir matrícula en escuelas privadas, tutorías, transporte, educación en casa o materiales educativos. Es un cambio profundo de paradigma: los recursos públicos dejan de estar ligados a las instituciones para acompañar a cada alumno.

Hace pocos días, el 6 de octubre, se oficializó el programa bajo la denominación TEFA y designó a la empresa Odyssey como operadora encargada de desarrollar y administrar la plataforma digital que gestionará las cuentas, verificará los gastos y garantizará la trazabilidad de cada pago. Las solicitudes estarán disponibles desde febrero de 2026 y el programa comenzará a funcionar plenamente durante el ciclo 2026-2027, con montos que alcanzarán hasta 10.500 dólares por alumno, 30.000 dólares para estudiantes con discapacidad y 2.000 dólares para quienes opten por home schooling.

Con más de 5,3 millones de estudiantes, Texas se convirtió en el estado más grande de EE. UU. en implementar un sistema de vouchers educativos de alcance universal, un hecho que -según Reuters- marca "un punto de inflexión histórico en la política educativa norteamericana". Por su parte, Associated Press, coincidió en describir la medida como "un experimento educativo de gran escala que podría redefinir la manera en que los estados financian la educación en Estados Unidos". 

En esencia, el programa redefine el papel del Estado: no financia instituciones, financia oportunidades. Las education savings accounts funcionan como cuentas individuales de uso específico, donde cada familia administra los fondos que le corresponden y los aplica exclusivamente a gastos educativos aprobados y auditados en línea. El modelo combina libertad, transparencia y responsabilidad, utilizando tecnología para asegurar el control público de cada transacción.

Gastón Kelly en Data Clave . El Decreto N.º 2417 de 1993 reguló las cuotas y matrículas de las instituciones de educación privada, estableciendo que los colegios de gestión privada deban informar el importe de la matrícula y el monto de las cuotas del ciclo siguiente antes de noviembre. Este régimen generaba aumentos anticipados e inciertos, ya que, ante la imposibilidad de ajustar los aranceles según la evolución real de los costos, los colegios se veían forzados a establecer valores preventivamente altos.

En sus considerandos, advertía que “las necesidades educativas de la comunidad no deben analizarse de manera aislada, sino dentro de un contexto más amplio, junto con las distintas circunstancias sociales que atraviesa el país, incluido el esfuerzo realizado por el gobierno y los particulares para alcanzar la estabilidad y el crecimiento económico”. Tres décadas después, ese principio vuelve a cobrar importancia.

Estabilizar la economía requiere revisar las normas que rigen a las escuelas privadas. En este sentido, la derogación del Decreto N.º 2417/93 busca generar un marco más flexible y racional para la fijación de matrículas y cuotas en los colegios privados sin aporte estatal.

El Decreto 787/2025 reconoce que estas limitaciones “dificultan la adaptación de los institutos de enseñanza pública de gestión privada a las realidades educativas y económicas del país”. La obligación de anticipar los aumentos y obtener autorización previa “crea una situación de incertidumbre económica para los institutos, que suelen fijar cuotas más elevadas de lo necesario”.

La nueva normativa elimina esas rigideces. Permite que cada escuela defina aumentos de manera más gradual, en función de su estructura de costos y de la evolución económica. El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó recientemente que “la inflación será menor al 1% mensual a mediados de 2026”. En un escenario de estabilidad, es probable que las cuotas escolares se actualicen por debajo de las proyecciones iniciales, reflejando una menor presión inflacionaria. De ese modo, el costo de la educación tendería a reducirse progresivamente en términos reales, aliviando el esfuerzo de las familias y fortaleciendo la previsibilidad de la economía familiar.

En síntesis, la reducción progresiva del peso de las cuotas en el ingreso de los hogares constituye una mejora social de alto impacto. Es una medida comparable, e incluso superior, a muchas políticas socioeducativas implementadas en el pasado. Fortalece la previsibilidad y la estabilidad económica de las familias, pilares esenciales para la planificación educativa y el acceso sostenido a una educación de calidad.

En esa misma línea, la actualización normativa busca evitar aumentos arbitrarios y promover un entorno más equilibrado y sustentable para las instituciones escolares y las familias. También alinea al sistema educativo privado con el resto de la economía, corrigiendo distorsiones que durante años afectaron tanto a escuelas como a padres.

Es imposible parar el avance de la inteligencia artificial, una herramienta que puede cambiar mucho nuestras rutinas de trabajo. En el ámbito académico, como en cualquier otro, brinda oportunidades y genera desafíos. Puede ser un riesgo para la integridad del proceso si se utiliza para evitar o facilitar las inevitables instancias de evaluación, pero también puede ser una increíble herramienta para mejorar el aprendizaje y la tarea a realizar. Es lo que tratan estos profesores de la Universidad de Connecticut en este paper: Cosgel, Metin M. and Langlois, Richard N. and Miceli, Thomas J., “Teaching Economical Writing in the Age of AI: A Process-Based Framework” (June 10, 2025). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=5287865

“La creciente presencia de la inteligencia artificial (IA) generativa en los cursos de redacción de economía de grado presenta tanto oportunidades como desafíos. Los profesores se enfrentan a preocupaciones sobre la integridad académica y la evaluación del esfuerzo estudiantil; sin embargo, un enfoque de redacción basado en procesos ofrece una solución viable. Este artículo aboga por la enseñanza de la redacción de economía como un proceso estructurado e iterativo —que abarca la lluvia de ideas, la descripción, la investigación, la redacción, el análisis, la revisión y la reflexión—, en lugar de como un producto final singular. En cada etapa, la IA puede integrarse estratégicamente para mejorar, en lugar de reemplazar, las habilidades esenciales de razonamiento, análisis y comunicación económicos. Presentamos un marco basado en dos principios fundamentales: alinear las herramientas de IA con las habilidades análogas definidas por los objetivos del curso y diseñar evaluaciones observables y altamente correlacionadas con estas habilidades. Además, presentamos estrategias prácticas para el aula y abordamos las preocupaciones en torno a la originalidad, la equidad y la evaluación. El artículo también explora implicaciones más amplias para la producción académica, incluyendo el papel de la IA en la reformulación de las ventajas comparativas entre la inteligencia humana y la artificial en el trabajo académico y su intersección en evolución. En última instancia, este enfoque reinventa la pedagogía de la escritura para alinearla tanto con el pensamiento disciplinario como con las realidades de un panorama educativo mejorado por la IA.”

Agustín Etchebarne visitó Nacional AM 870 y en diálogo con el equipo de Hugo Macchiavelli, habló de los alcances de la Inteligencia Artificial. También trató temas de educación y cambios que se dan a nivel mundial en ese u otros ámbitos.

"La IA viene tan rápido, que lo que pasaba hace dos años no tiene nada que ver con lo que pasa hoy, ni tendrá que ver con lo que pasará en dos años más. Y esto está unido a otras tecnologías que también están creciendo exponencialmente", dijo. Etchebarne además durante la entrevista en Radio Nacional se refirió a temas del presente de la educación: "No sabemos cuáles carreras habrá los próximos años. Probablemente desaparezca la idea de las carreras como las conocemos hoy. Porque lo que creo, es que se debe ir hacia un mundo mucho más libre, donde cada persona, joven o niño decida su propio recorrdido".

Y agregó en este sentido: "La educación volverá a lo que debió haber sido siempre, acompañar al desarrollo personal de cada persona". En otro momento el entrevistado se dedicó a hablar de los cambios que se viven hoy a nivel mundial y qué cosas demandará esto para la Argentina: "El mundo está enfrentando un cambio de una rápidez que nunca ocurrió en la historia. Esto generará cambios de producción. En el país aún muchas empresas producen con tecnología del siglo XX, y no podemos competir porque necesitamos tecnología del siglo XXI. Pero además esto produce una explosión de creatividad, por lo tanto es fundamental que haya cambios en el sistema educativo. Se necesita mayor libertad en el sistema educativo"

RADIO NACIONAL Agustín Etchebarne visitó Nacional AM 870 y en diálogo con el equipo de Hugo Macchiavelli, habló de los alcances de la Inteligencia Artificial. También trató temas de educación y cambios que se dan a nivel mundial en ese u otros ámbitos.

"La IA viene tan rápido, que lo que pasaba hace dos años no tiene nada que ver con lo que pasa hoy, ni tendrá que ver con lo que pasará en dos años más. Y esto está unido a otras tecnologías que también están creciendo exponencialmente", dijo.

Etchebarne además durante la entrevista en Radio Nacional se refirió a temas del presente de la educación: "No sabemos cuáles carreras habrá los próximos años. Probablemente desaparezca la idea de las carreras como las conocemos hoy. Porque lo que creo, es que se debe ir hacia un mundo mucho más libre, donde cada persona, joven o niño decida su propio recorrdido". Y agregó en este sentido: "La educación volverá a lo que debió haber sido siempre, acompañar al desarrollo personal de cada persona".

En otro momento el entrevistado se dedicó a hablar de los cambios que se viven hoy a nivel mundial y qué cosas demandará esto para la Argentina: "El mundo está enfrentando un cambio de una rápidez que nunca ocurrió en la historia. Esto generará cambios de producción. En el país aún muchas empresas producen con tecnología del siglo XX, y no podemos competir porque necesitamos tecnología del siglo XXI. Pero además esto produce una explosión de creatividad, por lo tanto es fundamental que haya cambios en el sistema educativo. Se necesita mayor libertad en el sistema educativo"

EL ECONOMISTA En noviembre pasado, en una nota publicada en El Economista, anticipé que el nuevo equilibrio político en Estados Unidos, tras el triunfo de Donald Trump y el control republicano del Congreso, podría allanar el camino para la aprobación de una ley:  Educational Choice for Children Act of 2024 (ECCA), que consagre la libertad de elección educativa. Hoy, esa posibilidad se ha transformado en una realidad histórica.

El Congreso de los Estados Unidos aprobó el 3 de julio el primer programa nacional de vouchers educativos. Lo hizo como parte de un ambicioso paquete de reformas, One Big Beautiful Bill Act, convertidas en ley por el presidente Donald Trump el 4 de julio. Esta decisión marca un antes y un después en la historia de la educación norteamericana, y —por qué no— constituye un disparador para repensar las políticas educativas en Argentina.

La ECCA sirvió de base conceptual y técnica para estructurar el nuevo sistema de vouchers, el cual amplía significativamente su alcance: mientras la ECCA apuntaba a familias de bajos ingresos, el programa actual extiende la elegibilidad al 90 % de las familias estadounidenses, excluyendo únicamente al decil superior. 

Una nota publicada por el New York Times del 3 de julio detalla el nuevo esquema en detalle. El programa está estructurado como un crédito fiscal federal: los contribuyentes podrán donar dinero a organizaciones que otorgan becas escolares y deducir esa suma íntegramente de sus impuestos federales, hasta un tope de 1.700 dólares por persona. Estas organizaciones, a su vez, distribuirán los fondos entre las familias beneficiarias.

La amplitud del programa es notable. Las familias con ingresos de hasta el 300 % del ingreso medio de su región serán elegibles. Y podrán beneficiarse tanto quienes ya envían a sus hijos a escuelas privadas como quienes evalúan hacerlo a futuro. La medida, que entrará en vigor en 2027, podría transformar el mapa educativo de los Estados Unidos. Su implementación dependerá de dos condiciones claves: que los estados decidan adherir al sistema, y que una masa crítica de contribuyentes esté dispuesta a realizar donaciones. 

Sin embargo, las expectativas son elevadas. Como afirmó Tommy Schultz, director de la American Federation for Children: "esta es la mayor conquista hasta ahora de un largo esfuerzo para empoderar a las familias".

En reiteradas oportunidades he propuesto para la Argentina un sistema similar, adaptado a nuestra realidad económica y fiscal, que contemple vouchers educativos dirigidos exclusivamente a familias de bajos ingresos. 

En un contexto de estancamiento educativo y creciente desigualdad, permitir que el financiamiento siga al alumno —y no a la institución— podría ser el primer paso hacia una transformación profunda que incentive la mejora de todas las escuelas mediante la competencia virtuosa, sin excluir ni discriminar.

La experiencia en Estados Unidos demuestra que las políticas públicas pueden y deben salir del terreno de la especulación ideológica para ingresar en el de la implementación concreta. Lo que ayer era considerado inviable o utópico, hoy es ley federal en EE.UU.

Argentina enfrenta una crisis profunda en materia educativa, la cual sufren en mayor medida aquellos niños y jóvenes de familias desfavorecidas económicamente. En este escenario, apostar a la libertad de elección y al protagonismo de las familias, más allá de sus posibilidades económicas, no es solo una opción deseable: es una necesidad urgente. 

Si Estados Unidos pudo transformar una vieja aspiración que se remonta hasta el gobierno de Ronald Reagan en una política nacional, ¿no deberíamos al menos, en la Argentina, animarnos a debatirla con honestidad intelectual y sin prejuicios ideológicos?

EL ARCÓN DECLIO 1- Según su saber ¿Qué tips les daríamos a nuestros alumnos para ser un consumidor inteligente? No considerarse un “consumidor”. Sino un emprendedor. Es mucho más interesante estar concentrado en ser un co-creador de la riqueza y de la abundancia. Desde niños podemos encontrar satisfacción en crear algo nuevo e incluso ganar dinero, horneando alfajores caseros, transformando leche en Yogurt, lo cual multiplica x3 el valor en una noche o vendiendo limonada fresca un día de calor, etc

2. Las billeteras virtuales en los menores: ¿amigas o enemigas? Los monederos virtuales pueden ser el equivalente a las libretas de ahorros que existían hace medio siglo. Con la ventaja de que los jóvenes ahora conocen lo que son las monedas estables que no deprecian su valor . Pero por supuesto que conlleva la necesidad de enseñar el autocontrol, y la autoestima y evitar la timba, los memes coins o las apuestas con la intención de enriquecerse sin esfuerzo.

3. ¿Cuáles son las herramientas para educar en valores en una sociedad de consumo? En mi familia hay una tradición que viene de mi bisabuelo: “Hay que cuidar el centavo porque los pesos se cuidan solos.”

4. ¿Enseñar a ahorrar a los menores es una de las claves de las finanzas personales? La enseñanza es simple: gastar menos de lo que uno gana y ahorrar sistemáticamente. El ahorro y la inversión son los que te permiten progresar.

Algunos consejos más :

•Comparar precios y evitar compras impulsivas.

•Distinguir necesidades de deseos.

•No endeudarse para consumir. Jamás endeudarse con tarjeta. •Armar un presupuesto mensual.

•Ahorrar una parte de todos los ingresos.

•Pensar en el costo de oportunidad: cada peso gastado hoy pierde la posibilidad de crecer mañana.

Es muy importante enseñar el poder del interés compuesto que cuando es a favor te convierte en millonario y cuando es en contra te empobrece sin remedio.

Dejo un link Educar para el futuro: ¿y si nos inspiramos en Montessori? https://www.libertadyprogreso.org/index.php/es/actualidad-2/educacion/educar-para-el-futuro-y-si-nos-inspiramos-en-montessori?

Gracias Agustín. Perfil de Agustín Etchebarne Director general en Fundación Libertad y Progreso es economista especializado en Desarrollo Económico, Comercialización Estratégica y Mercados Internacionales. Fue profesor de Economía en la UBA y en ESEADE y actualmente es profesor en la Universidad de Belgrano. Miembro de Red Liberal de América Latina (RELIAL) y Miembro del Instituto de Ética y Economía Política de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas. Autor del libro La clave es la Libertad.

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Este artículo «Agustín Etchebarne «es muy importante enseñar el poder del interés compuesto»» se ha publicado originalmente en: https://revista.elarcondeclio.com.ar/agustin-etchebarne-es-muy-importante-ensenar-el-poder-del-interes-compuesto/.Si va a utilizar este texto cite la fuente: revista.elarcondeclio.com.ar
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PERFILA cinco años del inicio de la pandemia, pareciera que nunca hubiese existido: nuestra mente busca protegernos del recuerdo de una experiencia tan extrema. Sin embargo, las decisiones tomadas en nombre de la emergencia sanitaria siguen teniendo consecuencias. Una de las más controversiales, por su impacto y la débil evidencia que la sustentó, fue el cierre prolongado de las escuelas. Si bien al principio existía incertidumbre sobre la naturaleza del virus, hoy sabemos que el costo de mantener las aulas vacías fue mucho mayor que el riesgo de contagios, con consecuencias que persisten hasta hoy.

Un artículo publicado en The New Yorker, el pasado 30 de abril, reconstruye el proceso por el cual millones de estudiantes en Estados Unidos quedaron fuera de las aulas por más de un año, y denuncia que muchas de las decisiones no estuvieron guiadas por la ciencia, sino por la política y la presión sindical.

Lamentablemente, la experiencia argentina no fue distinta. La suspensión de clases presenciales se extendió durante todo 2020 y en 2021 muchas provincias retrasaron injustificadamente el regreso a las aulas, aun cuando la experiencia internacional ya mostraba que con protocolos básicos y ventilación adecuada era posible retomar la presencialidad sin un aumento significativo de contagios.

Los resultados están a la vista. La virtualidad resultó ser, como se advirtió desde un primer momento, un privilegio de clase. Mientras algunos niños accedían a clases por Zoom, conectividad estable y acompañamiento en el hogar, otros no tenían siquiera una computadora o un espacio adecuado para estudiar.

La prolongación del cierre escolar en nuestro país respondió, en gran medida, a una combinación de intereses gremiales y temores políticos. Fue más fácil mantener las escuelas cerradas que enfrentar un conflicto con los sindicatos docentes. Se aceptó, sin mayor discusión, que el riesgo era demasiado alto, cuando la evidencia internacional ya mostraba que el verdadero costo era el que estaban pagando los niños, especialmente los más vulnerables.

En muchos casos, criticar el cierre de escuelas era leído como una postura negacionista o insensible. Sin embargo, se debe reconocer la gravedad de la pandemia sin dejar de señalar que algunas medidas fueron desproporcionadas, o directamente equivocadas. La educación no debió haber sido la variable de ajuste. No lo fue en países que, como Suecia, priorizaron el bienestar infantil. Sí lo fue, vergonzosamente, en el nuestro.

Algunos argumentan que fue una decisión comprensible, tomada en un contexto de incertidumbre. Puede ser. Pero lo que resulta injustificable es que, una vez conocida la evidencia, no se haya corregido el rumbo. Que durante 2021 muchas provincias hayan mantenido un régimen híbrido o discontinuo, aun cuando otras actividades —como el transporte público, los comercios e incluso los casinos— ya funcionaban, habla de una jerarquización perversa de prioridades.

No se trata de buscar culpables, sino de asumir responsabilidades. Y, sobre todo, de aprender. Porque si no reconocemos los errores, estamos condenados a repetirlos. Una sociedad que tolera que sus escuelas reabran luego que sus bares, que acepta que sus niños pierdan más de un año de aprendizaje, pero no que sus adultos pospongan un espectáculo o un viaje, es una sociedad que ha perdido el sentido de lo importante.

Es claro que existe una forma de negacionismo que minimiza el impacto de las decisiones tomadas durante la pandemia. Como si hablar de los costos de los cierres fuera un gesto de egoísmo o de insensibilidad. Nada más alejado de la realidad. Reconocer el daño causado por la interrupción de la presencialidad es un acto de honestidad intelectual y, sobre todo, un acto de justicia hacia los chicos que más lo sufrieron.

No podemos cambiar el pasado, pero sí podemos aprender de él para que nunca más la educación sea la variable de ajuste. La pandemia existió, y la violación del derecho a la educación de nuestros niños y jóvenes también. Los resultados de las pruebas Aprender son apenas una de las muchas evidencias de ello.

La cantidad de empleados públicos provinciales cada mil habitantes aumentó de 36 hasta los 49 en las últimas dos décadas.

Desde hace casi dos décadas, la Argentina discute el financiamiento educativo alrededor de una consigna: destinar al menos el 6% del Producto Bruto Interno (PBI) a la educación. Ese objetivo, incorporado primero en la Ley de Financiamiento Educativo y luego en la Ley de Educación Nacional, buscó expresar una prioridad política compartida entre la Nación y las provincias. Sin embargo, la evidencia acumulada muestra que ese esquema no logró cumplir su objetivo central: proteger, ordenar ni mejorar de manera sostenible el sistema educativo.

Desde su sanción en 2006, la meta del 6% solo se cumplió plenamente una vez, en 2015. En los demás años, su aplicación fue parcial, discutida o directamente incumplida. En la práctica, como explica Agustín Etchebarne, “el Presupuesto anual, aprobado cada año como una ley posterior, fue dejando sistemáticamente sin efecto esa obligación, sin sanciones, mecanismos automáticos de corrección ni responsabilidades claramente asignadas entre niveles de gobierno”. Como resultado, este incumplimiento sostenido permitió la acumulación de una brecha de inversión que, según estimaciones del economista Mariano Narodowski, asciende a USD 26.000 millones entre 2006 y 2020.

Esta experiencia histórica deja una enseñanza clara: una meta agregada, dependiente del PBI y sin reglas operativas no funciona como garantía efectiva de financiamiento. A ello se suma otro dato relevante: el aumento del gasto no se tradujo en mejores resultados educativos. Las evaluaciones nacionales (Aprender y ONE) e internacionales (PISA) muestran, en términos generales, estancamiento o deterioro en los aprendizajes, incluso durante los años de mayor expansión presupuestaria. Esto refuerza la idea de que el problema no es solo cuánto se gasta, sino cómo se asignan los recursos y qué incentivos genera el sistema.

Los datos más recientes confirman este diagnóstico. En 2024, aun con la obligación legal del 6% formalmente vigente, el gasto educativo cayó en términos reales en 21 provincias. En 11 de ellas, la reducción del gasto educativo fue mayor que la del gasto público total, lo que sugiere que, en esos casos, la educación fue una de las principales variables de ajuste, aunque este comportamiento no fue homogéneo en todas las jurisdicciones. La existencia de una meta legal, una vez más, no funcionó como blindaje efectivo, ni siquiera en un esquema federal.

A este cuadro se suma un cambio estructural que vuelve aún más relevante la discusión: el colapso de la natalidad. En los próximos años habrá menos alumnos en el sistema educativo y una población envejecida, con más jubilados y menos aportantes. Persistir en esquemas rígidos de financiamiento atados a porcentajes del PBI, sin revisar la asignación por alumno ni los incentivos del sistema, no solo es ineficiente, sino fiscalmente insostenible.

En este contexto, el debate abierto en el Congreso en torno al Presupuesto 2026 no debería reducirse a la defensa o eliminación de un porcentaje que, en la práctica, nunca logró ordenar el sistema. Desde Fundación Libertad y Progreso consideramos necesario correr el eje del debate: el problema no es si se financia o no la educación, sino cómo se la financia y con qué reglas.

En ese sentido, la Ley de Libertad Educativa abre una oportunidad para discutir esquemas superadores, que aborden no solo el financiamiento, sino también el funcionamiento institucional del sistema, mejorando los incentivos, la transparencia y el control por resultados. Propuestas como el financiamiento por alumno y la combinación de aportes a la oferta y a la demanda permiten que los recursos públicos lleguen efectivamente a los estudiantes, involucren a las familias y fortalezcan la rendición de cuentas.

La experiencia de los últimos veinte años demuestra que prometer porcentajes no alcanza. Si el objetivo es mejorar la calidad, la equidad y la previsibilidad del sistema educativo, el desafío es avanzar hacia mecanismos de financiamiento efectivos, adaptados a la realidad demográfica y con resultados evaluables.

Salir del simulacro no implica desfinanciar la educación.

Implica, por el contrario, tomarla en serio.

INFOBAEEl pasado 8 de julio, la Junta Electoral de Nueva York confirmó el sorprendente triunfo de Zohran Mamdani en la interna del partido demócrata para la alcaldía de la ciudad: con el 56 % de los votos superó al exgobernador Andrew Cuomo y alcanzó el mayor número de sufragios registrados en una primaria demócrata para ese cargo. Su victoria consolidó una agenda abiertamente estatista, que incluye transporte público gratuito, congelamiento de alquileres y una propuesta que, pese a su excentricidad, constituye el centro de interés de esta columna: la creación de supermercados administrados por el municipio.

Según describe Corey DeAngelis en una nota del 30 de junio pasado en Reason, el plan de Mamdani contempla que la ciudad de Nueva York financie y administre directamente una red de supermercados públicos, comenzando con al menos cinco por distrito. Estos locales competirían con los comercios privados pero ofrecerían precios regulados y productos subsidiados, especialmente alimentos básicos. La justificación oficial es combatir la “inseguridad alimentaria” y limitar el “poder monopólico de las grandes cadenas”, aunque, como señala DeAngelis, el resultado previsible sería otro: ineficiencia, falta de variedad, costos excesivos y una gestión alejada de las necesidades reales de los consumidores.

Es claro que los supermercados estatales no tendrían incentivos para gastar el dinero de manera eficiente ni para responder a las necesidades de los clientes, dado que “los fondos públicos seguirían fluyendo al sistema, ya sea que las góndolas estén llenas o vacías, ya sea que el servicio sea excelente o pésimo”.

La analogía con el sistema educativo es inevitable. En Nueva York, las escuelas públicas reciben aproximadamente U$S 40.000 anuales por alumno, sin importar los resultados. Sin embargo, según el Nation’s Report Card 2024, solo uno de cada cuatro alumnos de séptimo grado alcanza un nivel aceptable en matemáticas. El gasto no asegura ni calidad ni equidad, una lógica demasiado familiar también para nosotros.

En palabras de DeAngelis, en EE. UU “las familias están atrapadas por la asignación escolar según su residencia”. A diferencia de un supermercado estatal, que uno al menos podría evitar, la escuela pública no tiene alternativa real para quien no puede pagar otra opción. Los sindicatos docentes, por su parte, no escapan a su crítica: “Priorizan los intereses de sus miembros por sobre los de los estudiantes o sus familias”.

El sistema está diseñado para servir a los proveedores del servicio, no a quienes lo reciben. ¿El resultado? Calidad desigual, estancamiento y falta de responsabilidad.

El camino a seguir no reviste duda alguna y no sólo en Nueva York. Es hora de devolverle a las familias el control sobre la educación de sus hijos. Financiar a las familias en lugar de a las escuelas “permitiría a los padres dirigir los fondos educativos hacia los lugares que mejor satisfacen las necesidades de sus hijos”. Aceptar esa verdad no es cuestión de ideología, sino de sentido común.

En la Argentina, donde el sistema educativo público se encuentra atrapado en el estancamiento y la falta de incentivos, seguir ignorando la necesidad de introducir mecanismos de competencia es condenar a nuestros hijos a un futuro sin oportunidades. La libertad educativa no es un lujo ni una consigna liberal: es una condición indispensable para garantizar que cada niño, sin importar su origen, acceda a una educación de calidad. Mientras el sistema siga funcionando como un supermercado estatal —cerrado a la elección, sostenido sin rendir cuentas y gobernado por los intereses corporativos de los sindicatos docentes— no habrá verdadera justicia social.

Es hora de animarnos a cambiar. Porque si no defendemos el derecho de las familias a elegir, lo que elegimos es perpetuar el fracaso.

PERFILEn nuevo 11 de septiembre, al recordarse el aniversario de la muerte de Domingo Faustino Sarmiento, conviene preguntarnos qué significa honrar su memoria. No alcanza con repetir frases hechas ni con privar a los niños de un día de clases en su homenaje. La mejor forma de evocarlo es reconocerlo como lo que fue: un espíritu disruptivo, un innovador capaz de desafiar a su tiempo, que con certeza no pensaría hoy como lo hizo en la Argentina del siglo XIX.

Visionario utópico, quiso traer 3.000 maestras estadounidenses para fundar el normalismo argentino en un país donde más del 80% de la población era analfabeta. Llegaron apenas 65, suficientes para transformar nuestra educación pública y llevarla al nivel de excelencia que aún persiste en el imaginario colectivo. No se conformó con el statu quo: viajó, aprendió de otras sociedades, importó ideas novedosas, resistidas en su tiempo, y las implantó en nuestra tierra. Ese espíritu de innovación, y no el bronce de los manuales escolares, es el verdadero legado que debemos recuperar.

En una nota que publiqué en este mismo espacio hace ocho años señalaba que la educación pública debe educar al público. Una sociedad que acepta sin protestar que se pierdan sistemáticamente días de clase, que ve como normal que se reduzca el calendario escolar en beneficio de feriados turísticos, o que tolera que la política partidaria colonice las aulas, es una sociedad que ha renunciado a exigirle a la educación lo que debería ser su razón de ser: formar ciudadanos libres, capaces de valerse por sí mismos.

Frente a estas ilustraciones, hablar de igualdad de oportunidades carece de entidad. Es hora de dejar de discutir cómo mejorar un sistema anacrónico y permitirnos ampliar nuestra visión. Una mayor igualdad de oportunidades únicamente se construye garantizando a todos los niños acceso a una educación de calidad, independientemente de su cuna.

¿No es acaso razonable pensar que Sarmiento, el mismo que se atrevió a importar maestras extranjeras, hubiese estado de acuerdo?

Honrarlo no puede ser reducir su figura a un feriado vacío de contenido. El mejor homenaje sería animarnos, como él lo hizo, a desafiar las inercias, a romper las estructuras caducas y a colocar la educación por encima de todo cálculo político.

En un país que alguna vez pudo “sembrar trigo y cosechar médicos”, recuperar la audacia de Sarmiento es la única forma de romper el círculo vicioso de la pobreza y devolver a nuestros hijos la dignidad de una verdadera educación.

¿Por qué entonces no rechazar la falsa dicotomía que insiste en que el permitir elegir a los padres la escuela a la que concurrirán sus hijos, más allá de sus posibilidades económicas, atenta contra la educación pública?

La educación no es una opción binaria. Estar a favor de una mayor igualdad de oportunidades, a favor de la posibilidad de elección, no es estar contra nada.

En lugar de fútiles discusiones, el enfoque debe ser puesto en los fines no en los medios. Por eso debemos preocuparnos menos por la palabra que viene después de escuela, ya sea pública o privada, y más por otorgar a todo niño la posibilidad de acceder a una educación de excelencia, independientemente de su estrato social.

¿Por qué no preguntarnos si un genio disruptivo como Sarmiento, frente a la realidad educativa actual, no impulsaría hoy una reforma como la propuesta?

No es un sacrilegio plantearlo; para quien escribe estas líneas sería la forma más genuina de honrarlo: animarnos, como él lo hizo, a desafiar lo establecido.

CRONISTA Sólo uno de cada diez alumnos argentinos logra completar la escuela secundaria a tiempo y con los aprendizajes esperados. El dato no debería pasar inadvertido: nueve de cada diez jóvenes que iniciaron la primaria en 2013 no alcanzaron los conocimientos mínimos de lectura y matemática que deberían haber adquirido al egresar.

La cifra surge del Índice de Resultados Escolares (IRE) que elabora Argentinos por la Educación. Detrás de ella hay una realidad silenciosa: cientos de miles de chicos que el sistema escolar acompañó durante más de una década, pero sin lograr enseñarles lo que necesitaban aprender. No hay fracaso más grave que ese, porque es el que se comete en nombre del éxito aparente.

Frente a semejante realidad, resulta oportuno recordar la Declaración "La Educación es una Prioridad", emitida por la Academia Nacional de Educación el 5 de junio de 2023, que propone once políticas públicas para reconstruir el sistema educativo argentino. Algunas de ellas se relacionan directamente con el drama del 10% y constituyen un adecuado punto de partida para comenzar a revertirlo.

En primer lugar, fortalecer la educación inicial y el primer ciclo de la primaria es esencial: allí se define el futuro educativo de cada niño. Sin dominio de la lectura, la escritura y el cálculo en los primeros años, todo lo demás se vuelve ilusorio.

A ello debe sumarse la extensión de la jornada escolar, como ordena la Ley 26.206, porque sin más tiempo pedagógico los aprendizajes profundos resultan imposibles y la desigualdad se perpetúa.

La transparencia es otra condición indispensable: el artículo 97 de la Ley 26.206, que prohíbe publicar los resultados de las evaluaciones por escuela o jurisdicción, debe derogarse. Los padres tienen derecho a saber. ¿Cómo es posible negárselos? Sin información pública, no hay rendición de cuentas ni posibilidad de mejora.

También lo es declarar la educación como servicio esencial, pues implica reconocer que el derecho de los alumnos a aprender debe estar protegido de los vaivenes políticos y sindicales. Cuando las aulas se cierran, los más perjudicados son siempre los que menos tienen, y es en ellos donde la desigualdad se vuelve irreversible.

Junto a ello, revisar los estatutos docentes se vuelve impostergable: el nuevo rol del maestro exige formación continua, incentivos adecuados y evaluación del desempeño.

A su vez, fortalecer la formación docente es clave para recuperar la calidad: enseñar en valores, en educación emocional y en el uso de herramientas digitales es parte de la tarea de educar para el siglo XXI.

Estas seis medidas, tomadas de la Declaración de la Academia Nacional de Educación, son las que directamente contribuirían a revertir el drama del 10%. Pero no son suficientes. Para lograr una mejora sostenida se requiere avanzar en políticas complementarias que consoliden la estructura del sistema.

Es indispensable vincular la educación secundaria con el mundo del trabajo mediante un sistema dual que combine teoría y práctica, ofreciendo a los jóvenes una vía concreta de realización personal y profesional. 

La escuela debe recuperar sentido y horizonte, y el trabajo puede ser un camino legítimo para lograrlo.

De igual forma, lo es restituir la autonomía universitaria, permitiendo a cada institución establecer sus condiciones de ingreso y diseñar acciones remediales que faciliten la integración académica.

También es indispensable actualizar la normativa sobre educación presencial y virtual, de modo que la tecnología complemente -y no reemplace- el vínculo pedagógico, y garantizar la libertad de enseñanza y el respeto a la dignidad de las personas, asegurando diversidad y educación sin adoctrinamientos. Una educación plural, abierta a la elección y centrada en el respeto fortalece la democracia y mejora la calidad.

Por último, asegurar un financiamiento eficiente, cumpliendo con lo dispuesto por la ley, implica administrar con responsabilidad. No se trata de gastar más, sino de invertir mejor, con objetivos claros y medición de resultados.

Para quien esto escribe, educar no es declamar, sino hacer, porque la Argentina no necesita descubrir qué hacer: necesita hacerlo. Aún estamos a tiempo. El camino más largo comienza por el primer paso, no nos demoremos más en darlo.

LA NACIÓN En estos días han circulado diversos borradores de lo que podría convertirse en una nueva Ley Nacional de Educación. El texto no es público aún; sin embargo, los trascendidos dan certeza de que el gobierno nacional aspira a reemplazar la ley en vigencia. Discutir la arquitectura legal del sistema educativo es tocar la esencia misma de cómo enseñamos, qué exigimos, quién decide y con qué criterios. Es natural, entonces, que la iniciativa genere preocupación; lo que no debería serlo es que, frente a la decadencia educativa argentina, alguien sostenga que lo mejor es no hacer nada.

Hemos atravesado décadas de deterioro sostenido. Por ello, aún sin conocer el texto final del proyecto, el solo hecho de que se discuta una nueva ley educativa ya es una buena noticia. Implica reconocer que el sistema actual ha dejado de funcionar. No estamos ante una crisis ocasional, recuperable con retoques menores, sino frente a una decadencia profunda, que se hace costumbre, que se normaliza. Una crisis es transitoria; la decadencia se vuelve cultura. Y la cultura solo cambia cuando un país decide asumir el costo político, institucional y social de modificar aquello que lo condena a seguir perdiendo futuro.

Los borradores que se han hecho públicos hablan de un reconocimiento explícito del rol de la familia como agente primario de la educación, por encima del Estado, lo cual incluiría modalidades diversas, como educación en el hogar, formatos híbridos y proyectos pedagógicos con más autonomía. También se sugiere que las instituciones educativas tendrían mayor libertad para proponer sus propios planes de estudio. Estas ideas, que para algunos son sinónimo de retroceso y para otros son hasta peligrosas, no representan una retirada del Estado ni una invitación al individualismo educativo. Solo plantean una verdad incómoda: la uniformidad obligatoria ha fracasado.

Pretender que un mismo modelo, definido centralmente, pueda responder a las necesidades de millones de niños de contextos sociales, culturales y familiares radicalmente distintos es una ilusión burocrática. Un sistema rígido no genera igualdad; genera desigualdad disfrazada, porque ignora la realidad de los estudiantes. En los últimos años, he defendido la necesidad de permitir que convivan diversas propuestas pedagógicas, no porque imagine que la escuela tradicional desaparecerá, sino por una razón elemental: si no liberamos la innovación escolar, seguiremos condenados a un modelo uniforme que no educa bien a nadie.

Reconocer la primacía de la familia no equivale a que el Estado se desentienda de la educación. Significa admitir que en ningún sistema educativo las familias deberían ser meras espectadoras, limitándose a aceptar pasivamente aquello que el Estado defina sin consultarlas. Un vínculo saludable entre Estado, familias y escuelas no descansa en la subordinación, sino en la corresponsabilidad. El Estado garantiza derechos; la escuela educa; la familia acompaña, apoya y participa. La igualdad de oportunidades no se construye vaciando la responsabilidad familiar, sino fortaleciéndola.

Se afirma que modificar profundamente el sistema educativo implica riesgos. La afirmación es correcta. Pero la pregunta indispensable es otra: ¿cuál es el riesgo de no modificarlo? ¿Cuánto más costará continuar con un modelo que educa poco, evalúa aún menos y, sin embargo, se mantiene como si los resultados fueran satisfactorios? ¿Cuántas generaciones más de niños y jóvenes seguirán viendo truncados sus sueños de un futuro mejor por culpa de mantener un status quo que claramente ha fracasado? Lo peor que puede ocurrir con una nueva ley educativa no es que sea imperfecta. Lo peor que puede ocurrir es que no exista. Una ley puede corregirse con la experiencia; el inmovilismo jamás se corrige. Solo se padece.

En febrero pasado publiqué el libro Cinco leyes para el renacimiento de la educación argentina. Nunca lo concebí como una colección de certezas absolutas, sino como un punto de partida para rediseñar el sistema desde sus bases. Hoy, al ver que el país comienza a discutir su modelo educativo, me siento confiado de afirmar que no se trata de una aspiración teórica. Por primera vez en mucho tiempo, la Argentina parece dispuesta a debatir cómo organizar institucionalmente su educación. Esa decisión, aunque incompleta y conflictiva, representa un inmenso avance.

No sé cuál será finalmente el texto de la ley. Nadie lo sabe. Pero sé que si aspiramos a un país donde el mérito vuelva a tener sentido, donde el esfuerzo sea valorado, donde la excelencia deje de ser una excepción, donde cada niño pueda alcanzar su máximo potencial sin importar la situación económica de su familia, entonces necesitamos una ley que haga posible ese sueño.

Cambiar cuesta. Pero resignarse cuesta infinitamente más. La decadencia educativa deja una marca que afecta a generaciones de argentinos. Si esta nueva ley, con sus imperfecciones y desafíos, logra iniciar un camino de reconstrucción real del sistema educativo, la discusión habrá valido la pena. La tarea recién empezará, pero al menos comenzará. Una educación mejor no se decreta: se construye. Y nadie construye algo valioso sin coraje.