Aldo Abram, economista y director de la Fundación Libertad y Progreso, habló con Pablo Wende sobre el Indice de calidad de vida de los trabajadores según evolución de los salarios, y analizó la situación económica general.

Aldo Abram, director de la Fundación Libertad y Progreso sobre la inflación y los salarios en Argentina. A pesar de la recuperación parcial de la economía después de la cuarentena estricta, muchos trabajadores no ganan por encima del valor de la canasta básica.

EDITORIAL DE LA NACIÓN - Ningún flagelo social de la Argentina será resuelto sin reformas estructurales que transformen planes sociales en empleo e incentiven la inversión.

La tasa de desempleo a nivel nacional alcanzó al 11,7% para el último trimestre de 2020. Es superior a la del 9,7 % registrada un año antes, antes de la pandemia, aunque inferior al 13,1% del tercer trimestre de 2020. Hay que remontarse al año 2006 para encontrar registros tan elevados, que venían arrastrando la profunda crisis de 2001/2002. Debe tenerse en cuenta, además, que actualmente hay un subempleo anormalmente alto debido a la prohibición de despedir y a los subsidios a las empresas para que retengan personal. La elevada desocupación no puede adjudicarse a la pandemia, aunque esta le haya agregado un par de puntos.

El aumento del desempleo corre paralelo al de la pobreza. Crear empleo es el primer factor por considerar en el combate a la pobreza. Entender esto es clave para definir una política de gobierno.

El análisis de las fuentes de creación de empleo ha merecido la atención de buena parte de los centros de investigación económica. Una de las conclusiones es que no son las empresas existentes las que motorizan el aumento de nuevos empleos. Más bien éstas tienden a reducir sus plantas de personal, aun si sus ventas crecen. El fenómeno tecnológico de la robotización y la búsqueda de mayor eficiencia operan en beneficio de la productividad y en desmedro de la ocupación, particularmente de aquellas personas que no adquieren los conocimientos necesarios. En el área de los servicios, el teletrabajo está teniendo, además, un fuerte impacto en la simplificación de las organizaciones. La creación de nuevos puestos se produce, en realidad, por la incorporación de nuevas empresas, particularmente las medianas y pequeñas y, con mayor incidencia, de las orientadas a los servicios.

Cuando se habla de nuevas empresas, se trata puntualmente de inversiones y del aumento de capital productivo. Interesa entonces identificar qué factores son los que impulsan la inversión productiva y cuáles la desalientan. El que engloba a todos es la seguridad jurídica, entendida como la vigencia de la ley garantizada por una Justicia independiente, eficiente y honesta. Entra también en este concepto la calidad institucional, que comprende la división de poderes, la estabilidad política y el respeto a la Constitución. Para un inversor es fundamental el respeto al derecho de propiedad. Debe agregarse como condición positiva la estabilidad de las reglas y su mayor simplificación posible, o sea la desregulación. Todo esto hace al menor riesgo empresario sin ocasionar ningún costo, salvo el ideológico que algunos consideran. Al respecto, cabe traer a colación la extemporánea afirmación del exministro de Economía y actual gobernador bonaerense, Axel Kicilloff, cuando describió a la seguridad jurídica como una “palabra horrible”. No pudo haber dicho nada más eficaz para desalentar la inversión privada en el país. ¿Cuántos miles de desocupados le deberán su desgracia?

Siendo la pobreza una consecuencia y no una causa, las medidas que buscan bajarla suelen diseñarse erróneamente

El nivel de la carga impositiva es otro factor determinante de la atracción o el rechazo de inversiones. Obviamente, el gasto público está detrás de la magnitud de los impuestos y en nuestro país se destaca en el mal sentido. El gasto agregado del Estado alcanza al 45% del PBI, sin incluir los costos de la pandemia, entre los más altos del planeta y con una calidad muy deficiente de las prestaciones estatales. Según el Banco Mundial, la presión impositiva sobre las empresas en la Argentina es la más elevada, con la sola excepción de las Islas Comores. Un gasto público desbordado impacta sobre la población, ya sea por impuestos impagables o por emisión monetaria e inflación o por endeudamiento y default. En este último caso, aumenta también el riesgo país, y por lo tanto la tasa de interés y el costo de capital se elevan hasta espantar cualquier proyecto. Ante la pérdida de reservas aparece el control de cambios o “cepo” como solución de emergencia. Si la válvula de escape es la inflación, la reacción populista es el consabido control de precios. Cualquiera de estos caminos, además de conducir a un estrepitoso fracaso, ahuyenta inversores. Se da la paradoja de que cuando desde la política se aumenta innecesariamente el empleo público, la situación se compensa más que con creces con la anulación de inversiones y la pérdida de empleos privados que inyectarían mayor productividad.

Otro notorio desaliento a la inversión es la rémora de una legislación laboral que constituye una hipoteca y un pasivo eventual por cada trabajador o empleado que una empresa desee incorporar. El monopolio sindical y la centralización de las negociaciones en manos de su dirigencia fija costos por demás altos, así como desalentadoras imposiciones laborales. La duplicación de la indemnización por despido, tanto como su prohibición, han impactado muy negativamente en la creación de nuevos empleos. Ocurre lo mismo que con la regulación de los alquileres y la prohibición de desalojos. Se favorece a los que ya están, pero se perjudica enormemente a los que aspiran a alquilar. No solo se reduce la demanda de trabajo, sino que también se favorece el aumento de la informalidad. No es casual que, a la par de un alto desempleo, la informalidad en nuestro país se aproxime al 50%.

Siendo la pobreza una consecuencia y no una causa, las medidas que apuntan a reducirla suelen diseñarse erróneamente. Lo mismo ocurre con las que pretenden reducir la desigualdad. Un fenómeno que se repite cuando lo que se busca es redistribuir la riqueza y se desatiende que hay que generarla.

Este camino es el que se siguió intensamente entre 2003 y 2015, cuando los subsidios a través de los planes sociales pasaron de un millón a ocho millones de beneficiarios. La pandemia ha incrementado todavía más ese número. Desde 2011 la pobreza no se ha reducido a pesar de la intensidad y magnitud de los subsidios. Hasta 2017 osciló entre el 25% y el 30% de la población, Lamentablemente, la última medición da cuenta de un 42%, unos 19 millones de personas. Dejando de lado, por ser realmente necesarios, los subsidios que atienden discapacidades o estragos accidentales, la profusión de planes sociales destruye la cultura del trabajo, erosiona la autoestima, mina la dignidad y conduce a eludir los trabajos formales. Los planes sociales deben gradualmente transformarse en trabajo real y para ello es imprescindible crear empleo genuino, promoviendo las inversiones mediante las reformas estructurales que actúen sobre las causas identificadas en este editorial.

ÁMBITO FINANCIERO - Luego del acuerdo en la negociación de la deuda con los bonistas de ley extranjera, el Gobierno se encuentra ahora negociando con bonistas que responden a la ley local. Luego, quedará afrontar una dura negociación con el FMI. Hasta aquí, se ha logrando un buen primer paso, pero es el primero de varios que hay que dar. El acuerdo en la negociación con la deuda era una condición necesaria pero no suficiente para que Argentina abandone el tren de la decadencia. No obstante, Argentina tiene la posibilidad de aprovechar una nueva oportunidad: el acuerdo Mercosur-UE. De concretarse, el acuerdo es de gran relevancia por el peso económico que tiene. Concentra un 25% del PBI mundial, una población de 750 millones de personas, un 34% del stock de la IED mundial, el 37% de las exportaciones mundiales y u$s95.000 millones de comercio entre bloques. La pregunta es, ¿Argentina se encuentra preparada para competir en el mundo?

Lamentablemente, la respuesta es no. Sin embargo, una de las ventajas del acuerdo es que su implementación es gradual (dando 15 años de gracia) para que Argentina recupere la competitividad y pueda aprovechar las ventajas de un mercado mucho más grande, pero hay que hacer los deberes. ¿En qué consisten estos deberes?

La lista es amplia, por lo que el esfuerzo deberá ser grande, pero también lo es su recompensa. Son varios los factores que atentan contra la competitividad de Argentina, por lo que aquí se destacaran los más graves: El tamaño del Estado, la elevada presión tributaria, la litigiosidad laboral y la elevada burocracia y costos del comercio.

El talón de Aquiles de Argentina es el elevado gasto público, que se encuentra por encima del 40% del PBI en términos consolidados (Nación, Provincias y Municipios). Si bien se observa una leve baja en los últimos años, aún se encuentra muy por encima del promedio histórico del 30% del PBI. Además, Argentina no posee los recursos (a pesar de su presión tributaria récord) para financiar estas magnitudes elevadas de gasto público. La consecuencia: sesenta años de déficit fiscal, lo que se convierte en un problema de carácter estructural.

Por otro lado, los juicios laborales continúan siendo un problema. Mientras que en el 2003 se iniciaron poco más de 3.000 juicios por ART, en el 2017 la cifra escaló a más de 130.500 juicios. No se observaba el mismo correlato en los accidentes de trabajo. Este problema ha empezado a corregirse y en el 2019 la cifra se redujo a alrededor de 68.000, pero resta mucho por recorrer aún en esta materia.

Existen más razones que deterioran la productividad de Argentina. Por ejemplo, los elevados costos de comercio actúan como barrera de competitividad también. Podemos destacar aranceles a la importación en un nivel del 14%, entre los más altos del mundo. En cuanto a las exportaciones, las noticias tampoco son alentadoras. Todos los bienes exportados deben pagar un derecho de exportación. Más aún, también se comenzaron a aplicar derechos de exportación sobre los servicios. Adicionalmente, los costos burocráticos continúan siendo muy superiores a de las economías desarrolladas. Por supuesto, todo esto contribuye al deterioro competitivo de Argentina. No es casualidad que en el índice Haciendo Negocios que elabora el Banco Mundial, Argentina se ubique en el puesto 126 de 190 países. En otras palabras, hay 125 países donde es más fácil hacer negocios antes que en Argentina.

Desde luego, con problemas de competitividad de magnitud, hacer negocios se vuelve difícil. Como consecuencia, los niveles de inversión extranjera directa son mínimos. Desde luego, ¿quién invertiría en un país donde la presión tributaria es récord y la probabilidad de recibir un juicio (y perderlo) es alta? Por otro lado, Argentina tampoco es un país ejemplo en lo que el respeto a los derechos de propiedad respecta. Sólo basta con recordar el reciente caso de Vicentín para que se evidencie nuestro pésimo track-record en la materia.

Abandonar el tren de la divergencia es posible, pero requiere esfuerzo. Desde luego que será costoso en algunos aspectos en el corto plazo. Sin embargo, no encarar estas reformas estructurales para pasar al tren del desarrollo posee costos aún mayores. Es importante que Argentina se plantee de forma madura las reformas estructurales necesarias para abandonar de una vez por todas el tren de la decadencia.