Lo mejor de la presidencia de Donald Trump es haber rebajado sustancialmente los impuestos a las corporaciones. En un planeta ávido de inversiones internacionales es inteligente hacerlo. Hay que competir y ésa es una forma de lograrlo. Uno de los principales requisitos para crear puestos de trabajo es que exista una tasa impositiva baja. Es verdad que beneficia al 3% de la clase alta norteamericana, pero también es cierto que esos poco menos de 10 millones de personas pagan casi el 60% de los impuestos nacionales. Culpabilizarlos de la pobreza relativa del 15% del país es falso y demagógico. Es una lástima, no obstante, que la reforma fiscal no haya sido más generosa con las clases medias estadounidenses. Se han beneficiado, pero poco. Lo mismo ocurre con las regulaciones. En principio, Trump ha hecho bien en reducirlas. Las regulaciones excesivas son contrarias a las actividades económicas. Lo establece inequívocamente el Doing business del Banco Mundial. Por ejemplo, es una vergüenza el tiempo real que les toma a un constructor o a un empresario industrial comenzar sus tareas en Miami-Dade, pero sospecho que lo mismo sucede en todo el país. Trump también ha acertado en el opaco terreno de la definición del adversario. Corea del Nortees un enemigo y hay que tratarlo como tal. Lo mismo sucede con Irán. Ambos están empeñados en afectar y destruir a EE.UU. Es a Israel y no a los países árabes a quien corresponde designar su capital. Media docena de presidentes norteamericanos antes que Trump prometieron mudar la embajada a Jerusalén. Él lo cumplió. Todo lo que tiene que hacer Washington es construir su legación en la zona tradicionalmente israelí de la ciudad. Por último, hizo muy bien en recibir a Lilian Tintori, la mujer de Leopoldo López, y mostrar su rechazo al régimen de Maduro. Venezuela, Cuba y Bolivia son países del llamado Socialismo del Siglo XXI, enemigos declarados de EE.UU. Ecuador ha dejado de serlo. La Nicaragua del siglo XXI es como el ornitorrinco: un mamífero que pone huevos y tiene pico de pato. No se sabe muy bien qué es. Hasta ahora grazna consignas de izquierda, pero gobierna a la derecha, como si Daniel Ortega fuera un hijo postizo de Lenin y de Pinochet con la cara de un Somoza marxista. Veamos sus principales errores. Si se demuestra, fue una canallada darles entrada a los rusos en el sistema electoral de EE.UU. para perjudicar a los demócratas. Es muy peligroso pedirle ayuda coyuntural al enemigo. Si es cierto lo que se sospecha, hoy Trump y su administración están en manos de Vladimir Putin. O Trump baila al son de la balalaika o los rusos le entregan a la prensa un dossier con todos los detalles de la colaboración. Ha sido una crueldad política y humana de Trump tomar como rehenes a casi ochocientos mil dreamers y negarles la condición de residentes hasta tanto los demócratas accedan a asignar los fondos para construir el muro que separará al país con México. La mayoría de los estadounidenses no cree que el Muro sea una buena idea, El 63% de los estadounidenses respalda a los dreamers. Suelen ser jóvenes estudiantes de origen mexicano, pero sociológicamente estadounidenses, ilegalmente traídos a EE.UU. por sus padres. Muchos ni siquiera hablan español. Dejarlos en el país y permitirles que trabajen y creen riquezas les conviene a todos. Trump lo ha hecho todo mal con México: el dichoso Muro, denunciar el TLC, insultar a sus vecinos con frases racistas, hasta el punto de que es posible que la exasperada población de ese país elija en los próximos comicios a Andrés Manuel López Obrador, un candidato antiyanqui que seguramente será perjudicial para ambas naciones. Como también ha errado con relación a Europa, al elogiar a los eurofóbicos de la Unión Europea, ya fueran los británicos partidarios del brexit, o a todos esos ultranacionalistas franceses, austriacos, húngaros, holandeses o polacos que comparten con Trump esa peligrosa visión de corto alcance que pone por delante los intereses de la nación propia (put America First), sin advertir que el nacionalismo y su secuela el proteccionismo son viejas plagas que nos empobrecen en el terreno económico y nos suelen matar en el campo de batalla. Y no es menor todo lo que se puede censurar a Trump en el campo de las formas. Su machismo demodé. La manera indelicada en que trató a los puertorriqueños, tirándoles rollos de papel como se les lanza semillas a las palomas. Sus twitters nada presidenciables, enzarzándose en disputas triviales, sus enfrentamientos con el FBI, sus ataques a demócratas o republicanos que no se le pliegan, olvidando que la “cordialidad cívica” es una parte sustancial del espíritu republicano, en el sentido más amplio y mejor de la palabra. Este artículo fue publicado originalmente en El Blog de Carlos Alberto Montaner (EE.UU.) el 6 de enero de 2018.

EL COMERCIO - California legalizó la venta y el consumo de marihuana para fines recreativos el 1 de enero. Ya van ocho estados y la capital federal de EE.UU. que han hecho lo mismo. Sin embargo, dado que la economía de California es la más grande de EE.UU. y la sexta más grande del mundo, esta reforma influirá de manera más decisiva en el rumbo del país y, por ende, del mundo. Ese rumbo hacia la legalización incluirá este año a Canadá, la décima economía del mundo y el segundo país, después de Uruguay, en legalizar la marihuana. Empero, ese no es el caso en EE.UU. Las leyes al respecto son esquizofrénicas. En EE.UU., la marihuana sigue estando prohibida a nivel federal, pero no en muchos estados. El uso de la marihuana medicinal, por ejemplo, es legal en 29 estados. Según el gobierno federal, sin embargo, la marihuana es altamente adictiva y no tiene usos médicos legítimos, por lo que debe ser tratada legalmente como la heroína. Al mismo tiempo, el gobierno federal reconoce usos médicos para la cocaína, cuyo trato legal es menos restrictivo en ciertos aspectos. Tenemos entonces una situación en la que no parece haber regulaciones coherentes de distintas drogas y que el uso de marihuana para buena parte de la población estadounidense será legal e ilegal al mismo tiempo. Ante esta incoherencia, el presidente Barack Obama decidió que su gobierno no procesaría a los consumidores de marihuana en los estados que la han legalizado. La prohibición federal siguió en pie, pero no se cumplía. El otro día, sin embargo, el actual fiscal general revirtió la decisión de Obama. La incertidumbre e incoherencia legal, que temporalmente había disminuido un poco, volvió a surgir. En un país en el que el 61% de la población está a favor de la legalización de la marihuana, el choque entre los federales y los gobiernos estatales y locales pone sobre el tapete cómo la guerra contra las drogas ha minado pilares fundamentales de la democracia estadounidense diseñados para resguardar las libertades de los ciudadanos. Cuando las leyes son contradictorias, cuando es arbitraria e impredecible su aplicación, cuando es difícil su cumplimiento, cuando el comportamiento de buena parte de la gente quebranta la ley, y cuando prohíben intercambios voluntarios, por definición se vulnera el Estado de derecho. Además, las leyes federales debilitan al federalismo constitucional estadounidense en el que solo algunas funciones delineadas en la Constitución competen al gobierno federal, mientras que los estados pueden experimentar con distintas políticas. La centralización del poder en Washington se refleja en la guerra contra las drogas. Es llamativo, por ejemplo, el distinto trato legal de la fracasada prohibición del alcohol (1919-1933) y la fracasada guerra contra las drogas. La primera se aprobó y desaprobó a nivel federal solo mediante enmiendas constitucionales. No así con la prohibición de las drogas décadas después. Con la centralización del poder y el crecimiento del Estado, también cambió la jurisprudencia que menospreció cada vez más los derechos que, según la Constitución, corresponden a los estados y al pueblo. En nombre de la guerra contra las drogas, las bien documentadas violaciones de los derechos civiles de los estadounidenses se han multiplicado, cosa que también ha alentado un interés por la reforma. La legalización de la marihuana en California renueva el debate no solo acerca de la política antinarcótica, sino también de temas más fundamentales respecto a la libertad y la democracia constitucional limitada. Este artículo fue publicado originalmente en El Comercio (Perú) el 9 de enero de 2018.

EL COMERCIO DE PERÚ - Por Iván Alonso - En una reciente entrevista televisiva, el presidente Kuczynski se describió a sí mismo como “uno de los fundadores del financiamiento de proyectos”. Pensábamos sinceramente que era más joven. Los historiadores económicos atribuyen la invención de esa modalidad de financiamiento a los Frescobaldi, una familia de banqueros florentinos del siglo XIII. En un sentido lato del término, casi cualquier financiamiento es el financiamiento de un proyecto, entendido como un negocio o transacción que está aún por concretarse, como la producción para la campaña navideña, el embarque de un contenedor o la adquisición de una vivienda. Lo que se conoce como financiamiento de proyectos es una modalidad particular que se emplea para financiar la construcción de activos específicos, como una mina o un campo petrolero, que una vez puestos en producción tienen una vida independiente de sus promotores.  En 1299 los Frescobaldi financiaron el desarrollo de las minas de plata de Devon, al suroeste de Inglaterra, que pertenecían a la familia real. Para asegurarse la cobranza del préstamo, tomaron control de la operación durante un año, extrayendo todo el mineral que pudieran. Fuera de eso, no tenían ningún recurso a los impuestos u otros ingresos de la corona. Durante la edad media, era la norma financiar las expediciones comerciales sobre la base de los ingresos que un barco mercante podía producir viaje por viaje. Este tipo de financiamiento cayó en desuso cuando el comercio internacional creció y se convirtió en un proceso continuo que requería un capital permanente, dando lugar a las primeras sociedades anónimas. El renacimiento del financiamiento de proyectos comenzó en 1972, con ocasión del desarrollo de Forties Field, un campo petrolero en el Mar del Norte. British Petroleum necesitaba más de 900 millones de dólares, una fortuna para la época, pero no quería comprometer los ingresos que generaban sus otros negocios para pagarles a los bancos, en caso de que el proyecto fracasara. Los bancos dependían solamente del petróleo extraído de Forties Field. Para mayor seguridad, negociaron que cada barril de petróleo que saliera a la superficie les pertenecería, pero British Petroleum se comprometía a comprárselo inmediatamente a través de una subsidiaria. Con esos fondos se pagaba la deuda. Las aplicaciones luego se multiplicaron. Una ley federal norteamericana de 1978, que obligaba a las compañías distribuidoras de electricidad a comprar la energía de los generadores independientes bajo contratos a largo plazo, les dio suficiente predictibilidad a los ingresos de estos últimos como para sustentar el financiamiento de sus plantas generadoras como entidades independientes. Más recientemente, en el mundo de las concesiones de infraestructura, los pagos garantizados por los gobiernos producen ingresos estables que permiten a un concesionario financiarse sin necesidad de que sus accionistas garanticen el pago de los créditos. No cualquier proyecto, sin embargo, puede financiarse así. Obviamente, se requiere una evaluación de la capacidad del proyecto para generar caja suficiente para pagar la deuda. Pero también se requiere que los promotores tengan un historial de ejecutar bien sus proyectos. Por eso, cuando uno financia o asesora a un proyecto —digamos, Olmos—, lo primero que pregunta es quién es el dueño. Este artículo fue publicado originalmente en El Comercio (Perú) el 29 de diciembre de 2017.