EL PARLAMENTARIO CONSULTA A MANUEL SOLANET - El gran desafío Distintos economistas resaltaron la importancia que tiene el pacto fiscal suscripto con las provincias, aunque advirtieron que un punto clave será la baja del gasto público, tanto a nivel nacional como en los estados del interior del país. Tras el desarrollo de ese convenio, fueron varios los especialistas que estimaron que si bien como hecho político es trascendente, el gran desafío será desacelerar el ritmo de aumento del gasto público. En ese sentido, el exministro de Hacienda, Manuel Solanet, advirtió que tanto la Nación como las provincias han incrementado el gasto en los últimos años en “cifras alarmantes” y que se requiere disminuir drásticamente el nivel de las partidas presupuestarias. Manuel Solanet, exsecretario de Hacienda en dos oportunidades, en el último gobierno militar y en la gestión de la Alianza, advirtió que “es trascendente que haya una baja del gasto público real, porque si no la economía de la Nación y las provincias van a tener problemas”. “Si uno lo analiza desde el punto de vista fiscal, en cuanto a la urgencia de tener una mejor situación, este acuerdo no logra solucionar ese problema. Tira algunas ideas, sobre todo en lo que hace a los Ingresos Brutos en las provincias. Entonces, habrá que ver si las gobernaciones encaran esto con un criterio de austeridad o si van a sustituir un impuesto por otro”, enfatizó. Solanet agregó que “el acuerdo implica que las provincias tienen que hacer buena letra pero no están penalizadas si no logran mejorar sus balances en las cuentas públicas, y por eso reitero, que el punto central es que haya una baja del gasto público”. Paralelamente, desde la Fundación Mediterránea, el economista Jorge Vasconcelos resaltó el lado positivo del acuerdo del Ejecutivo nacional con las provincias. “Es un paso muy importante para la sustentabilidad fiscal para el país, lo que implica un sacrificio importante de recursos de la Nación a favor de las provincias, especialmente de Buenos Aires. Entonces, lo que cabe esperar es que los gobernadores concreten realmente una baja de los impuestos distorsivos como Ingresos Brutos y Sellos”, agregó. Desde el Gobierno consideran que el acuerdo es trascendente y señalaron que en los últimos días se produjeron buenas noticias en línea con ese acuerdo. En Hacienda resaltaron el resultado del balance primario de las cuentas públicas, el cual en octubre mostró una baja del 47 por ciento en forma interanual, ubicándose en 32.495 millones de pesos. Puntualizaron que el gasto público aumentó sólo un seis por ciento en forma interanual y que los ingresos mejoraron un 32 por ciento. “El panorama fiscal empieza a mejorar y si se cumple lo establecido en el pacto fiscal, el próximo año estaremos en una situación mucho más positiva”, aseguró otra fuente de Hacienda. Claro que todo dependerá de la conducta en la gestión de Gobierno a nivel nacional y provincial.

PANAM POST Recaudar más no alcanza y destruye al sector productivo.

“Si bien los déficits son siempre inflacionarios y perniciosos, resolverlos subiendo los impuestos es equivalente a curar una enfermedad disparándole al paciente” Murray N. Rothbard

La semana pasada fui invitado a un debate televisivo. La idea era conversar acerca de las últimas reformas anunciadas por el gobierno y qué impacto podrían tener sobre la economía. Una de mis contertulias era una legisladora del partido kirchnerista “Unidad Porteña”, quien mencionaba su profunda preocupación por el aumento del endeudamiento del gobierno nacional. El primer dato curioso es que el kirchnerismo se preocupe por la deuda cuando llevó las cuentas públicas al colapso. Debemos recordar que la deuda es hija del déficit fiscal y que, como en una familia, si no se gasta más de lo que se ingresa, no hay necesidad de endeudarse. Criticar el endeudamiento pero aplaudir el gasto público desmedido constituye, entonces, una flagrante contradicción. Con esto en mente, decidí preguntar a la legisladora cuál era su propuesta para resolver el asunto. Luego de ir y venir, enunciar varios eslóganes e insistir en el diagnóstico pero evadir repetidamente la solución, esbozó algo concreto: “Hay déficit fiscal porque no se le ponen retenciones a las exportaciones de soja ni impuestos a los grandes grupos concentrados de poder” Un nuevo dato curioso: si bien la soja pagaba un impuesto de 35% a la exportación, no es cierto que ahora no lo pague. Sigue tributando un 30%.

Impuestos “a los ricos”

Yendo a la propuesta concreta, la solución parece sencilla. Si hay un agujero fiscal que exige que nos endeudemos, pero no nos gusta la deuda, entonces la respuesta es que debemos cobrar más impuestos. Pero atención: no a todos. Siempre que un político proponga subir impuestos para equilibrar el déficit, sostendrá que éstos se cobrarán “a los ricos”, a los “grupos concentrados”, las “grandes corporaciones”, o a las “malvadas empresas mineras” que contaminan el medio ambiente… Nunca a ningún dirigente se le ocurrirá decir que los excesos de su gasto los pagará toda la población con mayor presión fiscal. Sin embargo, eso es lo que termina ocurriendo. Es que mirando los números, queda claro que no hay mucho más que se le pueda sacar al sector privado para pagar el despilfarro público. Por ejemplo, si el gobierno no solo restituyese ese 5% de impuestos que le redujo a las exportaciones de soja, sino que restableciera todas las llamadas “retenciones a la exportación” vigentes en Argentina previas a diciembre de 2015, sucedería lo siguiente: —-> La soja, en lugar de tributar 30% pagaría retenciones de 35%, y el fisco obtendría USD 865 millones adicionales, o $AR 15.200 millones. —-> Si a la minería se le volviera a cobrar el 10% de retenciones que debía tributar antes de la reducción, entonces el gobierno podría recaudar USD 204 millones (o $AR 3.600 millones). —-> En el caso del trigo y el maíz, si se repusieran las retenciones de 23% y 20% que estaban obligados a pagar antes de Macri, deberían entregar USD 1.350 millones, o $AR 23.800. —-> Por último, se obtendrían otros USD 276 millones, o casi $AR 5.000 millones, por el 5% que se le cobraba a las exportaciones industriales. Sumando todos estos conceptos, llegaríamos a un monto total de recaudación adicional de $AR 47.400 millones (USD 2.700 millones). Este monto puede parecer sideral, y a más de un político se le debe hacer agua la boca de solo imaginarlo. Sin embargo, es nada cuando se lo compara contra el déficit fiscal proyectado para el año 2017. De acuerdo al presupuesto, el déficit fiscal será de 6,2% del PBI, lo que totaliza unos $AR 637.400 millones (USD 36.200). O sea, reinstalando todas las retenciones a la exportación, a lo sumo estaríamos recaudando el 7,4% del déficit total estimado para este año. Es decir, la nada misma.

Más impuestos, menos crecimiento

Esto no es todo. Es que los números anteriores han sido calculados en base al valor en dólares de lo exportado en el año 2016, suponiendo que éstos no se modifican este año. Pero si efectivamente se reinstalaran los impuestos a la exportación: ¿qué nos hace pensar que ese valor se mantendría? Por el contrario, lo más razonable es suponer que a una mayor carga tributaria, menores serán las exportaciones. Así como el gobierno nos cobra impuestos sobre el alcohol y los cigarrillos para desincentivar su consumo y producción, el mismo efecto ocurre cuando se gravan las exportaciones. Estas no suben ni se mantienen, sino que caen. Es decir que el gobierno puede subir la alícuota de los impuestos, cobrar impuestos nuevos o reinstalar los previamente existentes, pero nada de eso garantiza que recaudará más. De hecho, como prescribe la famosa “Curva de Laffer”, al caer la producción podría terminar recadando menos. El 5% de USD 1 millón son USD 50.000, pero el 100% de 0 es inevitablemente 0. Así, siguiendo las recetas populistas, terminaríamos en el peor de todos los mundos posibles. El gobierno mantiene el déficit, la presión tributaria legal es mayor, las empresas producen menos, y la gente vive peor. Un nuevo éxito de las políticas demagogas. Publicado originalmente en PanAm Post. Conozca las propuestas de LyP para la reforma impositiva, laboral y del Estado

EDITORIAL DE LA NACIÓN- El proyecto de ley de reforma laboral ha sido el resultado de una negociación tripartita, aunque con dos jugadores principales: el Poder Ejecutivo y la dirigencia sindical. Las opiniones empresarias o académicas tuvieron escasa relevancia al momento de lograrse un trabajoso acuerdo. El primer escollo superado por el presidente Mauricio Macri fue que la CGT admitiera alterar lo que había sido convenido antes del triunfo electoral del 22 del mes pasado. Ya no se seguiría el criterio de normas laborales por sectores específicos, sino que se sancionaría una ley de reforma transversal y única para todas las actividades. Lograr esta aceptación de la dirigencia sindical ha sido una gran contribución a la racionalidad. Está ampliamente demostrado que es mejor gobernar con reglas generales y no con normas específicas para cada caso. Sin embargo, lograr este cambio conceptual no resultó gratuito. Debieron resignarse algunos objetivos cuyo alcance hubiera sido importante para lograr una eficaz reforma laboral. Tal vez el más relevante, que quedó descartado, hubiera sido el de priorizar los acuerdos laborales a nivel de empresa por sobre los de actividad. Pero no será así. Se pierde de este modo la ventaja de acordar entre partes que tienen intereses convergentes, como ocurre entre empleadores y trabajadores de una misma empresa, unificando estos últimos la representación. Ambas partes desean optimizar la productividad como la única forma de mejorar los salarios reales. Unos y otros conocen los límites y desean potenciar la competitividad y el desarrollo de la compañía. Esta alternativa que tiene vigencia exitosa en muchos países, como Chile, reduciría el poder y el campo de acción de los sindicalistas que hoy gozan de una representación monopólica. Esto explica el contundente rechazo de esos dirigentes a la descentralización. La ley proyectada define la categoría de "trabajadores independientes con colaboradores". Limita el número de estos últimos sólo a tres, con lo que esta categoría será muy poco representativa del mundo de las pymes. Por otro lado, el proyecto sólo se refiere a la simplificación del pago de aportes, pero no a la independencia de una unidad laboral de este tipo para fijar salarios y condiciones de trabajo. Sería conveniente incluir en el proyecto de reforma mayores detalles legales para esta categoría. El aumento de la productividad y la competitividad deben ser el propósito esencial de una reforma laboral. Es la condición exigida por los inversores para encarar nuevas actividades productivas en la Argentina. La flexibilización laboral es el camino que permite a la empresa, dentro de razonables condiciones, optimizar la aplicación del trabajo. El nuevo proyecto de ley, bajo el título "Ius variandi", prácticamente no modifica las actuales restricciones a las variaciones de las condiciones de trabajo establecidas en la ley de contrato de trabajo. Sería deseable un mayor avance en la facilitación de la movilidad laboral dentro de la empresa para permitir la necesaria adaptación al rápido cambio tecnológico. Una importante contribución de esta reforma será el blanqueo laboral. Con este instrumento se espera una drástica reducción de la informalidad, lo que redundará en un mayor flujo de recursos hacia la Anses. La propensión a informalizar trabajo dependerá del nivel de presión impositiva sobre el empleo. Todo lo que hay es una esperanza de que en el futuro la carga tributaria continúe reduciéndose a la par del gasto público. Por ahora, lo dispuesto en esta reforma parece poco. Tanto el desequilibrio potencial del sistema previsional como la angustiante situación fiscal impiden hacer reducciones de impuestos y contribuciones más significativas. Una contribución de la reforma al abaratamiento del costo laboral es la creación de un mínimo no imponible en los aportes patronales. No obstante, al suprimirse los topes actuales, aquellas empresas que cuenten con plantillas de personal calificado con altos salarios se enfrentarán a aumentos en sus aportes. El Gobierno espera al menos neutralidad de esta medida en su impacto fiscal. También se persigue reducir el costo y el riesgo laboral al alivianar las indemnizaciones por despido. Según el proyecto de reforma, se excluirían del cálculo del mejor sueldo base el aguinaldo, la bonificación abonada por el empleador y otros gastos que no tuvieran periodicidad mensual o que no fueran normales y habituales. Sería importante que otros rubros como las horas extras también quedaran excluidos. La reducción de contingencias judiciales y de los incentivos a la litigiosidad se manifiesta en avances limitados. Debiera lograrse en la sanción de la ley que el empleador no deba hacerse cargo de las costas cuando sea el trabajador quien sea vencido en su demanda. También es importante deslindar los riesgos de la tercerización de servicios modificando el principio de solidaridad. La reforma debe clarificar los límites que hoy permiten alegar exitosamente relación de dependencia o transmitir riesgos hacia arriba. Deberían incluirse los servicios contratados de limpieza, seguridad, montajes, emergencias médicas, gastronomía, informática y transporte de personas, entre otros. El proyecto de reforma no modifica el artículo 29 de la ley de contrato de trabajo, que define la solidaridad y condena a la empresa a pagar los aportes y contribuciones que debiera haber pagado la subcontratista empleadora del trabajador. La propuesta oficial proponía modificar el artículo 4 de esa misma ley para poner en un plano igualitario al trabajador y al empresario al decir: "La cooperación entre las partes para promover esa actividad productiva y creadora constituye el valor esencial compartido, generador de derechos y deberes recíprocos, y una regla esencial de ejecución del contrato". Esa propuesta fue resistida por la dirigencia sindical. Finalmente, quedó excluida y, por lo tanto, se mantendrá la protección del trabajador en lugar de ponerlo en un plano de igualdad con el empleador. En cualquier circunstancia sería importante reivindicar la cultura del trabajo y resaltar los objetivos comunes propios de la comunidad productiva. En definitiva, la reforma laboral significará un avance, pero insuficiente respecto de lo deseable desde una visión económica y social más elevada. Las notables limitaciones han sido impuestas por la necesidad política de lograrla con el consenso de la dirigencia sindical, que a su vez es condición para alcanzar las mayorías necesarias en el Congreso. El futuro dirá si no será necesario profundizar esta reforma para enfrentar con éxito un escenario mundial y regional donde la competencia por captar inversiones extranjeras es creciente y donde las reglas laborales deben adaptarse cada vez más al cambio tecnológico.