Ensayo para un divorcio civilizado
El 21 de diciembre los habitantes de Cataluña van a votar nuevamente. Hay pocas noticias internacionales que despierten tanto interés entre los latinoamericanos como las ocurridas en España. No digo “los catalanes” porque, como debe ser, han sido convocados todos los ciudadanos de España radicados en las cuatro provincias catalanas: Barcelona, Lérida, Gerona y Tarragona. Un territorio de 32,000 km2, similar al de Bélgica; con una población de 7.500.000 habitantes, semejante a la de Israel, y un PIB de Primer Mundo medido en poder adquisitivo de 43.000 dólares, más o menos como Canadá.
Mi interés en este asunto trasciende el periodismo. Además de haber pasado los mejores 40 años de mi vida en Madrid, una parte sustancial de mi familia procede de los Pirineos leridanos, Andorra incluida, o de Lloret de Mar (Gerona). Cuatro hermanas de mi abuelo materno inauguraron en La Habana el nacionalismo genital. Se quedaron solteras en Cuba, lamentando en catalán no haber conseguido paisanos con los cuales casarse, pese a que, periódicamente, hacían viajes a Barcelona con el propósito de capturarlos y llevarlos sanos y salvos a la Isla. Fracasaron. Murieron vírgenes y mártires —creo— hace muchas décadas.
Las encuestas arrojan una ligera mayoría para los españolistas, generalmente conformes con la democracia liberal, lo que debo admitir que me complace, dispersos en un amplio marco que va desde la derecha conservadora del Partido Popular hasta el Partido Socialista Obrero Español, radicado en una izquierda que, a ratos, es vegetariana y socialdemócrata, aunque a veces sufre espasmos carnívoros y lanza mordiscos radicales, a lo que se agrega el centro liberal de Ciudadanos, la agrupación que acaso saque más votos en los comicios, lo que nada garantiza que podrá formar gobierno. A la derecha no le conviene su existencia y la izquierda la detesta.
Aunque el propósito de las elecciones es dotar de un gobierno legítimo a una región cuyos mandamases han sido destituidos por violar la legalidad vigente, tirios y troyanos, aun cuando oficialmente no lo reconozcan, interpretarán los resultados como si fuera un plebiscito no-vinculante sobre la independencia y volveremos al punto de partida. Por infantil que parezca, no existe una emoción más poderosa y tenaz que el nacionalismo. Es inútil tratar de decapitarlo: siempre reaparece. De manera que lo más prudente es aprender a convivir con el fenómeno y evitar que la sangre llegue al río.
Por eso creo que lo razonable es abrirles una puerta constitucional a los soberanistas para que puedan marcharse si es que alguna vez logran reunir de forma permanente las mayorías decisivas para conseguir su propósito separatista.
Yo veo a Cataluña como parte de una España desigual, hecha en distintos tiempos con aportes diferentes, y me encantaría que permaneciera dentro de la nación común, pero como se trata de una cuestión sentimental y no jurídica, lo más importante es cómo se perciben los propios catalanes y no cómo los contemplamos desde fuera.
Es como el divorcio. Los españoles (y algunos latinoamericanos) tardaron más tiempo de la cuenta en admitir que la decisión de permanecer juntos solo le corresponde a la pareja casada y no a la familia. Cualquier región de España debe tener la posibilidad de separarse del conjunto del Estado al que pertenece. (Hay cinco regiones esencialmente diferenciadas: Cataluña, Vascongadas, Galicia, Canarias y la vasta zona españolista que incluye al resto del país). Probablemente, esa “puerta abierta” lejos de exacerbar, acaso calme los recurrentes reclamos de independencia.
Como conozco la historia de Cuba, sé que la negativa de España a imitar la laxa relación del Reino Unido con Canadá fue el factor detonante de la última y definitiva Guerra de Independencia. Acaso con una dosis mayor de autogobierno isleño se habrían evitado la guerra, el estallido del Maine y el desastre del 98.
Cuba —especialmente La Habana— era y se sentía razonablemente española, pero los políticos peninsulares hicieron imposibles esos lazos, tal vez por la incontrolable turbulencia de una nación que en pocos años pasó por el trauma del fin de la dinastía borbónica, la llegada de un infeliz príncipe italiano, el caos oncemesino de la Primera República y los tejemanejes de la Restauración. No había sosiego para actuar sabiamente.
Por supuesto, la secesión de cualquier región española tendría que ser una decisión racional y consensuada dentro de una ley que tuviera en cuenta el carácter permanente de una medida que afectaría a generaciones futuras. Ello exigiría una mayoría calificada independentista del 60%, la aprobación en dos plebiscitos sucesivos convocados en legislaturas diferentes para evitar reacciones coyunturales escasamente pensadas, más afrontar las consecuencias económicas de cualquier ruptura que deben ser previamente analizadas. Hay que determinar cómo se van a dividir los bienes comunes y quién queda a cargo de los costos onerosos de la separación. Exactamente igual que ocurre en cualquier divorcio civilizado.
Este artículo fue originalmente publicado en el blog de Carlos Alberto Montaner el 16 de diciembre de 2017.
Mi interés en este asunto trasciende el periodismo. Además de haber pasado los mejores 40 años de mi vida en Madrid, una parte sustancial de mi familia procede de los Pirineos leridanos, Andorra incluida, o de Lloret de Mar (Gerona). Cuatro hermanas de mi abuelo materno inauguraron en La Habana el nacionalismo genital. Se quedaron solteras en Cuba, lamentando en catalán no haber conseguido paisanos con los cuales casarse, pese a que, periódicamente, hacían viajes a Barcelona con el propósito de capturarlos y llevarlos sanos y salvos a la Isla. Fracasaron. Murieron vírgenes y mártires —creo— hace muchas décadas.
Las encuestas arrojan una ligera mayoría para los españolistas, generalmente conformes con la democracia liberal, lo que debo admitir que me complace, dispersos en un amplio marco que va desde la derecha conservadora del Partido Popular hasta el Partido Socialista Obrero Español, radicado en una izquierda que, a ratos, es vegetariana y socialdemócrata, aunque a veces sufre espasmos carnívoros y lanza mordiscos radicales, a lo que se agrega el centro liberal de Ciudadanos, la agrupación que acaso saque más votos en los comicios, lo que nada garantiza que podrá formar gobierno. A la derecha no le conviene su existencia y la izquierda la detesta.
Aunque el propósito de las elecciones es dotar de un gobierno legítimo a una región cuyos mandamases han sido destituidos por violar la legalidad vigente, tirios y troyanos, aun cuando oficialmente no lo reconozcan, interpretarán los resultados como si fuera un plebiscito no-vinculante sobre la independencia y volveremos al punto de partida. Por infantil que parezca, no existe una emoción más poderosa y tenaz que el nacionalismo. Es inútil tratar de decapitarlo: siempre reaparece. De manera que lo más prudente es aprender a convivir con el fenómeno y evitar que la sangre llegue al río.
Por eso creo que lo razonable es abrirles una puerta constitucional a los soberanistas para que puedan marcharse si es que alguna vez logran reunir de forma permanente las mayorías decisivas para conseguir su propósito separatista.
Yo veo a Cataluña como parte de una España desigual, hecha en distintos tiempos con aportes diferentes, y me encantaría que permaneciera dentro de la nación común, pero como se trata de una cuestión sentimental y no jurídica, lo más importante es cómo se perciben los propios catalanes y no cómo los contemplamos desde fuera.
Es como el divorcio. Los españoles (y algunos latinoamericanos) tardaron más tiempo de la cuenta en admitir que la decisión de permanecer juntos solo le corresponde a la pareja casada y no a la familia. Cualquier región de España debe tener la posibilidad de separarse del conjunto del Estado al que pertenece. (Hay cinco regiones esencialmente diferenciadas: Cataluña, Vascongadas, Galicia, Canarias y la vasta zona españolista que incluye al resto del país). Probablemente, esa “puerta abierta” lejos de exacerbar, acaso calme los recurrentes reclamos de independencia.
Como conozco la historia de Cuba, sé que la negativa de España a imitar la laxa relación del Reino Unido con Canadá fue el factor detonante de la última y definitiva Guerra de Independencia. Acaso con una dosis mayor de autogobierno isleño se habrían evitado la guerra, el estallido del Maine y el desastre del 98.
Cuba —especialmente La Habana— era y se sentía razonablemente española, pero los políticos peninsulares hicieron imposibles esos lazos, tal vez por la incontrolable turbulencia de una nación que en pocos años pasó por el trauma del fin de la dinastía borbónica, la llegada de un infeliz príncipe italiano, el caos oncemesino de la Primera República y los tejemanejes de la Restauración. No había sosiego para actuar sabiamente.
Por supuesto, la secesión de cualquier región española tendría que ser una decisión racional y consensuada dentro de una ley que tuviera en cuenta el carácter permanente de una medida que afectaría a generaciones futuras. Ello exigiría una mayoría calificada independentista del 60%, la aprobación en dos plebiscitos sucesivos convocados en legislaturas diferentes para evitar reacciones coyunturales escasamente pensadas, más afrontar las consecuencias económicas de cualquier ruptura que deben ser previamente analizadas. Hay que determinar cómo se van a dividir los bienes comunes y quién queda a cargo de los costos onerosos de la separación. Exactamente igual que ocurre en cualquier divorcio civilizado.
Este artículo fue originalmente publicado en el blog de Carlos Alberto Montaner el 16 de diciembre de 2017.
- Hits: 8
Claramente ayer asistimos a un acto de sedición intentando impedir que funcione uno de las instituciones del estado como es el Congreso de la Nación. Y también pudimos ver que esos sediciosos no eran jubilados achacados reclamando por sus jubilaciones. Eran grupos de choque que directamente se levantaron contra el orden constitucional.
Lo más patético es que todo ese accionar sedicioso no fue por una reforma de fondo, que obviamente tampoco se hubiese justificado. El debate era solo por un cambio en la forma de ajustar las jubilaciones. Ni siquiera era un debate para cambiar el sistema de reparto y volver a la jubilación privada.
Nadie puede ser tan ingenuo como creer que lo ocurrido fue un acto espontaneo de protesta y que hubo reacción de la gente ante una agresión desmedida de la policía. Todos sabemos que esto fue organizado por alguien que usa como excusa el ajuste de las jubilaciones para tratar de cubrirse de la lluvia de juicios que se le vienen encima por corrupción y traición a la patria.
Ahora bien, es evidente que todos los argumentos que se vienen esgrimiendo en favor del gradualismo para que no se produzca un conflicto social quedo desmentido por lo que vimos el jueves pasado y ayer. Los conflictos sociales, en la mayoría de los casos en Argentina, son organizados. Impulsados por sectores políticos. Y más cuando ese sector político advierte que va a tener que rendir cuentas ante la justicia.
Dicho esto, con lo que se vio ayer en televisión, el peronismo en general y el kirchnerismo en particular perdieron más imagen ante la población. Pero el gobierno pagó un costo político por no explicar adecuadamente el problema previsional y negarse sistemáticamente a presentar un plan económico consistente. Un plan bien articulado.
Tener dividida la administración de la economía en tantos ministerios es un delirio, pero mucho más delirio es, considerando la herencia económica recibida del kirchnerismo.
Me parece que Macri debería tomar nota de lo ocurrido y advertir que tiene que poner al frente de la economía a alguien que tenga un plan global en su cabeza, con un equipo económico que inspire confianza y, por sobre todas las cosas, sea más docente que ministro de economía para explicar con claridad, ante la población, los problemas económicos. Uno de los errores más groseros de este proyecto de ley modificando el ajuste de las jubilaciones es que nadie del gobierno supo explicarlo con claridad. Les falta hacer docencia económica para que la gente entienda las medidas que se adoptan.
En vez de dilapidar el capital político recientemente obtenido en las elecciones de octubre discutiendo cómo ajustar las jubilaciones o si las gaseosas azucaradas van a pagar más impuestos o menos impuestos, luce más lógico apostar el capital político en encarar un mínimo de reformas estructurales que le den sustento de largo plazo a la política económica.
Es más razonable tomar deuda para financiar la reforma del estado de manera de bajar el gasto público y equilibrar las cuentas del sector público, que tomar deuda permanentemente para financiar un bache fiscal que lejos de reducirse aumenta por el costo de financiamiento que genera el gradualismo.
En síntesis, al momento de diagramar su política económica, el gobierno debería tener en cuenta que el gradualismo no es la medicina adecuada para enfrentar la terrible herencia recibida del kirchnerismo. Que cualquier cosa que haga en materia de política económica, los sectores políticos que siempre conspiran, ahora tienen más razones para conspirar ante el tsunami de juicios que tienen que enfrentar. En ese contexto político, es claro que el gobierno va a recibir el apoyo de buena parte de la población si presenta un plan económico consistente y explicado con toda claridad por un ministro de economía que sea más un docente que un tesorero del club.
El salvaje ataque sedicioso al Congreso de la nación perpetrado por ese grupo de delincuentes que enfrentan juicios, debería hacerle reflexionar a Macri sobre su estrategia económica.
La gente tiene paciencia y apoya. Pero no tiene toda la paciencia del mundo.
ESTA NOTA FUE PUBLICADA ORIGINALMENTE EN http://www.infobae.com
