Por el Lic. Aldo M. Abram, Director Ejecutivo del Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados de Argentina (CIIMA-ESEADE), ahora Libertad y Progreso. Artículo publicado en la edición del martes 18 de noviembre 2008 del diario Ámbito Financiero. http://www.ambitoweb.com/edicionesanteriores/noticiahs.asp?id=427743&seccion=Economía&fecha=18/11/2008 La estatización del sistema de capitalización tuvo media sanción de la Cámara de Diputados y marcha hacia una casi segura aprobación en el Senado. El nivel de discusión del tema dejó claro el grado de desconocimiento con el que votan nuestros legisladores. Cuando los representantes argumentan que no hay confiscación porque es un derecho en expectativa, desconocen que el sistema de capitalización no funciona como el de reparto, en el que con los aportes se compra el derecho a una futura jubilación. En la ley que dio origen a los fondos de jubilaciones y pensiones, se estableció que los aportes eran ahorros para la vejez de los afiliados y que les pertenecían. Se acotó su disponibilidad a poder decidir quién administraría ese flujo de recursos y, una vez cumplidas las condiciones para jubilarse, a qué empresa se destinaría para la compra de una renta vitalicia. Es más, la norma determina que el Fondo no es parte del patrimonio de las administradoras, sino propiedad de los aportantes; por lo que la administradora puede quebrar y el afiliado mudar sus ahorros intactos a otra AFJP. Uno puede disponer de tal forma de algo que es un ahorro; pero, eso no es posible hacerlo con un derecho en expectativa. Tampoco, nadie caracterizaría así a un fideicomiso; a pesar de que, al igual que en el caso de los fondos, para recibir los resultados, el beneficiario debe esperar que se cumplan determinadas condiciones prefijadas, mientras un administrador se hace cargo de su gestión. Según los legisladores y funcionarios oficialistas, habría que esperar hasta la edad de jubilación para poder determinar si el aportante se vio perjudicado por el cambio, por lo que eso impediría que pudieran actuar judicialmente. Esta es una visión corta del derecho de propiedad que está preservado en nuestra Constitución y que incluye nuestros ahorros, para cualquier fin que deseemos asignarlos. Por ejemplo, para nuestra vejez, como los recursos acumulados en las AFJP, que no son un aporte para adquirir un derecho a una jubilación determinada. Por ello, la apropiación de dichos recursos por el Estado es una confiscación de la propiedad de los afiliados y va en contra del mandato de nuestra carta magna. Por lo tanto, nuestros legisladores están sentando un triste precedente que diluirá aún más nuestra ya mínima seguridad jurídica. Cabe imaginarse cuánta gente querrá ahorrar o invertir en un país en el cual sus gobiernos y congresales no tienen ningún límite para tomar lo que es propiedad de sus residentes. • Diferencia Distinto hubiera sido si el gobierno hubiese pedido a nuestros legisladores que, hacia delante, eliminaran la posibilidad de aportar a una AFJP, obligándonos a hacerlo al sistema de reparto. Esto sería un atropello a la voluntad de permanecer en el sistema de capitalización manifestada por los actuales afiliados el año pasado cuando el gobierno, argumentando darles más libertad, permitió pasarse al régimen estatal, cosa que pocos hicieron. Sin embargo, formalmente no estaría afectando ningún derecho constitucional. Según nuestros legisladores y funcionarios, su intención es salvar a los afiliados a las AFJP, ya que sus fondos se han depreciado con la crisis internacional. No obstante, gran parte de las inversiones están en bonos del sector público que, es cierto, valen poco, pero debido a que cotizan como los de un país en «cesación de pagos». Esto último implica que la gente considera que es baja la probabilidad de que el Estado argentino cumpla con sus compromisos. Es decir, nos pretenden «salvar» transfiriendo nuestros ahorros para nuestra vejez, pasados y futuros, a un Estado que todos opinan que no pagará lo comprometido. • Compromiso Para entender mejor la gravedad de lo expuesto anteriormente, es mejor tener clara la naturaleza de nuestro sistema de reparto. Cuando uno aporta a él, está comprando un compromiso futuro del Estado a abonarle un determinado pago mensual a partir de su jubilación. Es decir que está adquiriendo una deuda pública que le pagará cupones todos los meses durante su etapa pasiva. Sin embargo, el Estado lo contabiliza como ingreso corriente y puede gastárselo sin que ello signifique mostrar un déficit fiscal. Con la reforma previsional del año pasado, también nos aseguraron que se gestaban los controles para que no se utilizaran los recursos para gasto público, creando el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Régimen Previsional Público. El resultado fue que el gobierno usó los recursos para «disfrazar» el resultado fiscal y poder gastar $ 11.000 millones más para las elecciones. ¿Alguien puede dudar que los recursos de esta nueva reforma terminarán financiando la política económica y fiscal expansiva del gobierno para los comicios de 2009? Algunos cálculos indican que, tras la sanción del proyecto oficial, el déficit previsionalse incrementará en casi u$s 500.000 millones. Si tenemos en cuenta que nuestra deuda pública es de unos u$s 160.000 millones, queda claro que la aprobación de este proyecto es lo que nos llevará a un futuro default previsional y no el mantener el sistema de capitalización, como aseguró en el Congreso un ministro. Dado que esa cifra es impagable, en el futuro algún gobierno declarará una emergencia previsional más y les dirá a los jubilados que no puede abonarles lo que les prometieron, porque otros se gastaron la plata. Además, tendrá que pedirles un mayor esfuerzo a los contribuyentes, nuestros « agradecidos» hijos y nietos, para tratar de moderar en algo el perjuicio del sector pasivo. Historia repetida, ¿o alguien conoce algún jubilado que haya aportado por más de la mínima y que hoy cobre lo que corresponde? Lo más grave es la pasividad ciudadana ante el atropello de sus derechos constitucionales. Empero, cómo podemos exigirle a doña Rosa que cumpla con su responsabilidad cívica, cuando en la dirigencia empresaria, académica y profesional, que cuenta con más medios, ha brillado por su ausencia o sólo manifestado alguna temerosa preocupación ante este hecho de enorme gravedad institucional. Alguna vez escuché decir al Dr. Carlos Escudé que «el populismo es la única alternativa democrática para países con altos niveles de pobreza». En realidad, creo que el populismo es la única alternativa democrática para países con una pobre dirigencia, lo cual condena a la Argentina a una permanente decadencia.

Aldo Abram fue entrevistado en Agro60 con Cesar Tapia Abram opinó sobre las reformas, el tipo de cambio y lo necesario para un crecimiento económico sustentables.   [audio mp3="https://www.libertadyprogreso.org/wp-content/uploads/2017/12/ALDO-AGRO-60-SABADO-16-DICIEMBRE-BLOQUE-3.mp3"][/audio]

LA NACIÓN - EDITORIAL -El presidente Mauricio Macri encabezó el acto en el que el secretario Claudio Avruj anunció el Primer Plan de Acción de Derechos Humanos 2017-2020. El documento publicado comprende varios capítulos y políticas referidas a derechos colectivos, igualdad, no discriminación y reducción de la violencia. Pero sin duda la mayor expectativa se concentró en el capítulo titulado "Memoria, Verdad y Justicia".

En efecto, al conocerse este título se abrió la expectativa de observar avances hacia la pacificación y reconciliación, con el reconocimiento hacia las víctimas ocasionadas por los grupos terroristas que iniciaron y sembraron violencia y muerte en los años setenta. Pero no fue así. El plan no hace ninguna mención de estas víctimas, cuyos familiares siguen clamando el reconocimiento que legítimamente se les debe. Su contenido, por el contrario, parece surgido de la pluma de quienes aspiran a profundizar el empleo del brazo de una justicia parcial para seguir enjuiciando y condenando exclusivamente a militares, policías y gendarmes. En este plano de profundizar la condena hacia ellos, el gobierno nacional ha confirmado que continuará querellando y que no intenta atender los derechos humanos de las víctimas inocentes de los grupos subversivos armados. Nada dice ni plantea sobre el carácter de lesa humanidad que la jurisprudencia internacional adjudica a los crímenes de organizaciones armadas, que además contaron con apoyo y entrenamiento externo. Los argentinos siguen divididos respecto de su visión acerca de lo sucedido en los años setenta. Subsiste una grieta conceptual que constituye un obstáculo para alcanzar la necesaria reconciliación de nuestra sociedad. Durante los doce años en los que los Kirchner ejercieron la primera magistratura, el discurso oficial se caracterizó por una interpretación ideologizada y alejada de la verdad de aquellos hechos. La denominada política de derechos humanos abandonó los principios éticos que debían caracterizarla y fue empleada para lograr espacio político y una artificial cobertura moral para el ejercicio corrupto del poder. Desde el gobierno y en las escuelas se difundió y todavía se mantiene, un relato sobre los setenta que presenta a los grupos terroristas como jóvenes idealistas y a la represión como una acción requerida para acallar la resistencia social frente a políticas económicas impuestas por supuestos perversos poderes económicos. Con esa falsa presentación de la verdadera historia, se ignora a las víctimas ocasionadas por los Montoneros, el ERP y otros grupos armados. Se omite decir que estos grupos actuaron también contra gobiernos constitucionales, y se ignora que entre 1970 y 1973 hubo un fuero judicial que los juzgó y condenó, otorgándoles todas las garantías para su defensa. El relato tampoco recuerda que en mayo de 1973 ese fuero fue disuelto por el gobierno de Héctor Cámpora, y que los terroristas amnistiados retomaron las armas y procedieron a vengarse de los jueces que los habían juzgado y condenado. Puestas a combatir aquel terrorismo desbordado que pretendía hacer de la Argentina otra Cuba, las Fuerzas Armadas fueron reclamadas por el poder civil para aniquilar el accionar subversivo. Este se desarrollaba por combatientes sin uniforme, que actuaban clandestinamente en organizaciones celulares, en ámbitos principalmente urbanos. Lamentablemente, tanto el gobierno constitucional como las cúpulas militares descreyeron en 1975 que el camino pudiera ser nuevamente el de recrear un fuero judicial. La respuesta al requerimiento de aniquilamiento llevó a que las Fuerzas Armadas cometieran desde el Estado crímenes aberrantes. Ciertamente esto no puede convalidarse, pero no por ello hay que olvidar los crímenes y delitos cometidos por los movimientos subversivos. Sin embargo, los integrantes de esos grupos terroristas se mantienen impunes y han recibido cuantiosas indemnizaciones, e incluso han llegado a ocupar cargos de gobierno, pese a la enormidad de sus repudiables conductas. Entre 2011 y 2016, las indemnizaciones sumaron algo más de 4000 millones de dólares. Se estima que en total, desde el inicio y hasta que se satisfagan todos los reclamos, alcanzarán 11.200 millones de dólares. Para continuar lo que alguien denominó "el curro de los derechos humanos", aún hay varios miles de solicitudes bajo análisis. Mientras tanto, desde que se llevó a cabo la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final, se impulsaron y se continúan abriendo cientos de causas judiciales contra miembros de las Fuerzas Armadas y de seguridad, así como también civiles. En la actualidad hay alrededor de 2000 presos, de los cuales 1430 aún no tienen condena y 728 de ellos han excedido holgadamente el tiempo admitido de prisión preventiva. Ya han fallecido 428 en prisión, de los cuales 424 tenían aún prisión preventiva. En gran parte de estos juicios hay denuncias de testigos falsos y se manipulan las pruebas. Ha sido frecuente la realización de audiencias y juicios orales en teatros o grandes locales en los que se convoca a multitudes vociferantes. Esas irregularidades deberían investigarse a fondo, incluyendo tanto lo actuado desde la conducción política como desde el accionar de la Justicia. En particular deberá revisarse la conducta de algunos jueces y fiscales, cuya labor fue contraria a la imparcialidad. El Plan de Acción de Derechos Humanos 2017-2020 debería impulsar como objetivo central, una reconciliación sincera edificada sobre la verdad objetiva y la justicia. Se trata nada menos que de sanar el tejido social y así hacer posible avanzar en paz hacia un futuro común.

Quienes defienden el gradualismo reaccionan diciendo: "¿Ven? Teníamos razón. Apenas intentamos una reforma, nos incendian el país". "El peronismo en oposición siempre termina siendo golpista". Lo primero que corresponde hacer es darles la razón en ese punto y apoyar incondicionalmente las instituciones. La democracia está en las urnas, no en la calle. Una manifestación pacífica es aceptable, así como azuzar a un grupo de gente para interrumpir una sesión del Congreso es un delito contra el artículo 22 de la Constitución. Lo primero que corresponde hacer es darles la razón en ese punto y apoyar incondicionalmente las instituciones. En segundo lugar, hay que analizar los hechos de ayer para repensar cómo pueden hacerse las reformas que son ya urgentes para evitar una potencial crisis económica, y reducir el déficit fiscal antes de que se termine el crédito. Un economista que no comprende las restricciones políticas será un economista ineficaz. Pero del mismo modo, un político indiferente a las restricciones económicas significará un político fracasado. Como decía el General De Gaulle: "la economía y la política están tan unidas como la acción y la vida". En la visión de los gradualistas, gracias a las primeras reformas de Cambiemos, Argentina recuperó el acceso al mercado internacional quedando en condiciones de tomar deuda evitando hacer reformas profundas, y de este modo ganar elecciones. Poco a poco se iría mejorando la eficiencia del gasto público, al tiempo que lentamente se reduciría el déficit total de la economía. Así, continúan diciendo nuestros amigos gradualistas, se fortalece la política y la economía crecería a un 3% anual. El gasto público iría bajando gradualmente en términos del PBI. Este fue el camino del gobierno durante los primeros dos años y efectivamente ganó las elecciones y logró sacar muchas leyes en el Congreso, aunque ninguna que apuntara a bajar el gasto público. El déficit fiscal hoy supera al del 2015. Ganadas las elecciones, el Gobierno decidió avanzar con un pacto fiscal con las provincias y con las reformas impositiva, laboral y previsional. Esto no funcionó, se vio a los gobernadores salir contentos habiendo demostrado que no cederían nada; los sindicalistas lograron limar la reforma laboral hasta prácticamente anularla. Ahora el kirchnerismo y la izquierda aprovechan un cambio perjudicial para los jubilados para hacer un escándalo de proporciones y así evitar la única reforma que implicaba una mejora fiscal. El Gobierno decidió avanzar con un pacto fiscal con las provincias y con las reformas impositiva, laboral y previsional. Esto no funcionó. La conclusión es que el Gobierno logró muy poco en relación al recorte del déficit fiscal o a la mejora de la competitividad económica. Solo el Poder Ejecutivo Nacional parece ahora, tardíamente, dispuesto a recortar el empleo público. Mientras tanto, el capital político obtenido en las elecciones se va diluyendo y la falta de reformas sustanciales demora tanto las inversiones como la reducción de la inflación. La economía podrá recuperar lo perdido, pero de no hacerse las reformas profundas necesarias está destinada a a estancarse una vez más. La opción del shock consistía en hacer las reformas de fondo al inicio del mandato. Lo que implicaba invertir el capital político. Tal vez, el costo habría sido algunos puntos en la imagen presidencial y un triunfo menos contundente en las elecciones de medio término. La oposición en las calles es inevitable pero siempre es más débil al inicio del mandato, por los famosos "90 días de gracia". Además, se entiende que el responsable del dolor es el gobernante saliente que dejó un desmadre descomunal. El mismo que obliga a aplicar cirugía "con" anestesia. Por eso Nicolás Maquiavelo recomendaba al Príncipe: "… El mal se hace todo junto y el bien se administra de a poco…" Se entiende que el responsable del dolor es el gobernante saliente que dejó un desmadre descomunal. Explica Manuel Solanet que a un perro se le corta la cola de un saque y no en siete porciones. La principal y más compleja de las reformas era la reforma del Estado, que no necesitaba ninguna ley, ya que es prerrogativa del Poder Ejecutivo según la Ley 25.164. Puede hacerse en seis meses y pueden amortiguarse sus efectos sociales a lo largo de dos años. En este caso sin duda hubiera sido muy útil el financiamiento externo. Al cabo de dos años, los resultados económicos habrían sido impresionantes y la economía estaría creciendo al 5% o 6% anual con una inflación mucho más controlada. Es posible que no hubiera llegado a tiempo para ganar las elecciones de mitad de término, pero estoy convencido de que el presidente Mauricio Macri hubiera ganado un segundo mandato. Entre los más débiles del planeta El Gobierno optó por no arriesgar su capital político, prefiriendo financiar la postergación de las soluciones. La Argentina toma deuda a un ritmo cercano a los 40.000 millones de dólares anuales, en gran parte externos ya que su mercado de capitales es pequeño. Esto nos coloca entre las cinco economías más débiles del planeta. Desde el Presidente hacia abajo, todo el Gobierno coincide en que estamos con un fuerte desequilibrio, y que debe corregirse reduciendo el gasto público, achicando "los impuestos que nos están matando", y eliminando el déficit fiscal y la inflación. Lo que corregiría también el retraso cambiario, reduciría los costos y permitiría abrir la economía y acelerar el crecimiento. Que el triste día de ayer nos sirva para comprender que las reformas ineludibles si se demoran son cada vez más difíciles de hacer.