“El ‘cepo cambiario’ será cada vez más estrecho. La mayor fuga de capitales y la menor demanda de pesos llevará a tomar medidas que tendrán el objetivo de ‘forzar’ a los argentinos a quedarse en la moneda nacional y a mantener su dinero en la Argentina”, agregó.
“En este momento vemos una incertidumbre cada vez mayor, que se traduce en una mayor presión cambiaria, por lo cual se incrementará la salida de ahorros de la economía. Si hubiese un resultado electoral novedoso, diferente al que se registró el 11 de agosto, puede ser que desde diferentes sectores se genere alguna apuesta a ver qué puede suceder en una segunda vuelta. Pero si se confirma lo que sucedió en las PASO, la salida de ahorros y la menor demanda de la moneda nacional se profundizarán”, explicó Abram a este diario.
INFOBAE - Las Leliq tienen como contrapartida 1,2 billones de pesos que los depositantes en plazo fijo (mayormente) pusieron en manos de los bancos, y estos a su vez compraron esos bonos del Central, en lo que se suele llamar un proceso de esterilización de dinero.
En el corto plazo, la medida puede ser efectiva en contener la inflación porque quita el circulante del mercado; en el largo plazo es peligroso, porque si los ahorristas en el sistema bancario se niegan a renovar sus depósitos, las entidades deben devolver el dinero, lo cual les impide renovar las Leliqs, obligando al Banco Central a monetizarlas. Un proceso semejante se observó en el desarme de Lebacs con una escalada inflacionaria importante, la que sólo se detuvo por la creación de Leliqs.
En el corto plazo, la medida puede ser efectiva en contener la inflación porque quita el circulante del mercado; en el largo plazo es peligroso, porque si los depositantes se niegan a renovar sus depósitos, los bancos deben devolver el dinero
Si tal como ha sugerido el entorno del candidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, el Banco Central se dispusiera a reducir la tasa de interés a modo de shock, los depositantes ya no tendrían incentivos para mantener su dinero en depósitos a plazo fijo y la autoridad monetaria debería monetizar 1.2 billones de pesos.
La gran pregunta es qué harían los depositantes al recibir ese dinero. Si fueran por el dólar como medio de ahorro, su incremento de demanda alteraría fuertemente el precio. El equipo económico podría intensificar aun más el actual cepo e impedir con restricciones que la gente pueda comprar dólares. En tal caso, los actuales depositantes verán restringidas sus posibilidades, pero puede suponerse que accederán a la compra de divisas en el mercado informal, alternando la brecha entre el dólar oficial y el blue. También habrá personas que incrementen su consumo, o destinen el dinero al mercado inmobiliario, al turismo, o a reformar su casa.
Lo cierto es que canalizar ese dinero al mercado alterará fuertemente los precios, lo que hará que los tenedores de pesos, vean su dinero derretirse en sus manos, lo que tendrá un efecto contundente y a la baja de la demanda de pesos. Ese puede ser un causante de un proceso hiperinflacionario que resultará difícil detener.
Canalizar ese dinero al mercado alterará fuertemente los precios, lo que hará que los tenedores de pesos, vean su dinero derretirse en sus manos, lo que tendrá un efecto contundente y a la baja de la demanda de pesos. Ese puede ser un causante de un proceso hiperinflacionario que resultará difícil detener
La alternativa es la del gradualismo, que es lo que viene intentando con poco éxito el Banco Central, manteniendo la tasa de interés nominal en un valor superior a la tasa de inflación anual esperada.
El Presidente del actual Banco Central explica: “la tasa de interés real debe ser positiva para fomentar el ahorro en pesos”. El problema de esta política es que mantiene la actividad económica estancada o en recesión, pues no hay crédito para desarrollar proyectos de inversión. Requiere de paciencia de parte del gobierno y de la gente, credibilidad y en la difícil transición ir corrigiendo problemas estructurales que de mínima necesitan acompañarse con las ya urgentes reformas previsional, laboral e impositiva. No avanzar en estas reformas reduce la credibilidad en el horizonte temporal, lo que a su turno incrementa riesgos, reduce aun más la actividad y complica el éxito de la medida.
Lo cierto es que las Leliq tienen que ser resueltas, y sea con una medida de shock o gradualismo, no se podrán eludir sus costos.
Argentina tiene un sistema de pensiones “con grandes debilidades, poco eficiente y con una sostenibilidad de largo plazo en riesgo”, según la última edición del Índice Mundial de Pensiones de Mercer (MMGPI), informe elaborado en Australia con apoyo de Monash University y el gobierno local de Melbourne.
Nuestro país recibe en 2019 una calificación D, en una escala donde A es el mejor resultado posible y E representa la peor de las opciones. El puntaje global obtenido es de 39,5 sobre 100, por debajo de la media mundial (59,3) y muy lejos de los países que lideran el ranking.
Los principales categorías que mide el índice son Adecuación, Sostenibilidad e Integridad. En los tres la Argentina obtiene resultados inferiores a la media global.
Adecuación mide la seguridad financiera de los beneficiarios durante su jubilación y la calidad de las pensiones obtenidas por los beneficiaros más pobres. En este subíndice Argentina obtiene una puntuación de 43,1 mientras que la media es de 60,6.
El subíndice de Sostenibilidad considera una serie de indicadores que influyen en la sostenibilidad a largo plazo del sistema jubilatorio. Se incluyen factores como la importancia económica del sistema privado de pensiones, su nivel de financiación, la duración esperada de jubilación tanto ahora como en el futuro, la tasa de participación en la fuerza laboral de la población de edad avanzada, el nivel actual de deuda pública y el nivel de crecimiento económico real. El puntaje obtenido por el sistema de pensiones argentino en esta categoría es de 31,9 mientras que la media global se encuentra en 50,4.
Por último, el subíndice de Integridad considera tres áreas amplias del sistema de pensiones: regulación y gobernanza; protección y comunicación para miembros; y costos operativos. En esta categoría se hace énfasis en que el estado no sea el único proveedor del sistema de pensiones, sino que exista una articulación con un sistema privado para asegurar una mayor sostenibilidad y confianza de largo plazo. El resultado obtenido en este indicador es de 44,4, también por debajo de la media (69,7)
Las 10 mejores calificaciones las reciben Holanda (81,0), Dinamarca (80,3), Australia (75,3), Finlandia (73,6), Suecia (72,3), Singapur (70,8), Noruega (71,2), Nueva Zelanda (70,1), Canadá (69,2) y Chile (68,7).
El informe completo se puede acceder en https://www.mercer.com.au/our-thinking/mmgpi.html
En esta visión, el mismo país que le dio hace tan solo dos años un triunfo aplastante al candidato de centroderecha Sebastián Piñera frente al socialista Alejandro Guiller de pronto "despertó", como si hubiera estado hipnotizado por décadas, para darse cuenta de que el modelo socialista o peronista de sociedad era el que realmente anhelaba. Esta idea, por supuesto, es un sinsentido. Muchos de quienes protestaron pacíficamente fueron votantes de Piñera que se sienten defraudados, pues este prometió "tiempos mejores" y, sin embargo, hasta ahora fracasó en la tarea.
Bachelet, con sus reformas tributaria, laboral y educacional, dio un golpe demoledor a las bases del desarrollo del país, por lo que Piñera, incapaz de revertirlas, no pudo cumplir la promesa de mayor bienestar.
En Chile, salarios relativamente estancados, delincuencia creciente, crisis migratoria, servicios públicos deficientes, impuestos abusivos y escándalos de corrupción que han involucrado a la clase política y empresarial se combinaron en una mezcla indeterminable de emociones y de hastío de los segmentos medios de la población que salieron a las calles, los que en todo caso llegaron a una cifra moderada de 130.000 personas en todo el país. A estas frustraciones se sumó el desborde de los estudiantes, que se han acostumbrado desde pequeños a vivir en una sociedad en que el principio de autoridad no se ejerce y se denuesta, y que los idolatra como si fueran portadores de una inocencia y un virtuosismo que los hacen puros y sabios.
La anomia desató la impune evasión del metro de Santiago, cuyo pasaje el gobierno, debido a una ley, debía incrementar. Luego, grupos organizados antisistémicos contando, con la justificación del Partido Comunista, del Frente Amplio y otros sectores de la izquierda chilena, de manera coordinada destruyeron e incendiaron 80 de las 136 estaciones de la red, llevando a una completa parálisis del sistema nervioso central de Santiago evidentemente buscada para desatar el caos.
Si Piñera hubiera renunciado, como exigía el Partido Comunista mientras ardía Santiago, el presidente del Senado, un socialista de línea dura, habría asumido el poder hasta nuevas elecciones. Y de ahí cualquier cosa habría sido posible. Piñera, sin embargo, ha resistido y decretado el estado de emergencia para que los militares restablezcan el orden atendiendo al clamor, especialmente de los sectores más vulnerables de la población, que eran atacados por delincuentes sin control.
Finalmente, en una hábil jugada para desarticular a la izquierda y contener presiones ciudadanas, el mismo gobierno ha anunciado medidas de gasto excesivo, efectivas en lo inmediato, pero que en el mediano plazo podrían ser insostenibles. Si no las acompaña con una agenda de crecimiento económico y modernización del Estado, Chile tendrá probablemente otros estallidos sociales en el futuro por su incapacidad de generar la prosperidad anhelada por la población y de financiar el gasto público comprometido. Así, tal como la destrucción promovida por la izquierda terminó por dañar severamente a los más pobres, las políticas que resulten de este episodio podrían hacerles más difícil salir a adelante por sus medios, dejándolos a merced de la asistencia del Estado.
