Desde la Fundación Libertad y Progreso, queremos expresar nuestra preocupación por la crítica situación de las universidades públicas nacionales, agudizada por el inevitable ajuste fiscal encarado por el Gobierno Nacional.

En esta difícil coyuntura deberán encontrarse paliativos y soluciones que eviten situaciones que afecten la continuidad del funcionamiento generando perjuicios severos a estudiantes y docentes. No obstante, creemos que esta es una oportunidad para revisar el empleo eficiente de los recursos y para corregir desvíos en el uso político y extrauniversitario de una parte de los mismos.

Consideramos también que es un momento oportuno para explorar otras posibles fuentes de financiamiento. Reconocemos la importancia de la educación pública y su contribución a la movilidad social. Sin embargo, es necesario recordar que la educación universitaria no es un bien público en su totalidad. Su gratuidad universal implica que la comunidad se hace cargo, además del costo de estudiantes extranjeros, de todos aquellos otros que pueden y deberían pagarlo. La igualdad de oportunidades se cumple facilitando el coste de sus estudios a quienes no pueden afrontarlos. Hay suficiente experiencia internacional sobre el manejo y la auditoria de información y sobre sistemas de becas, préstamos y otras modalidades. Queremos también destacar la importancia de que existan exámenes de ingreso para garantizar que los recursos se utilicen de la manera más eficiente posible.

Las empresas no financieras del Estado nacional tuvieron un resultado operativo negativo por casi US$2.900 millones en doce meses.

Un informe de la Fundación Libertad y Progreso señala que en el acumulado de doce meses hasta el tercer trimestre de 2023 (último dato disponible), de las 33 empresas relevadas por el Ministerio de Economía, 25 registran un déficit operativo. Es decir, el 75% no llega a compensar con sus ingresos lo que pierden por operar.

El déficit operativo sumado de las 33 empresas del sector público nacional no financiero fue de $1.303.545 millones en los doce meses hasta septiembre de 2023 (último dato disponible), equivalente a unos US$2.897 millones al tipo de cambio financiero.

A propósito del pronunciamiento de los Gobernadores de las provincias patagónicas en favor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) el informe destaca que la empresa cubre con ingresos de operación apenas el 8% de sus gastos operativos. Con esto, YCRT se posiciona como la sexta empresa pública con peor relación entre ingresos y gastos de operación.

Los mayores déficits operativos los registran Energía Argentina (ENARSA), Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (OFSE) y Aerolíneas Argentinas; estas tres empresas explican el 81,6% del déficit operativo total. Entre el grupo minoritario de las superavitarias destaca Nucleoeléctrica Argentina SA, con un resultado positivo acumulado de $69.182 millones (ver detalle en Anexo I).

El costo de oportunidad del déficit de las empresas públicas

Mantener un ecosistema de empresas públicas deficitarias tiene importantes costos en términos fiscales y demora la potencial reducción o eliminación de impuestos distorsivos, algo necesario para empezar un proceso de reactivación económica. El rojo de las empresas deficitarias es equivalente a 0,95% del PBI o 3,8% de la recaudación tributaria nacional. Para dar dimensión, es equivalente a todo lo recaudado en el mismo período por derechos de exportación, el 166% de lo ingresado por Bienes Personales o el 54% de lo recaudado por Impuesto sobre los Créditos y Débitos Bancarios, más conocido como impuesto al cheque.

Sumado, el déficit operativo de estas empresas es 2,2 veces lo que se destinó en recursos al Ministerio de Salud en 2023 o el 55% lo destinado al Ministerio de Educación. A su vez, tomando el promedio del costo de la canasta básica alimentaria de los doce meses comprendidos hasta septiembre de 2023, encontramos que con el déficit de las empresas públicas se podrían haber comprado el equivalente a 3,5 millones de Canastas Básicas Alimentarias durante un año.

La visión de la Fundación Libertad y Progreso

La Fundación Libertad y Progreso opina que la operación de las empresas públicas tiene costos que están directamente vinculados a sus pérdidas operativas, que terminan siendo cubiertas por transferencias del Estado Nacional o, lo que es lo mismo, por los contribuyentes argentinos. Esto independientemente de lo que los ciudadanos reciban a cambio de su aporte o de la verdadera utilidad social de la empresa.

Por este motivo, desde Libertad y Progreso impulsamos que se avance en la privatización de las empresas públicas y desregulación de los sectores económicos donde operan para asegurar la proliferación de la competencia y la inversión.

Consideramos que la provisión de bienes y servicios en los mercados puede ser llevada delante de manera eficiente por empresas privadas, contribuyendo a ahorrar costos para un Estado nacional que lucha por salir de su quebranto.

Emilio Apud, Consejero académico en la Fundación Libertad y Progreso, señala que “El mundo reducirá aceleradamente durante la transición energética hacia el “net Zero” el uso de carbón en su matriz energética por ser el hidrocarburo de mayor emisión de CO2, que en una primera etapa será reemplazado por gas natural, el más limpio de los hidrocarburos. Argentina tiene el segundo recurso de shale gas del planeta y se está posicionando para ser un exportador de gas natural licuado, favoreciendo los objetivos de la transición. No tiene sentido producir carbón, menos aún con el de la mina de Río Turbio”.

Eugenio Marí, Economista Jefe de la Fundación Libertad y Progreso, señala que “varias empresas públicas son casos testigo del elevado costo social de las buenas intenciones. Que un servicio sea considerado básico no implica que deba ser suplido por el Estado. Hay que preguntarse si los argentinos van a estar mejor bajo una oferta regulada y provista por el sector público o si en cambio conviene dejar el espacio al privado. Además, que el Estado destine recursos a financiar la operación de empresas tiene costos, porque son recursos que podrían estar destinándose a otros fines. En un país con 45% de pobreza general y 50% de pobreza infantil, es difícil justificar que el Estado argentino siga financiando el mal manejo de empresas estatales”, concluyó.

Lautaro Moschet, economista de la Fundación Libertad y Progreso, sostuvo que “Más allá de la discusión ideológica sobre si ciertos bienes o servicios deberían ser provistos por el Estado o el sector privado, hay que entender que las ineficiencias en la gestión estatal terminan siendo financiadas por toda la población argentina. Es indignante observar el derroche de recursos en este contexto, teniendo en cuenta que el 60% de los niños menores de 14 años vive en condiciones de pobreza. Ante la resistencia de las privatizaciones, resulta evidente que la política argentina permite que el Estado Nacional subsidie a empresas ineficientes, cuando esos fondos podrían ahorrarse e implicar menor financiamiento para todos los argentinos o reasignarse a programas de asistencia social”.

Valentín Gutiérrez, analista de la Fundación Libertad y Progreso, agrega que ” mientras que las empresas privadas operan bajo la competencia del mercado, viéndose obligadas a cuidar todos sus recursos y a ser lo más eficientes posible, las empresas públicas por su naturaleza no enfrentan la misma rigurosidad. Este genera mala asignación de recursos con costos ambientales, de personal y de capital que son pagados por todos los contribuyentes. Recursos que podrían ser mejor aprovechados en otra parte, resultando también en mejores bienes y servicios para los consumidores”.

Desde la Fundación Libertad y Progreso expresamos nuestra más profunda solidaridad con las víctimas y sus familias afectadas por la violencia relacionada con el narcotráfico en Rosario y en otras regiones del país. Este flagelo, exacerbado por décadas de políticas populistas, ha llevado a la alianza entre ciertos gobiernos y organizaciones criminales, debilitando el Estado de derecho y su capacidad para garantizar la seguridad y el bienestar de sus ciudadanos.

La Constitución nos recuerda la obligación indelegable del Estado de proveer seguridad y justicia, pilares fundamentales que se ven socavados cuando las mafias y el narcotráfico se fortalecen hasta controlar territorios enteros mediante el terror. Es crucial reconocer que, ante esta penetración del crimen organizado, las medidas de combate y represión necesarias para erradicarlo deben ser excepcionalmente rigurosas.

Entendemos que para prevenir la radicación del narcotráfico, es imperativo mantener niveles de vigilancia y acción estatales superiores a la media regional; sin embargo, una vez que estas organizaciones se arraigan en una comunidad, enfrentarlas implica un desafío mucho mayor. En estos casos, lamentablemente, la intensificación de los esfuerzos para desmantelar estas redes puede resultar en un incremento temporal de la violencia, una realidad dolorosa pero necesaria en el camino hacia la recuperación del orden y la paz social.

Rechazamos la noción de que los delincuentes son víctimas del sistema. Las verdaderas víctimas son aquellos cuyas vidas y libertades son vulneradas por actos criminales. Por tanto, instamos a un reforzamiento del Estado en su función de garante del orden, mediante el uso legítimo y monopólico de la fuerza, siempre bajo el imperio de la ley y los principios de nuestra Constitución Nacional. Apoyamos todas las iniciativas dirigidas a proteger la vida, la libertad y la propiedad de los ciudadanos, y hacemos un llamado a la acción colectiva para restablecer la seguridad como pilar de una sociedad libre y progresista.

El IPC LyP arrojó un aumento de 16,8% en febrero, desacelerándose 3,8 puntos porcentuales respecto a la medición oficial de enero (20,6%). De esta manera, en el primer bimestre del año el IPC acumula una suba de 40,9%. La variación interanual alcanza el 288,0%, llegando a su valor más alto desde marzo de 1991.

En la evolución del mes, encontramos que la primera semana de febrero presentó una variación sustancialmente alta, debido a la actualización de tarifas en el transporte público del AMBA. A partir de la segunda semana del mes, los datos convergieron a variaciones en el rango del 2%-3% semanal, manteniendo la tendencia de la última quincena de enero y ubicándose en valores similares a los de septiembre del 2023.

De esta forma, la última semana de febrero deja un arrastre de 3 puntos porcentuales para marzo, unos 0,2 pp. menos que en enero.

La tendencia de marzo es hacia una suba del IPC de alrededor del 15% mensual. Si bien las subas de precios estacionales y de regulados jugará en contra, estimamos que la vigencia del ancla cambiaria y la política monetaria contractiva que está llevando adelante el Banco Central de la República Argentina (BCRA) más que compensará este efecto, por lo que el IPC tendrá una variación levemente menor a la del segundo mes del año.

Eugenio Marí, Economista Jefe en la Fundación Libertad y Progreso dijo que “de la misma forma que cuando el gobierno emite para financiarse, no todos los precios de la economía suben instantáneamente, cuando se deja de emitir tampoco se detienen en el acto. Lo positivo es que haber dejado de emitir para financiar al Tesoro ha favorecido una menor oferta de pesos y la estabilidad del tipo de cambio. Con esto se están sentando las bases para bajar la nominalidad de la economía argentina y profundizar el proceso de desaceleración del IPC, algo que es moderado por las actualizaciones de precios regulados que acumularon atrasos”.

Por su parte Valentín Gutiérrez, analista en la Fundación Libertad y Progreso agrega que “si bien los índices de precios seguirán arrojando subas significativas en febrero y marzo, estrictamente la inflación, entendida como el proceso de pérdida de valor de nuestra moneda, se está mitigando, lo que puede verse en la estabilidad del peso frente al dólar. Eso no quita que el sobrante monetario heredado aún no se haya trasladado a precios en todos los mercados y deba sincerarse. Pero sí hace pensar que, una vez completado ese proceso, las subas de precios se desacelerarán fuertemente”.

Lautaro Moschet, Economista en la Fundación Libertad y Progreso dijo que “a pesar de que el bolsillo de la gente sigue resintiéndose mes a mes hay que tener en cuenta que se están generando las condiciones para pensar en un país con baja inflación en el mediano plazo. Esto es importante, porque una vez que se estabilice la macroeconomía, no solo los salarios podrán recuperarse de la caída abrupta de los últimos años, sino que también aumentarán en términos reales. Para que esto ocurra es importante la inversión y su consecuente aumento en la productividad. En este sentido, el gobierno ya anunció las intenciones de salir del cepo (condición necesaria para atraer inversiones) a mitad de año y mientras más rápido ocurra esto, menor será el tiempo necesario para la recuperación”.