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“Hechos probados”

CATO Carlos Rodríguez Braun dice que los medios de comunicación siempre están vigilantes en contra de las desigualdades, pero no denuncian aquella entre el poder y la gente, algo evidente en el documental “Hechos probados”.

El documental “Hechos probados”, de Alejo Moreno, cuenta el acoso al que sometió Hacienda a Agapito García Sánchez (puede verse aquí).

Don Agapito lleva años defendiéndose contra la Agencia Tributaria, y, pese a no haber sido condenado por delito fiscal, sigue siendo “el mayor moroso”, como lo han llamado los medios de comunicación.

Alejo Moreno empieza su documental con El proceso de Kafka, porque ese es el centro de su denuncia. No está en contra de los impuestos, como tampoco lo está el propio Agapito, sino contra el abuso flagrante del Estado sobre los ciudadanos.

Tampoco rechazaron los impuestos la treintena de catedráticos de Hacienda que en 2018 firmaron la Declaración de Granada. No es una proclama liberal sino una queja ante la inseguridad jurídica del ciudadano frente a un Estado que debería proteger sus derechos, pero que, como señalaron dichos profesores, algunos de los cuales aparecen en el documental, lo somete a un “desvalimiento de la Ley” porque “se ha ido consolidando la primacía del poder ejecutivo frente al legislativo”, lo que reduce al ciudadano a la condición de súbdito y que desemboca en “un ordenamiento pro fisco que, en no pocas ocasiones, nada tiene que ver con el que demanda el interés público” (cf. CRB, M. Blanco y L.D. Ávila, Hacienda somos todos, cariño, Deusto, 2021, págs. 146-147).

En realidad, el problema al que nos enfrentamos, y que ilustra este documental, trasciende las ideologías y las teoría económicas y presupuestarias: es nada menos que la violación del Estado de Derecho. Se trata de una enorme brecha que separa una todopoderosa Administración y un ciudadano desarmado y privado de su defensa fundamental en una sociedad libre: la presunción de inocencia. Al contrario, esa presunción se le supone al poder político.

Es triste el papel de tantos medios, siempre vigilantes en contra de las desigualdades, pero que no denuncian la desigualdad entre el poder y la gente. Al contrario, suelen aplaudirla, recomendando que suban los impuestos, porque, como otros Estados de Europa castigan aún más a sus súbditos, entonces España debe imitarlos. Eso sí, se quedan encantados repitiendo la vieja gansada del juez Holmes: “los impuestos son el precio que pagamos por la civilización”, cuando ni son un precio ni los pagamos “a cambio” de nada, porque son, como su nombre lo indica, obligatorios.

Este artículo fue publicado originalmente en La Razón (España) el 5 de abril de 2022.

Política

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Libertad y Progreso entre los think tanks con mayor presencia en Redes Sociales de América Latina

La Fundación Libertad y Progreso fue distinguida por la Revista Forbes como uno de los Think Tanks con mayor presencia en redes sociales de Latinoamérica.

Alejandro Chafuen, Presidente de Atlas Network entre 2010 y 2018 y autor del ranking de think tanks por el libre mercado con impacto en redes sociales, destacó que la Fundación Libertad y Progreso “consolidó su liderazgo en Youtube”, siendo el segundo en cantidad de suscriptores y vistas fuera de los Estados Unidos en el 2021.

Agradecemos a toda la audiencia que nos acompaña y a nuestros partners y socios, que posibilitan que sigamos creando contenidos para la batalla cultural y para lograr un cambio definitivo al progreso en Argentina.

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El Idiota De Vladimir Putin

Por Carlos Alberto Montaner, Consejero Académico de LyP – No creo que Ucrania pueda entrar en la OTAN. Es triste, pero es así. El idiota de Putin se lo impide. ¿Por qué “idiota”? Es una palabra muy fuerte. “Idiota”, porque el ex agente del KGB está encadenado a una percepción geopolítica anterior a la aviación supersónica y a la cohetería. Su visión es de cuando el mundo se dividía en zonas de influencia y tenía sentido rodear a las naciones de una coraza aparentemente impenetrable. Hoy la cohetería supersónica y las armas nucleares, a lo que se agrega el comercio internacional (por aquello de las “sanciones”) transforman en obsoleta la vieja visión de las relaciones internacionales.

La Primera y la Segunda guerra mundiales (la Segunda guerra fue una simple deriva de la Primera), fueron objeto de la misma visión equivocada, pero ya no hay derecho a errar. Al fin y al cabo, la aviación estaba en pañales en 1914 cuando asesinaron al archiduque Fernando, el heredero del imperio austro-húngaro, y a su mujer Sofía Chotek en Sarajevo, oscuro comienzo del conflicto que se saldó con 50 millones de muertos, tres imperios desmantelados –el austro-alemán, el ruso y el turco-, y un cuarto, el británico, se fue desvaneciendo lentamente. 

¿Qué le queda a Ucrania por hacer si no puede entrar en la OTAN? Fabricar armas atómicas, como ha hecho Corea del Norte. Donald Trump no le perdonó la vida a Kim Jong-un por simpatía, sino porque no quiso correr el riesgo remoto de que un bombazo cayera en Nueva York, San Francisco, Chicago o Miami.  Si Ucrania hubiera tenido armas nucleares, otro gallo cantaría, como tuvo hasta la década de los noventa del siglo pasado. 

En ese momento se las devolvió a Moscú por medio de un acuerdo del que fueron garantes el Reino Unido y USA. Putin no se habría atrevido a arriesgar Moscú o San Petersburgo por la mala idea de invadir Ucrania. Se olvida que Ucrania era el tercer país del planeta con mayor número de ojivas nucleares: 1,900. Si hubiese conservado sólo una docena el panorama sería diferente. Por supuesto, que tras generar esa devastación Ucrania quedaría absolutamente destruida, pero Rusia también estuviera muy afectada.  

No sé como los “think-tanks” rusos no advierten que la OTAN es un club donde se prohíbe la “proliferación de armas nucleares”. Los que las tienen (USA, Inglaterra y Francia) no tienen interés en que otros países las posean. Si yo fuera consejero de Putin le diría que Ucrania está mejor dentro de la OTAN que fuera de ella. Lo mismo que sucede con las naciones que constituían la coraza que supuestamente protegía a la URSS: Polonia, Chequia, Eslovaquia (Checoslovaquia), Rumanía, Bulgaria y los tres países bálticos, todos intelectual y económicamente capaces de fabricar armamento nuclear.

Doy por sentado que Vladimir Putin no quiere volver a la etapa colectivista de Rusia. Supongo que, en realidad, ha renunciado al marxismo. Recuerdo que en los noventa se utilizaba la metáfora de la “pecera” y “la sopa de pescado” para afirmar que era muy difícil regresar a la etapa capitalista. También recuerdo la cola de menesterosos, casi todos ancianos, con una botella de vodka en las manos, tratando de venderla; o el hecho de que los “Uber”, sin app, fueron inventados en las ciudades rusas, donde bastaba detener un vehículo y contratarlo para que te llevaran a algún sitio por un precio muy módico. 

De alguna manera continúa vigente la metáfora de la “pecera” y la “sopa de pescado”. Casi nadie quiere volver al colectivismo. En efecto, fue muy difícil devolverle a la sociedad y al mercado la facultad de producir, con las inevitables diferencias que se generan, y el hecho de que, efectivamente, hay perdedores y ganadores en el modelo capitalista de producción. Esto tiene que ver con el carácter del emprendedor, con los estudios, con la familia que se tiene, con los contactos, con los valores, con la moneda en que realizan las transacciones, hasta con la suerte,  y con el resto de los factores que intervienen en los resultados. A veces son tan injustos como la apariencia, incluida la raza, las preferencias sexuales, el género a que se pertenece y el peso y el tamaño del agente económico. No obstante, el colectivismo es cien veces peor y la gente está dispuesta a matar o dejarse matar para no involucionar en esa dirección. 

Cuando visitaba Moscú escuché muchas veces que “hay que quitarle a Rusia el peso de la URSS”. Me pareció una consigna muy inteligente. Ni USA, ni el resto del “mundo libre”, y es igual lo que eso signifique, tienen otro peso que el de la propia “calidad social” con que cuentan, lo que significa que millones de personas intentan ingresar en esos países a como dé lugar. ¿Cuándo va a descubrir Putin que matando chechenos, abjasios o ucranianos no va a construir ni reconstruir nada, salvo su propio fracaso? Sólo por eso merece el calificativo de idiota.  

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El verdadero alcance de los crímenes de guerra

LA NACION – Por Carlos Manfroni – Hasta que comenzó, a fines del mes pasado, la invasión de Ucrania por parte de Rusia, y desde la caída del Muro de Berlín, en 1989, creíamos que habíamos entrado en una era de paz. El desmembramiento de la Unión Soviética y, con él, la culminación de la derrota de los Estados fuertes y expansivos habían dado un respiro a la humanidad. La riqueza procedente de la innovación tecnológica y las comunicaciones habían relativizado el valor de la posesión de territorios y, además, el comercio entre naciones que poco tiempo antes eran enemigas pacificaba al mundo. Continuaban, soterradas, las batallas contra el narcotráfico y, a los ojos de todos, las acciones terroristas.

La invasión nos devolvió al siglo XX, el más sangriento de la historia conocida, y a la práctica de los crímenes de guerra.

En la televisión y en las redes, por primera vez en tiempo real, vemos bombardeos a poblaciones civiles, ataques a edificios a los que nada vincula con instalaciones militares, incluso a escuelas y hospitales, y ya comienza a hablarse de violaciones de mujeres, una práctica aberrante que se ha visto sobre todo en las tropas eslavas durante el siglo pasado. Todos esos hechos y muchos otros constituyen crímenes de guerra. La posibilidad real de que sean juzgados es una cuestión aparte, pero lo son, de acuerdo con los estatutos internacionales.

Vladimir Putin ni siquiera limitó su avance hacia las zonas de Donetsk y Lugansk, que él mismo proclamó independientes, o incluso a la franja este de Ucrania, sino que impulsó un ataque generalizado sobre todo el territorio.

Rusia integró, en octubre de 1945, por entonces como Unión Soviética, el Tribunal Militar de Núremberg, junto con Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, a fin de juzgar “a los principales criminales de guerra del Eje europeo” que actuaron antes y durante la Segunda Guerra Mundial. En el estatuto que firmaron las cuatro potencias se establecieron las características de los crímenes de guerra, entre ellas: “planificar, preparar, iniciar o librar guerras de agresión”, el asesinato de población civil, “la destrucción sin sentido de ciudades o pueblos o la devastación no justificada por la necesidad militar”.

En los Principios de Núremberg también se definieron los delitos de lesa humanidad, que comprendían, entre otros, los actos inhumanos cometidos contra cualquier población civil cuando fueran llevados a cabo al perpetrar un delito contra la paz o un crimen de guerra, así como la persecución racial, política o religiosa.

En el Principio IV se dispuso que “el hecho de que una persona haya actuado en cumplimiento de una orden de su gobierno o de un superior jerárquico no la exime de responsabilidad conforme al derecho internacional, si efectivamente ha tenido la posibilidad moral de esa opción”.

La “posibilidad moral” de optar por cumplir o no una orden en un régimen militar es algo bastante difícil de determinar. Las acusaciones de traición, desobediencia o deserción tienen las peores consecuencias en una estructura castrense. Sin embargo, hay casos en los que la responsabilidad del subordinado resulta evidente. Esto ocurre a diario en Ucrania, por ejemplo, en las escenas que vimos en las pantallas de un tanque que se desvió de su marcha con el propósito de aplastar a un automóvil civil –y lo hizo– o de otro que disparó con su cañón contra un vehículo particular o de quienes atacan colegios u hospitales. También, por supuesto, en los casos de violación de mujeres ucranianas u otras formas de agresión o maltrato a los pobladores de las regiones invadidas y que exceden las acciones militares. Por las acciones militares deberían responder Vladimir Putin y los generales que hayan preparado la ofensiva, algo que en los hechos dependerá de la forma en que termine el conflicto.

Tal vez, por ese motivo, el Tribunal de Núremberg dictó solo doce condenas a muerte y unas pocas a prisión, además de algunas absoluciones. Las condenas involucraban a los principales jerarcas nazis que cometieron u ordenaron crímenes horrendos contra la población civil.

Por su lado, los Estados perjudicados iniciaron sus propios juicios. El más famoso fue el que tuvo lugar contra Adolf Eichmann en Jerusalén, capturado en la Argentina en 1960 y juzgado en Israel. Allí, después de aproximadamente un año de proceso durante el cual el acusado y los testigos prestaron extensas declaraciones, se lo condenó a muerte. Aun en este caso, se tomó especialmente en cuenta el hecho de que Eichmann había aceptado voluntariamente su ingreso en las SS y después en la SD, que se convirtió en el centro de información de la Gestapo, aunque él alegó desconocer la naturaleza de la organización en la que había entrado.

“Saber si Eichmann mentía o decía la verdad tenía cierta trascendencia en el juicio, ya que en la sentencia debía declararse si había aceptado voluntariamente su cargo o si lo habían destinado a él sin contar con su voluntad”, cuenta textualmente Hannah Arendt en su libro Eichmann en Jerusalén.

Casi siempre los juicios consecuentes a la Segunda Guerra tomaron en cuenta al autor de las órdenes, las responsabilidades personales y la posibilidad real de haber desobedecido las instrucciones. No se juzgó a las personas por el solo hecho de haber pertenecido al ejército enemigo ni por haber estado en una posición pasiva en un lugar determinado. Todo esto aun cuando en el caso de la población judía de Alemania y los países ocupados, ella ni siquiera era una fuerza beligerante ni había cometido actos de agresión contra el Estado.

En el caso de Ucrania, si la política y la diplomacia de Occidente, como algunos análisis indican, no actuaron con la prudencia y la habilidad necesarias para evitar la guerra, esto es algo que la historia analizará a corto plazo, pero, como siempre, los excesos resultan injustificables. Y en este caso los excesos son nada menos que el todo y tienen dimensión de hecatombe.

Rusia no puede situarse al margen de los estatutos en los que actuó como juez en Núremberg y, además, como señaló Hannah Arendt, incluso en esa oportunidad se le podría haber aplicado a la Unión Soviética el argumento tu quoque (tú también), por las matanzas que había llevado a cabo en Polonia y en su propio territorio. Esto si no fuera que para entonces ya ejercía su poder sobre la mitad de Europa.

Por otro lado, la Unión Soviética firmó el Protocolo I de los Convenios de Ginebra, que prohíbe los ataques indiscriminados, que son los que no se dirigen contra un objetivo militar específico o emplean medios que no puedan ser dirigidos a un objetivo militar específico.

El Estatuto de Roma, que creó el Tribunal Penal Internacional, fue suscripto por Rusia, que nunca lo ratificó y retiró su firma en 2016.

En 1993 se constituyó el Tribunal Internacional para la ex-Yugoslavia, bajo cuya jurisdicción fue detenido el presidente Slobodan Milosevic, en 2001. En 1994 se creó otro destinado a castigar el genocidio de Ruanda. Lamentablemente, a pesar de las atrocidades que se investigaron y condenaron en ellos, la experiencia demuestra que el juzgamiento de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad está determinado por la posición de fuerza con la que cada uno queda tras el final del conflicto.

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