El Comercio (Perú) - CATO- El presidente ecuatoriano Lenín Moreno está peleado con su antecesor Rafael Correa. Moreno heredó un país con los problemas típicos de los que optaron la ruta populista y que se aliaron con el régimen bolivariano de Venezuela: un gasto público elevado e insostenible, bajo crecimiento y corrupción a gran escala. De presidente, y a pesar de haber formado parte del gobierno correísta, Moreno no protegió a su exjefe una vez que los escándalos de corrupción relacionados a ese gobierno se empezaron a destapar. Ahora tiene a Correa de enemigo y estamos viendo algunos resultados. Como parte de un plan para sanar las cuentas públicas, Moreno anunció a principios de mes que se eliminaría el subsidio a los combustibles. Se estima que esa medida ahorraría más de US$2.200 millones en los próximos 12 meses. Los subsidios, según un estudio reciente, le han costado al Estado ecuatoriano casi US$50.000 millones desde 1989 y representan la mayor parte del déficit fiscal. Quienes mayormente se benefician de los subsidios son los más ricos, pues por consumir mucho más combustible en el uso de autos y demás, son los más subsidiados. Para eliminar esa injusticia, un estudio reciente del Banco Interamericano de Desarrollo recomendó poner fin al subsidio y compensar a los más necesitados con un aumento de ayuda financiera. El plan de Moreno cumpliría con lo mismo. Eliminaría un subsidio a los pudientes, aumentaría el Bono de Desarrollo Humano que reciben los más vulnerables y le ahorraría al Estado un monto importante. Además, compensaría al sector privado y a los consumidores con rebajas de ciertos impuestos y aranceles. Correa, prófugo en el exilio, se opuso a la medida a pesar de, recientemente, haberle hecho la misma recomendación al dictador de Venezuela, donde la gasolina es prácticamente gratis. Los transportistas también se opusieron, pero negociaron una solución con el gobierno. Luego se opusieron los indígenas del país, que parecen haberse radicalizado. Grupos indígenas secuestraron a policías y periodistas en Quito, tomaron campos petroleros y hasta se apoderaron de la Asamblea Nacional. Las manifestaciones se volvieron violentas y el gobierno, por primera vez en la historia reciente de Ecuador, mudó su sede a Guayaquil bajo un estado de emergencia. De allí en adelante, se volvió todavía mas violenta la situación, saliéndose de las manos del gobierno. Aparecieron entonces grupos armados en Quito que vandalizaron y saquearon negocios privados, un medio de televisión y vecindarios alrededor de la ciudad. Eran colectivos al estilo chavista, algo que jamás se había visto en Ecuador. Por primera vez los ecuatorianos empezaron a usar ese término para describir una realidad nacional suya. Esto huele mal porque pareciera ser algo organizado por el chavismo. Los viejos y actuales aliados de Correa, quien, si lograra derrocar al gobierno actual, sería el más favorecido en las elecciones adelantadas que tendrían que hacerse bajo la Constitución. De hecho, uno de los edificios del Estado que los manifestantes intentaron quemar (sin éxito) fue la contraloría del país, donde se archivan los casos contra Correa. A través de videos y demás, Correa hizo lo que pudo para alentar la inestabilidad. Pero cuando se volvió obvio lo que hacía, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador lo denunció: “Rechazamos el oportunismo descarado, el correísmo nos criminalizó y asesinó a compañeros durante 10 años, hoy pretende aprovecharse de nuestra plataforma de lucha”. Ya era un poco tarde para darse cuenta. Aun así, ayer lograron que Moreno suspendiera la eliminación del subsidio, lo que en la práctica significa el debilitamiento del gobierno y la legitimación de la violencia política. Ya veremos si se empezará a sentir más fuerte la “brisita bolivariana” en la región que el chavismo venezolano anunció el otro día. Este artículo fue publicado originalmente en El Comercio (Perú) el 15 de octubre de 2019.

LOS MERCADOS WEB - Por el bien de la economía, la “lealtad” debe ser dejada de lado. Después del resultado de las PASO y en función de las siempre poco creíbles encuestas, es muy posible que Alberto Fernández se convierta en presidente electo el 27 de octubre de este año. Como se ha visto, esta posibilidad genera extremos de nerviosismo. Tras la arrolladora victoria del 11 de agosto, el dólar se catapultó 30% y los depósitos bancarios cayeron en más de USD 10.000 millones. De acuerdo con el kirchnerismo, fue Macri quien dio la orden de que el dólar suba… Aparentemente, también habría ordenado a la gente generar una corrida bancaria. En fin… Lo que sí hizo Macri fue poner el cepo, de manera de racionar las pocas reservas que quedan. Esto, naturalmente, creó un mercado paralelo, cuya brecha con el dólar “oficial” subió esta semana tras el pago de $AR 12.700 millones en concepto de vencimientos de deuda local. Como se observa, el furor por el dólar no se aplaca. ¿Por qué no? Porque el futuro de Argentina sigue preocupando a los inversores. Y, la verdad, no es para menos. Recientemente, Alberto Fernández declaró  que “Cristina Fernández y yo somos lo mismo”. Más atrás en el tiempo, el candidato recibió de parte de su principal partido, el Partido Justicialista, un documento de propuestas concretas que lucen una más disparatada que la otra. Es por esto que decimos que, si Alberto quiere enderezar la economía, deberá traicionar al peronismo, tanto en su versión “kirchnerista”, como en su variante “justicialista”.

Asalto contra el campo

Entre las primeras propuestas económicas que figuran en el documento que Fernández recibió del Partido Justicialista se encuentra la destinada a la “Producción Agropecuaria”. Ahora a juzgar por el contenido, bien podría reemplazarse la palabra producción por destrucción. La idea que sobrevuela la sección es que los productores agropecuarios son culpables de que en Argentina haya “compatriotas que pasen hambre”. En un precario análisis de suma cero, el justicialismo cree que si alguien no tiene plata para comprar pan, eso se debe a que el productor de pan es demasiado codicioso. La conclusión natural de esto es que el gobierno debe controlar los precios, algo que el documento sugiere:

“Los precios de los alimentos no deben estar atados al vaivén del dólar: implementaremos políticas para atemperar el impacto de las subas del dólar en el valor de la canasta familiar. Se activará la promoción de ferias y mercados locales; se establecerán mecanismos de vigilancia de precios a partir de precios referenciales para las cadenas de comercialización”

Por si esto no alcanzara, se propone reformar “el sistema de derechos de exportación” para “promover el valor agregado en origen”. Obviamente, esto no es más que un eufemismo para disfrazar que quieren aumentar las retenciones en busca de desincentivar la exportación de ciertos bienes y que éstos queden en abundancia para el mercado local. Ocurre, sin embargo, que dicho impuesto desincentiva no solo la exportación, sino también la producción y, a la larga, ni se exporta ni se puede consumir nada porque sencillamente el producto deja de existir en las cantidades necesarias.

Divisas

Otro punto destacado de la política de destrucción agropecuaria es que se propone retomar “el manejo y la regulación soberana de las divisas del sector granos y oleaginosas” ya que se considera que “las divisas del comercio exterior de granos son un recurso escaso y estratégico” y que “el manejo de las divisas por parte del sector privado ha sido un completo fracaso debido a la falta de regulación estatal.” Lo primero que hay que decir aquí es que, de acuerdo con datos oficiales, la liquidación de divisas por ventas de granos durante los 4 últimos años de CFK ascendió a USD 86.600 millones. En los años de Macri, ese número cayó a USD  82.300 millones, pero en parte producto la sequía brutal de 2018. Ahora bien, incluso con sequía, solamente se liquidó un 5% menos que en los 4 años previos. ¿Dónde está el “completo fracaso”? Por otro lado, las divisas no son del gobierno o del país, sino del exportador que las consigue a cambio de su trabajo y capacidad productiva. Es su derecho quedárselas si así lo desea, y ya paga suficientes impuestos, tantos como el resto de los argentinos.

Más demanda y controles

La política de controles de precios no solo se aplicaría a los productos de la “mesa de los argentinos”. Para que la producción pueda expandirse, el creativo PJ propone una “revisión integral” del costo de los combustibles. La idea detrás es que un combustible más barato estimula la producción, lo que es indudablemente cierto. Lo que no es cierto, no obstante, es que pueda bajárselo por decreto presidencial sin consecuencias. Si se imponen precios por debajo del mercado, no habrá combustible y producir será más caro, no más barato. Es que no hay nada más caro que un bien que no se consigue. Pero el peronismo no aprende ni de sus errores. Así, propone que las tarifas de servicios públicos no reflejen el valor del dólar y que su precio “será fijado nacionalmente (…) en función de las necesidades de sus ciudadanos y desarrollo productivo”. Otra vez la misma película de 2003-2015. Termina en crisis energética. Lo más gracioso es que a todos estos controles no les seguirá una reforma fiscal y monetaria “de fondo” que controle la inflación, sino que se pide una política de estímulo a la demanda y al mercado interno con aumentos de salarios, gasto público y reducción de impuestos a sectores específicos. Si alguno teme que esto genere inflación, el PJ responde:

Incentivar el mercado interno no genera per se inflación. La mayor demanda local debería generar inversiones, y por ende mayor producción, y ser base de una plataforma exportadora.

Si esto fuera tan fácil, ya habríamos tocado el techo del desarrollo global hace rato. Pero cuando las fuentes de financiamiento del déficit fiscal están totalmente agotadas, más “estímulo a la demanda” solo puede implicar más emisión monetaria (y más inflación y devaluación), o un default de la deuda pública. Ninguna es buena noticia. El documento de más de 100 páginas continúa desplegando todo tipo de propuestas mágicas de intervencionismo económico que ya han sido mil veces probadas en Argentina y en el resto de América Latina. Nunca han traído buenos resultados. Alberto Fernández dice que él no es dogmático, sino pragmático. Esperemos que así sea, porque si quiere que la economía mejore de aquí en más, lo mejor que puede hacer con el texto del PJ es guardarlo en un cajón y no tocarlo por los próximos 4 años.

The Libertad y Progreso Foundation expresses its concern and its repudiation of the serious actions against people and property that occurred in the republics of Ecuador and Chile. The characteristic of these events shows the existence of an organization and external coordination to the countries attacked. The ties with the Venezuelan dictatorship of Nicolás Maduro, as well as with the Cuban dictatorship, are more than evident. Nicolás Maduro clearly in his statements supports these vandalism, the facts and those of the leftist movements of other countries that are sympathetic to them. Our Foundation adheres to the declaration of the Organization of American States of October 16 that states that "the ongoing currents of destabilization of the political systems of the continent have their origin in the strategy of the Bolivarian and Cuban dictatorships, which seek to reposition themselves, not through a process of re institutionalization and re democratization, but through its old methodology of exporting polarization and bad practices, but essentially financing, supporting and promoting political and social conflict. ”