INFOBAE - Alberto Fernández manifestó que en caso de llegar a la presidencia convocará a un convenio multisectorial para durante 180 días recomponer los salarios sin que eso signifique aumento de la inflación. En la Argentina se probaron diversas recetas, pero ninguna se sostuvo en el largo plazo
Alberto Fernández manifestó que en caso de llegar a la presidencia convocará a un pacto social para durante 180 días recomponer los salarios sin que esa recomposición signifique aumento de la inflación. Por la afirmación, parece estar pensando que los incrementos de salarios generan inflación en tanto que la emisión monetaria y la demanda de moneda poco tendrían que ver con el fenómeno inflacionario.
Por su parte, Cristina Fernández de Kirchner sostuvo que había que controlar los costos y los márgenes de utilidad de las empresas, algo que ya se intentó en sus dos mandatos presidenciales con escaso éxito. En definitiva, la fórmula Frente de Todos está pensando en controlar la inflación interviniendo en los precios, sea con acuerdos entre las empresas, gobierno y sindicatos o bien mediante regulaciones que controlen los costos de producción, como si los costos determinaran los precios en vez de entender que son los precios que están dispuestos a pagar los consumidores por los bienes y servicios, los que determinan los costos de producción en que puede incurrir una empresa.
Vale la pena recordar que el emperador Diocleciano, luego de asumir el trono en 284, atribuyó la inflación enteramente a la &"avaricia&" de mercaderes y especuladores y por eso sancionó los famosos edictos de Diocleciano para combatir la inflación. Los gastos militares que generaban las continuas guerras llevaron a degradar el denario de plata que fue sustituido por el denario de cobre produciendo el proceso inflacionario que heredó Diocleciano e incluso incrementó la degradación de la moneda. Un ejemplo más para ver a los políticos negar que el problema inflacionario es un fenómeno puramente monetario. Lo cierto es que fijó los precios máximos a los cuales podían venderse la carne, granos, huevos, ropa y otros artículos (y también los salarios que podían recibir todo tipo de trabajadores) y prescribió la pena de muerte para cualquiera que dispusiera de sus bienes a cifras superiores (4000 años de Controles de Precios y Salarios de Shuettinger y Butler, Editorial Atlántida).
Pero Diocleciano no solo castigaba con pena de muerte al que cobrara un precio superior al establecido, sino que también había pena de muerte para el que no abasteciera el mercado a esos precios: &"de esa culpa tampoco será considerado libre aquel que, teniendo los bienes necesarios para alimento y uso, haya pensado después de esta disposición que deban ser retirados del mercado; ya que la penalidad (la muerte) debería ser más grave para aquél que causa necesidad que para el que hace uso de ella contrariamente a los estatutos&".
“No se sabe exactamente cuánto tiempo permaneció vigente el Edicto; se sabe, sin embargo, que Diocleciano, citando las presiones y las cargas de gobierno que le perjudicaban la salud, abdicó cuatro años después que el estatuto sobre salarios y precios fuera promulgado. Ciertamente se convirtió en letra muerta con la abdicación de su autor. Menos de cuatro años después de la reforma monetaria asociada con el Edicto, el precio del oro en términos denarios había crecido 250 por ciento. Diocleciano había fracasado en su intento de engañar al pueblo y en suprimir la habilidad de éste para comprar y vender como les pareciera conveniente. El fracaso del Edicto y de la &"reforma&" monetaria llevaron a un retorno de la irresponsabilidad fiscal tradicional y para el año 305 el proceso de degradación de la moneda había comenzado de nuevo” (obra citada).
El citado libro tiene infinidad de ejemplos sobre el fracaso de los controles de precios y salarios aplicados a lo largo de la historia en infinidad de países.
Si vamos a nuestro caso, solo quiero recordar la famosa inflación cero de Gelbard, quien en 1973, con Cámpora en el gobierno, llevó a cabo una política de ingresos llamada Pacto Social que se llevó a cabo entre la Confederación General Económica, la CGT y el Estado. La correspondiente Acta de Compromiso Nacional para la Reconstrucción, Liberación Nacional y Justicia Social firmada el 30 de mayo de 1973, tenía una vigencia original de 2 años, pero durante la gestión de Gelbard el acta fue modificada un par de veces (La Economía Argentina, Juan Carlos De Pablo). Recordemos que ese famoso Paco Social con sus controles de precios desembocó en el rodrigazo de 1975 y en las crisis económicas posteriores.
Pero atención que Martínez de Hoz también recurrió a acuerdos de precios con la famosa Tregua en marzo de 1977, cuya política gradualista también terminó siendo un fracaso. Decía en marzo de ese año, Martínez de Hoz: “Se ha empezado a trasladar a los precios la inflación futura…Hoy, a un año de distancia del comienzo del Proceso, y en circunstancias distintas, debemos recurrir a otro tipo de terapia. En este acto hago una formal convocatoria a los empresarios para que absorban el aumento salarial de marzo y mantengan su nivel de precios de fines de febrero, sin trasladar en forma generalizada nuevos aumentos de precios de sus productos durante un período transitorio, que estimativamente podrá ser de unos 120 días, quizás menos…” (De Pablo, obra citada)
Con esa tregua no se resolvió el problema de la inflación y por eso, a fines de 1978 se estableció la tablita cambiaria para desindexar la economía, tablita que iba a terminar en otro de los tantos desastres de controles de precios.
Otro caso es el de Grinspum, primer ministro de Economía de Alfonsín, que se lanzó a aplicar un amplio control de precios. Recuerdo que Campero, su secretario de comercio, tuvo el dilema de si establecía o no el control de precios para las empanadas de atún durante las pascuas (esto ocurrió efectivamente, no es un chiste). Lo cierto es que se dispuso que las empresas productoras podrían modificar sus precios de venta en función de la exacta incidencia de la variación de costos y de la rentabilidad que a tales efectos establezca la secretaría de Comercio, no pudiendo sin autorización expresa modificar su rentabilidad histórica.
Obviamente que la estrategia antinflacionaria de Grinspun falló y vino el plan austral, que también incluía un congelamiento de precios en forma transitoria. El plan austral fue bien presentado e incluso empezó a hablarse de bajar el gasto público y privatizar, algo que nunca ocurrió y el plan austral terminó en otro fracaso.
La cantidad de ejemplos que podrían darse de pactos sociales y acuerdos de precios y salarios que fracasaron en Argentina y en el mundo es gigantesca. Solo el hecho de escuchar estas propuestas para enfrentar un gasto público gigantesco, un sistema tributario disparatado, una legislación laboral que espanta a cualquiera que quiera contratar personal y la tradición confiscatoria de nuestros gobiernos, hace pensar que como nadie se anima a afrontar el problema de fondo, los políticos seguirán jugando a acuerdos de precios y salarios, pactos sociales y cosas por el estilo como una especie de analgésico que nos hacen tomar hasta la próxima crisis económica.
Francamente muy poco imaginativos nuestros políticos a la hora de resolver los problemas que sembraron décadas de populismo.
FUENTE http://economiaparatodos.net/
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Concretamente, en lugar de vociferar que es lo que hay que hacer con el bolsillo ajeno, en esta línea argumental una de las tantas maneras posibles para concretar ayudas consiste en establecer un registro abierto donde figuren las personas y los montos de lo que se entrega en ayuda a otros. Esto eliminaría los discursos fogosos y micrófonos de hipócritas que rugen para que se les obligue a otros (siempre otros) a entregar sus pertenencias. Cuando se los invita a los antedichos desaforados a participar en las entregas dejan el micrófono y cambian de tema.
Por supuesto que no ayudan para nada las posiciones contradictorias que se esgrimen desde algunos púlpitos donde simultáneamente se alaba la pobreza y se la condena y menos aun si las recetas que se proclaman van a contracorriente de lo necesario para prosperar.
En segundo lugar y más importante puesto que alude a la antes referida necesidad de producir, es contar con un sistema de respeto recíproco, es decir, uno que garantice los derechos de todos a los efectos de incentivar la energía creadora para producir más y mejor.
En este sentido debe aclararse que a todo derecho corresponde como contrapartida una obligación: aquello que se obtiene libre y voluntariamente debe ser respetado a pie juntillas por terceros.
Si, en cambio, los aparatos estatales otorgan “derecho” a sustraer bienes que son fruto del trabajo ajeno, el sistema muta en pseudoderchos en el cual se engendra una lucha de todos contra todos. En otros términos, se introduce un régimen en el que la sociedad se convierte a un enorme círculo en el que cada uno tiene metidas las manos en los bolsillos del vecino, lo cual se torna insoportable.
Como no hay para todos todo el tiempo, se deben asignar derechos de propiedad a los efectos de que la administración de los siempre escasos recursos se ubique en las mejores manos para atender las necesidades del prójimo. En ese contexto es que en mercados abiertos y competitivos alejados de empresarios prebendarios, el cuadro de resultados muestra la eficiencia para lograr aquellos objetivos: los que dan en tecla obtienen beneficios y los que no lo hacen incurren en quebrantos.
Este proceso, a su turno, inexorablemente conduce a mayores productividades que es lo único que hace posible el aumento de salarios e ingresos en términos reales.
Cuando se afecta lo dicho a través de intervenciones estatales el resultado es la pobreza, no hay manera de evitar ese resultado. Es curioso en verdad que la arrogancia de los funcionarios de turno conduce a un lamentable desenlace que una y otra vez se repite sin solución de continuidad, especialmente cuando se bloquea la contratación de trabajo vía legislaciones absurdas.
