Otra vez el mismo cuento de los controles de precios
EL ECONOMISTA - Allá por el año 301, un emperador romano Diocleciano intentó mediante lo que se denominó “Edicto sobre Precios Máximos” regular los precios generales de la economía romana. Dicha norma fijaba precios máximos para más de 1.000 productos y, asimismo, establecía el costo de mano de obra de su producción.
En realidad, fue una “solución” por parte de las autoridades romanas a un problema que ellas mismas habían ocasionado: la pérdida del valor de la moneda romana por exceso de emisión de la misma. Para poder pagar las suntuosas fiestas de los emperadores y funcionarios romanos o financiar las guerras que ellos mismos disparaban se emitió moneda y eso generó la devaluación de ésta, con su posterior efecto sobre los precios. No obstante, el remedio fue peor que la enfermedad ya que provocó una escasez de los bienes, como se continuó emitiendo la inflación no aminoró y los precios máximos quedaron demasiado rezagados. Los productores de esos bienes tenían tres caminos: dejar de producir, comenzar a utilizar el trueque o vender en el mercado negro. En todo caso, ninguno de los tres caminos terminó beneficiando a los individuos, sino que, todo lo contrario, desembocó en productos de cada vez peor calidad o que sencillamente no se conseguían.
Siendo 2019, la discusión sigue siendo la misma. Los políticos argentinos continúan debatiéndose una política que jamás tuvo ninguna efectividad. La persistencia de aplicar políticas que nunca funcionaron es increíble. Nuestro país pareciera que no posee curva de aprendizaje y terminamos tropezando con la misma piedra una y otra vez. Lamentablemente, los más perjudicados somos los argentinos.
La fijación de precios máximos tiene tres consecuencias que contraen el bienestar de los individuos. Por un lado, provoca escasez de esos productos porque, al abaratarse frente a la inflación hace que la demanda suba y, además, contrae la oferta ya que los márgenes de ganancias se achican. Por otra parte, el control de precios fomenta las prácticas ilegales y el mercado negro. Como los productos comienzan a escasear terminan proliferando los nichos ilegales, obviamente con los riesgos que eso implica para el individuo y perjudicando al mercado oficial. Por último, la intervención genera más intervención. Es muy probable que los individuos se vuelquen a otros productos no intervenidos ya que o bien al poder acceder a los intervenidos a un precio menor su poder de compra sube o bien ante la escasez de estos necesiten hallar complementarios. Lo cierto, es que, ante la mayor demanda de estos bienes, naturalmente, hará subir los precios y ésta subida también conducirá a que a la larga se intervenga a estos sectores. Al final del día sólo se logrará coaccionar aún más las libertades económicas individuales y el bienestar general de la economía se verá afectado.
La cuestión es por qué se sigue aplicando este tipo de políticas tan contraproducentes a pesar de las consecuencias negativas que acarrean.
En primer lugar, en la concepción popular fueron implementadas como reflejo de la “compasión” del político, así que es bien visto que el gobierno de turno de una solución a un problema que ellos mismos generaron: la inflación.
En segundo lugar, sirve para echarle la responsabilidad de la inflación a determinados sectores económicos en vez de entender que la inflación fue consecuencia de las malas decisiones políticas como es el caso de la inflación.
Por último, y aún más grave, favorece el lobby político, es decir, a los que tienen más llegada a los grupos políticos dominantes del momento terminan beneficiándose con este tipo de medidas a través de los tratos preferenciales. Muchas veces cuando las empresas comienzan a tener pérdidas se las subsidia para que puedan seguir produciendo. Obviamente, el subsidio es pagado por los contribuyentes y con el tiempo terminan beneficiando solo determinados sectores a costa del resto.
En definitiva, los controles de precios terminan agravando el problema. La solución es atacar verdaderamente el problema: la inflación. Maquillarlo no sirve de nada ya que terminaremos empobrecidos todos aún más.
Siendo 2019, la discusión sigue siendo la misma. Los políticos argentinos continúan debatiéndose una política que jamás tuvo ninguna efectividad. La persistencia de aplicar políticas que nunca funcionaron es increíble. Nuestro país pareciera que no posee curva de aprendizaje y terminamos tropezando con la misma piedra una y otra vez. Lamentablemente, los más perjudicados somos los argentinos.
La fijación de precios máximos tiene tres consecuencias que contraen el bienestar de los individuos. Por un lado, provoca escasez de esos productos porque, al abaratarse frente a la inflación hace que la demanda suba y, además, contrae la oferta ya que los márgenes de ganancias se achican. Por otra parte, el control de precios fomenta las prácticas ilegales y el mercado negro. Como los productos comienzan a escasear terminan proliferando los nichos ilegales, obviamente con los riesgos que eso implica para el individuo y perjudicando al mercado oficial. Por último, la intervención genera más intervención. Es muy probable que los individuos se vuelquen a otros productos no intervenidos ya que o bien al poder acceder a los intervenidos a un precio menor su poder de compra sube o bien ante la escasez de estos necesiten hallar complementarios. Lo cierto, es que, ante la mayor demanda de estos bienes, naturalmente, hará subir los precios y ésta subida también conducirá a que a la larga se intervenga a estos sectores. Al final del día sólo se logrará coaccionar aún más las libertades económicas individuales y el bienestar general de la economía se verá afectado.
La cuestión es por qué se sigue aplicando este tipo de políticas tan contraproducentes a pesar de las consecuencias negativas que acarrean.
En primer lugar, en la concepción popular fueron implementadas como reflejo de la “compasión” del político, así que es bien visto que el gobierno de turno de una solución a un problema que ellos mismos generaron: la inflación.
En segundo lugar, sirve para echarle la responsabilidad de la inflación a determinados sectores económicos en vez de entender que la inflación fue consecuencia de las malas decisiones políticas como es el caso de la inflación.
Por último, y aún más grave, favorece el lobby político, es decir, a los que tienen más llegada a los grupos políticos dominantes del momento terminan beneficiándose con este tipo de medidas a través de los tratos preferenciales. Muchas veces cuando las empresas comienzan a tener pérdidas se las subsidia para que puedan seguir produciendo. Obviamente, el subsidio es pagado por los contribuyentes y con el tiempo terminan beneficiando solo determinados sectores a costa del resto.
En definitiva, los controles de precios terminan agravando el problema. La solución es atacar verdaderamente el problema: la inflación. Maquillarlo no sirve de nada ya que terminaremos empobrecidos todos aún más.
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En este marco, la cantidad de dólares que ingresaron al país en los últimos años representaron montos elevados. Desde enero del 2016 hasta septiembre 2019 (último dato disponible al momento de escribir estas líneas) ingresaron al país US$137.840 millones según los datos publicados por el Banco Central en su “Informe de la Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario”. La gran pregunta, y que ha generado un intenso debate es, ¿qué ocurrió con ese dinero? De ese monto, US$18.813 millones se destinaron para incrementar reservas internacionales (14% del total), mientras que US$34.179 millones (25%) fueron utilizados para financiar el déficit en cuenta corriente. Y la gran mayoría, con un monto de US$84.848 millones representaron la Formación de Activos Externos del Sector Privado No Financiero (61%), lo que suele llamarse “Fuga de Capitales”. Si uno realizaba este mismo ejercicio a principios del 2018, se hubiera encontrado con que la importación de capitales se repartía de manera equivalentes entre el incremento de reservas, financiamiento del déficit en cuenta corriente y la formación de activos externos. Esto claramente trae a luz la aceleración que ha sufrido la Formación de Activos Externos. En otras palabras, ha crecido la demanda por dólares con una oferta que no acompañó y esto derivó en devaluaciones.
En realidad, lo que preocupa no es la cantidad de dólares que ingresaron al país, sino la composición de esa importación de capitales. El problema es que, la mayoría de esos dólares provienen de deuda y no son dólares genuinos generados por el país. Por ejemplo, la Inversión Extranjera Directa, clave para generar crecimiento de largo plazo y sostenido, representa tan sólo el 6,8% del total de la importación de capitales en la era Macri. Luego, el resto es casi todo deuda si se toma en conjunto las colocaciones del sector Público Nacional, Provincial y la deuda contraída con el FMI. La deuda tomada por estos tres agentes económicos, representa el 76,0% del monto total de la importación de capitales. Este número se extiende al 81.7% si se tiene en cuenta la colocación de deuda del sector privado. En concreto, el problema de Argentina no es el monto de la cantidad de dólares que ingresaron, sino que su mayoría representa deuda y no son dólares genuinos de inversión.
El problema no es la deuda en sí, sino la ausencia de reformas estructurales mientras Argentina vivía de prestado. Una cosa es tomar deuda para realizar la reforma del Estado y otra muy distinta es tomar deuda para continuar financiando un gasto público que el país no puede cubrir. El problema de Argentina es que se utilizó gran parte de la deuda para cubrir un gasto que en los primeros dos años de gobierno se redujo tímidamente. Debido a que la gran promesa realizada por Macri era el de bajar el gasto público para así reducir el déficit fiscal primario realizando las reformas estructurales, los prestamistas se decepcionaron en marzo-abril del 2018 cuando se dieron cuenta que esto no estaba ocurriendo y dejaron de prestarle al país. Por esta razón no quedó otra alternativa que recurrir al Fondo Monetario Internacional. Ya bajo el “coaching” del FMI, el camino a intentar alcanzar un déficit primario de 0% se aceleró, aunque más por suba de impuestos que por reducción del gasto público. Y gran parte de la reducción del gasto público vía sinceramiento de tarifas que, en el fondo, es un ajuste del sector privado ya que las familias son quienes pagan las tarifas. De esta manera, casi el 80% del ajuste del 2018 recayó sobre el sector privado y sólo un 20% sobre el sector público.
Por último, producto de las devaluaciones sufridas, el déficit en cuenta corriente comenzó a reducirse. Esto quiere decir que la demanda de dólares cayó debido a que adquirir dólares se volvió más caro. Básicamente, dos factores explican la mejor situación del déficit en cuenta corriente: la balanza comercial de bienes y una menor demanda de dólares neta por turismo. En cuanto a la balanza comercial de bienes, ésta mejora principalmente ocurre un derrumbe de las importaciones y no por un “boom” de las exportaciones. Esto quiere decir que sigue siendo difícil generar dólares genuinos por exportación. El saldo favorable de la balanza comercial es por comprar menos y no por vender más. Y compramos menos porque el nivel de actividad se encuentra estancado. Si la actividad repuntara, el saldo superavitario de la balanza comercial sería menor. Por el otro lado, la demanda de dólares para turismo se redujo notablemente luego de los episodios devaluatorios. En el 2017, el déficit en turismo era de US$10.600 millones netos mientras que, observando los doce meses acumulados a septiembre 2019, el déficit de turismo es de US$5.200 millones; es decir, la mitad.
En conclusión, no es que el déficit en cuenta corriente es bueno o malo per se. Depende de si es financiable o no. Argentina tiene un déficit en cuenta corriente que no puede financiar con sus ingresos genuinos y por eso debe recurrir al endeudamiento. Hay países que tienen déficit de cuenta corriente por muchos años, pero no es un problema, porque pueden financiarlo con sus ingresos y sin recurrir a la deuda. Es similar al gasto de una familia. Una familia podría tener un gasto elevado, pero eso no sería un problema si posee los ingresos para afrontar ese gasto. El problema de Argentina es posee el gasto alto, pero ingresos bajos y optó por vivir de prestado sin reducir el gasto público significativamente (por lo menos los primeros dos años). Si Argentina quiere volver a las sendas del crecimiento, tendrá que plantearse muy seriamente realizar las reformas estructurales necesarias (reforma laboral, impositiva, previsional) para que el país vuelva a ser competitivo. De lo contrario, su destino será continuar empobreciéndose.
The measures taken during the first 100 days will determine the viability of an orderly solution of the public debt and the recovery of trust that will start a positive process. Only with a strong recovery of private investment in a framework of competitive rules can the crisis be transformed. By transforming the vicious circle of poverty and fiscal imbalance into a virtuous circle that results in sustained development and monetary stability. Argentina can enter a 6% annual growth path starting in 2021 and aim to create four million productive jobs in four years. This would allow absorbing the one million young people who will enter the labor market during that period, in addition to a million public employees, a million recipients of social plans and a million who are now in the informal economy. To achieve this, it is necessary to face structural reforms that free the forces of the private sector and that, if possible, that action be initiated in the first 100 days of the new presidential term.
A) Labor reform. Privilege labor agreements at company level over collective agreements at the activity sector level. This will require that the representation of the company's workers be unified. This reform requires a change in articles 17, 18 and 19 of the Law 14,250 of Collective Conventions (by DNU or by Law). Ensure freedom of association. Deregulate and simplify the administrative controls of the enforcement authority, and of the labor police. Modify by regulation decree, Article 84 of the Labor Contract Law to increase productivity and reduce cost overruns and labor risk. Reduce the cost and risk of layoffs, respecting the acquired rights, through the suppression of severance pay (reform of articles 231 to 255 of the Labor Contract Law, by DNU or Law) by compensating it for a fund and insurance of unemployment. The example applied in Austria, known as the "Austrian backpack", can be taken as an example.
B) Reform of the national administration. Its objective is to substantially reduce the number of employees of the National Administration and achieve greater effectiveness and efficiency in management. Ensuring that no person loses income immediately and has the opportunity to reintegrate and progress. It includes:
i) Changes in public sector standards to incorporate results management. Continue with digitalization and improvements in computer technology.
ii) a Decree with a new structure (there is a proposed organizational chart) within the framework of the attributions established in Law 25,164, on Public Employment. The administrative units dependent on each of the six ministries and Cabinet Headquarters (See attached chart) will be defined, up to the level of national directorates, general directorates and decentralized agencies. The decree will establish the staffing of each administrative unit, by category.
iii) Appointment of the ministers of the new structure. Transitionally, for 90 days, the administrative units of the old structure are assigned to each of the new ministries. In that period each new minister covers the charges of the new structure giving priority to the personnel in availability. Once the re-typesetting of the staff is completed, those who have not been relocated to the new structure will remain in the condition of availability established by Law No. 25,164 Art 11 (They do not fulfill tasks; but they collect salaries for one or two years, avoid the social cost of running out of income).
iv) Incentives for companies that hire them: exemption of employer contributions over a period of two years and subsidy on training expenses in new employment. Early retirement to those who, being available, would not have obtained employment in two years and are over 60 years of age.
C) Gradual reduction of social plans to those who need them least seeking to encourage employment, for example, by generalizing the “Empalme” plan. Suppression of funds allocated to the Popular Economy. International audit to review the excesses committed in the fraudulent allocation of disability benefits.
D) Continue with the reduction of energy and transportation subsidies, normalizing tariffs and prices within a reasonable period of time, so that they cover costs plus a profit that encourages investment in the sector. The impact on the lower income strata should be selectively buffered with demand subsidy instruments (Social Rate).
E) Raising the retirement age in a process that will begin by matching women and men in 65 years announced to reach 70 years for both sexes in a decade. Mothers will be recognized, the equivalent of two years of contributions for each child up to a maximum of 7 years.
F) Sending to Congress a Law for the reform of Federal Co-participation. Return of tax powers to the provinces (Earnings of natural persons, Fuels, Personal Assets, Internal). Replacement of Gross Revenue by Sales (are provincial) and calibration of this with the VAT rate (national) to join with current primary distribution. Suppression of vertical co-participation. Compatibility with current secondary distribution through a Horizontal Redistribution Fund that produces a splice with a current system, but when these percentages are immovable, they must accompany any increase in expenditure of a province, with additional provincial taxes. That way the incentives will be aligned and will tend to spend less and better.
G) Announce the gradual elimination of the tax on the checks and export duties as public spending decreases, but with a course pre-established by law.
H) Work on the realization of the Mercosur European Union free trade agreement. Agree with Brazil and the other two Mercosur partners on how to reduce the common external tariff. Start the negotiation of other bilateral free trade agreements.
I) Correct the regulations that prevent the use of other currencies, repealing the forced legal course of the peso. Facilitate the use of electronic money.
J) Regulatory deregulation and simplification. Particularly of the rules of the AFIP, the BCRA and other regulatory bodies. To disrupt the interventionist norms (Ex. Rentals Law).
Measures b) to g) aim to achieve fiscal (financial) surplus that allows to reduce the tax pressure and restructure without taking away the public debt. That achievement, accompanied by a), h), i), j), will constitute the axis of the plan to be presented to the IMF immediately to unlock the outstanding disbursements. The objective should be to recover the stability and strength of the currency to genuinely reduce interest rates and expand credit. These economic measures must be accompanied by the consolidation of efficient and independent justice, for better security and for political stability. This will boost investment, competitiveness and the creation of private employment. The latter will make the reduction of public employment and social subsidies feasible. In this way, the current vicious circle of stagnation, deficit and inflation will become the virtuous circle of growth, employment, improvement of real wages and stability.
