LA NACIÓN - Con la intención de crear empleo privado e impulsar la inversión y la competitividad, la Fundación Libertad y Progreso confeccionó un documento con 10 medidas que debería, a su criterio, tomar Alberto Fernández en sus primeros 100 días como presidente. De acuerdo con el think tank liberal, las decisiones que se tomen durante ese lapso serán determinantes para la solución ordenada de la deuda pública y la recuperación de confianza.
"Se deberían implementar en los primeros tres meses, porque es cuando el gobierno tiene más fuerza política para hacerlo", dijo a LA NACION el director de Políticas Públicas de Libertad y Progreso, Manuel Solanet.
Además del poder político que se requiere, insistió en la urgencia que existe para su implementación. "Se está negociando con el FMI y eso no puede durar demasiado, todo este esquema debería ejecutarse lo antes posible", añadió.
Según la fundación, si se sigue el plan propuesto, a partir del año 2021 la Argentina puede tener un crecimiento anual del 6% y crear cuatro millones de empleos privados productivos en cuatro años. Desde el organismo aseguran que las propuestas que recomiendan permitirían "absorber el millón de jóvenes que ingresarán en ese periodo al mercado laboral, además de un millón de empleados públicos, un millón de receptores de planes sociales y un millón de personas que hoy están en la economía informal".
Las medidas apuntan a lograr un superávit fiscal que permitirá disminuir la presión impositiva y reestructurar sin quita la deuda pública. Ese logro, según la fundación, constituirán el eje del plan a presentar al FMI en lo inmediato para desbloquear los desembolsos pendientes.
La organización sostiene que con estas medidas el actual círculo vicioso de pobreza, estancamiento, déficit e inflación se convertirá en el círculo virtuoso del crecimiento, el empleo, el mejoramiento del salario real y la estabilidad monetaria.
En relación con a si cree que Fernández llevará adelante el plan sugerido, Solanet indicó: "No creo que tenga otras alternativas. Puede llevarlas adelante, porque cada medida va acompañada por amortiguadores sociales". El directivo agregó que proponen que cada medida se tome desde inicio, pero que sus efectos sean graduales.
Para la fundación, la clave de la recuperación será la inversión privada, que deberá darse en un marco de reglas de competitividad. Para lograr el desarrollo sostenido, aseguran que es necesario encarar reformas estructurales que liberen las fuerzas del sector privado. Para eso proponen las siguientes medidas. En sus términos:
Reforma laboral. Se deberán privilegiar los acuerdos laborales a nivel de empresa sobre los acuerdos colectivos a nivel de sector de actividad, lo que requerirá que se unifique la representación de los trabajadores de la empresa. Además, desde la fundación advierten sobre la necesidad de asegurar la libertad sindical, desregular y simplificar los controles administrativos de la autoridad de aplicación y de la policía laboral, aumentar la productividad y reducir el sobrecosto y el riesgo laboral. Para reducir el costo y riesgo de despido, respetando los derechos adquiridos, recomiendan la supresión hacia adelante de la indemnización por despido, y a su vez formulan compensarla mediante un fondo y seguro de desempleo. Para llevar adelante esto, será necesario una reforma, mediante decreto o ley, de los artículos 17, 18 y 19 de la ley 14.250 de Convenciones Colectivas y de los artículos 231 a 255 de la Ley de Contrato de Trabajo. También, recomiendan modificar mediante decreto reglamentario el artículo 84 de esta última ley.
Reforma de la administración nacional. Para alcanzar una mayor eficacia, eficiencia y reducir el número de empleados de la administración nacional, proponen incorporar la gestión por resultados, continuar la digitalización y decretar una nueva estructura en el marco de las atribuciones establecidas en la ley 25.164 de Empleo Público. La fundación incluso propone un organigrama con seis ministerios y una Jefatura de Gabinete. El decreto deberá establecer la dotación de personal de cada unidad administrativa, por categoría. De forma transitoria y por 90 días, las unidades administrativas de la vieja estructura deberán ser asignadas a cada ministerio hasta que se cubran los cargos de la nueva estructura. Una vez completado el reencasillamiento del personal, los que no fueron reubicados quedarán en la condición de disponibilidad establecida por el artículo 11 de la ley 25.164, es decir, no cumplirán tareas, pero cobrarán sueldos por uno o dos años para evitar el costo social de que queden sin ingresos. Desde la organización proponen, además, incentivos a las empresas que contraten al personal que no fue reubicado, como eximir de los aportes patronales durante un período de dos años y subsidio sobre los gastos de capacitación en el nuevo empleo. También, para llevar adelante esta reforma, se deberá otorgar una jubilación temprana a quienes, quedando en disponibilidad, no hubieran conseguido empleo en dos años y tengan más de 60 años de edad.
Reducción gradual de planes sociales. La fundación aconseja que ir reduciendo la ayuda a quienes menos lo necesiten e incentivar el otorgamiento de empleo generalizando, por ejemplo, el plan Empalme. "Se deben transformar los planes sociales en empleo", afirmó Solanet. A su vez, proponen suprimir los fondos asignados a la Economía Popular y realizar una auditoría internacional para revisar los excesos cometidos en la asignación fraudulenta de las prestaciones por invalidez.
Continuar con la reducción de los subsidios a la energía y al transporte. Sugieren normalizar en un plazo prudencial las tarifas y precios para que cubran los costos, contemplando una ganancia que incentive la inversión en el sector. Para amortiguar el impacto sobre los estratos de menores ingresos se propone un subsidio a la demanda, como puede ser la tarifa social.
Elevación de la edad jubilatoria. El plan sostiene que se debería igualar a mujeres y varones en 65 años y llegar en una década a los 70 años para ambos sexos. Dentro de la medida, se le reconocerá a las madres el equivalente a dos años de aportes por cada hijo hasta un máximo de 7 años.
Reforma de la Coparticipación Federal. La propuesta prevé el envío al Congreso de una ley que permita la devolución de potestades tributarias a las provincias (como Ganancias de personas físicas, Combustibles, Bienes Personales, Internos), el reemplazo de Ingresos Brutos por Ventas (son provinciales) y la calibración de este con la alícuota del IVA (es nacional) para empalmar con distribución primaria vigente. Sugieren la supresión de la coparticipación vertical y una compatibilidad con actual distribución secundaria mediante un Fondo de Redistribución Horizontal que produzca un empalme con el sistema vigente. Al tratarse de porcentajes inamovibles, recomiendan que los aumentos de los gastos de las provincias sean acompañados por impuestos provinciales adicionales. De esa forma, según explican en el plan, se alinearán los incentivos y se propenderá a gastar menos y mejor".
Eliminación gradual del impuesto al cheque y de los derechos de exportación. Esta medida deberá aplicarse a medida que se disminuya el gasto público, pero con un curso preestablecido por ley.
Formalizar Tratados de Libre Comercio. Desde la fundación sugieren trabajar en la concreción del Tratado de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, acordar con Brasil y los otros dos socios del Mercosur la reducción del arancel externo común e iniciar la negociación de otros tratados bilaterales de libre comercio.
Permitir el uso de otras monedas. Para la fundación es necesario corregir las normas que impiden el uso de otras monedas, derogar el curso legal forzoso del peso y facilitar el uso de dinero electrónico. "No proponemos la dolarización, pero creemos que deberían circular libremente otras monedas, incluso en contratos o alquileres", añadió Solanet.
Desregulación y simplificación normativa. La organización apunta especialmente a las normas de la AFIP, del Banco Central (BCRA) y de otros organismos regulatorios, así como a "desandar las normas intervencionistas como la ley de Alquileres".
LA GACETA - “Durante décadas dejamos que al Estado lo construyan los políticos para ponerlo al servicio de la política y servirse de los argentinos. Necesitamos un Estado que nos sirva a los argentinos”, dijo Aldo Abram a LA GACETA horas antes de su presentación en la sede de Fundación OSDE, Vicente López 555.
El economista y director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso dio adelantó los temas de su charla y aseguró que una de las claves para la reactivación de la economía es bajar la presión tributaria: “una persona que trabaja en blanco -y no paga impuesto a la ganancia- trabaja medio mes para el Estado. Argentina está en el puesto nº21 entre los 190 países que más exprimen con sus impuestos a las empresas. No va a llegar así nunca la `lluvia de inversiones´ porque hay países con mejores beneficios impositivos que el nuestro”, aseguró.“Mauricio Macri asumió con un gobierno quebrado, y prometió hacer reformas estructurales, eso hizo que se recupere la confianza y la gente dejó de sacar la plata de la Argentina y la volvió a poner en la economía. Pero un país es como una empresa: si la empresa va de quiebra en quiebra va valiendo menos cada vez, tiene poca viabilidad y eso nos fue pasando a los argentinos”, explicó sobre la situación actual y agregó: “como país valemos menos, producimos menos y el trabajo vale menos, eso nos va empobreciendo”, expresó.
Abram adelantó una de las conclusiones de su charla; una de las deudas pendientes en Argentina es reformular la legislación laboral; “es arcaica, todos los países que tienen bajo desempleo reformularon sus leyes en los últimos 30, 40 años. Y acá todos los gobiernos son responsables porque en los últimos 20 años pasó Duhalde, Néstor, Cristina, Macri. Hubo períodos de crecimiento y, con todo eso, en cualquier año, el 40 y 50% de los argentinos estaba desempleado, con trabajo informal o plan asistencial. Entonces algo anda mal, no es culpa del modelo sino que hay una legislación laboral que no funciona”.
BANK MAGAZINE - A días del debut del nuevo gobierno conducido por Alberto Fernández, el economista Agustín Etchebarne, director de la Fundación Libertad y Progreso, atendió a BANK MAGAZINE para realizar un diagnóstico general de las principales variables de la economía, como dólar, tasa de interés e inflación. Su visión orilla el pesimismo, de ahí surge su recomendación de inversión.-¿Cómo ve a la economía para los próximos meses?
-Todavía no hay precisiones sobre lo que quiere hacer el nuevo gobierno, salvo por el programa diseñado contra el “hambre”. Pero veo a la gestión entrante aumentando la intervención en la economía, implementando controles de precios y salarios. También creo que profundizará el cepo cambiario y aumentaría impuestos, pero nada de eso nos va a sacar de la decadencia.
-En medio del control cambiario, ¿qué puede ocurrir con el dólar?
-Estimo que el tipo de cambio paralelo va a continuar su tendencia alcista, incluso puede tener una nueva escalada antes del 10 de diciembre.
-¿Y qué puede ocurrir con la tasa de interés?
-Todo parece ser en la previa que Fernández quiere que la tasa de interés sea menor o igual a la inflación. Si así fuera, lo que ocurriría es que se incrementarán las presiones inflacionarias, mientras que se acrecentarán los controles. Es decir, sería como una olla a presión donde se le aumenta el fuego pero sin válvula de escape, por lo que en algún momento explota, como ocurrió en el Rodrigazo.
-En este escenario tan tenso, ¿qué alternativa de ahorro ve viable para los próximos meses?
-Por todo eso, creo que los ahorristas deben ser cuidadosos y ahorrar en moneda dura.-
IN SALTA - Agustín Etchebarne presentó en Salta su libro La Clave es la Libertad. El propósito del libro es revisar la causa y naturaleza de la riqueza de las naciones, contrastando las conclusiones contra las evidencias históricas. Este libro no es un tratado económico, ni histórico, ni genético, ni ideológico, pero explora las evidencias que aportan la historia, la genética, la economía y pretende contribuir al debate de ideas.
El libro abarca las tres etapas del desarrollo humano. En la primera, los homínidos durante un millón de años no fueron capaces de inventar un mango para el hacha de mano, la tecnología evolucionaba más lento que la genética. En la segunda etapa, que abarca unos cien mil años, la tecnología y la cultura avanzan más rápido que la genética pero de una manera imperceptible para el hombre común, era todavía muy lenta. La tercera etapa es la de la aceleración del cambio tecnológico hasta alcanzar el vértigo del mundo de hoy y permite lanzar preguntas sobre el futuro próximo en que el hombre será capaz de cambiar su propia evolución genética.
En ese contexto, el autor se pregunta cómo la Argentina puede recuperar el tiempo perdido para salir de la pobreza y alcanzar la abundancia; y concluye que la clave es la libertad.
En diálogo con IN Salta explicó que “el trabajo se cuestiona qué es lo que pasó con la educación que nos llevó a ser seres que se capacitan para acceder a un empleo y no nos enseñó a respetar la libertad. Lo que ocurre entonces, cuando el individuo es dueño de sí mismo y empieza la prosperidad. El individuo se preocupa por generar libertad, asociarse con otras personas y empieza la división de trabajo y una productividad impresionante”, comentó.
“Dejar de producir como esclavo es un salto fenomenal, también en un contexto económico malo como en el Argentina, que lamentablemente es el país que menos creció después del Congo, en África sin tener una guerra civil”, advirtió.
En este marco, Etchebarne rechazó al “neoliberalismo” como la causa de la crisis nacional. “La crisis es keynesiana porque propone un capitalismo absurdo en el que aumentando la producción de moneda aumenta el consumo y se activa la economía, y esto no funciona porque así se terminan endeudando el país”, observó.
Por último señaló que “estamos condicionados para hacer programados por la educación para la búsqueda de estabilidad, una panacea de empleado estatal y el Estado hoy está colapsado. Los hombres tienen que entender que son los únicos dueños de su esfuerzo, de su tarea”, desafió.
Sobre el autorAgustín Etchebarne es director general de Libertad y Progreso. Economista especializado en Desarrollo Económico, Comercialización Estratégica y Mercados Internacionales. Profesor de ESEADE y de la Universidad de Belgrano. Fue fundador de Delphos Investment y de C&E Consultores, Presidente de Republic Investment Management, Fund Manager de Fondos Aleph, Ejecutivo de Techint y Medsystem S.A. Fue Presidente y fundador de Ciudadanos por el Cambio, Director Ejecutivo de Democracia Directa, fundador y Director de Foro Republicano.
TES - What does a smallish Central European country have to teach the rest of the world about inclusive growth, fighting income inequality, and social cohesion, all while steering clear of protectionism and maintaining an open economy – in short, “squaring the circle” of globalization? In the case of Hungary quite a lot, judging by just about any economic metric you care to name.
Hungary has received its share of bad press. Prime Minister Viktor Orban’s repeated calls for “illiberal democracy” are bound to alarm, and it’s not often EU political parties consider expelling national affiliates. On the other hand, the recent surprise defeat of Orban’s Fidesz party in local elections in Budapest suggests democracy is alive and kicking in Hungary, as does an active protest culture.
Moreover, the political controversies, while grounded in legitimate concerns, threaten to obscure one of Europe’s economic success stories at a time when much of the rest of the continent is drifting – and might well benefit from policies modeled on Hungary’s economic reforms.
The numbers are clear enough. Hungary’s economy has consistently outperformed its neighbors and the EU at large, posting annual GDP growth of 4.1% in 2017 and 4.9% in 2018, with forecast growth of 4.6% in 2019 per the IMF. That compares favorably with the EU’s record of 2.5% in 2017 and 2% in 2018, and a forecast 1.1% in 2019.
Nor is this simply a result of juxtaposition with developed countries like France, Germany and the UK, where growth rates over larger bases are naturally lower. Focusing on more meaningful comparisons with its nearby neighbors, from 2015 to 2019 Hungary’s economy will have expanded 38.5% in current dollar price terms, compared to 32.5% for the Czech Republic, 25.1% for Slovakia, and 24.2% for Poland.
The roots of Hungary’s resurgence go back to the aftermath of the 2008 financial crisis, when it was forced to accept a bailout from the “troika” of the IMF, European Commission, and European Central Bank, according to László György, Hungary’s Secretary of State, Ministry for Innovation and Technology, who has chronicled the country’s comeback – and its broader lessons – in a new book, Creating Balance, pitched to a global audience. György gave an overview of its success, and the unorthodox economic policies underpinning it, during an interview as part of his book tour in Washington, D.C.
György recalled that Hungary (like fellow bailout recipients Greece and Romania) adopted stiff austerity measures in line with the troika’s demands, predictably leading to widespread privation and anger over plummeting social spending from 2009-2010. But unlike in Greece, where the will to undertake structural reforms has lagged and debt remains a crushing burden, after coming to power in 2010 Fidesz was able to implement a far-reaching shakeup of Hungary’s economy, including a major overhaul of taxation and social spending: “We paid back the credit in advance to the IMF and the EC, and then we started following our own reform program.”
These reforms were not simply following neoliberal prescriptions, György emphasized: “These policies are not ideological, they are neither left nor right. This is pragmatic economic policy. It is based on theory and the current needs, what is best for the citizens.” Many of the theoretical underpinnings were inspired by Western economists like Joseph Stiglitz, a Nobel laureate at Columbia University, and Dean Baker of the Center for Economic and Policy Research in Washington, D.C.
The reforms had to steer a careful path if Hungary was to retain the advantages of globalization while mitigating its negative impacts: “Ten years ago Hungary was one of the most open economies in the world, in terms of foreign investment per GDP. But openness always correlates with vulnerability. What was important for us was to keep our openness, and minimize the vulnerability of the economy.”
Perhaps the biggest changes came in the area of tax policy: while Hungary decreased its corporate tax rate to 9 percent (the lowest in the EU) to all companies to attract FDI and boost investment, some specific surtaxes were levied temporarily on sectors dominated by “monopolies and oligopolies” (many of which had contributed to the original crisis, for example the financial sector with excessive risk-taking): “The Hungarian government was brave enough to tax these companies. We said, ‘we are in a crisis, we have to manage this crisis somehow.’ And we asked them to contribute to the crisis management.”
At the same time the government adopted a flat-rate personal income tax of 15%, a radical measure giving Hungary one of the lowest overall tax burdens in Europe. This let employers reward workers more effectively, increasing competition for labor: “In 2009, if you wanted to increase the wages of an employee with average earnings by $100, $72 were taken away by the government tax, and only $28 went to the employee. That $72 is reduced to $45 today, so $55 goes net to the account of the employee. And if the employee on average wage has three children, only $18 is taken away by the government, so $82 remains with the employee. ”
As a result, György boasted that Hungary was able to “create a balanced budget and put state debt on a decreasing path over the last decade,” while also stimulating consumer demand by leaving more money in the pockets of the middle and working classes, thus returning the economy to a growth path: “We favored all those who can and contribute to the prosperity of the sustainability of the Hungarian economy, society, and environment: wage-earning families having children, foreign direct investors creating jobs, and local small and medium-sized companies.” As part of this “we more than halved our net foreign liabilities ratio, and we will bring it to zero by 2023.”
This approach has also allowed Hungary to fund a generous pro-family policy through tax breaks, intended to counter the same demographic trend now threatening developed and developing countries alike (although as in other countries with pro-natal policies, it remains to be seen how effective tax breaks are in altering social and cultural phenomena). Looking ahead, the government is considering further lowering the flat personal income tax rate to 9% in 2021.
This multipronged strategy was carefully thought out to address the harmful effects of globalization, focusing on employment to boost demand, György emphasized. For example, while courting “foreign direct investment that creates workplaces in Hungary,” the government has also worked to “create a favorable environment for domestic companies, small and medium-sized enterprises who give jobs to the middle and working classes.” Towards that end, the average tax on value added by SMEs has “fallen from 54% in 2009 to 36% in 2019, is still decreasing and will be 30% by 2023.”
Lower costs and a favorable investment environment mean Hungary is well-positioned to benefit from its proximity to Germany and its high-end manufacturing supply chains: last year Mercedes, Audi, and others produced over 500,000 cars and 2.5 million engines in Hungary, and BMW recently revealed plans for a new plant that will manufacture 150,000 vehicles a year by 2023. With the fiscal crisis past, the government plans to continue unwinding the higher corporate tax rates to encourage continued foreign and local investment.
It won’t necessarily be smooth sailing on the Danube in the near future. Hungary’s involvement in regional and global supply chains means it is still unavoidably exposed to the negative economic currents now circling the globe. With Germany’s export sector slowing sharply amid continuing uncertainty due to Brexit and the U.S.-China trade war, the chill is now being felt in Central Europe: the IMF forecasts Hungarian GDP growth will slow to 3.3% next year (still slightly ahead of 2.5% for the Czech Republic and 3.1% for Poland). But the policies implemented over the last decade should help cushion the impact and make Hungary a source of stability – rather than a liability – for the EU in years to come.