En esta oportunidad centro mi atención en una cuestión que estimo es muy de fondo respecto a una aparente tensión entre los procesos de mercado y la legislación. En este sentido se dice que no es cierto que los recursos que destina el gobierno fuera de sus misiones específicas necesariamente van en dirección distinta de la que hubiera elegido la gente libremente. Se continúa diciendo que para eso está el proceso electoral, precisamente para que la gente exprese lo que quiere. Esto constituye un fenomenal mal entendido. La estructura gubernamental se concibió desde los Fueros de Toledo de 1085, las leyes leonesas de 1188, la Carta Magna de 1215, los juicios de manifestación aragoneses, el habeas corpus, los principios constitucionales estadounidenses, la declaración de derechos de la Revolución Francesa antes de la contrarrevolución y las Cortes de Cádiz, se concibieron decimos para limitar las atribuciones del monopolio de la fuerza a proteger derechos y la legislatura para administrar el presupuesto y ejercer la prudencia en materia tributaria. Si el gobierno se desborda, inexorablemente entra en campos donde las tensiones son inevitables. No solo es altamente inconveniente para los gobernados que los aparatos estatales se inmiscuyan en sus vidas y haciendas sino que pretendan abarcar un terreno donde habrá perdedores y ganadores ya que las votaciones son en bloque y no pueden aludir al caso por caso y, mucho menos, a situaciones permanentemente cambiantes. El proceso electoral en tal o cual tema es por la positiva o la negativa en bloque, por eso es que estaba diseñado para proteger y garantizar derechos también en bloque. En cambio, en el proceso de mercado no resulta incompatible que unos adquieran lechuga y otros compren bicicletas. En este campo no hay las batallas a las que se refieren los políticos desbocados que habría que liberar en toda ocasión y enemigos que habría que destruir. Como decimos, en el mercado no hay tales cosas, la coordinación a través de los precios permite establecer un sistema que no es confrontativo ni mutuamente excluyente. La votación en el supermercado y afines es de una naturaleza completamente distinta de la votación política, por eso es que esta última se la concibió para proteger derechos y no, como queda dicho, para meterse en el caso por caso en las vidas y cambiantes haciendas del prójimo. Hoy en el terreno político están los ansiosos por imponer sus gustos personales a otros y fabrican campañas electorales en las que se prometen las cosas más atrabiliarias que no solo no protegen derechos sino que los conculcan a cada rato, con la manía de trasladar a las esferas políticas procedimientos que son inherentes a los arreglos contractuales que, reiteramos, estuvieron concebidos para otros propósitos bien distintos a los que luego se han encaminado, con los resultados por todos conocidos. Tampoco se diga que los conflictos se atenúan al contar con la represtación parlamentaria de distintos partidos con lo que se abre el juego que presenta un abanico de posibilidades. Esto no es así ya que ese abanico cuando alude a mayor o menor agresión a los derechos de la gente se sale en mayor o menor medida del ámbito de protección de derechos. El proceso de mercado, esto es, el proceso en el que participan millones de personas cotidianamente, hace a la esencia de la flexibilidad para atender gustos y necesidades que son cambiantes no solo diariamente sino de momento a momento. Resulta indispensable esa elasticidad y esa posibilidad de atender demandas que no solo se modifican permanentemente sino que se refieren a muy distintos bienes y servicios que no son incompatibles sino complementarios. Juan González Calderón explica en su obra sobre derecho constitucional que la democracia que solo centra la atención en los números sin tomar en cuenta su aspecto medular (cual es el respeto a los derechos de las personas), ni siquiera de números entiende puesto que parte de la falsa ecuación que el cincuenta por ciento más el uno por ciento es igual al cien por cien, mientras el cincuenta por ciento menos el uno por ciento sería igual a cero. También, como han señalado innumerables tratadistas, es pertinente volver a las fuentes romanas durante la República y el inicio del Imperio y durante las fases antiguas del derecho inglés del common law en cuanto a procesos de descubrimiento de la norma a través de jueces en competencia al efecto de reducir el radio del legislativo. En este mismo contexto es de utilidad repasar las ventajas de este sistema frente al encorsetamiento de los códigos, puesto que como se ha indicado la previsibilidad es mayor si no resulta posible el zigzagueo legislativo en lugar del progreso del derecho vía largas etapas de estabilidad exenta de ingeniería social y diseño en el contexto del antedicho descubrimiento de valores preexistentes, extramuros de la norma positiva. En este último sentido, es del caso enfatizar que igual que en el mundo vegetal y animal hay propiedades y características que hacen a la naturaleza de las cosas, del mismo modo decimos hay propiedades y características del ser humano. El eje central de la especie humana es su libre albedrío, la única especie conocida que cuenta con ese atributo que le permite razonar, argumentar, evaluar, corregir y decidir entre opciones. En esa línea, el libre albedrío faculta a los humanos a seguir proyectos propios y el hacer o no hacer en libertad otorga derechos que no lesionan iguales facultades de terceros. Como bien ha consignado Montesquieu en su obra más conocida “Una cosa no es justa por el hecho de ser ley, debe ser ley porque es justa” y Marco Aurelio Risolia ha puntualizado que no existe tal cosa como “el abuso del derecho” ya que “un mismo acto no puede ser conforme y a la vez contrario al derecho”. La contracara de esto último estriba en la pretendida figura de “las limitaciones a la libertad”, lo cual, por los mismos motivos, se confunde con el libertinaje que es ausencia de libertad. En otras palabras, el derecho es anterior y superior a la existencia del monopolio de la fuerza que denominamos gobierno cuya finalidad consiste en proteger y garantizar ese derecho a todos por igual. El ser humano no inventa derechos, los descubre. Cuando decimos “a todos por igual” implica la igualdad ante la ley, concepto anclado e inseparable a la noción de justicia. Según la definición clásica, la justicia se traduce en el “dar a cada uno lo suyo” y lo suyo remite a la propiedad, por lo que la referida igualdad no puede darse en una situación injusta. Esto es ignorado por el redistribuicionismo coactivo de ingresos ya que al tiempo vulnera derechos y contradice las votaciones de la gente en el mercado con lo que se derrocha capital y, por ende, se reducen salarios e ingresos en términos reales ya que las tasas de capitalización constituyen la única causa de la elevación en el nivel de vida. De allí es que Friedrich Hayek haya insistido en que “la única igualdad compatible con una sociedad libre es la igualdad ante la ley”. Por otra parte, la guillotina horizontal crea incentivos perversos: los que se encuentran bajo la línea del igualitarismo no se esforzarán en mejorar a la espera de la redistribución que en a práctica no llegará ya que los que se encontraban arriba de esa marca dejarán de producir la diferencia puesto que serán expoliados. En otros términos, es indispensable comprender la muy distinta naturaleza de los procesos políticos y diferenciarla de la naturaleza del proceso de mercado. La primera está pensada para atender la protección de derechos, mientras que la segunda sirve para atender los requerimientos múltiples y cambiantes a través de la coordinación de conocimiento disperso y fraccionado. Confundir ambos planos conduce a problemas de imposible solución tal como se observa y se ha observado a través de la historia cuando los gobiernos se extralimitan en sus funciones específicas. Como ha dicho Benjamin Constant, en gran medida “la libertad de los antiguos” consistía en la participación de los gobernados en la elección de los gobernantes, por su parte “la libertad de los modernos” consiste en la protección de sus derechos. En los momentos en que vivimos parecería que nos retrotraemos a aquella concepción antigua de libertad circunscribiéndola al proceso electoral, además, habitualmente lleno de trampas para que los politicastros del momento puedan contar con un rebaño cautivo al efecto de succionar con mayor eficiencia los recursos del prójimo. “El poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente” ha sentenciado Lord Acton, en otros términos, cuanto mayor la esfera de poder mayor la degradación de la libertad contractual en pos de estructuras políticas perversas. El mercado (es decir, todos nosotros), debe ser preservado si se quiere el progreso moral (el respeto recíproco) y material (el mejoramiento en el nivel de vida) y el plano político debe limitarse a la protección de los derechos de todos. Resumamos el tema: en el terreno político, las batallas, las diatribas, los discursos enojados y a los alaridos mezclados con las sonrisas obscenas de las campañas electorales se deben a que los políticos no cumplen con la función de proteger derechos y se entrometen en áreas que no le competen, mientras que en los procesos de mercado cada cual elige lo que necesita sin denuestos, batallas ni incompatibilidades. Proceso que, en la medida en que se lo deja, funciona en dirección a incrementar las tasas de capitalización que, a su vez, aumenta salarios. Entonces, en esta instancia del proceso de evolución cultural, la economía y la política son aliados y socios cuando cada área se mantiene en el radio de sus misiones específicas pero cuando la política se mete a hurgar en la economía esos dos planos se convierten en antagónicos con resultados nefastos para ambas partes. La política debe mantener su ojo en la calidad de los marcos institucionales y dejar que la economía cumpla su papel de asignación libre de recursos y solo intervenir donde haya lesiones al derecho. Finalmente y en esta misma línea argumental consignamos la incoherencia de sostener que se es liberal en lo político pero no en lo económico como si se pudiera respetar el continente pero vulnerar el contenido, sin comprender que, precisamente, el continente es para proteger el contenido. No tiene sentido proclamar la libertad en el continente y cuando las personas se disponen a usar y disponer de los suyo (el contenido) resulta que los políticos se abalanzan sobre el fruto del trabajo ajeno.