CLARÍN La sociedad argentina —y la política argentina en particular— ha sido muy complaciente respecto de la responsabilidad del peronismo, y especialmente del gobierno de Isabel Martínez de Perón, en el golpe de 1976. Esta afirmación se sostiene en varios motivos.
EL ECONOMISTA La Cámara de Diputados debate la baja de la edad de imputabilidad luego del horrendo asesinato de Kim Gómez. El proyecto contempla penas de hasta 20 años para menores que cometan delitos graves.
Es claro que reducir la edad de imputabilidad constituye una medida acertada e imprescindible, dado el actual contexto que vive nuestro país, pero para enfrentar las causas que han generado esta tremenda realidad es necesaria una mirada desapasionada, desprovista de un natural componente emocional, propio del ser humano, frente a la atrocidad vivida.
Un delincuente no es un ser irracional ni actúa al azar. Como cualquier otra persona, toma decisiones evaluando costos y beneficios. Si no está bajo el efecto de sustancias, su elección de delinquir responde a un análisis: ¿qué gana y qué arriesga al cometer un crimen?
Este simple y a la vez importante concepto fue propuesto por el Premio Nobel de Economía, Gary Becker, en su influyente trabajo: “Crimen y Castigo: Un Enfoque Económico”, publicado en 1968.
Becker introdujo el concepto de que los delincuentes toman decisiones racionales al comparar los beneficios del delito con los costos asociados. Según su análisis, los individuos cometen delitos si el beneficio esperado supera los costos de ser atrapado y castigado.
Desde su perspectiva, un delincuente evalúa las consecuencias de su acción en términos de lo que ganaría si tiene éxito, frente a las probabilidades de ser detenido y castigado. Por lo tanto, si los costos (en términos de riesgo y castigo) son menores que los beneficios de cometer el crimen, la persona lo considerará como una opción racional. Este principio subraya la importancia de aumentar el costo de la delincuencia; es decir, hacer que el riesgo de ser atrapado y recibir un castigo efectivo sea suficientemente alto como para disuadir a las personas de cometer delitos.
Si queremos reducir la delincuencia, debemos tomarlo en cuenta. Hay que aumentar el costo de delinquir, lo que implica elevar la probabilidad de ser detenido y de cumplir una condena efectiva. Más policías capacitados y el cumplimiento estricto de largas condenas que la ley imponga son herramientas fundamentales para lograrlo.
Sin embargo, Becker también planteó otro concepto clave: el costo de oportunidad del crimen. Este costo se refiere a lo que una persona pierde al optar por una actividad ilegal en lugar de una alternativa legítima. Si una persona tiene acceso a oportunidades legales de ingresos, como un empleo bien remunerado o la posibilidad de mejorar su nivel educativo, el costo de oportunidad de cometer un crimen aumenta. En otras palabras, si las alternativas legales son más atractivas que el crimen, las personas estarán menos inclinadas a involucrarse en actividades ilegales.
Un claro ejemplo de ello lo ofrece la población carcelaria en Argentina. Un alto porcentaje de los reclusos no ha terminado la escuela secundaria, y muchos ni siquiera han completado la educación primaria.
Reducir la edad de imputabilidad es un paso imprescindible para enfrentar la delincuencia juvenil que hoy afrontamos, pero no debemos perder de vista la otra cara de la moneda. Ninguna política de seguridad será completamente efectiva si no se acompaña de una apuesta firme por la educación. Si queremos un país más seguro, no basta con endurecer las leyes: debemos también abrir más puertas hacia el futuro.
Por cierto, se le atribuye a Pitágoras haber afirmado “educad a los niños y no será preciso castigar a los hombres”. Más oportuno, imposible.
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PERFIL – En una entrevista con Canal E, Emilio Apud, exsecretario de Energía y Minería de la Nación, destacó la relevancia del acuerdo entre Chevron y Shell como nuevos accionistas en el desarrollo de Vaca Muerta Oil Sur. Según el especialista, la participación de estas empresas internacionales no solo potenciará el financiamiento del proyecto, sino que consolidará a la Argentina como un jugador clave en el mercado energético global.
“Vaca Muerta Sur es indispensable si se quiere evacuar toda la capacidad que tiene Vaca Muerta de crudo”, aseguró Apud al inicio de la conversación. Además, remarcó que se trata de una inversión de aproximadamente 2.500 millones de dólares, donde las principales petroleras locales -YPF, Vista, Pan American Energy (PAE), Pluspetrol y Pampa Energía- participan junto a estas dos multinacionales. De esa cifra, se prevé que las petroleras aporten 700 millones y el resto provenga de financiamiento bancario.
Apud brindó detalles técnicos sobre el ducto que se está construyendo: “Este caño solo va a transportar 700.000 barriles diarios cuando esté finalizado. Eso es prácticamente el total de lo que hoy se produce o se consume en el país”, explicó.
Actualmente, Argentina produce entre 650.000 y 700.000 barriles de petróleo por día, de los cuales 550.000 se destinan al consumo interno y el resto se exporta. La infraestructura de Vaca Muerta Sur permitirá ampliar significativamente el volumen de exportaciones en un contexto de precios internacionales favorables. “El break-even del barril en Vaca Muerta está por debajo de los 40 dólares, mientras que el precio internacional ronda los 70 dólares”, precisó Apud, subrayando la rentabilidad de la actividad.
Según Apud, cuando el proyecto entre en plena operación hacia 2027, el ingreso anual de divisas por exportaciones de crudo podría alcanzar entre 25.000 y 30.000 millones de dólares. A este monto se sumarían los ingresos por gas natural licuado (GNL), cuya exportación comenzaría alrededor de 2030, superando los 50.000 millones de dólares anuales entre ambos productos.
“El aporte de Vaca Muerta podría ser igual o mayor al del campo en términos de divisas”, afirmó Apud. Sin embargo, aclaró que para atraer más inversiones es necesario eliminar el cepo cambiario y garantizar seguridad jurídica.
El exfuncionario también se refirió al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), destacando su rol en otorgar estabilidad fiscal a los inversores: “Una de las principales preocupaciones es que después les cambien las reglas de juego, especialmente en el aspecto impositivo. El RIGI es una herramienta que brinda previsibilidad a largo plazo”.
Respecto al control de cambios, Apud fue categórico: “En ninguna parte del mundo existe el cepo cambiario. Hay que sacarlo lo antes posible. Ojalá que con el acuerdo con el FMI se logre”, afirmó, señalando que existen numerosos proyectos de energía, minería y otros sectores a la espera de una mayor certidumbre económica.
Consultado sobre el proyecto de tratado de libre comercio con Estados Unidos, Apud lo consideró estratégico para el desarrollo energético. “Estados Unidos es el principal exportador de shale oil y shale gas. Si se concreta un tratado, se aceleraría la inversión y la comercialización de productos de Vaca Muerta”, dijo.
No obstante, advirtió que habrá que resolver la relación con el Mercosur, ya que la firma de un acuerdo bilateral requeriría la aprobación de los socios del bloque. “Incluso existe la duda de si la Argentina seguirá dentro del Mercosur”, concluyó.
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Agustín Etchebarne, conversó con Horacio Cabak y Malena de los Ríos en LN sobre las próximas elecciones en Argentina. “Las elecciones las gana el oficialismo”
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Por Osvaldo Schenone para Instituto Acton.
El reciente anuncio que se permitirán las importaciones, sin pagar arancel aduanero, de productos para uso personal por valor no superior a US$ 3.000 ha despertado amargas quejas de los productores nacionales de productos similares.
No es una sorpresa que protesten quienes pierden una protección contra la competencia. Todo empresario siempre proclama que “la competencia es buena… que compitan los demás”. Lo novedosa es la excusa utilizada en el caso actual.
Agotadas las viejas excusas de “defender la producción nacional”, “la industria naciente” y/o “defender el empleo nacional”, porque ya nadie las cree, ahora apelan al argumento que en Argentina las empresas están asfixiadas, sumidas en una maraña de abusivos impuestos nacionales, provinciales y municipales. Esta carga impositiva es lo que les impide competir con los proveedores extranjeros.
Es verdad que los impuestos abusivos, además de una vetusta legislación laboral, infraestructura vial y ferroviaria inadecuada, falta de seguridad jurídica, etc. (el eufemismo “costo argentino”) son verdaderos obstáculos para las empresas argentinas. No se puede negar la existencia de este problema. Existe y es de una gravedad mayúscula.
Pero lo que hace la protección aduanera no es resolverlo. Lo que hace es trasladarlo a los consumidores. Y eso es lo que piden los productores nacionales: que siga la protección y el traslado del problema a los consumidores.
Se trata del viejo vicio de pasarle el problema a otro, aunque sea un problema propio. Y así el problema no se resuelve, sino que se traslada hacia quienes tienen menor capacidad de protestar, hacer lobby, sobornar, o reclutar apoyo sindical.
El mismo Estado, comprendiendo que quienes reciben el problema tienen limitada capacidad de reclamar, se beneficia del traslado del problema y continúa, sin enfrentar quejas, con la abusiva carga impositiva como si el problema no existiera.
La modesta apertura de las importaciones aludida en esta nota pone el problema a cargo de quien debe resolverlo. Aunque sea más fácil trasladarlo y convertirse, así, en cómplices del Estado para expoliar a los consumidores. Son las empresas las que pueden usar su poder de lobby para reclamar la reducción de la carga impositiva. Al fin y al cabo, se trata de su problema para poder competir.
