PERFIL En pocas semanas los vecinos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires elegiremos nuevos representantes. Nunca antes una elección local como la del próximo 18 de mayo ha tenido tanta trascendencia de cara al futuro; los nombres de varios de los candidatos que encabezan las listas así lo atestiguan.

A todos los candidatos les importa la educación, no tengo la menor duda de ello, de la misma forma que les interesa la salud de la población y su seguridad. A nadie debería dejar de importarle estos temas, sea o no candidato a un cargo electivo. Pero un candidato debe decirnos mucho más que afirmar que desea mejorar la educación, la salud y la seguridad en la ciudad, debe decirnos el cómo se imagina hacerlo, que leyes propondrá, cuáles apoyará y en qué se diferencia su propuesta de las de sus competidores. De lo contrario, ¿Cómo es posible que los vecinos de CABA votemos conscientemente a quienes consideremos los más adecuados para ocupar las posiciones que se habrán de disputar?

Merecemos escuchar propuestas y debates sobre las mismas. Es tiempo de comenzar a votar candidatos que realicen propuestas concretas que podamos comprender y con las que estemos de acuerdo. No es tiempo de votar conceptos abstractos, no es tiempo de votar a favor o en contra de un gobierno, ya sea de la ciudad o nacional, de lo contrario el horizonte para nuestra ciudad, y también para nuestro país, será muy oscuro y no tan sólo en el terreno educativo.

Veamos un ejemplo. La ciudad de Buenos Aires cuenta, hace muchos años, con una ley de mecenazgo cultural, la cual ha sido modificada durante la actual gestión para impulsar, aún más, la participación de la sociedad en el financiamiento de proyectos que hacen a dicho quehacer, pero carece de una legislación similar de mecenazgo educativo.

Las empresas que aportan a estos proyectos pueden deducir como mínimo el 80% del Impuesto sobre los Ingresos Brutos (II.BB.), aportando solo el 20% en forma genuina, mientras que en la ley anterior las deducciones impositivas para estas empresas iban disminuyendo según la cantidad de proyectos anteriores aprobados, empezando en el 80% y bajando hasta el 50%.

Mecenazgo cultural: ¿Y el educativo?

En palabras de la ministra de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Gabriela Ricardes: “La Ley de Mecenazgo es un verdadero puente que conecta miles de proyectos culturales con los recursos económicos necesarios para su desarrollo, y que permite que las empresas contribuyan a potenciar la escena cultural. Estas modificaciones aprobadas por la Legislatura son un paso clave para fortalecer ese vínculo de lo público y privado que tanto enfatiza Jorge Macri”.

Mecenazgo cultural, ¿y el educativo? Dejar de otorgar mejores posibilidades para los niños que menos tienen y más lo necesitan es un costo de oportunidad demasiado alto. Sin embargo, a lo largo de los años, la amplia mayoría de nuestros representantes no han considerado siquiera analizar esta posibilidad, defendiendo la educación pública a rajatabla, mientras muchos de ellos envían a sus hijos a escuelas privadas.

El caso del mecenazgo educativo en Uruguay

El mecenazgo educativo es una realidad hace muchos años en Uruguay y permite el financiamiento de escuelas secundarias de gestión privada, gratuitas, religiosas y laicas, en uno de los barrios más pobres de Montevideo, Casavalle, con excelentes resultados académicos.

Al respecto, en diciembre de 2014, en su mensaje para Navidad, el Cardenal Daniel Sturla, Arzobispo de Montevideo, expresó que las experiencias de liceos gratuitos de gestión privada “demuestran que si se quiere se puede” y resaltó que “multiplicando los Jubilares en Uruguay se estaría dando una respuesta educativa seria, responsable, que permitirá que los jóvenes se desarrollen en la educación”.

En abril de 2015 el Cardenal Sturla salió al cruce de las declaraciones del sindicato docente contra este tipo de liceos, señalando que “si ponemos al chico en el centro hay que apoyarlo. Sea público o privado, no importa. Lo que importa es salvar a los chicos concretos porque si no caen en lo que ya sabemos, la deserción escolar y por tanto lo que eso trae aparejado: la droga, la esquina, la cerveza”.

Como muestra basta un botón. El 11 de mayo de 2023, se realizó en Casavalle el acto de inauguración de la escuela primaria de la Fundación Impulso. Del mismo participaron el, por entonces, presidente del Uruguay, Luis Lacalle Pou; el ministro de Educación y Cultura, Pablo Da Silveira y Marcos Galperín, CEO y fundador de Mercado Libre, quien financió la obra y se hizo de cargo de los gastos operativos de su funcionamiento, al menos por los próximos 10 años. Sobran las palabras.

La experiencia uruguaya demuestra que cuando el Estado y la sociedad civil trabajan en conjunto, es posible transformar realidades educativas complejas. La ciudad de Buenos Aires tiene la oportunidad de liderar este cambio con una ley de mecenazgo educativo que brinde mayores oportunidades a quienes más lo necesitan. Buenos Aires cuenta con una ley de mecenazgo cultural desde hace muchos años. ¿Por qué no aplicar un enfoque similar en el ámbito educativo?

Ahora, la pregunta es clara: ¿Qué opinan los candidatos al respecto? Los vecinos de la ciudad merecemos más que discursos abstractos; merecemos conocer propuestas concretas. No se trata de eslóganes ni promesas vacías. Se trata del futuro de las próximas generaciones y del país que queremos construir. El 18 de mayo votemos con conocimiento y con el compromiso de exigir un futuro mejor para nuestros hijos.

* Miembro de la Academia Nacional de Educación y Rector de la Universidad del CEMA

LA NACIÓN Hubo una Argentina donde los padres depositaban en la educación la esperanza de un futuro mejor para sus hijos. Hoy la cruda realidad ha eliminado del imaginario colectivo aquella aspiración. Cinco leyes –que hemos propuesto en diversas oportunidades y sobre las que vale la pena insistir– le permitirían al Gobierno tomar la iniciativa frente a una crisis que, sin duda, ha heredado y que tiene voluntad de revertir.

Declarar la educación como un servicio esencial. El 14 de agosto, la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley presentado por Alejandro Finocchiaro, el cual estipula que al menos el 30% del personal de la escuela deberá permanecer en sus puestos durante los dos primeros días de la medida de fuerza, para garantizar la continuidad de las clases. Si el paro se prolonga, este porcentaje se incrementará al 50%.

Difusión pública de los resultados de las evaluaciones educativas. Es necesario que los padres comprendan la emergencia educativa. Las evaluaciones son claves para eso, pero los resultados en el nivel de las escuelas deben ser públicos. Es imprescindible modificar el artículo 97 de la ley 26.206, de educación nacional, el cual prohíbe la difusión de los resultados por escuela. Al impedir la publicidad de los resultados de cada colegio, lo que se está haciendo es sustraer del debate público el elemento de juicio principal para saber si el actual sistema educativo satisface la principal inquietud de cualquier padre: que sus hijos aprendan en el colegio al cual concurren.

El 27 de diciembre de 2023 el Gobierno propuso dicha modificación en el proyecto de la Ley Bases. Modificar el artículo 97 es imprescindible para enfrentar la crisis educativa que atravesamos. Al garantizar que los resultados de las evaluaciones sean accesibles en el nivel de las escuelas, se empoderará a los padres con información clave, permitiéndoles involucrarse activamente en la educación de sus hijos y exigir mejoras concretas en las instituciones educativas.

Mecenazgo educativo. En Uruguay el mecenazgo educativo es una realidad, en virtud de la legislación sobre donaciones especiales, en referencia a instituciones educativas en áreas carenciadas. Eso permite la existencia de escuelas gratuitas de gestión privada, religiosas y laicas, que se financian con aportes de empresas y brindan educación de excelencia a niños y adolescentes en zonas carenciadas. En nuestro país el mecenazgo cultural es una realidad desde hace muchos años en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero del mecenazgo educativo no se habla, es un tema tabú.

Una legislación similar a la uruguaya permitiría demostrar que es factible incrementar la exigencia y el rendimiento académicos, aun en contextos sociales claramente desfavorables, y podría constituirse en el puntapié inicial para un verdadero cambio radical en el cual el Estado y la sociedad civil se complementen para transformar una realidad educativa que ensombrece el futuro de nuestro país.

Replicar el proyecto de ley Educational Choice for Children Act (ECCA). La libertad educativa se basa en un principio sencillo: permitir que las familias elijan la escuela que mejor se adapte a las necesidades educativas de sus hijos y a los valores familiares, utilizando los fondos públicos destinados a la educación. ¿Es posible implementarla? Es claro que sí. La cuarta de las leyes propuestas se inspira en un proyecto de ley presentado por el Partido Republicano en Estados Unidos, que permitiría comenzar a hacerla realidad; esto sujeto al hecho de que la educación en nuestro país es potestad de las provincias.

El ECCA propone un sistema de créditos fiscales federales para quienes donen a organizaciones sin fines de lucro que ofrecen becas educativas a familias de bajos ingresos. Estas becas permitirían a dichas familias financiar matrículas en escuelas privadas, gastos de educación en el hogar, tutorías personalizadas e incluso materiales educativos. Este esquema coloca a las familias en el centro del sistema y permite que los fondos sigan al estudiante y no a las escuelas, un enfoque que empoderaría a los padres. La Argentina tiene en el ECCA un modelo que podría contribuir a comenzar la transformación de su sistema educativo, hoy altamente desigual y marcado por la cuna como el principal determinante del futuro de los niños.

Examen de fin de secundaria y educación dual. Es bien sabido que la Argentina es un caso de estudio en virtud de la ley 27.204, que prohíbe cualquier tipo de evaluación para estimular un ingreso de estudiantes bien preparados a la universidad. Como señala Alieto Guadagni, no se conoce en el mundo otra ley universitaria de estas características. La modificación de la ley 27.204 evitaría estafar a miles de jóvenes que pierden valiosos años de sus vidas realizando estudios que nunca habrán de concluir, en lugar de capacitarse para desenvolverse exitosamente en una infinidad de oficios requeridos por nuestra sociedad.

En Alemania se pueden comprobar in situ las virtudes de su particular sistema de educación. En el llamado sistema de educación dual, los estudiantes que optan por realizarlo pasan una cantidad importante de tiempo en un lugar de trabajo, durante la segunda parte de su educación secundaria. Conforme va transcurriendo el proceso de aprendizaje, el estudiante incrementa el tiempo de entrenamiento en la empresa y reduce el tiempo de aprendizaje en la institución educativa. Al finalizar sus estudios, muchos ingresan directamente a puestos de trabajo en las empresas en las que realizaron sus entrenamientos.

Hoy, la Argentina enfrenta una oportunidad histórica: decidir si seguirá resignándose al atraso o si se atreverá a forjar un futuro distinto. Estas líneas no son solo una serie de propuestas; son una invitación a recuperar la esperanza. A soñar con una nación donde cada niño, sin importar su cuna, tenga la oportunidad de desplegar su talento y construir una vida digna.

Miembro de la Academia Nacional de Educación y rector de Ucema

El paro general decretado por la CGT es incuestionablemente ilegal, ya que la huelga es un derecho restrictivo, limitado a reclamos específicos que deben ser presentados por un sindicato representativo (CSJN “Orellano y otros c/ Correo Argentino”), y debe estar relacionado con demandas concretas de una empresa o sector, de naturaleza colectiva. El paro promovido se descalifica por sí mismo, ya que sus reclamos son de naturaleza política general o económica, y no están relacionados ni causados por el colectivo representado.

Al respecto, se requieren cuatro requisitos para que la huelga sea válida:

1. Reclamo colectivo que afecte a los representados.

2. Sindicato representativo.

3. Abstención concertada del deber de trabajar (simple inactividad sin bloqueos ni obstrucción al derecho a trabajar).

4. Cumplimiento de las normas de mediación y de conciliación y/o arbitraje.

La mayoría de los adherentes al paro están adoptando una medida de fuerza de solidaridad, o por causas genéricas o de política social o económica, que en el derecho comparado ha sido declarada también ilegal y contrario a los principios y a la defensa de los intereses profesionales de los trabajadores.

A su vez, la conciliación obligatoria es un procedimiento especial adoptado por la autoridad de aplicación, en relación a un sector o actividad en conflicto, para que a la luz de la Ley 14.786 (1958) el mismo sea dirimido en un contexto de paz social y de diálogo que obliga a la retrotracción -o sea a volver el conflicto al día anterior a su comienzo- y que tiene por fin receptar las divergencias y establecer un marco de convergencia.

Por ende, quienes se encuentren bajo el procedimiento de conciliación obligatoria no pueden adherir al paro general ya que es incompatible, de modo tal que quienes se aparten están alcanzados con las sanciones legales vigentes. Esta norma, inspirada en las ideas de Perón de la década de los 50´ tenía por objeto evitar la huelga salvaje, sobre todo la que afectaba el transporte, y que generaba daños a toda la población.

La doctrina comparada más calificada, como es el caso de Otto Kahn -Freund (para muchos el padre del derecho laboral inglés contemporáneo), consideran la huelga como una patología del derecho laboral, similar a lo que significa el concurso o la quiebra en el derecho comercial, o el divorcio en el derecho de familia.

Esto es así porque la huelga es un derecho constitucional que legitima un daño multilateral, al empleador le paralizan su actividad habitual y el trabajador no cobra en virtud de haber decidido no trabajar por un lapso determinado, mientras que a la comunidad y a los consumidores los afecta en sus derechos más elementales.

Conciliación obligatoria y paro general: la ilegalidad detrás del conflicto

Lo paradigmático es que la UTA está sometida a la Conciliación Obligatoria por decisión de la Secretaría de Trabajo y Ministerio de Capital Humano, que fue aceptada tanto por el sindicato como por las cámaras empresarias, que llega al día del paro general que solo se puede asegurar si se cuenta con la adhesión de los medios de transporte.

Para evitar las medidas ad nutum o intempestivas se crearon las regulaciones que en forma genérica han sido llamadas “medios de solución de los conflictos colectivos”, de las cuales la única sobreviviente, desde la segunda mitad del siglo XX hasta la fecha, es la 14.786 de Conciliación Obligatoria que le impide a las partes, empleadores y sindicatos adoptar cualquier medida contra la otra por el tiempo de vigencia impuesta por la autoridad de aplicación. El lapso establecido alcanza al paro general.

Debemos destacar que en la Provincia de Buenos Aires a través de su ley provincial 7565 en 2024 (art.17) estableció que el no acatamiento de la Conciliación Obligatoria habilita la aplicación de multas para cualquiera de las instituciones sindicales, incluyendo la suspensión o la cancelación de la personería gremial para actuar en nombre de sus representados y hasta la intervención del sindicato (por vía administrativa y/o judicial). Esta norma es similar al art. 56 de la Ley Nacional de Asociaciones Sindicales 23.551 (que prevé solo la vía judicial).

Para completar el cuadro del derecho comparado, debemos destacar que todos los países centrales han restringido el derecho de huelga a una serie de condicionantes, y que en ninguno de ellos se admite como legal el paro general, al que se le atribuyen generalmente causas y exteriorizaciones políticas, heterogéneas por sí, y a la vez, asociadas a la violencia física o psicológica o a ambas.

Al respecto la OIT nunca promovió un convenio sobre el derecho de huelga, y los pronunciamientos del Comité de Expertos rechazaron los paros generales en distintos casos de consulta, y aceptaron que los servicios esenciales deben contar con restricciones mayores cuando afectan la vida, la salud y la integridad física de los ciudadanos.

La Ley de Bases 27.742 (art.94), por su parte, habilitó -previa constatación (verificar la participación de los involucrados) e intimación (dirigida en forma personalizada al trabajador- el despido de los trabajadores que:

-Cuando se afecte la libertad de trabajo a quienes no adhieran a una medida de fuerza mediante actos hechos intimidaciones o amenazas.

-Cuando se impida u obstruya total o parcialmente el ingreso de personas o cosas al establecimiento de la empresa.

A su vez si las acciones colectivas o concertadas provocan daños, la norma admite el despido directo previa constatación pero y sin intimación previa:

-Cuando se verifique que el o los trabajadores ocasionen daños a personas o a cosas de propiedad de la empresa o de terceros situadas en el establecimiento del empleador como son las instalaciones, mercaderías, insumos o materias primas, herramientas, etc. o se retengan las mismas en forma indebida.

Cuando visualizamos que el paro general es por definición un acto ilegal que nada tiene que ver con la huelga consagrada en el art. 14 bis de la Constitución Nacional. Y que el Procedimiento de Conciliación Obligatoria es un instrumento creado con el fin de generar negociaciones en el contexto de paz social que palanquee un eventual acuerdo, advertimos que muchas de las acciones que se están produciendo tienen claros objetivos políticos.

En efecto, los mismos están estrechamente relacionados con la conformación de los grupos de oposición al Gobierno que sigue avanzando con una estrategia que está produciendo en forma paulatina resultados positivos, que de un modo u otro están recorriendo un camino que nos puede sacar de la decadencia y alinearnos con la prosperidad que todos anhelan.