Emilio Apud consideró que "no existe riesgo de que suba el combustible por el conflicto en Venezuela". Cuando se normalice la situación en Venezuela, en unos años, el precio del petróleo va a bajar.

CATO Ian Vásquez dice que administrar Venezuela y conducirla hacia una transición democrática solo funcionará si la tarea recae en un gobierno legítimo, sin serios problemas de credibilidad para colaborar con Estados Unidos.

Todos los amantes de la libertad podemos celebrar la caída del dictador Nicolás Maduro, aunque existan serias preocupaciones sobre la legalidad y constitucionalidad de la acción militar ordenada por el presidente Donald Trump, así como sus implicancias para la política exterior más allá de Venezuela.

Un cuarto de siglo de socialismo derivó en un autoritarismo brutal que perpetró crímenes de lesa humanidad, terrorismo de Estado y todo tipo de atropellos a los derechos básicos, convirtiendo a Venezuela en uno de los países menos libres del mundo. El resultado ha sido una sociedad sumida en una profunda crisis económica, humanitaria y social.

Pero la intervención militar, oficialmente ejecutada para combatir el narcotráfico y de la que se esperaba un cambio definitivo del régimen chavista, parece haber devenido en algo distinto. Estados Unidos ha decapitado al régimen, pero la estructura dictatorial sigue en pie. Trump ha declarado que Estados Unidos dirige actualmente Venezuela y que trabajará con Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Maduro, para administrar el país. Esto incluye, según el mandatario estadounidense, la reconstrucción de la infraestructura nacional, especialmente la petrolera, hasta que se produzca una transición adecuada en un futuro indeterminado.

Proseguir de esta manera constituye un error estratégico y moral. Rodríguez ha sido una figura clave de un sistema que ha reprimido al pueblo; es repudiada por los venezolanos y, al igual que los otros líderes del régimen, carece de legitimidad. Entre estos figuran el criminal Diosdado Cabello, actual ministro del Interior, y Vladimir Padrino López, ministro de Defensa. Ambos han sido acusados de tráfico de drogas por Estados Unidos y son quienes poseen las armas y mantienen el poder real.

Si Trump desea lograr sus objetivos, lo mejor para ambas naciones es iniciar una transición hacia la democracia con líderes que posean legitimidad, en lugar de involucrarse en una misión de reconstrucción nacional mediante intervenciones torpes o una ocupación militar, opción que Trump no ha descartado.

Quienes gozan del apoyo abrumador de los venezolanos son la lideresa de la oposición, María Corina Machado, y Edmundo González, quien obtuvo casi el 70% de los votos en la elección del 2024 que Maduro robó. Increíblemente, Trump ha descalificado a Machado al declarar que ella no cuenta con el apoyo del pueblo venezolano, afirmación contraria a la realidad.

Cualquier cambio exitoso en la dirección de Venezuela requerirá legitimidad, algo que Machado y su equipo poseen. Más aún, cuentan con un plan de gobierno elaborado y una estrategia de transición bien estructurada que contempla acciones para las primeras 100 horas y los primeros 100 días en materia de seguridad, infraestructura, servicios públicos y gobernabilidad. Asimismo, se prevé la convocatoria a elecciones prontas para legitimar dicha transición.

Machado y González proponen reformas de largo alcance para restaurar la libertad y modernizar el país. Contemplan la apertura económica, la privatización del monopolio estatal petrolero, el fomento de la libre competencia, la limitación del poder estatal y el restablecimiento del Estado de derecho. Estas políticas son consistentes con los objetivos de la política exterior estadounidense.

Administrar Venezuela y conducirla hacia una transición democrática solo funcionará si la tarea recae en un gobierno legítimo, sin serios problemas de credibilidad para colaborar con Estados Unidos. Manejar el país manteniendo al régimen al mando y enfocándose en el sector petrolero es una receta para el fracaso que restará legitimidad a toda la misión. Sería más acertado que Estados Unidos colabore con Machado y su equipo para lograr una transición a la democracia y permitir que los venezolanos reconstruyan su propio país. 

Este artículo fue publicado originalmente en El Comercio (Perú) el 6 de enero de 2025.

AGROSITIO Desde hace casi dos décadas, la Argentina discute el financiamiento educativo alrededor de una consigna: destinar al menos el 6% del Producto Bruto Interno (PBI) a la educación. Ese objetivo, incorporado primero en la Ley de Financiamiento Educativo y luego en la Ley de Educación Nacional, buscó expresar una prioridad política compartida entre la Nación y las provincias. Sin embargo, la evidencia acumulada muestra que ese esquema no logró cumplir su objetivo central: proteger, ordenar ni mejorar de manera sostenible el sistema educativo.

Desde su sanción en 2006, la meta del 6% solo se cumplió plenamente una vez, en 2015. En los demás años, su aplicación fue parcial, discutida o directamente incumplida. En la práctica, como explica Agustín Etchebarne, "el Presupuesto anual, aprobado cada año como una ley posterior, fue dejando sistemáticamente sin efecto esa obligación, sin sanciones, mecanismos automáticos de corrección ni responsabilidades claramente asignadas entre niveles de gobierno". Como resultado, este incumplimiento sostenido permitió la acumulación de una brecha de inversión que, según estimaciones del economista Mariano Narodowski, asciende a USD 26.000 millones entre 2006 y 2020.

Esta experiencia histórica deja una enseñanza clara: una meta agregada, dependiente del PBI y sin reglas operativas no funciona como garantía efectiva de financiamiento. A ello se suma otro dato relevante: el aumento del gasto no se tradujo en mejores resultados educativos. Las evaluaciones nacionales (Aprender y ONE) e internacionales (PISA) muestran, en términos generales, estancamiento o deterioro en los aprendizajes, incluso durante los años de mayor expansión presupuestaria. Esto refuerza la idea de que el problema no es solo cuánto se gasta, sino cómo se asignan los recursos y qué incentivos genera el sistema.

Los datos más recientes confirman este diagnóstico. En 2024, aun con la obligación legal del 6% formalmente vigente, el gasto educativo cayó en términos reales en 21 provincias. En 11 de ellas, la reducción del gasto educativo fue mayor que la del gasto público total, lo que sugiere que, en esos casos, la educación fue una de las principales variables de ajuste, aunque este comportamiento no fue homogéneo en todas las jurisdicciones. La existencia de una meta legal, una vez más, no funcionó como blindaje efectivo, ni siquiera en un esquema federal.

A este cuadro se suma un cambio estructural que vuelve aún más relevante la discusión: el colapso de la natalidad. En los próximos años habrá menos alumnos en el sistema educativo y una población envejecida, con más jubilados y menos aportantes. Persistir en esquemas rígidos de financiamiento atados a porcentajes del PBI, sin revisar la asignación por alumno ni los incentivos del sistema, no solo es ineficiente, sino fiscalmente insostenible.

En este contexto, el debate abierto en el Congreso en torno al Presupuesto 2026 no debería reducirse a la defensa o eliminación de un porcentaje que, en la práctica, nunca logró ordenar el sistema. Desde Fundación Libertad y Progreso consideramos necesario correr el eje del debate: el problema no es si se financia o no la educación, sino cómo se la financia y con qué reglas.

En ese sentido, la Ley de Libertad Educativa abre una oportunidad para discutir esquemas superadores, que aborden no solo el financiamiento, sino también el funcionamiento institucional del sistema, mejorando los incentivos, la transparencia y el control por resultados. Propuestas como el financiamiento por alumno y la combinación de aportes a la oferta y a la demanda permiten que los recursos públicos lleguen efectivamente a los estudiantes, involucren a las familias y fortalezcan la rendición de cuentas.

La experiencia de los últimos veinte años demuestra que prometer porcentajes no alcanza. Si el objetivo es mejorar la calidad, la equidad y la previsibilidad del sistema educativo, el desafío es avanzar hacia mecanismos de financiamiento efectivos, adaptados a la realidad demográfica y con resultados evaluables.