Eugenio Marí, estuvo en El Exprimidor, conducido por Ari Paluch, hablando sobre el veto de Javier Milei a la propuesta de aumento a los jubilados. Lo que realmente se necesita es una reforma del sistema previsional y laboral para mejorar las jubilaciones. 

LA NACIÓN En un país donde la dependencia de los planes sociales se ha convertido en una constante desde la crisis de 2001, la educación debe dejar de ser un instrumento para maquillar una fachada de asistencia y transformarse en la herramienta esencial para romper el círculo vicioso de la pobreza. La realidad argentina –caracterizada por una alta dependencia estatal– exige un replanteo profundo de la política social: no basta con paliar las carencias económicas, es necesario dotar a los beneficiarios de las herramientas y el conocimiento que los hagan protagonistas de su propio futuro.

Los planes sociales, tal como se presentan desde hace ya muchos años, cumplen un rol de contención en supuestos momentos de emergencia; sin embargo, al no estar vinculados a un proceso de capacitación educativa o laboral, han cronificado la dependencia. Como se ha evidenciado a lo largo de décadas, la falta de formación impide la reinserción productiva; por eso resulta imperativo condicionar la percepción de dichos subsidios a la finalización de la educación obligatoria y a la participación en programas de capacitación técnica. Esa es, precisamente, la premisa central de esta propuesta: transformar la asistencia del Estado en una inversión en capital humano.

Esta visión encuentra su fundamento tanto en tradiciones éticas y filosóficas como en el ideal del liberalismo. Recordemos, si no, a Maimónides, quien hace más de ochocientos años colocaba en la más alta escala de la filantropía el dar a un pobre los medios para que pueda vivir de su trabajo sin degradarlo con la limosna abierta u oculta.

Una idea similar la encontramos en los escritos del barón Maurice de Hirsch, una de las tantas figuras olvidadas de nuestra historia, quien en 1891 señalaba: “Me opongo firmemente al antiguo sistema de limosnas, que solo hace que aumente la cantidad de mendigos, y considero que el mayor problema de la filantropía es hacer personas capaces de trabajar de individuos que de otro modo serían indigentes, y de este modo crear miembros útiles para la sociedad”.

No cabe duda de que el asistencialismo sin condiciones genera costos en sí mismo. Desde diversas tradiciones religiosas y humanistas lo han advertido. Por ejemplo, Benedicto XVI, en su encíclica Caritas in veritate, señalaba: “El estar sin trabajo durante mucho tiempo, o la dependencia prolongada de la asistencia pública o privada, mina la libertad y la creatividad de la persona y sus relaciones familiares y sociales, con graves daños en el plano psicológico y espiritual”. Por su parte, el padre Pedro Opeka, un argentino propuesto varias veces para el Premio Nobel de la Paz por su incansable trabajo con los pobres en Madagascar, ha demostrado que el asistencialismo perpetuo solo genera más dependencia, mientras que la promoción de la educación, la capacitación y el trabajo dignifica y permite que las personas se pongan de pie.

Sus palabras son en un todo consistentes con la visión del liberalismo. A modo de ilustración, recordemos las palabras de Ronald Reagan, quien sostenía que “el propósito de cualquier política social debería ser la eliminación, tanto como sea posible, de la necesidad de tal política”, o del mismo Milton Friedman, quien resumía este concepto al afirmar que “una mejor educación ofrece una esperanza de reducir la brecha entre los trabajadores calificados y los que no lo son, y de protegerse contra la formación de una sociedad de clases en la que una élite educada mantiene a una clase permanente de desempleados”.

La experiencia histórica del GI Bill of Rights en Estados Unidos sirve de paradigma en la materia. Sancionado en 1944, el GI Bill ofreció a millones de veteranos la oportunidad de reeducarse y reinsertarse en el mercado laboral, y alcanzó resultados que superaron con creces los costos iniciales para el Estado. Por cada dólar invertido en la educación de los veteranos recaudó varios dólares en concepto de impuestos. Dicha relación se produjo porque los trabajadores calificados generados por el programa percibían ingresos claramente superiores a los que hubiesen obtenido de no haber llevado a cabo los estudios y, por ende, pagaban muchos más impuestos.

Nada impide pensar en un modelo similar para millones de argentinos hoy marginados del sistema productivo en lugar de planes que carecen de un horizonte formativo, lo que diluye cualquier posibilidad de reinserción en la sociedad productiva

La evidencia es contundente. Los estudios empíricos demuestran que quienes cuentan con un mayor nivel educativo tienen mayores posibilidades de romper con el círculo vicioso de la pobreza. Como apuntó Theodore Schultz, premio Nobel de Economía: “Las diferencias de ingresos entre las personas se relacionan estrechamente con las diferencias en el acceso a la educación”. Si queremos salir de una crisis que afecta la cohesión social, es imprescindible apostar por una política social que, de verdad, genere capital humano.

Para la Argentina, la propuesta es clara y urgente: reformar el sistema de planes sociales condicionándolos a la educación y la capacitación laboral. Este cambio no se trata de castigar a los beneficiarios, sino de brindarles el incentivo y el acompañamiento que les permitan completar su formación y, de ese modo, acceder a un mercado laboral digno y productivo. Se trata de construir un modelo de inclusión social basado en la autonomía y el mérito, en el que los subsidios estatales se transformen en puentes de movilidad social y no en muros que perpetúan la dependencia.

La transformación de los planes sociales, condicionándolos a la finalización de la educación obligatoria y a la capacitación laboral, es la única salida sostenible. Con una política de este tipo se dejarían de transferir recursos sin condición y se comenzaría a invertir en la libertad y el desarrollo integral de los beneficiarios.

Formar para liberar no es solo un lema, es una estrategia de futuro, un camino para que cada argentino pueda recuperar la dignidad de llevar por sí mismo el pan a la mesa familiar y que permita enfrentar el riesgo cierto de perpetuar una sociedad de clases en la que una élite educada mantenga a una clase permanente de desempleados; un escenario hoy factible, fiscalmente imposible y éticamente reprochable.

IPPROFESIONAL La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó in limine (art. 280 CPCCN) sin tratar la apelación y con ello dejó firme una sentencia que rechazó la demanda de un caddie en autos "Larrosa, Lucas Javier c/Fundación Club Hindú", en la que pretendía que se reconociera una relación laboral con la entidad deportiva.

Con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el tribunal consideró que el recurso era inadmisible por aplicación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, sin expresar fundamentos adicionales ni expedirse sobre la cuestión de fondo.

El Caddie se presentó ante la justicia laboral reclamando que el Club Hindú reconociera un vínculo laboral desde 2004.

Según su relato, trabajaba para los socios del club los sábados, domingos y feriados, de 7 a 18 hs, y tenía que cumplir diversas tareas bajo la supervisión del "Master Caddie", como recorrer la cancha, limpiar pozos, recoger basura, higienizar baños y acondicionar la casilla de caddies.

En la demanda, alegó que la organización del trabajo, la asignación de tareas y el control horario demostraban una relación de dependencia. Aportó testigos que no fueron objetivos por cuanto tenían demandas pendientes contra la misma institución.

Sin embargo, el club negó la existencia de un contrato laboral, sosteniendo que se trataba de un trabajador autónomo que prestaba servicios directamente a los jugadores y no a la institución.

También destacó que los jugadores podían llevar su propio caddie, que no había obligación de asistir ni de contratar siempre al mismo.

En el fallo de Cámara se dice que "Tal como se indicase en el planeo de grado, nada obsta para que el deportista se adentre solo en el campo de juego, que se acompañe por su propio Caddie y se agrega "nada obsta para que el deportista se adentre solo en el campo de juego, que se acompañe por su propio Caddie o que trasporte los palos en un carrito.

Si bien el jugador paga la retribución convenida y, por lo común, es el Caddie quien carga los palos, lo relevante es que también instruye y asesora al primero, por lo cual desaparece la facultad de dirección propia del contrato laboral".

Agrega luego que "Todos estos extremos me llevan a concluir que el Club no interviene ni directa ni indirectamente en la actividad que cumple el caddie para el jugador y éste es el único que, en su calidad de asociado o invitado, solicita el uso de las instalaciones de la entidad deportiva.

No cabe ninguna duda que el caddie actúa autónomamente, y que el Club es un simple intermediario entre éste y el jugador que utiliza sus servicios, facilitando sus instalaciones (como en tantas otras actividades) y el hecho de que sus servicios los realice en el campo de golf, no tipifica los elementos característicos del contrato de trabajo, establecidos en el artículo 21 de la Ley de Contrato de Trabajo", refirió la Cámara laboral.

Se agrega en definitiva que "Todos estos extremos me llevan a concluir que el Club no interviene ni directa ni indirectamente en la actividad que cumple el caddie para el jugador y éste es el único que, en su calidad de asociado o invitado, solicita el uso de las instalaciones de la entidad deportiva.

Dado que la Corte Suprema no se expidió sobre el tema de fondo, la Sala X de la Justicia del Trabajo con el voto del Dr. Victor A. Pesino con la adhesión de la Dra. Maria D. Gonzalez dejó sentadas las siguientes pautas:

1. El club o entidad en donde se encuentra la cancha de golf no tiene ningún vínculo contractual con el Caddie o auxiliar del golfista;
2. La autorización para ingresar, las indicaciones del Master Caddie y hasta el otorgamiento de una credencial para acceder no determinan la existencia de un vínculo laboral ni de otra índole con el titular de la cancha de golf, que solo opera como un intermediario entre el golfista y el Caddie;
3. El club o el dueño titular o guardián del campo de golf no percibe ni recibe ningún beneficio económico por la intervención del Caddie, que solo tiene un vínculo económico con el golfista;
4. La relación se constituye entre el caddie y el golfista que se vale de su auxilio, quién a su vez paga la vuelta en una suma que se pacta libremente, y que abona siempre el golfista;
5. No existe una jornada limitada, un régimen de descanso, ni un lapso prestablecido;
6. No está establecido el monto que se paga por "la vuelta" que se pacta libremente entre el golfista y el Caddie;
7. No existen descansos obligatorios, es más, generalmente el Caddie es contratado viernes, sábado o domingo sin restricciones;
8. No se paga aguinaldo ni vacaciones, ni ninguna prestación propia del contrato de trabajo;
9. El pago se documenta con un recibo simple, y a menudo no se suscribe ninguna constancia del pago;
10. El golfista puede contratar libremente a distintos caddies y por ende, no existe exclusividad;
11. Las funciones del caddie son la de cargar los palos, reparar el terreno después de un golpe, y a menudo, el de asesorar al golfista el palo, la distancia, y hasta la estrategia para ser exitoso en cada hoyo lo que evidencia es tal caso, que no existe un vínculo dependiente;
12. El vínculo entre el caddie y el golfista es de naturaleza autónoma, ya que no existe subordinación, ni habitualidad, y la contratación dependen de circunstancias de tiempo lugar y oportunidad;
13. El caddie puede elegir el golfista y puede aceptar o reusar el servicio según su criterio o disponibilidad;
14. Si bien existen días y horas más frecuentes, la contratación es libre y depende del clima, las circunstancias específicas del terreno, y la necesidad del golfista;
15. Por ende, la demanda fue rechazada contra la Fundación Hindú Club por no existir con el mismo vínculo alguno, y contra el golfista, por tratarse de un vínculo autónomo sin relación de dependencia.

El fallo de la Sala X de la Justicia Nacional del Trabajo rompe la trazabilidad casi sin excepciones de la jurisprudencia tradicional, desestima la presunción del art. 23 (LCT) a la luz del nuevo texto aprobado por la LEY DE BASES, y coloca a cada uno de los participantes en su rol real en el vínculo.

Lamentablemente, estos cambios se dan cuando gracias a la jurisprudencia laboral histórica se destruyeron infinidad de vínculos, se prohibió el empleo de caddies en los clubes y en las canchas de golf, y con ello generaron daños irreparables, en especial para los caddies que a menudo contaban con el ingreso que cobraban los fines de semana para reforzar el salario que cobraban en la semana en un vínculo en relación de dependencia.

INFOBAE El pasado 8 de julio, la Junta Electoral de Nueva York confirmó el sorprendente triunfo de Zohran Mamdani en la interna del partido demócrata para la alcaldía de la ciudad: con el 56 % de los votos superó al exgobernador Andrew Cuomo y alcanzó el mayor número de sufragios registrados en una primaria demócrata para ese cargo. Su victoria consolidó una agenda abiertamente estatista, que incluye transporte público gratuito, congelamiento de alquileres y una propuesta que, pese a su excentricidad, constituye el centro de interés de esta columna: la creación de supermercados administrados por el municipio.

Según describe Corey DeAngelis en una nota del 30 de junio pasado en Reason, el plan de Mamdani contempla que la ciudad de Nueva York financie y administre directamente una red de supermercados públicos, comenzando con al menos cinco por distrito. Estos locales competirían con los comercios privados pero ofrecerían precios regulados y productos subsidiados, especialmente alimentos básicos. La justificación oficial es combatir la “inseguridad alimentaria” y limitar el “poder monopólico de las grandes cadenas”, aunque, como señala DeAngelis, el resultado previsible sería otro: ineficiencia, falta de variedad, costos excesivos y una gestión alejada de las necesidades reales de los consumidores.

Es claro que los supermercados estatales no tendrían incentivos para gastar el dinero de manera eficiente ni para responder a las necesidades de los clientes, dado que “los fondos públicos seguirían fluyendo al sistema, ya sea que las góndolas estén llenas o vacías, ya sea que el servicio sea excelente o pésimo”.

La analogía con el sistema educativo es inevitable. En Nueva York, las escuelas públicas reciben aproximadamente U$S 40.000 anuales por alumno, sin importar los resultados. Sin embargo, según el Nation’s Report Card 2024, solo uno de cada cuatro alumnos de séptimo grado alcanza un nivel aceptable en matemáticas. El gasto no asegura ni calidad ni equidad, una lógica demasiado familiar también para nosotros.

En palabras de DeAngelis, en EE. UU “las familias están atrapadas por la asignación escolar según su residencia”. A diferencia de un supermercado estatal, que uno al menos podría evitar, la escuela pública no tiene alternativa real para quien no puede pagar otra opción. Los sindicatos docentes, por su parte, no escapan a su crítica: “Priorizan los intereses de sus miembros por sobre los de los estudiantes o sus familias”.

El sistema está diseñado para servir a los proveedores del servicio, no a quienes lo reciben. ¿El resultado? Calidad desigual, estancamiento y falta de responsabilidad.

El camino a seguir no reviste duda alguna y no sólo en Nueva York. Es hora de devolverle a las familias el control sobre la educación de sus hijos. Financiar a las familias en lugar de a las escuelas “permitiría a los padres dirigir los fondos educativos hacia los lugares que mejor satisfacen las necesidades de sus hijos”. Aceptar esa verdad no es cuestión de ideología, sino de sentido común.

En la Argentina, donde el sistema educativo público se encuentra atrapado en el estancamiento y la falta de incentivos, seguir ignorando la necesidad de introducir mecanismos de competencia es condenar a nuestros hijos a un futuro sin oportunidades. La libertad educativa no es un lujo ni una consigna liberal: es una condición indispensable para garantizar que cada niño, sin importar su origen, acceda a una educación de calidad. Mientras el sistema siga funcionando como un supermercado estatal —cerrado a la elección, sostenido sin rendir cuentas y gobernado por los intereses corporativos de los sindicatos docentes— no habrá verdadera justicia social.

Es hora de animarnos a cambiar. Porque si no defendemos el derecho de las familias a elegir, lo que elegimos es perpetuar el fracaso.