PERFIL En nuevo 11 de septiembre, al recordarse el aniversario de la muerte de Domingo Faustino Sarmiento, conviene preguntarnos qué significa honrar su memoria. No alcanza con repetir frases hechas ni con privar a los niños de un día de clases en su homenaje. La mejor forma de evocarlo es reconocerlo como lo que fue: un espíritu disruptivo, un innovador capaz de desafiar a su tiempo, que con certeza no pensaría hoy como lo hizo en la Argentina del siglo XIX.

Visionario utópico, quiso traer 3.000 maestras estadounidenses para fundar el normalismo argentino en un país donde más del 80% de la población era analfabeta. Llegaron apenas 65, suficientes para transformar nuestra educación pública y llevarla al nivel de excelencia que aún persiste en el imaginario colectivo. No se conformó con el statu quo: viajó, aprendió de otras sociedades, importó ideas novedosas, resistidas en su tiempo, y las implantó en nuestra tierra. Ese espíritu de innovación, y no el bronce de los manuales escolares, es el verdadero legado que debemos recuperar.

En una nota que publiqué en este mismo espacio hace ocho años señalaba que la educación pública debe educar al público. Una sociedad que acepta sin protestar que se pierdan sistemáticamente días de clase, que ve como normal que se reduzca el calendario escolar en beneficio de feriados turísticos, o que tolera que la política partidaria colonice las aulas, es una sociedad que ha renunciado a exigirle a la educación lo que debería ser su razón de ser: formar ciudadanos libres, capaces de valerse por sí mismos.

Frente a estas ilustraciones, hablar de igualdad de oportunidades carece de entidad. Es hora de dejar de discutir cómo mejorar un sistema anacrónico y permitirnos ampliar nuestra visión. Una mayor igualdad de oportunidades únicamente se construye garantizando a todos los niños acceso a una educación de calidad, independientemente de su cuna.

¿No es acaso razonable pensar que Sarmiento, el mismo que se atrevió a importar maestras extranjeras, hubiese estado de acuerdo?

Honrarlo no puede ser reducir su figura a un feriado vacío de contenido. El mejor homenaje sería animarnos, como él lo hizo, a desafiar las inercias, a romper las estructuras caducas y a colocar la educación por encima de todo cálculo político.

En un país que alguna vez pudo “sembrar trigo y cosechar médicos”, recuperar la audacia de Sarmiento es la única forma de romper el círculo vicioso de la pobreza y devolver a nuestros hijos la dignidad de una verdadera educación.

¿Por qué entonces no rechazar la falsa dicotomía que insiste en que el permitir elegir a los padres la escuela a la que concurrirán sus hijos, más allá de sus posibilidades económicas, atenta contra la educación pública?

La educación no es una opción binaria. Estar a favor de una mayor igualdad de oportunidades, a favor de la posibilidad de elección, no es estar contra nada.

En lugar de fútiles discusiones, el enfoque debe ser puesto en los fines no en los medios. Por eso debemos preocuparnos menos por la palabra que viene después de escuela, ya sea pública o privada, y más por otorgar a todo niño la posibilidad de acceder a una educación de excelencia, independientemente de su estrato social.

¿Por qué no preguntarnos si un genio disruptivo como Sarmiento, frente a la realidad educativa actual, no impulsaría hoy una reforma como la propuesta?

No es un sacrilegio plantearlo; para quien escribe estas líneas sería la forma más genuina de honrarlo: animarnos, como él lo hizo, a desafiar lo establecido.

Ian Vásquez señala que alejarse del libre mercado que produjo la prosperidad estadounidense y las industrias más punteras trae numerosos problemas.

“El capitalismo en Estados Unidos está empezando a parecerse al de China”, aseveró el periodista Greg Ip del Wall Street Journal el mes pasado.

Desde entonces, los hechos han seguido dándole la razón a él y a muchos observadores de la economía estadounidense. Hace 10 días, el presidente Trump anunció que el gobierno federal adquirirá el 10% de las acciones de Intel, la empresa estadounidense que produce chips de computadora.

Que el Estado sea dueño de una empresa privada, por no hablar de convertirse en el mayor accionista de una de las principales empresas en la industria, representa un cambio importante en la política económica de Estados Unidos. En este caso, en vez de dejar que funcione el mercado libre según la tradición estadounidense, el gobierno se involucrará aún más en el manejo de una empresa que ha sufrido dificultades económicas por décadas. Tan solo el año pasado, Intel perdió casi US$19.000 millones.

Los subsidios masivos que otorgó el presidente Biden a Intel le dan a Trump la “palanca” para tal movida. Como si fuera un capo mafioso, don Trump amenazó al jefe de Intel y describió su reunión en la Casa Blanca con él así: “Entró con la intención de conservar su trabajo y terminó dándonos US$10.000 millones para Estados Unidos”. La Casa Blanca dice que está considerando adquirir acciones de otras empresas que han recibido ayudas federales.

Ejercer mayor control gubernamental sobre el manejo de las empresas privadas es un patrón que hemos visto en meses recientes. En junio, Trump anunció una “acción de oro” en la empresa U.S. Steel como parte de la compra por parte de Nippon. Esto le da al gobierno federal control decisivo sobre las decisiones gerenciales más importantes de la compañía.

En julio, el Departamento de Defensa se convirtió en el accionista principal de MP Materials, un productor de metales de tierras raras. La Casa Blanca también anunció que acordó proyectos de inversión con Japón y Corea del Sur, quienes proveerán US$550.000 millones y US$350.000 millones, respectivamente, montos sobre los que Trump tendrá mayor control.

En agosto, Trump forzó al jefe de Apple a invertir US$600.000 millones en Estados Unidos. Y luego de haber prohibido la exportación de ciertos chips hacia China por parte de Nvidia y AMD por ser un riesgo a la seguridad nacional, solo la permitió cuando esas empresas acordaron pagar el 15% de tales exportaciones. No importa que los impuestos a las exportaciones no sean constitucionales en Estados Unidos; es dudoso que estas empresas se vayan a quejar.

Alejarse del libre mercado que produjo la prosperidad estadounidense y las industrias más punteras trae numerosos problemas. El capitalismo de Estado politiza las decisiones económicas, socava la innovación, despilfarra recursos, y afecta negativamente a las empresas y los sectores que intenta beneficiar.

Desde ahora, por ejemplo, Intel deberá tener mucho más en cuenta prioridades políticas a la hora de tomar decisiones. ¿En qué estados invertir? ¿A quién contratar para tal y cual puesto? ¿Qué criterio usar a la hora de manejar las finanzas corporativas? Observa el experto Scott Lincicome que las respuestas a ese tipo de preguntas variarán, a veces notablemente, según el gobierno de turno.

En la medida en que las empresas reciban apoyo estatal, su incentivo será buscar cada vez más favoritismo estatal en vez de competir y el Estado buscará seguir con su apoyo, sobre todo si la empresa está fracasando. Según Lincicome, otras empresas podrán tomar decisiones que favorezcan a las compañías apoyadas por el Estado para obtener beneficios políticos propios. Los inversores, a su vez, dirigirán sus capitales no necesariamente a las empresas que más lo ameritan sino a las que mayor apoyo reciben del Estado.

Tristemente, como el socialismo –su pariente no muy lejano– el capitalismo de Estado está destinado a fracasar.

CRONISTA Hace pocos días, los controladores aéreos llevaron adelante una serie de medidas de fuerza que paralizaron parcialmente la navegación aérea en el país. Los números hablan por sí solos. En la primera jornada del paro, se cancelaron más de 70 vuelos en todo el país, de los cuales 50 correspondieron a Aerolíneas Argentinas, afectando a más de 10.500 pasajeros. El domingo 24 de agosto, segunda jornada de la protesta, la situación se agravó: más de 42 vuelos fueron cancelados y alrededor de 122 debieron ser reprogramados, afectando a más de 12.000 pasajeros.

El caos generado por la medida lo dice todo. Familias enteras durmieron en los aeropuertos, viajeros internacionales perdieron conexiones en el exterior y cientos de turistas quedaron varados en el inicio o final de sus vacaciones. En total, más de 20.000 personas se vieron afectadas durante el primer fin de semana de la protesta y aún faltaban varios días más, pues el paro habría de continuar el martes 26, antes de lograrse un acuerdo el miércoles siguiente.

Como no recordar un episodio similar que sucedió en los Estados Unidos hace más de 40 años. Como relata una nota del New York Times del 5 de agosto de 1981: más de 11.000 controladores nucleados en la Professional Air Traffic Controllers Organization (PATCO) declararon una huelga nacional en reclamo de mejores salarios y menos horas de trabajo. La medida fue ilegal desde el inicio: la legislación federal prohibía a los empleados públicos tomar medidas de fuerza y autorizaba al presidente a actuar en consecuencia.

Amparado en este marco normativo, el presidente Ronald Reagan declaró la huelga ilegal apenas iniciada, dio 48 horas para retomar las tareas y, al no cumplirse la orden, despidió a más de 11.000 controladores y les prohibió de por vida volver a trabajar en el servicio de control aéreo. La Federal Aviation Administration reorganizó el sistema con supervisores, personal militar y aceleró la capacitación de nuevos empleados.

El impacto fue inmediato. Según datos de la U.S. Bureau of Labor Statistics, en 1980 se habían registrado 187 huelgas mayores en Estados Unidos; en 1981, aún con el caso PATCO, fueron 145. Pero tras la decisión de Reagan, el número cayó drásticamente: 96 en 1982, 81 en 1983 y apenas 54 en 1984, la cifra más baja desde que se llevaban registros. En la práctica, el episodio marcó el comienzo del declive del poder sindical en Estados Unidos.