Emilio Apud en F.M. 99.9 MAR DEL PLATA se refirió a la primera compra de gas argentino a través de Vaca Muerta que realizó Petrobras. Antes Argentina compraba gas a Bolivia, que dejó de proveer. El país empezó a enviar gas del sur al norte y con esas instalaciones y las de Bolivia , le vendería a Brasil.
Economía Argentina, política argentina
PERFIL Hace pocos días, el gobierno de Mendoza volvió a dar una señal clara de que la educación es su prioridad. El gobierno provincial resolvió abrir un canal digital para que las familias informen de manera directa cuando un docente no concurra a dictar clases. Lo hará a través del GEI, la plataforma de gestión escolar que ya emplean escuelas y hogares para trámites cotidianos
La iniciativa se plantea como un complemento a los controles que ya realizan tanto las instituciones educativas como la Dirección General de Escuelas, además del sistema biométrico que registra la asistencia en gran parte de los colegios. Que los padres tengan la posibilidad de intervenir de manera activa en el control de la asistencia docente es un gesto significativo: constituye reconocer que las familias no deben ser convidados de piedra, sino protagonistas del proceso educativo. Al fin y al cabo, ¿quién puede tener más interés que sus propios padres en la educación de los niños y jóvenes? ¿Los sindicatos docentes? Dejo a juicio del lector, la respuesta.
En la misma línea, la nueva decisión apunta a reforzar la centralidad del aula: cada día perdido, cada hora sin clase, es un derecho vulnerado. Los niños no hacen huelga, pero pierden su educación, título de la columna que publiqué en este mismo espacio, en febrero pasado. Esa frase resume una verdad que muchas veces olvidamos: quienes más sufren las consecuencias de cada día sin clases, son los chicos, fundamentalmente aquellos pertenecientes a las familias más pobres de la sociedad, quienes son justamente quienes requieren de educación de excelencia para romper el círculo vicioso de la pobreza.
Por supuesto, frente a la nueva disposición, las críticas sindicales no tardaron en aparecer. Las organizaciones sindicales docentes expresaron que la medida podría generar tensiones entre familias y maestros, e incluso dar lugar a reclamos que no siempre respondan a situaciones reales.
Son objeciones que no deben nublar la perspectiva general: el control parental no sustituye las obligaciones de las autoridades escolares, sino que las complementa, y permite que los padres tengan un rol que nunca debieron perder frente a la educación de sus hijos. El objetivo no es perseguir al docente, sino sumar una mirada más, abrir un canal que aporte transparencia y visibilidad.
Que los padres puedan notificar la ausencia de un profesor no significa que la palabra de la familia sea sentencia definitiva: lo que hace es activar un mecanismo de control que después deberá ser evaluado por la Dirección General de Escuelas, con protocolos claros y garantías para todas las partes. Por supuesto, la gran mayoría de los docentes sabe que su responsabilidad es estar en el aula, salvo razones justificadas.
El sistema, bien diseñado, puede convertirse en una herramienta que favorezca la confianza y la cooperación: familias que reportan, autoridades que verifican, docentes que cuentan con instancias de descargo, y, en el centro, alumnos que se benefician de una mayor continuidad pedagógica.
En una provincia como Mendoza, donde ya se han ensayado políticas innovadoras para priorizar la educación, esta nueva medida se inscribe en una lógica coherente: la de un Estado que no se resigna al ausentismo docente como algo inevitable, sino que busca mecanismos para reducirlo.
Habilitar a los padres a reportar faltas es, en última instancia, confiar en ellos, reconocerlos como socios del sistema escolar y darles un lugar en la construcción de una educación más transparente. Los gremios podrán rechazarlo, pero la sociedad lo comprende con claridad: los verdaderos perjudicados por el ausentismo no son los adultos, sino los chicos. Cada hora de clase perdida es una oportunidad menos de aprender, de desarrollarse, de forjar un futuro mejor.
El gobierno de Mendoza lo entendió hace tiempo: el aula no se negocia. Y cuando el Estado se atreve a darle voz a las familias para cuidar ese espacio, está enviando un mensaje inequívoco. Como señalé en mi nota anterior, “los niños no hacen huelga, pero pierden su educación”; esta decisión del gobierno mendocino vuelve a recordarnos que no hay tarea más urgente que garantizar que estén siempre en el aula. Ojalá otros gobiernos provinciales lo imiten.
Emilio Apud en diálogo con Radio El Mundo. "Es un buen hecho que el Gobierno vuelva a retomar el tema de que en la energía son necesarias políticas de Estado, porque en energía hacen falta inversiones cuantiosas que maduran en décadas".
En ese sentido, observó que "es muy difícil que a un inversor le atraiga la energía en Argentina si un presidente hace cambios de 180 grados respecto de la política anterior, lo que hay que buscar es que las políticas y propuestas para el sector tengan una amplia gama de opiniones y que sea consensuado por las distintas fuerzas políticas y sectores de la comunidad, a eso estamos aspirando".
"El ministro (Juan José Aranguren) nos propuso actuar como un consejo consultivo independiente del Gobierno, con opinión autónoma, de hecho dentro del grupo hay gente que simpatiza con fuerzas de oposición", detalló.
Acerca de las tarifas, dijo que "estaban a un décimo del costo" y consideró que actualizarlas "es una cuestión necesaria pero no suficiente, también debemos avanzar en la renovación de la matriz energética".
Por otra parte, opinó que "lo que hizo Menem con la privatización fue bueno; soy pragmático y creo que hay que sacar del pasado las mejores experiencias y hacer cosas nuevas".
"No escuché en ningún momento que el Gobierno quiera volver a las políticas de los '90; a lo mejor va a tomar sí el marco regulatorio que hubo en gas y electricidad porque fue bueno, pero va a haber que tomar más aditamentos para que vengan inversiones", concluyó.
INFOBAE Hace apenas unos días, un viaje de egresados se transformó en escenario de un hecho tan repudiable como revelador: un grupo de alumnos fue filmado entonando cánticos antisemitas.
“Hoy quemamos judíos”, gritaron adolescentes que, en teoría, deberían estar celebrando el cierre de una etapa de formación escolar. La noticia generó un lógico repudio social, denuncias judiciales e inmediatas reacciones institucionales. Sin embargo, nada de eso alcanza si no comprendemos que el verdadero problema no es la falta de sanciones, sino el fracaso de la educación.
El episodio ocurrido durante el viaje de egresados de la Escuela Humanos de Canning, en Bariloche, en el cual un grupo de alumnos fue filmado entonando cánticos antisemitas —con la participación incluso de un coordinador de la empresa Baxxter Viajes, responsable de la organización— no puede ser interpretado como una simple travesura juvenil. Se trata de un hecho grave que desnuda, una vez más, la persistencia del antisemitismo en nuestra sociedad.
El usual repudio fue inmediato: la Escuela Humanos de Canning condenó lo ocurrido, de igual forma que la empresa Baxtter Viajes. Sin embargo, ese rechazo, por imprescindible que es, resulta insuficiente, casi irrelevante, frente a la gravedad del hecho. No existe otra forma de enfrentar el antisemitismo si no es con la educación.
¿Qué estamos haciendo para que nuestros niños y jóvenes repudien la irracionalidad de este odio ancestral? ¿Estamos dándoles las herramientas necesarias para comprender y rechazar el antisemitismo, o estamos permitiendo que crezcan en la ignorancia, perpetuando un prejuicio incompatible con la dignidad humana?
¿Me pregunto qué educación han recibido estos chicos que en su viaje de egresados gritaban “hoy quemamos judíos”? Francamente, me es difícil imaginarlo.
Es evidente que poco y nada se enseña sobre antisemitismo en nuestras escuelas. La enseñanza sobre el Holocausto y sobre el antisemitismo en sí mismo, uno de los prejuicios más antiguos de la humanidad, suele quedar relegada en un capítulo marginal en los manuales de historia. Ese vacío pedagógico habilita la banalización del odio y permite que jóvenes, sin medir la dimensión de lo que repiten, entonen cánticos como los que hoy escuchamos.
Enfrentarlo exige mucho más que comunicados o sanciones circunstanciales. Se requiere un compromiso sostenido del sistema educativo: programas específicos, contenidos claros, formación docente y la decisión política de colocar esta problemática dentro de la agenda pedagógica.
La educación tiene la responsabilidad indelegable de sembrar empatía, de enseñar que ninguna diferencia cultural, religiosa o étnica justifica el desprecio, y de mostrar que detrás de cada palabra de odio se esconde el germen de la violencia.
El hecho debería servirnos como punto de inflexión. O bien lo dejamos pasar como una anécdota más que se olvida con rapidez, o lo transformamos en una oportunidad para revisar qué estamos enseñando —y qué no— en nuestras aulas. Porque no se trata de repetir fórmulas vacías de tolerancia, sino de construir convicciones sólidas basadas en el conocimiento histórico y en el respeto irrestricto por la dignidad humana.
La condena pública es imprescindible, pero sin educación será siempre insuficiente. Si queremos que estos cánticos no vuelvan a escucharse, debemos asumir que la única herramienta verdaderamente eficaz para erradicar el antisemitismo es la educación. Todo lo demás será, en el mejor de los casos, un parche momentáneo y, en el peor, tan sólo cosmética.
De nosotros depende que este episodio no quede en el olvido ni en un comunicado más. Si no asumimos que la única respuesta duradera es la educación, seguiremos condenando en vano mientras el odio se reproduce en silencio.
política argentina, educacion argentina, análisis político
CATO Ian Vásquez dice que el bombardeo de un barco en el Caribe por parte del gobierno de Estados Unidos es una acción militar totalmente ilegal e innecesaria, y abre las puertas a abusos militares unilaterales, profundizando aún más la presidencia imperial.
La semana pasada, Estados Unidos bombardeó un barco en el Caribe que el presidente estadounidense, Donald Trump, declaró parte del grupo “narcoterrorista” Tren de Aragua, constituyendo una amenaza a la seguridad nacional. Las fuerzas militares de Estados Unidos mataron a 11 personas supuestamente narcotraficantes venezolanos.
La Casa Blanca justificó esta medida extraordinaria tras haber designado al Tren de Aragua y otros cárteles de la droga como organizaciones terroristas extranjeras. Prometió que Estados Unidos seguirá destruyendo objetivos similares que, según afirma, amenazan al país.
El problema es que este tipo de acción militar es completamente ilegal e innecesaria, y abre las puertas a abusos militares unilaterales, profundizando aún más la presidencia imperial.
El mero hecho de haber declarado que ciertos cárteles son organizaciones terroristas no le otorga al presidente Trump ninguna autoridad para ordenar ataques militares contra ellas. Esta acción sigue siendo un acto bélico que el Congreso debe autorizar, a menos que se haya presentado una amenaza inminente a Estados Unidos que no diera tiempo para solicitar el permiso de los legisladores.
Ese no ha sido el caso aquí. No existe tal autorización. Al menos después de los ataques terroristas en Estados Unidos en el 2001, el Congreso aprobó una “autorización para el uso de la fuerza militar” ese año y el siguiente. Con esa autoridad legal, a pesar de ser demasiado amplia, se permitió la lucha antiterrorista en Medio Oriente e incluso la guerra en Iraq.
Tampoco es creíble que Estados Unidos sufra repentinamente de un riesgo inminente de seguridad nacional. La demanda y el tráfico de drogas han sido una constante por décadas. Trump es un presidente que declara amenazas a la seguridad nacional de manera frívola. Así sucedió cuando proclamó que los déficits comerciales representaban una amenaza a la seguridad nacional y justificó así la imposición de aranceles contra el resto del mundo, a pesar de que Estados Unidos ha mantenido déficits por unos 50 años.
El abogado Ilya Somin observa que las fuerzas militares podrían haber detenido el barco, como es costumbre en este tipo de interdicciones, y arrestado a los sospechosos, pero decidieron no hacerlo. Se trataba de “una cuestión de aplicación ordinaria de la ley y no justifica matar a personas sin el debido proceso”. Hasta ahora, la Casa Blanca no ha explicado por qué no pudieron aplicar la ley en lugar de bombardear el barco.
Si aceptamos las justificaciones de Trump, tendríamos que aceptar ciegamente que quienes perdieron la vida estaban traficando drogas y formaban parte del Tren de Aragua. Pero no ha presentado ninguna prueba de ello, solo aseveraciones. No sabemos si en realidad se trataba de inmigrantes, delincuentes que se dirigían a otro país o disidentes huyendo del régimen venezolano.
Es posible que lo que dice la Casa Blanca sea cierto en este caso, pero no hay razón para tomar su palabra, sobre todo cuando ha hecho y sigue haciendo tantas afirmaciones falsas sobre los numerosos inmigrantes que han deportado por la fuerza. Incluso si no se equivocaron esta vez, es seguro que ocurrirá en el futuro.
En todo caso, es un acto de barbarie, como lo reconoce el senador Rand Paul: “[El vicepresidente] Vance afirma que matar a las personas a las que acusa de un delito es ‘el mejor y más elevado uso que se le puede dar al Ejército’ [...] ¿Se ha preguntado alguna vez qué pasaría si los acusados fueran ejecutados inmediatamente sin juicio ni representación legal? Qué sentimiento tan despreciable y desconsiderado es glorificar el asesinato de alguien sin juicio previo”.
Luego de considerar la jurisprudencia estadounidense, Somin concluye que estas fueron “ejecuciones extrajudiciales ilegales”. Esta es una fase nueva en la fútil guerra contra las drogas.
Este artículo fue publicado originalmente en El Comercio (Perú) el 9 de septiembre de 2025.
