EL COMERCIO - CATO - El presidente ha acumulado mucho poder, está abusando de ello y tiene que ser removido. Ese es el argumento de los demócratas en el Congreso estadounidense acerca de Donald Trump. Están iniciando un juicio político, o "impeachment", que será exitoso pero que no terminará de sacar al mandatario de la Casa Blanca. La Cámara Baja específicamente acusa al presidente Trump de pedirle al presidente de Ucrania investigar por corrupción al hijo del rival político de Trump y de condicionar ayuda militar estadounidense en tal investigación. La denuncia se hace tras lo que muchos perciben han sido años de abusos de poder por parte de Trump. Los demócratas tienen razón de que Trump usa la enorme potencia de su oficina de manera irresponsable. Pero tal abuso ejecutivo no es nada nuevo. Desde por lo menos mediados del siglo pasado, junto al crecimiento del Estado, la presidencia ha ido acumulando cada vez más autoridad y el Congreso relativamente menos. Ahora que un presidente bombástico y violador de las normas democráticas ocupa la Casa Blanca, el poderío del Estado concentrado en el Ejecutivo se ha hecho más obvio. Para destituir al presidente luego de un ‘impeachment’, sin embargo, se requiere de una condena por parte del Senado. Dado que los republicanos, que alguna vez decían ser el partido de gobierno limitado, controlan el Senado, tal resultado es muy poco probable. La movida de los demócratas, por lo tanto, podría resultar contraproducente, pues reforzará la retórica divisoria de un presidente que no perdió esa batalla. Sería una lástima, pero no un resultado sorprendente. La verdad es que el juicio político aplicado a los presidentes solo se ha realizado tres veces en la historia de EE.UU., y nunca ha logrado sacar un presidente, salvo quizás en el caso de Richard Nixon, quien dimitió antes de que le hagan un ‘impeachment’. No solo ha sido el aumento en el tamaño de los recursos de la sociedad que administra el Estado, sino la explosión de regulaciones lo que ha potenciado al Ejecutivo. A diferencia de lo que indica la Constitución, donde claramente le corresponde al Congreso jugar el papel principal en cuanto a gastos y regulaciones, en la práctica el Congreso estadounidense ha otorgado enormes poderes a la burocracia federal que está bajo control del presidente. El Congreso aprueba una regulación, pero le deja al Ejecutivo amplio espacio para interpretarla y aplicarla. Con tan extensas y complejas regulaciones, un cambio de presidente puede en la práctica resultar en cambios regulatorios significativos sin que se cambie la ley. Además, Trump ha podido apoyarse en leyes aprobadas años y décadas atrás para declarar emergencias nacionales. Así ha podido financiar el muro con México e imponer aranceles sobre el acero y aluminio sin consultar con el Congreso. Se ha apoyado en otras leyes y establecidas prácticas ejecutivas para imponer aranceles de manera unilateral contra buena parte de las exportaciones chinas, para separar a las familias inmigrantes en la frontera, e iniciar y continuar guerras nunca declaradas por el Congreso. Hace un par de semanas Trump declaró que tuvo el derecho de ordenar a empresas privadas estadounidenses de no invertir en China, y algunos expertos legales estaban de acuerdo. Obama, Bush y otros predecesores le prepararon el camino y los abusos de ellos también son abominables. Durante su último año en la Casa Blanca, por ejemplo, Obama dejó caer 26.000 bombas en 7 países (a pesar de que el Congreso no había declarado la guerra a ninguno de ellos). Lo que diferencia a Trump de sus antecesores es su temperamento autoritario y no su abuso de poder. Por lo menos eso ha hecho que los estadounidenses se empiecen a preocupar por su sistema presidencialista demasiado poderoso. Este artículo fue publicado originalmente en El Comercio (Perú) el 8 de octubre de 2019.

Parecía que Perú se había salvado y marchaba con paso firme hacia el desarrollo. Era lo que auguraban los pronósticos del Banco Mundial. La vecindad con Chile era su secreto. Los peruanos habían visto cómo el mercado, la libertad económica, la masa de ahorros que producía el sistema de cuentas individuales de jubilación, y la seriedad en el manejo de las finanzas y la moneda, en pocas décadas habían puesto a Chile a la cabeza de América Latina y en el umbral del Primer Mundo. Todo lo que había que hacer era persistir en seguir de cerca el modelo chileno. No se pudo. No fue así. ¿Qué ocurrió? Tal vez falló, en general, la clase política. Varios de los presidentes están tras la reja, padecen arresto domiciliario, esperan la extradición o se han suicidado para evitar la ignominia. Los peruanos tienen muy mala opinión de sus dirigentes. Mientras en Lima se daba el espectáculo de la disolución del Congreso, en Curitiba, Brasil, el señor Jorge Barata, hombre fuerte de Odebrecht en Perú, revelaba los nombres de varias docenas de políticos peruanos corruptos, a la derecha y la izquierda del espectro ideológico, que habían recibido dinero a cambio de favores de la constructora brasileña. ¿Son muy diferentes las sociedades de Chile y Perú en lo tocante a la honradez del sector público? Tal vez. De acuerdo con Transparencia Internacional, en una puntuación donde 100 significa que no se percibe nada de corrupción, y 0, en donde sucede todo lo contrario y el país está podrido hasta los cimientos, Chile anda por los 70 puntos, mientras Perú sólo alcanza la mitad: 35. Es lo mismo que sucede con relación a Uruguay (70) y Argentina (40), o con Costa Rica (56) y Nicaragua (25), países limítrofes que, incluso, tienen una historia común o muy próxima. Chile, Uruguay y Costa Rica, por cierto, son los únicos países latinoamericanos que pasan de 50, punto neurálgico en que se considera intolerable la corrupción. Venezuela, que es el peor, anda por 18, seguida de cerca por Haití, con apenas 20, y la Nicaragua de Daniel Ortega, que asesinó a casi 400 personas en menos de un año, sólo llega a 25. No es sorprendente que Chile, Uruguay y Costa Rica sean las sociedades más predecibles y tranquilas de América Latina, mientras Venezuela, Haití y Nicaragua, los tres países percibidos como más corruptos, se muevan por la otra punta del esquema. Existe una obvia relación entre honradez y estabilidad, como también existe entre latrocinio y caos institucional. Esa coherencia tiene que ver con la institucionalidad republicana. La República es una construcción artificial basada en la premisa de que todos los seres humanos tienen los mismos derechos y son iguales ante la ley. A partir de esa creencia se montan las instituciones con el objeto de que no existan privilegios de ninguna clase. Por supuesto, que hay “buscadores de rentas”, y hasta se permite la existencia de lobbies dedicados a esos menesteres (a mi juicio innobles), pero el peor pecado es aumentar el precio de los bienes y servicios para beneficio de los políticos y funcionarios que reciben las coimas. ¿Por qué es el peor pecado? Al menos, por tres razones. Primero, porque enseña que la riqueza no se logra en el trabajo intenso y en la innovación, sino en tener las amistades adecuadas. ¿Para qué estudiar y quemarse las pestañas si basta un amiguete poderoso? Segundo, porque pudre rápidamente los fundamentos morales de la sociedad. Del robo de los presupuestos es muy fácil pasar a la complicidad con los narcotraficantes y las mafias de todo tipo de delito. Y tercero, porque genera un gran cinismo y una actitud de rechazo al conjunto de las instituciones de la República. El “que se vayan todos” escuchado en Argentina es la vuelta a la búsqueda de un dictador que nos salve de nuestra propia incapacidad. Los peruanos en abril de 1992 aplaudieron el autogolpe de Alberto Fujimori. Un 82% lo apoyó. Con el tiempo, el hombre fuerte se fue corrompiendo con la ayuda de Vladimiro Montesinos, y hoy ambos están en la cárcel. No sé cómo no lo entienden: sólo nos salva el cumplimiento de la ley y el respeto a las instituciones de la República. Fuera de eso está el abismo. Este artículo fue publicado originalmente en El Blog de Carlos Alberto Montaner (EE.UU.) el 6 de octubre de 2019.

LA NACIÓN - Hace seis décadas, Singapur era un país pobre, con altas tasas de desempleo y una estructura productiva casi nula, pero hoy se puede colgar la medalla de ser lugar en el que más aumentó la riqueza en el último medio siglo. Tiene uno de los PBI (producto bruto interno) per cápita más altos del mundo, cuenta con el mejor sistema educativo y disfruta del más avanzado servicio de salud.

Como la mayoría de las economías que han logrado progresar, Singapur tomó la decisión en su momento de delinear un plan a largo plazo, basado en una serie de reformas fundamentales y en el compromiso de sostener su rumbo en el tiempo, sucediera lo que sucediera. La fórmula tuvo tanto éxito que hoy este pequeño país insular es reconocido como uno de los cuatro "tigres asiáticos", junto con Corea del Sur, Hong Kong y Taiwán. Natalia Motyl, economista de la fundación Libertad y Progreso, destaca que las reformas iniciadas en la década de los sesenta permitieron que, entre 1976 y 2014, Singapur creciera a un 6,81% por año, algo que no logró ningún otro país en el mundo. "Su política se centró en cuatro ejes: lucha contra la corrupción, libertad económica, reforma del sistema de salud y reforma educativa", especifica la especialista. Cuando se le pregunta cuál fue la clave del éxito, Motyl responde: "Tener una visión orientada a la libertad económica. Lee Kuan Yew fue su primer ministro desde 1959 hasta 1990. En materia social, las libertades individuales se encuentran tremendamente coartadas, pero a nivel económico Lee logró convertir a Singapur en un país profundamente capitalista y de los más competitivos del mundo".

Las políticas económicas orientadas al libre mercado y al respeto de la propiedad privada y los contratos tuvieron como eje la drástica reducción de la presión fiscal, la baja del gasto público, la apertura comercial y la aplicación de la noción de competencia de mercado para todas las empresas, sostienen quienes defienden el modelo. Los impuestos en este país, que se independizó de Malasia en 1959, son muy bajos. Por ejemplo, el impuesto a la renta (equivalente al impuesto a las Ganancias que rige en la Argentina) es 0% para los ingresos inferiores a US$20.000 anuales y solo llega al 20% en aquellos ingresos que superen los US$320.000 por año. Además, se redujo el gasto público de manera considerable. "Hoy, representa solo el 14% del PBI [en la Argentina es 47%] y el peso del sector público no supera el 5%. Por otra parte, en materia comercial, el 99% de las importaciones se encuentran exentas de impuestos y los aranceles al comercio exterior bajaron al 0,5%", explica Motyl. ¿Resultado? Tiene un superávit comercial más grande que el de Alemania. Pero, ¿cómo se vive hoy en este país que alberga a 5,6 millones de habitantes? Henry Sraigman, un argentino que trabaja allí en la industria blockchain, empieza su descripción por lo gastronómico. "Los hawker centers, que son como unos patios de comida que comparten mesas llenas de puestos locales, sin aire acondicionado en un país con clima tropical y caluroso, son muy baratos: por 6 o 7 dólares se puede comer un arroz con pollo singapurense, algún curry indio o dumplings chinos", detalla. Ahora, si se opta por la comida occidental, la ecuación cambia, porque es carísima. "Un menú con ensalada y bebida, algo muy básico, puede costar 25 dólares singapurenses (0,73 dólar estadounidense). En un lugar lindo estilo Palermo sale 40 dólares. Una hamburguesa o una pizza es una comida de lujo para los lugareños", comenta Sraigman. Hay que tener en cuenta, además, que Singapur no es productor de alimentos, así que todo lo que se encuentra en el supermercado es premium e importado, en general desde Australia o Malasia. "Un yogur chico cuesta 2,20 dólares singapurenses, mientras que el litro de yogur cuesta 6 dólares. Algo carísimo: el helado. Un pote de Ben and Jerrys cuesta 16 dólares singapurenses cuando, por ejemplo, en Estados Unidos vienen dos potes por 5 dólares", especifica Sraigman. En materia de transporte, el servicio es impecable y tiene la particularidad de que está prohibido comer, beber o fumar en él o cerca de las estaciones. "Hay un subte bastante bueno que llega hasta el aeropuerto, muy práctico para quienes visitan. Precio del transporte, la MRT card, que sería como la SUBE, en colectivo arranca en 83 centavos de dólar singapurense por 3 kilómetros y va subiendo de acuerdo a la distancia. El metro tiene un valor fijo de 1,50 dólares, a menos se ingrese antes de las 7:45 en la semana, cuando tiene un precio que arranca en 33 centavos para los que van a trabajar", describe Sraigman.

El sistema de salud, según afirma Motyl, es el mejor del mundo. "Más del 60% del gasto en salud es gasto privado, que pagan los individuos a través de aportes que se acumulan en una cuenta que sólo puede ser utilizada para esos fines, lo que se adapta a cada uno de acuerdo a sus aportes. El gobierno subvenciona hospitales y cuenta con fondos públicos destinados a pagar las facturas de salud de familias con bajos ingresos", relata la economista. De todos modos, no todo es color de rosa en este país, cuya economía creció 2,9% en 2018 y proyecta 2,5% para este año y 2,7% en 2020. Su gran problema es la falta de libertad individual, ya que si bien es un país de vanguardia en lo económico, aún es subdesarrollado en ese aspecto. "No hay libertad individual, sexual o de expresión. Y existen penas muy duras para los infractores", subraya Motyl. Otros dos grandes problemas son el trabajo infantil y el desempleo. El primero está arraigado culturalmente y es muy difícil de erradicar, porque se lo toma como mano de obra barata, mientras que el segundo, que apenas llega al 2%, preocupa a las autoridades, que ven que costará cada vez más absorber toda la fuerza de trabajo que se volcará en los próximos años al mercado laboral.

LA RAZÓN - CATO - Una de las consignas clásicas del peronismo en mi Argentina natal era: “¡Ni yankis ni marxistas, peronistas!”. En efecto, el peronismo, al igual que otras variantes del populismo y el fascismo, reivindicó la equidistancia entre liberales y socialistas, o entre capitalistas y anticapitalistas, a quienes identificó. Pero liberalismo y socialismo son opuestos, porque el liberalismo defiende las instituciones de la libertad, en particular la propiedad privada y los contratos voluntarios, que el socialismo quebranta. El socialismo idolatra el progreso y la ciencia, mientras que el liberalismo subraya las limitaciones del saber, y desconfía de los planes racionalistas de cambiar la sociedad sin restricciones intelectuales ni morales. Así como el liberalismo en política procura limitar el poder, el liberalismo en economía hace lo propio con el llamado poder económico, al someterlo a la competencia y el juicio de los ciudadanos. Cuando los antiliberales despotrican contra la “mercantilización”, ignoran que donde no hay mercados hay coacción sobre los más débiles. Vuelvo a recordar el peronismo, por esta frase que pronunció el general Perón en el Congreso de Buenos Aires: “La economía nunca es libre: o la dirige el Estado o la dirigen los monopolios”. Esto entronca con antiguas ideas antiliberales que advertían contra los terratenientes y capitalistas porque concentran la propiedad, despojando de ese derecho a la mayoría del pueblo. De ahí viene la tradición estatista del fascismo, que condena el liberalismo caricaturizándolo como un mundo sin reglas, donde dejar a la gente en paz significa dejarla aislada e inerme ante cualquier violencia. Se apoya en esta tradición la idea antiliberal de primar siempre el vínculo colectivo sobre el derecho individual, considerado egoísta. También decía Perón que, sin la coacción del Estado, el individuo caería presa de la “sinarquía internacional”. El intervencionismo, así, protege al individuo de conjuras variopintas. Siendo equivocada, la identificación de liberalismo y socialismo tiene un argumento histórico en su favor. Es el racionalismo ilustrado de la Europa continental, que estalla en la Revolución Francesa, y tiene ecos en España y otros países, por la relativización del derecho de propiedad en el caso de la tierra —pensemos en Flórez Estrada, o Henry George. No es casualidad que un gran liberal como F.A. Hayek haya insistido en distinguir la Ilustración continental de la británica, y especialmente de la escocesa de David Hume y Adam Smith. Este artículo fue publicado originalmente en La Razón (España) el 29 de septiembre de 2019.