URGENTE 24 La coparticipación federal de impuestos provoca graves problemas recurrentes. La Nación vivió más de 120 años sin un sistema de coparticipación federal. Y funcionó. Los mejores años de la República fueron sin coparticipación federal de impuestos. La coparticipación fue una creación de Agustín P. Justo reorganizada en días de Jorge R. Videla, y los demócratas no han cumplido tan siquiera con el mandato de la Constitución Nacional. Es la cruda verdad. Los demócratas terminan poniendo en crisis el sistema institucional.

En un excelente trabajo publicado cuando era profesor titular en UCA de Economia Politica, y Ordinario de Derecho Constitucional, Roberto Antonio Pulte, evaluó la coparticipación federal de impuestos, sistema en crisis por decisión de todos y cada uno de los gobernadores quejosos.

Tal como recordó Pulte, una nueva ley de coparticipación impositiva fue encomendada por los convencionales constituyentes de 1994, y nunca cumplida por el Congreso de la Nación…

Más adelante el autor presenta la propuesta de Manuel Solanet. Director de Libertad y Progreso

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…El ‘modelo Solanet’

En la Argentina e ha ido incrementando el gasto público en todos los niveles de gobierno. Y ese gasto es insostenible: no hay posibilidades de cubrir con impuestos genuinos un gasto del 45% del PBI. Hay que hacer algo.

El aporte más audaz e interesante sobre la coparticipación lo hizo Manuel Solanet desde la Fundación Libertad y Progreso, a partir de reconocer todas las limitaciones preexistentes. Sin embargo, quizás por la Solanet y la Fundación son de ideas liberales, las fuerzas ‘populares’ ni siquiera aceptaron debatir la utilidad de las ideas (que no se matan, vale la pena recordarlo).

Hasta ahora no fue debatido en forma legislativa pero, ante el incumplimiento general, sería la única forma de dar un salto de calidad no sólo institucional sino también recaudatorio.

Manuel Solanet reconoció la imposibilidad de mejorar la distribución de los recursos sin modificar el sistema de recaudación y reparto verticalista por uno más horizontal.

En la crisis presente chocan la decisión arbitraria de la Nación para especular políticamente castigando al bastión opositor CABA y beneficiar a su bunker electoral (GBA), no permitiendo a la Ciudad reprogramar sus gastos. Sin duda, un ejercicio de centralismo abusivo de parte de quien se ufana de ser Presidente federalista, y comete su abuso aprovechando las posibilidades que tiene la Nación de modificar por decreto los coeficientes de distribución secundaria de la Coparticipación Federal.

Solanet propuso algo muy federal: devolverles a las provincias potestades tributarias que en algún momento tuvieron: que las provincias vuelvan a hacerse cargo de cobrar y administrar los impuestos directos, tales como Ganancias sobre personas físicas, combustibles, bienes personales e impuestos internos.

En la recaudación del Gobierno nacional deberían quedar solo impuestos que cubran estrictamente su gasto.

Ingresos Brutos debería reemplazarse por un tributo a las Ventas Finales de Consumo “y calibrar la alícuota de éste con la del IVA (nacional) para lograr un resultado de distribución primaria entre la Nación y el conjunto de provincias que no altere y que empalme con la que resulta del régimen de Coparticipación vigente.”

El sistema exigiría un mecanismo de redistribución horizontal entre provincias para que nadie reciba demasiado poco, un empalme con el presente.

Manuel Solanet explicó la ventaja de su propuesta:

Si un gobernador quiere aumentar su gasto, debería aumentar sus propios impuestos. Habrá un salto de calidad en la responsabilidad de cada administrador a la hora de tomar una decisión. Un sistema de premios y castigos, de incentivos orientados correctamente.

Otra frase a favor de la propuesta de Solanet:

Si un impuesto se evade dentro de una provincia, queda el 100% dentro de la jurisdicción. Pero si se paga, retorna solo un porcentaje a causa de la coparticipación federal. Si los impuestos fueron potestad de las provincias, los gobernadores tendrían que trabajar más y mejor para combatir la evasión porque eso les daría más recursos.

EDITORIAL DE LA NACION La política económica del Gobierno apunta, por falta de otras evidencias, a sostener en el tiempo el cepo cambiario. Parece así desconocer una reiterada experiencia histórica. De los 22 controles de cambio aplicados en la Argentina antes del actual, 21 se intentaron sostener en el tiempo y terminaron en profundas crisis cambiarias y monetarias. De hecho, tres de ellos derivaron en los episodios hiperinflacionarios que vivió nuestro país.

No es difícil entender las consecuencias del control de cambios y lo podemos explicar con una experiencia que todos hemos vivido. Si, por ejemplo, se le pone un precio máximo a la cerveza, esta comenzará a escasear en las góndolas porque quienes las producen fabrican menos y algunos consumidores preferirán, a menor precio real, comprar más. Sucede lo mismo cuando el Banco Central de la República Argentina fija un tipo de cambio oficial artificialmente bajo y se abre una brecha con una cotización libre.

Comprar u obtener dólares al precio menor se convierte en un objetivo extendido, al igual que evitar tener que venderlos al precio oficial. Quien intente defender el precio bajo vendiendo stock, lo verá disminuir. Igualmente, el Banco Central termina agotando sus reservas internacionales. Como el tipo de cambio oficial no acompaña todo lo que se deprecia el peso, la oferta del mercado sigue reduciéndose obligando, a tratar de restringir la demanda en ese mercado. Esto es la restricción de importaciones, que tiene un límite. Es así, hasta que el Banco Central queda sin reservas propias, quiebra y todos los argentinos con él.

Durante 2022, se terminará usando más de 6000 millones de dólares de nuevo endeudamiento para que el Banco Central pueda seguir vendiendo dólares oficiales artificialmente baratos.

La liquidación anticipada de exportaciones con los “dólares soja I y II” no deja de ser pan para hoy, hambre para mañana, ya que, cuando los embarques de la oleaginosa hayan salido, no entrarán luego esas divisas.

Cada paso que se da en el sentido de ganar tiempo y, cada día que pasa sin resolver los problemas de fondo, se incrementan los costos de la salida del cepo. Esta salida puede ser ordenada o bien resultante de una crisis no controlada. Lamentablemente, si sucede esto último, la pérdida de credibilidad y el grado de insolvencia del Banco Central aumentarán las probabilidades de llevar a la Argentina a una cuarta hiperinflación. Ya sufrimos en carne propia el costo social y económico que esto implica, sobre todo en términos del empobrecimiento del conjunto de los argentinos.

Ante la pregunta de cómo se sale ordenadamente del cepo, lo primero que hay que entender es que será recuperando la confianza perdida. Esto no se resuelve con un simple plan de estabilización, sino solucionando los problemas de fondo que nos mantienen desde hace décadas en una continua decadencia y con crisis recurrentes.

Sobre el impacto de la recuperación de la confianza vale el caso de la remoción de aquel cepo que dejó como herencia la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y que el gobierno de Cambiemos logró disolver antes de que la bomba le estallara en sus manos. Para ello, anunció que haría las reformas estructurales necesarias para garantizar a los argentinos un futuro de normalidad. Se ganó en ese momento la confianza de la gente, lo que permitió una salida ordenada del control de cambios. De esa gestión también hay que aprender que las reformas hay que hacerlas porque, si no, vuelve a perderse la confianza, no solo de la gente, sino también de los acreedores del Gobierno. Eso derivó en otra crisis en 2018.

Tanto la gente como el sector productivo argentino están exhaustos, no resta margen para pedirles tiempo. Hay que realizar lo que hacen los países del mundo que hoy envidiamos por su capacidad de brindarle oportunidades de progreso a su gente y a los que migran muchos de nuestros hijos. Hay que reformar el Estado para que cumpla con eficiencia sus funciones indelegables a un menor costo que los argentinos puedan pagar con impuestos razonables.

Se necesita eliminar la maraña de más de 67.000 regulaciones que encorsetan la creatividad, el trabajo y la productividad de nuestra gente. Debe modernizarse la arcaica legislación laboral argentina que destruye empleo productivo. Con estas y otras reformas será posible generar condiciones para impulsar la inversión privada y crear más de cuatro millones de empleos en los próximos cinco años. Esto permitirá dar oportunidades laborales a quienes dejarán el sector público, más a los que ingresen al mercado laboral y también a aquellos que necesariamente dejarán de percibir planes sociales insostenibles.

El actual gobierno no parece entender la gravedad de la situación ni percibir que no se soluciona con un simple plan de estabilización o promesas de cumplir el acuerdo con el FMI. Varios equipos técnicos están trabajando en la formulación de programas de reformas. Algunos están relacionados con la coalición Juntos por el Cambio. Otros lo hacen desde posiciones de mayor autonomía. Tal es el caso de la Fundación Mediterránea y también el de la Fundación Libertad y Progreso, que acaba de publicar su quinta edición del libro Reformas para construir nuestro futuro.

Confiamos en que la próxima gestión instrumente inmediatamente las reformas estructurales prioritarias. De esta forma, disipará el riesgo de una nueva hiperinflación y, además, podrá lograr un país con un futuro de crecientes oportunidades de progreso y bienestar para todos.

EL ECONOMISTA Hace pocos días, el 10 de noviembre pasado, una interesante nota de Corey DeAngelis, en el Wall Street Journal, titulada “La ola electoral de elección de escuelas”, resaltó un evento que, frente al fracaso republicano por lograr la mayoría en ambas cámaras del Congreso al no haber atraído a la ola de votantes esperados en estados claves, pudo haber pasado desapercibido y es de gran relevancia para el proceso electoral que está dando comienzo en nuestro país, pues el masivo triunfo electoral de los candidatos apoyados por organizaciones de padres que apoyan su derecho a decidir sobre la escolaridad de sus hijos, independientemente de sus realidades económicas, constituye una nueva realidad, imposible de negar.

Veamos los hechos. Sin dudas, el gobernador de Florida y potencial pre-andidato presidencial republicano, Ron DeSantis, fue el gran ganador de la elección y también la mayor victoria para las organizaciones de padres. 

Ya en la elección de 2018 había alcanzado un triunfo por pocos puntos gracias al apoyo, en palabras de William Mattox, del Instituto James Madison, “de las mujeres de las minorías”, las cuales demandaban programas que les permitiesen la elección de escuelas para sus hijos. En la actual elección, DeSantis ganó por más de 19 puntos. 

Sin duda, un factor determinante fue que alrededor del 75% de los estudiantes de la ciudad de Miami están inscriptos en programas que les permiten, con el apoyo estatal, la elección de escuelas y el candidato demócrata, Charlie Crist, apostó por el monopolio de las escuelas públicas al designar como su compañero de fórmula al presidente del Sindicato de Maestros del condado de Miami Dade quien, como es fácil intuir, se opone férreamente a cualquier concepto de libertad educativa, frente a la pérdida de poder que representaría para el sindicato.

Por cierto, a nivel nacional la evidencia fue contundente, alrededor del 75% de los candidatos apoyados por la American Federation for Children, una de las organizaciones más influyentes en defensa de la libertad educativa, triunfaron en la elección. Varios de ellos, como los gobernadores Kim Reynolds de Iowa, Chris Sununu de New Hampshire, Kevin Stitt de Oklahoma, Bill Lee de Tennessee y Greg Abbott de Texas, hicieron de la libertad para elegir escuelas un punto central de su campaña. 

Como muestra basta un botón, un periódico de Oklahoma reportó que el candidato demócrata Joy Hofmeister “hizo de la oposición a los vouchers escolares una parte central de su campaña.” Por su parte, Ryan Walters, elegido superintendente de instrucción pública de Oklahoma por más de 13 puntos, señaló, luego de su triunfo, que “vamos a hacer más que cualquier otro estado del país para empoderar a los padres.” 

Como era de esperarse, algunos pragmáticos candidatos democrátas percibieron la punta del iceberg que se acercaba en la victoria, en Virginia en 2021, del gobernador Glenn Youngkin. En virtud de ello, Josh Shapiro de Pensilvania y el gobernador J. B. Pritzker de Illinois se decidieron a respaldar la posibilidad de elección de escuelas menos de dos meses antes de la elección y salieron victoriosos. 

Es más, la gobernadora Kathy Hochul de Nueva York también ganó después de que apoyó públicamente, por primera vez, la eliminación del límite a las escuelas chárter de la ciudad de Nueva York.

Como bien señaló DeSantis, luego de comenzar a conocerse los resultados en la noche del martes 8, está claro, aún para los futuros candidatos demócratas, que se ha vuelto políticamente rentable apoyar la libertad educativa. Los padres se han despertado y el Covid-19, sin dudas, es responsable de ello, dada la masiva oposición del sindicato docente, al igual que en nuestro país, a la reapertura de las escuelas.

La ola roja de votos republicanos que se presagiaba no se produjo, pero se produjo otra ola, la cual puede convertirse en un tsunami frente a la próxima elección presidencial, pues tanto Trump, como su potencial contrincante para la postulación republicana, el mencionado DeSantis, apoyan explícitamente el derecho de los padres a elegir el tipo de escolaridad que es más adecuada para sus hijos, lo cual, por cierto, ha sido uno de los pocos méritos de Trump durante su gestión anterior.

¿Y por casa cómo andamos? Frente al proceso electoral que está dando inicio, ¿se darán cuenta los potenciales candidatos del caudal de votos a disposición de quienes defiendan algo tan simple y razonable como el favorecer la igualdad de oportunidades, permitiendo a los padres elegir la escuela a la que concurran sus hijos, ya sea pública o de gestión privada, laica o religiosa, según los gustos y aptitudes de los chicos y jóvenes, y los valores familiares? 

La pandemia despertó a los padres. Sin el incansable accionar de las organizaciones de madres la irracionalidad de mantener los colegios cerrados hubiese durado mucho mas tiempo. 

Hoy esos mismos padres se podrían convertir en importantes actores del proceso electoral que se avecina. Me atrevo a predecir que el derecho de los padres para decidir qué es lo mejor para sus hijos será un tema central de la campaña electoral, frente al desaprensivo accionar de los sindicatos docentes durante la pandemia y los habituales paros que forman parte de nuestro folklore educativo, y que afectan mucho más a aquellos niños y jóvenes de las familias más desfavorecidas económicamente y, por ende, más necesitadas del apoyo del Estado. 

La ola ya está lanzada y, para quien este escribe, se podría convertir en un tsunami, y no tan sólo en EE.UU. sino también en nuestro país. Ojalá así sea en favor de una mayor igualdad de oportunidades, de la que mucho se habla, pero nada se hace.

Por Felipe A. M. De La Balze

Académico, economista y empresario, especialista en temas internacionales. Consejero académico de LyP.

La Argentina en las últimas décadas perdió posición y prestigio en el escenario internacional. Necesitamos definir una estrategia de largo plazo para promover nuestra seguridad e intereses, preservar nuestros valores y relacionarnos provechosamente con China y Estados Unidos.

Necesitamos abrirnos al mundo, conquistar nuevos mercados, atraer inversiones productivas y facilitar el retorno de los argentinos y de los capitales que emigraron en las últimas décadas.

Una “Estrategia de Doble Vía” (propuesta en el trabajo adjunto) nos facilitará las relaciones económicas y políticas con ambos rivales, sin abandonar nuestro compromiso con la democracia y el estado de derecho, en consonancia con el régimen político en el cual hemos elegido vivir.

Debemos ser pragmáticos en materia económica, nuestro mercado es el mundo y nuestros intereses son globales. Será necesario negociar numerosos acuerdos de libre comercio para diversificar y profundizar nuestras relaciones económicas con todos aquellos países que son importadores potenciales de nuestros productos o proveedores de capital productivo.

La Argentina en las últimas décadas perdió posición y prestigio en el escenario internacional.Necesitamos definir una estrategia de largo plazo para promover nuestra seguridad e intereses, preservar nuestros valores y relacionarnos provechosamente con China y Estados Unidos.

Necesitamos abrirnos al mundo, conquistar nuevos mercados, atraer inversiones productivas y facilitar el retorno de los argentinos y de los capitales que emigraron en las últimas décadas.

Una “Estrategia de Doble Vía” (propuesta en el trabajo adjunto) nos facilitará las relaciones económicas y políticas con ambos rivales, sin abandonar nuestro compromiso con la democracia y el estado de derecho, en consonancia con el régimen político en el cual hemos elegido vivir.

Debemos ser pragmáticos en materia económica, nuestro mercado es el mundo y nuestros intereses son globales. Será necesario negociar numerosos acuerdos de libre comercio para diversificar y profundizar nuestras relaciones económicas con todos aquellos países que son importadores potenciales de nuestros productos o proveedores de capital productivo.

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